Sr: Desde las convenciones de Washington de 1907, es notorio que el Presidente Zelaya ha mantenido casi continuamente a Centroamérica en tensión o agitación, que ha violado repetida y flagrantemente las provisiones de la convención y por una influencia funesta sobre Honduras, cuya neutralidad pretendían asegurar las convenciones, ha tratado de desacreditar esas obligaciones internacionales sagradas para gran detrimento de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, cuyos gobiernos mientras tanto parecen haber sido capaces de esforzarse pacientemente por respetar lealmente los compromisos solemnemente asumidos en Washington, bajo el asupicio de los Estados Unidos y México.

Es igualmente sabido que bajo el régimen del Presidente Zelaya las instituciones republicanas han desaparecido en Nicaragua y existen sólo de nombre; que la opinión pública y la prensa han sido estranguladas y la prisión ha sido la recompensa de cualquier tendencia al verdadero patriotismo. Mi consideración personal hacia usted me lleva a abstenerme de entrar innecesariamente en los dolorosos detalles de un régimen que desafortunadamente ha sido una mancha negra sobre la historia de Nicaragua y un desaliento a un grupo de repúblicas cuyas aspiraciones no necesitan sino la oportunidad de tener un gobierno libre y honesto.

A la vista de los intereses de los Estados Unidos y de sus compromisos con las convenciones de Washington, este Gobierno ha recibido llamamientos para que se oponga a esta situación por parte de la mayoría de las repúblicas centroamericanas. Ahora se les suma el llamamiento, a través de la revolución, de una gran parte del pueblo nicaragüense.

Dos estadounidenses, quienes este Gobierno está ahora convencido de que eran oficiales relacionados con las fuerzas revolucionarias y que, por lo tanto, debían ser tratados según la práctica ilustrada de las naciones civilizadas, han sido asesinados por orden directa del presidente Zelaya. Se dice que su ejecución fue precedida por bárbaras crueldades. La embajada en Managua ha informado oficialmente de que ha sido amenazada. Nos encontramos, pues, ante la siniestra culminación de una administración caracterizada también por la crueldad hacia sus propios ciudadanos que hasta este último ultraje se ha manifestado en relación con este país mediante una serie de pequeños incidentes y afrentas que desde hace varios meses hacen imposible pedir a un embajador estadounidense que siga residiendo en Managua. Desde todos los puntos de vista se ha hecho evidentemente difícil para los Estados Unidos retrasar por más tiempo una respuesta más activa a los llamamientos realizados desde hace mucho a cumplir sus responsabilidades para con sus ciudadanos, para con su dignidad, para con Centroamérica y para con la civilización.

El gobierno de los Estados Unidos está convencido de que la revolución representa las ideas y la voluntad de la mayoría del pueblo nicaragüense mucho más fielmente que el gobierno del presidente Zelaya, y que controla pacíficamente un territorio casi tan extenso como el que hasta ahora ha tratado de controlar severamente el gobierno de Managua. A esto hay que añadir el hecho, confirmado oficialmente desde más de un distrito, de que ya hay indicios de un alzamiento en las provincias occidentales en favor de un candidato presidencial íntimamente asociado al antiguo régimen. Es fácil ver aquí nuevos elementos tendentes hacia una situación de anarquía que dejará en su momento al país sin responsables a los que el Gobierno de los Estados Unidos pueda pedir reparación por los asesinatos de los señores Cannon y Groce o, incluso, la protección que se debe asegurar a los ciudadanos y los intereses estadounidenses en Nicaragua. En estas circunstancias el Presidente ya no siente por el gobierno del presidente Zelaya el respeto y la confianza que serían apropiados en adelante para mantener con él relaciones diplomáticas normales, que requieren la voluntad y la capacidad de respetar y asegurar las obligaciones de un estado hacia otro.

Por la presente se notifica al gobierno de Nicaragua, al cual usted ha representado hasta el momento, al igual que se notificará a los líderes de la revolución, que el Gobierno de los Estados Unidos hará estrictamente responsables de la protección de las vidas y propiedades estadounidenses a las facciones que de facto controlan las porciones oriental y occidental de la República de Nicaragua. En cuanto a la reparación que se considera exigible, tras un cuidadoso análisis, de los asesinatos de los señores Groce y Cannon, el Gobierno de los Estados Unidos no estaría dispuesto a imponer una carga excesiva al pueblo inocente de Nicaragua para expiar los actos de un régimen que les fue impuesto por la fuerza, ni a exigir una tal carga a un gobierno posterior si su política es muy distinta. En la cuestión de una reparación final deberá tenerse en cuenta la existencia en Managua de un gobierno capaz de responder a las demandas. También debe tenerse en cuenta hasta qué punto es posible encontrar a los verdaderos responsables y los que perpetraron las torturas que se ha informado precedieron a la ejecución, si es que fueran verificadas, así como si un futuro gobierno estará totalmente disociado de las intolerables condiciones actuales y si se podrá confiar en que hará imposible que tales actos se repitan, en cuyo caso el Presidente, como amigo de su país, como lo es de las demás repúblicas centroamericanas, estaría dispuesto a reducir la indemnización a la que razonablemente corresponde a los parientes de los fallecidos y que suponga un castigo sólo en la medida en que recaiga sobre los auténticos responsables.

Siguiendo este criterio, el Gobierno de los Estados Unidos suspenderá temporalmente su demanda de reparación, mientras adopta las medidas que considere juiciosas y oportunas para proteger los intereses estadounidenses. Para asegurar la protección en el futuro de los legítimos intereses estadounidenses, teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de las repúblicas centroamericanas, y con la esperanza de hacer más efectivos los compromisos amistosos ejercidos según las convenciones de Washington, el Gobierno de los Estados Unidos se reserva para futuras consideraciones en el momento oportuno la cuestión de la estipulación, teniendo en cuenta además que el gobierno constitucional de Nicaragua está igualmente obligado por la convención, para beneficio de todos los gobiernos involucrados, a garantizar su leal apoyo en el futuro a las convenciones de Washington y sus propósitos pacíficos y de progreso.

En vista de lo dicho, será evidente para usted que su función de encargado de negocios ha llegado a su fin. Tengo el honor de adjuntarle su pasaporte por si desea abandonar el país. Diría al mismo tiempo que, aunque su papel como diplomático ha terminado, estaré encantado de recibirle, como lo estaré de recibir a los representantes de la revolución, como intermediarios no oficiales entre el Gobierno de los Estados Unidos y las autoridades de facto de quienes esperamos la protección de los intereses estadounidenses en tanto que se establezca en Nicaragua un gobierno con el que el Gobierno de los Estados Unidos pueda mantener relaciones diplomáticas. Acepte, señor, renovado testimonio de mi más alta consideración.

P. C. Knox