Los informes siguientes, así como información adicional sobre las estrategias psicológicas de la propaganda que se resumen en este texto puede encontrarlos en el siguiente libro:
Chóliz, M. (2001): El lenguaje y las mentiras de la propaganda. Valencia: Promolibro
Puede utilizar la información de este texto, siempre que se cite la fuente
Antes de la presentación del proyecto de Plan Hidrológico Nacional, el gobierno encargó a casi doscientos expertos en hidrología, hidrogeología, economía, ecología, sociología, etc. sus opiniones acerca del PHN. Prácticamente todos encontraron serias deficiencias en la materia en la que eran expertos. El gobierno silenció los informes y cuando públicamente se pidió que los presentara adujo que se trataba de información confidencial.
Este texto resume alguno de estos informes, así como otros realizados por personas o entidades de reconocido prestigio en materia de gestión del agua, que coinciden en criticar, desde muy diversos ámbitos el PHN y especialmente el trasvase del Ebro.
Se demuestra que
la desalación es una alternativa viable para cualquier tipo de actividad de
consumo humano, abastecimiento o riegos agrícolas, que se viene utilizando casi
con exclusividad en países donde el agua es un recurso escaso, como es el caso
de Oriente Medio. En el caso de Canarias, con unas necesidades de agua en el
sector turístico y agrícola similares a las de Levante funcionan
aproximadamente 300 plantas desaladoras. Mediante una serie de análisis
precisos y pormenorizados del coste de la desalación demuestran que el PHN
infla las cifras de la misma y no tiene en cuenta el hecho de que en un futuro
inmediato los progresos tecnológicos (que ya se están dando) en este campo van
a permitir que el coste de este procedimiento sea progresivamente menor.
Además
se hace hincapié en que la desalación permite aprovechar los recursos propios
de cada cuenca hidrográfica de la manera más conveniente, ya que no hipoteca
la utilización del agua en la cuenca cedente, al tiempo que soluciona las
necesidades de las cuencas receptoras del trasvase. El informe presenta
diferentes procedimientos de desalación de aguas residuales y marinas para
diferentes usos, demostrando no sólo su viabilidad económica y medioambiental,
sino que resuelve los problemas de demanda de agua de una manera mucho más
eficiente que el trasvase. Indican los diferentes tipos de procesos de desalación
que existen e indican cuáles serían los más apropiados en función del
destino al que se dedique el agua, así como el tipo de agua salobre o residual
disponible.
http://circe.cps.unizar.es/waterweb
Esta
organización ha presentado decenas de estudios desde muy diversas áreas
(problemática de los embalses, trasvases, invasión del Dominio Público Hidráulico,
costo del agua, utilización de aguas subterráneas, efectos del cambio climático,
etc.). Especialmente críticos han sido sus informes en contra de algunos de los
embalses proyectados, así como del trasvase, por las graves afecciones que
tendrán ambos en la flora y la fauna, que en muchos casos se trata de especies
endémicas o en peligro de extinción, respectivamente. Entre muchos otros
asuntos, aborda el problema del cambio climático sobre la disminución de la
pluviosidad y el incremento de la evapotranspiración, que tendrá como
consecuencias la disminución de recursos hídricos en la Cuenca del Ebro, hasta
el punto de hacer inviable cualquier trasvase de agua dentro de unas décadas,
ya que el Ebro ni siquiera podrá mantener niveles ecológicos en muchas partes
de su recorrido. Este dato no ha sido tenido en cuenta a la hora de establecer
los recursos hídricos, a pesar de que los resultados obtenidos se consiguen
utilizando el mismo método utilizado en el propio Libro Blanco del Agua, del
Ministerio de Medio Ambiente, para los cálculos de los recursos hidrológicos.
Otro de los asuntos que aborda en sus informes es la invasión del Dominio Público
Hidráulico, es decir, la franja de terreno público que flanquea los cauces y
que tiene una enorme importancia para el control de las avenidas. Dicho terreno
ha sido sistemáticamente invadido, eliminándose los bosques y vegetación de
ribera, lo que pone en serio peligro no sólo los ecosistemas fluviales, sino
las vidas humanas, ya que es una de las principales causas de los desastres
provocados por la gota fría en Levante y ha sido el responsable de catástrofes
como la de Biescas o Badajoz.
Es
obligado destacar las meritorias acciones de denuncia que continuamente está
realizando esta organización acerca de los abusos que se están cometiendo
sobre la naturaleza, así como de las irregularidades de poderosos sectores
socioeconómicos que obtienen lucrativos beneficios asaltando el medio ambiente.
Si no fuera por acciones como la que llevan a cabo muchos de nosotros desconoceríamos
cuáles son las verdaderas razones del saqueo al que se está sometiendo a la
naturaleza y a cuantos viven en armonía con ella.
Así, se
han convertido en la principal voz crítica en la Cuenca del Segura, donde han
señalado que el desastre hidrológico de esta cuenca no proviene de la escasez
de lluvias, sino de la política llevada a cabo por el Gobierno de Murcia y de
la Confederación Hidrográfica del Segura (a las que la Unión Europea les ha
abierto un expediente sancionador), que no hace cumplir las disposiciones
legales para preservar los recursos hídricos de la sobreexplotación a la que
están siendo sometidos. No se trata sólo de un caso de “dejación de
funciones”, sino que en muchos casos las está alentando y favoreciendo. Las
grandes actividades especulativas de un enorme impacto ambiental y social se
realizan al margen de la ley y sólo benefician a los grandes capitales.
http://www.ecologistasenaccion.org
Se trata
de una organización con un gran prestigio en estudios sobre gestión sostenible
del agua, de la que podemos destacar muchos aspectos de los diferentes estudios
e informes que ha realizado. Así, critican que a pesar de que en España no
existe en la actualidad una regulación racional del uso del agua, se pretende
utilizar y embalsar una cantidad todavía mayor. Los mensajes del Gobierno
inciden en que se trata de un bien escaso, pero sin embargo el 75% del agua
consumida no pasa por ningún tipo de contador y se pierde entre el 45-50% por
las malas condiciones de las conducciones. Por otro lado, no se ha regulado la
invasión del Dominio Público Hidráulico, que es una de las principales
responsables de las catástrofes producidas por las inundaciones, al anegarse
barrancos para la conversión en tierras de cultivo o polígonos industriales.
Tampoco se han evaluado las consecuencias negativas del trasvase Tajo-Segura,
que contaba con una previsión de 1000 hm3, pero que nunca ha pasado
de 350. Ello supuso una demanda excesiva de agua y la conversión en tierras de
regadío de tierras de secano, lo que condujo a la desecación de los acuíferos
y la mayor parte de los recursos de la cuenca del Segura. En la actualidad las
acciones realizadas al amparo de gobiernos regionales y del propio gobierno
nacional, que no ponen coto a la proliferación de regadíos ilegales en Murcia
principalmente, así como la propia recalificación de terrenos forestales en
urbanizables por el propio gobierno murciano con posterioridad a la presentación
del PHN, demuestra que las consecuencias del trasvase del Ebro pueden ser, en
este aspecto, similares a las del Tajo-Segura.
Una de
las cuestiones más interesantes que abordan es el hecho de que habitualmente se
habla de cuencas hidrográficas “excedentarias” y “deficitarias”, algo
que es inédito en la literatura científica internacional, pese a que de una
manera reiterativa aparece en los medios de comunicación y en las declaraciones
del Gobierno. No existe excedentes de agua en ninguna cuenca, puesto que el agua
tiene su función ecológica allá por donde circula. Cualquier detracción de
caudal supone una alteración grave en el ya deteriorado ecosistema fluvial.
Este
investigador del CSIC ha demostrado en diferentes estudios y con diversos cauces
fluviales, que en la actualidad se ha producido un descenso en el caudal de agua
en los ríos, especialmente en el Ebro debido no sólo al incremento en el
consumo, sino también a la tendencia que ocurre desde hace décadas de descenso
en las aportaciones de los afluentes. Este descenso está producido por el
incremento de vegetación no apropiada para su ecosistema que, no solamente
consume más agua que la autóctona, sino que también está sometida a más
evapotranspiración. Esta tendencia en la disminución de las aportaciones de
los afluentes y del propio Ebro no se ha contemplado en el análisis del PHN y
este fenómeno, unido a la disminución de las precipitaciones e incremtno de
temperatura debidas al cambio climático, harán que el caudal del Ebro sea
progresivamente menor en los próximos años.
Este
profesor realiza un análisis antropológico y sociológico de la problemática
que puede causar en Aragón el trasvase del Ebro, donde el agua significa algo más
que regadíos o piscinas. Es la columna vertebral de su estructura social.
Siempre, desde los tiempos más duros del franquismo, la sociedad aragonesa se
ha mostrado en contra y beligerante contra el trasvase del Ebro. Un gobierno
podrá llevar a cabo las obras de forma impositiva legalmente, pero es seguro
que ello conducirá a conflictos sociales cuando dichas obras tienen una
contestación popular tan importante. El agua es un signo de identidad en la
sociedad aragonesa. Tiene un valor añadido al del propio de recurso económico
que no ha sido atendido (quizá tampoco entendido) por los gobiernos centrales.
En sus
trabajos critica el hecho de que el trasvase sea beneficioso para las cuencas
del Júcar y Segura. De hecho, la mezcla de aguas de diferentes cuencas y ríos
tendrá un impacto negativo sobre las propias cuencas receptoras. Así, la
calidad de las aguas donde se pretende recoger el trasvase son de muy alta
conductividad, cargadas de cloruros, especialmente sulfatos, frente a las
bicarbonatadas y de menor salinidad de las receptoras. La diferente composición
química y de comunidad de organismos de las aguas cedentes, receptoras y las áreas
por donde transita tendrá efectos ecológicos muy perjudiciales en todas las
cuencas. Se producirán alteraciones en el intercambio iónico suelo-agua por el
riego de tierras con agua procedente de otras regiones, con características
diferentes a las propias, no se ha tenido en cuenta y existe un riesgo muy
elevado a que este fenómeno, unido a la sobreexplotación agrícola que genera
el propio trasvase produzca un deterioro muy importante en el suelo, degradándose
hasta niveles prácticamente irrecuperables.
Por otro
lado, los datos que baraja el Ministerio respecto a los mínimos ecológicos son
irreales. En primer lugar, porque los ecosistemas del Ebro también necesitan
fluctuaciones estacionales (especialmente el Delta) y no sólo un caudal mínimo
y fijo durante todo el año, como si fuera un canal de riego. En segundo lugar
porque dichos mínimos no son ecológicamente viables, son totalmente
insuficientes. El trasvase en modo alguno debe ser la base sobre la que se
sustente el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas.
En este
informe se critica la ausencia de un estudio riguroso de las alternativas al
trasvase, que parece que se trata del objetivo principal sobre el que gira todo
el Plan Hidrológico Nacional. El PHN presenta numerosas deficiencias en muchos
análisis, como el de los costos de la desalinización, carece de cualquier análisis
ambiental serio, no responde a la lógica de la sostenibilidad y se ha alejado
radicalmente de las directrices y normativas comunitarias, como el Tratado de Ámsterdam,
la Directiva Marco de Agua, la Iniciativa de Cardiff, etc.).
Lo que se
quiere hacer entender por “caudal ecológico” no es ecológico, sino
puramente hídrico. Los datos que se barajan para el denominado “caudal ecológico”
son insuficientes para preservar las formas de vida de los ecosistemas del río.
Demuestra
mediante análisis rigurosos que existen posibilidades de incrementar las
disponibilidades de agua en la cuenca del Júcar muy por encima de los datos del
PHN (utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas, mejora en
eficiencia de riegos, utilización de aguas residuales, desalinización, etc.).
Mediante cálculos de simulación demuestra que el coste del agua trasvasada a
la cuenca del Júcar, Segura y Almería superará en mucho el que supondría
potabilizar agua del mar. Critica que el PHN parece más propio del Ministerio
de Fomento que del de Medio Ambiente, ya que en lugar de gestionar adecuadamente
el medio natural se limita a realizar una serie de obras que afectan muy
gravemente a la naturaleza.
El PHN
ignora las previsiones del cambio climático. El efecto combinado de incremento
de la temperatura y disminución de la precipitación conducirá a reducciones
muy importantes de recursos hídricos en todas las cuencas peninsulares. Esto
hace totalmente desaconsejable la realización de cualquier trasvase y de muchos
de los embalses propuestos en el PHN. La política hidráulica de oferta ha
alcanzado sus límites ecológicos y en algunos casos físicos, lo que se
agravará con el cambio climático.
Narcís
Prat ha combinado su actividad investigadora con la divulgadora en temas de
hidrología, ecología o limnología. Recientemente expuso las conclusiones de
sus trabajos en el congreso de los Diputados sobre las graves consecuencias del
PHN y del trasvase sobre los últimos tramos del río Ebro. Señala que los
datos que baraja el Ministerio sobre presuntos “sobrantes” no son reales. No
sólo no “sobran” 5.000 hm3, sino que simplemente para mantener
el ecosistema actual del Delta hacen falta 11.600 hm3, cosa que sólo
ha ocurrido cinco veces durante los últimos veinte años. Además, se necesita
no solamente un caudal constante mayor para contener la cuña salina y regenerar
el fondo del río Ebro en su desembocadura y evitar la putrefacción de las
aguas, sino que hacen falta también avenidas fuertes que aporten sedimentos al
delta para que éste no se hunda, como ahora, entre 1 y 5 mm al año, según las
zonas.
Según
sus estudios, la aprobación de este PHN afectará gravemente al ecosistema del
Delta del Ebro disminuyendo los sedimentos, manteniéndose mucho más tiempo la
cuña salina, deteriorándose la calidad de las aguas (debido a pesticidas,
abonos, etc.), al tiempo que afectará a la flora y la fauna no sólo del río,
sino del propio litoral marino.
Concluye
diciendo que resulta imposible realizar un trasvase de 1050 hm3 al año
si acaso interesa establecer un diseño de gestión adecuado para mantener los
usos y necesidades ambientales de los tramos finales del Ebro.
La gestión
del agua debe realizarse en el marco de una estrategia territorial de
referencia. Es decir, la planificación hidrológica está al servicio de la política
territorial y es uno de sus principales instrumentos. No obstante, este PHN
carece de directrices explícitas de política territorial, atiende
exclusivamente a la demanda de agua de sectores cada vez más poderosos e
influyentes, a pesar de que ello va en detrimento del desarrollo de áreas más
desfavorecidas, como es el medio rural del interior de España. Las
consecuencias de esta ausencia de una política de Organización del Territorio
racional y equilibrada tiene como consecuencia acrecentar todavía más las
desigualdades y el desequilibrio territorial entre las regiones del interior y
del litoral.
Además
no ha habido un debate social en la elaboración del PHN. Es especialmente crítico
en el “desgobierno hidráulico” que ha habido hasta el momento, ya que no se
ha controlado el exceso de demanda en sectores urbanísticos, turísticos y el
incremento extraordinario en regadíos en las zonas a las que se destina el agua
del trasvase. En muchos casos se trata de conversión ilegal de tierras de regadío.
En otros, se trata de una auténtica “dejación de funciones” por parte de
la administración, que no ha ejercido acciones de control y gestión hidráulica.
No se han analizado los graves problemas que produjo el trasvase Tajo-Segura en
cuanto al exceso de demanda de las cuencas receptoras, especulación del terreno
y conflictividad social. Señala que, en lo que se refiere a la conflictividad
social, en el caso de Aragón será todavía muchísimo mayor, donde el problema
del agua presenta una serie de tomas de posición y reagrupación política
diferentes a las del resto del Estado y donde, además de las cuestiones
sentimentales, el agua es considerada como el factor principal de subsistencia.
El
profesor Martínez Gil ha realizado una abundante actividad científica y
divulgadora. Señala que el concepto de “agua sobrante” es una barbaridad y
no tiene ningún sentido científico. Es acuñado por la tecnocracia hidrológica
para justificar los trasvases. España es el país del mundo con mayor número
de grandes presas hidráulicas por millón de habitantes, en el que la
eficiencia general del uso del agua no llega al 45%, con lo que antes de
construir una nueva presa hay que realizar análisis rigurosos y honestos para
demostrar que se necesita en realidad y la construcción de la presa no se trata
de un fin en sí mismo.
Reclama,
como tantos científicos y expertos, una nueva cultura del agua, respetuosa con
el medio ambiente y sociológicamente armónica, diferente a la filosofía del
“todo vale mientras haya un beneficio económico”. El agua no sólo es un
recurso económico del que se beneficien hidroeléctricas y regantes.
Denuncia
que la construcción de embalses en el Pirineo no está destinada a los riegos.
De hecho no existe planificación de regadíos para semejante cantidad de agua
embalsada, ni nunca habrá semejante posibilidad. Es deplorable que sea
precisamente el Ministerio de Medio Ambiente el que sea el directamente causante
del deterioro de los escasos parajes naturales vírgenes y públicos que quedan
en España. Con el agua del gigantesco complejo hidroeléctrico privado de loe
embalses de Ribarroja-Mequinenza-Flix, propiedad de Enher y muy pronto de alguna
gran multinacional, habría suficiente agua para trasvasar, pero las grandes
hidroeléctricas no están dispuestas a perder nada en sus intereses ni a que
les marquen el ritmo los regadíos de Murcia, el turismo de la Comunidad
Valenciana, ni la industria de Cataluña. Para eso están los pueblos del
Pirineo aragonés, que son los únicos que quedan, porque ya se han construido
los muy polémicos de Itoiz (Navarra) y Rialb (Cataluña), ambos pensados para
el trasvase y que es previsible que pasen pronto (como los que se construyan en
Aragón) a las manos privadas de las hidroeléctricas.
Señala
que la escasez está provocada por el uso inapropiado y la mala gestión del
agua. La causa de dicha escasez no es física o natural, sino socioeconómica y
está derivada de usos inapropiados que priman exclusivamente el aspecto de
rendimiento económico para algunos sectores. La construcción de embalses y
trasvases no hace sino agravar la situación, al no atajar la verdadera causa de
la escasez. Hace falta una nueva “economía del agua”, que considere al agua
también como un activo ecosocial y desterrar la “vieja economía del agua”,
que necesita excusas para justificar las nuevas infraestructuras, que con costes
billonarios son el principal objetivo de unos pocos beneficiados.
En su
informe cita dos estudios especialmente relevantes. El primero de ellos,
realizado por A. Losada demuestra que el volumen de agua que escapa de los
sistemas de control de riego, sin llegar a beneficiarse ningún cultivo, supera
los 10.000 hm3 al año, de los que 5.000 hm3 son
recuperables, es decir, cinco veces más de lo que se plantea en el trasvase. Así,
¿qué sentido tiene realizar tanto el trasvase del Ebro, como decenas de
embalses?, ¿a quién beneficia realmente la construcción de esas obras?.
El otro
estudio, realizado por E. Tomás, demuestra que simplemente con la remodelación
de la Acequia Real del Júcar, que en la actualidad tiene un nivel de eficiencia
global de 0,2, bastaría para reducir en más de 200 hm3 el volumen
de agua que conduce actualmente, solucionando prácticamente la demanda de la
cuenca del Júcar que se establece en el PHN.
Desde una
postura de mejora en la gestión del agua, establece una modificación del
sistema tarifario e impositivo del agua que combine tres principios: equidad
en el acceso a los consumos básicos, eficiencia en el uso del agua para
usos intermedios y suficiencia para preservar el ciclo del agua, con los
que se haría totalmente innecesario la realización de grandes obras de
infraestructura y se garantizaría tanto el acceso como un mantenimiento
sostenible del ciclo del agua.
Como
ejemplo de gestión urbana del consumo de agua, critica el estudio de la empresa
ATLL (empresa que controla casi todo el suministro del área metropolitana de
Barcelona y buena parte de las cuencas internas de Cataluña), en el que se
establecía que eran necesarios 350 hm3 desde el Ródano o el Ebro.
Enric Tello analiza pormenorizadamente las conductas de consumo de agua de la
población, la demanda y oferta, para concluir que simplemente realizando un
programa de gestión de la demanda (que él mismo describe detalladamente) es
suficiente para eliminar el supuesto “déficit” hídrico. Eso, con
independencia otro tipo de medidas estructurales que también deben llevarse a
cabo para mejorar la eficiencia en la utilización del agua, evitar pérdidas en
la red, etcétera.
Según
este investigador, el PHN incumple directivas y resoluciones europeas, tales
como el principio de recuperación íntegra de costes. En 1999 el Parlamento
Europeo dictó una resolución que dictamina que antes de realizar cualquier
trasvase hay que desecha por inviables las otras alternativas. El actual PHN,
sin embargo, no ha tenido en absoluto en cuenta las aguas subterráneas,
desalación, aprovechamiento eficiente de las reservas, etc. Señala que en la
Cuenca del Ebro hay más de 400 pueblos inundados por embalses. En la
actualidad, los pueblos del Pirineo han encontrado un modo de subsistencia y
mantenimiento de la población en el turismo verde. No tiene justificación
fomentar el turismo masificado de Levante en contra del turismo rural de los
pueblos del Pirineo. Se trata de fomentar el desequilibrio territorial. Finaliza
afirmando que la política hidráulica e hidroeléctrica de España es anacrónica
y un caso aparte en el mundo desarrollado.
Este
profesor, activo militante de COAGRET, demuestra en diversos estudios que la
expectativa de trasvase ha incrementado enormemente la demanda. En el caso del
trasvase Tajo-Segura, inicialmente se esperaba trasvasar 1.000 hm3
anuales. La media es de escasamente 300, es decir, un 33% de lo que se preveía.
No obstante, se incrementaron las hectáreas de regadío ilegales un 75%. Si
estaban proyectadas 58.880 hectáreas con un trasvase de 1000 hm3, se
convirtieron 87.825 hectáreas (es decir, 37.000 hectáreas ilegales) para
regarse con la tercera parte de agua. Eso, obviamente, impulsó a sobreexplotar
los acuíferos y esquilmar los propios recursos hídricos.
La solución
a este despropósito que se nos presenta en este PHN ha sido, simplemente,
trasvasar agua de otras cuencas para solucionar una práctica irregular, ilegal,
que atenta contra el medio ambiente y la justicia social. La sola presentación
del PHN ha hecho incrementarse actualmente todavía más las tierras para
convertirlas en regadío. Incluso el propio Gobierno de la Región de Murcia ha
recalificado tierras anteriormente protegidas por su valor ecológico,
beneficiando a quienes tienen la posibilidad de convertirlas, que son los
poderosos empresarios de la agroindustria e incluso del sector turístico y
urbanístico. Para cerrar el círculo, la Ley de Aguas establece mercados
de agua que indudablemente favorecerán intereses especulativos, ya que se
generará un importante mercadeo en torno a ella, en el que, nuevamente quienes
tienen más recursos serán los que puedan adquirir el agua al precio que dicte
el mercado. Otra cosa, además serán las cuotas de participación en los
recursos hídricos. Es difícil de entender que desde la Administración se nos
bombardee con mensajes con que “el agua es de todos” (véase falacia de
conclusión inatingente), al tiempo que se privatiza, beneficiándose como
siempre, quienes tienen una fuerte presencia en el mercado (o el capital, que se
decía antes).
El PHN
define quien es el beneficiario, pero no el uso que se dará al agua, por lo que
el elevado precio del agua, unido al mayor poder económico del sector turístico
y urbanístico, producirá la transferencia de agua del sector agrario a
intereses especulativos, favoreciendo la sobreexplotación y el desequilibrio.
Este
profesor de sociología ha señalado que el PHN favorece a la agricultura
intensiva mediterránea, en la que la gran perdedora va a ser la agricultura
tradicional que no va a poder competir con la producción y los precios de la
agroindustria y no va a poder hacer frente a las inversiones necesarias para
hacer rentables las explotaciones agrarias (costo del agua, costes de
transformación de la tierra, salarios, etc). Por el contrario, este tipo de
planificación hidrológica favorece todavía más la explotación de los
trabajadores, especialmente inmigrantes, cuyas condiciones precarias, aunque
conocidas por la Administración, han salido trágicamente a la luz pública
después del accidente de Lorca. La situación de los trabajadores inmigrantes
en el campo es de auténtica explotación y marginación, donde la integración
social es nula, tal y com se ha puesto de manifiesto en El Ejido. La conversión
de la agricultura tradicional murciana y almeriense en agroindustria, con
estructuras muy parecidas a las de las grandes empresas multinacionales en otros
sectores, no sólo producirán un deterioro en la actividad económica del pequeño
agricultor, sino que favorecen la explotación de la mano de obra inmigrante en
condiciones de cuasi-esclavitud.
La
realización de los embalses del Pirineo produjo no sólo la despoblación de
numerosas localidades al ser inundadas las mejores tierras o el propio núcleo
urbano, sino que modificó el régimen natural de los ríos con afecciones en
toda la cuenca, incluido el Delta, al tiempo que se destruyeron ecosistemas acuáticos
muy importantes. El patrimonio histórico y artístico perdido era de un valor
incalculable, al inundarse, destruirse, o deteriorarse restos romanos y
numerosas iglesias y ermitas románicas, principalmente. Los embalses previstos
en el Pirineo tendrán como consecuencia la fragmentación todavía mayor de los
ecosistemas pirenaicos (lo que conduce a su degradación), desaparición de los
últimos ríos que se conservan en su régimen natural, o graves afecciones al
turismo verde y al patrimonio histórico-artístico.
Este
experto en aguas subterráneas denuncia que la política hidráulica española
padece de “hidroesquizofrenia”, término acuñado hace más de treinta años
en Estados Unidos para hacer referencia a separación en la planificación
hidrológica de las aguas superficiales y las subterráneas. Pese a que España
es el cuarto país del mundo en grandes presas, sólo superado por Estados
Unidos, India y China (países con los que no puede compararse ni en extensión
ni en población), es el penúltimo de la Unión Europea en aprovechamiento de
aguas subterráneas (Noruega, que es el último, carece de acuíferos, caso que
no es el de España). El PHN no ha contemplado la utilización de aguas subterráneas,
que representan un potencial impresionante. La correcta utilización de las
aguas subterráneas es mucho más barata y tiene un impacto medioambiental
incomparablemente menor que las grandes obras de infraestructuras. Además, el
coste del agua repercute directamente en el usuario, con lo que se ajusta el
gasto a las necesidades. Califica la España sedienta como un “hidromito” y
señala que las consecuencias de la sequía de 1990-1995 se debieron
especialmente a una nefasta gestión del agua y no tanto a escasez de la misma.
Además, las aguas subterráneas son mucho menos proclives a verse afectadas por
el descenso de precipitaciones que las superficiales. El PHN sigue sin ordenar
dicha gestión y solamente pretende disponer de mayor cantidad de agua
superficial, ahondando en lo que él mismo denomina “subvenciones perversas”
a la realización de grandes obras de infraestructura hidráulica.
La
prestigiosa organización ecologista de ámbito mundial ha solicitado la
retirada del PHN en numerosas ocasiones (la última de ellas durante la
tramitación en el Senado) y ha elaborado un informe que resume en diez puntos.
En la página web de la organización (www.greenpeace.es)
puede obtener el informe completo. El decálogo de razones por las que considera
inaceptable el PHN son las siguientes: 1) El PHN no establece medidas de gestión,
ni de protección, del agua, ni de los sistemas acuáticos; 2) tiene un impacto
medioambiental gravísimo e inaceptable; 3) el Gobierno no quiere evaluar el
impacto ambiental del PHN en su totalidad; 4) ya se han comenzado algunas de las
principales obras, sin esperar a estudios ambientales, ni resoluciones de
procesos judiciales que están en marcha; 5) mediante el PHN se dota de más
agua a regadíos ineficaces, antes que ordenarlos y regularlos; 6) el PHN no
concede importancia suficiente a la protección de ríos, lagos y costas; 7) no
se ha planteado la reducción y optimización del agua en núcleos urbanos; 8)
no se ha estudiado detenidamente la seguridad, ni la prevención de
inundaciones; 9) no se tiene en cuenta el cambio climático y 10) no tiene
justificación social ni económica.
Asger
Olsen es el responsable de la elaboración de la Directiva Marco del Agua de la
Unión Europea, un conjunto de directrices a las que deberán ajustarse todas
las normativas y leyes de los países de la Unión. Señala que dentro de nueve
años se deberá realizar un nuevo plan hidrológico acorde con las exigencias
europeas, ya que en la actualidad los planes de cuenca no tienen en cuenta los
requisitos establecidos en la normativa, que introduce nuevos principios de
gestión y cambios en la legislación. Es muchísimo más adelantada en lo que
se refiere a conservación del medio ambiente, sistemas de gestión públicos
por cuencas hidrográficas, calidad de las aguas superficiales y subterráneas,
transparencia y debate público y social (que se alargará durante un año: seis
meses para promover debates y otros seis más para presentar un plan). El actual
PHN carece de los principales requisitos que se establecen en la normativa
europea y no encaja ni con el espíritu, ni con la letra de la Directiva Marco
de Agua. Así, por ejemplo, la unidad de gestión indivisible es la cuenca
hidrográfica, lo que hace muy difícil justificar la realización de trasvases
entre cuencas; por otro lado se obliga a la recuperación íntegra de costes (en
contra de lo que señalaba el ministro en la entrevista que hemos analizado); y
se señala que cada seis años debe de analizarse el estado de las aguas, lo que
puede limitar el uso de las mismas si la sobreexplotación o su mala gestión
provoca afecciones medioambientales.
Este
investigador se pregunta que a qué país se está haciendo referencia cuando se
habla de la España seca y la España húmeda, ya que sólo Galicia y las
cuencas del Norte podrían considerarse húmedas. El resto, incluida la cuenca
del Ebro, tienen un clima mediterráneo y son naturalmente deficitarias. Por
otro lado, la política hidráulica del Gobierno es caduca y puede definirse
como “economía de la obra hidráulica”, sometida a los lobbies de
las constructoras que presionan a los gobiernos para que lleven a cabo una política
de expansión y despilfarro. Este investigador llega a calificar el trasvase
como un “fiasco técnico-económico-ecológico”. Aboga por una “economía
del recurso”, en la que se haga política en el buen sentido, incentivando
medidas de ahorro y mejorando la gestión y no sometiéndose a las presiones de
una poderosa minoría para perjudicar a la mayoría de la sociedad. Como otros
investigadores, también se centra en el hecho de que la calidad del agua del
Ebro exigiría un proceso de depuración previo al trasvase que incluso (¡qué
ironía!) debería someter a desalación las aguas que se van a trasvasar.
señala
que no puede considerarse el agua simplemente como un recurso para la
agricultura, industria, o desarrollo urbano y someterla a las leyes de la oferta
y la demanda. Ello supone desconocer qué es en realidad el agua, que cumple
muchas más funciones (ecológicas, sociológicas, culturales, etc.). Desde el modelo
de desarrollo sostenible analiza los temas de gestión ambiental, ordenación
territorial, o condiciones ecológicas de la sostenibilidad. El trasvase es
incompatible tanto con este modelo de desarrollo, como el que establecido en la
Directiva Marco de Agua, que prevé la recuperación íntegra de costes.
Este
destacado científico señala el hecho de que el trasvase del Ebro sólo
beneficiará a una poderosa minoría de empresarios de la construcción y del
turismo, al tiempo que producirá muy probablemente la ruina de los mercados
agrarios (especialmente de la agricultura tradicional, que se verá sometida a
un descenso en los precios debido a la superproducción de la poderosa
agroindustria), masificación y degradación de los mercados turísticos (que
además pasarán a manos de lobbies de empresas turísticas), así como
deterioro de la habitabilidad en el litoral, sometido a una densidad de población
y de segundas residencias que producirán una enorme presión demográfica.
Critica
que el PHN no ha tenido en cuenta la Gestión de la Demanda del Agua, sino que
se ha limitado a proyectar el trasvase de agua ante los requerimientos del
litoral, sin analizar de qué manera se podría gestionar la demanda, proceso,
por otro lado, que es el que se está llevando a cabo en todos los países
desarrollados y en muchos en vías
de desarrollo. Realiza un detallado análisis económico del PHN, demostrando su
inviabilidad, así como el hecho de estar basado en una política hidráulica
caduca que resuelve los problemas de escasez de agua mediante la construcción
de grandes infraestructuras hidráulicas que todavía someten a mayor presión
al medio ambiente, en lugar de profundizar en la nueva cultura del agua, basada
en la estabilización (e incluso reducción) de la presión sobre los recursos
naturales, optimización de las infraestructuras existentes y utilización de
las nuevas tecnologías en el control, utilización y reutilización del agua.
Existe un
considerable número de informes realizados por científicos extranjeros
reconocidos internacionales, tales como P. McCully, P. Gleick, J. Abramovitz,
S. Postel, etc señalan que un periodo de prácticamente un siglo de
construcción de grandes embalses y modificación de cursos fluviales en todo el
mundo ha tenido como consecuencia un impacto económico y ambiental enorme,
llegando a degradar y prácticamente destruir sistemas hidrológicos tan
singularmente importantes como el Mekong, Mississippi, Rhin, Mar de Aral (prácticamente
destruido), o el lago Chad, entre otros. En la actualidad no sólo se está
reduciendo la construcción de embalses y grandes obras de ingeniería, sino que
se están eliminando muchas de ellas para restaurar los ecosistemas
tradicionales, combinándolo con una utilización racional del agua. La política
actual no es atender a la demanda sin concesiones, sino gestionar adecuadamente
tanto la propia demanda como el agua de forma sostenible.