La Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género articuló un régimen de punición cualificada para el quebrantamiento de prohibiciones de aproximación y comunicación hacia la víctima; la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha validado la aplicación de éste aun cuando el quebrantamiento haya sido consentido o inducido por la persona protegida por la prohibición, y tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han salvado la legitimidad de la imposición de estas prohibiciones cuando la persona a la que se quiere proteger se opone a ello. Se da cuenta del estado de la cuestión y se apuntan algunas consecuencias. acceso a texto completo
Organic Law 1/2004 on measures for comprehensive protection against gender-based violence provides for a worsened sentence for any person who does not comply with penal prohibition on approaching or having any contact to a victim; Spanish Supreme Court confirms that even when the protected person agrees this does not exclude liability to punishment, and both Spanish Constitutional Court and EU Justice Court Judgments have set that this judicial decision is mandatory, even when the victims oppose such measures. Some important consequences of this regulation are pointed out. full text
Recibido: 25/12/11 Publicado: 31/12/11
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