IU
IU FRENTE AL PROCESO DE BOLONIA

La aplicación del llamado Proceso de Bolonia en el Estado Español está generando una profunda inquietud en la comunidad universitaria y un notable rechazo en amplios sectores estudiantiles, provocado en gran medida por la ausencia de un debate participativo y en profundidad sobre las reformas universitarias en marcha, que van a condicionar el futuro de la Universidad con importantes repercusiones sociales.

Sin renunciar a cuanto pueda contribuir a la mejora de la docencia y la investigación universitarias, así como a la eliminación de las barreras clasistas para acceder y completar los estudios superiores, la situación actual nos lleva a reclamar que se paralice la implantación de nuevos planes de estudio hasta que una verdadera discusión pública, con amplia participación de los distintos componentes de la Universidad, permita esclarecer su sentido general y su contenido preciso en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Para que esto sea posible hay que suspender la fecha límite de 2010 como inicio de la extinción forzosa de los planes de estudio vigentes.

En ese marco y como aportación al debate, IU presenta su propuesta de alternativas para el futuro de la Universidad:

    1. Apostamos por una Universidad Pública al servicio de un desarrollo social y ecológicamente sostenible, asentado en la Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación en el trabajo (la llamada I+D+i). Ello requiere la formación de profesionales altamente cualificados con capacidad crítica, de investigación e innovación. Para ello es necesaria una profunda renovación pedagógica con métodos más activos que propicien un aprendizaje centrado en el alumnado, junto a una relación más cercana entre estudiantes y profesorado, con grupos más pequeños y una docencia más tutorizada.

    2. Rechazamos que los servicios educativos sean tratados como una mercancía: proponemos cooperación frente a competitividad. La mejora de la calidad de los estudios superiores no puede tener como objetivo la “competitividad” entre las Universidades de España, de Europa o del resto de mundo, sino la cooperación entre ellas, que es esencial para la actividad universitaria, tanto docente como investigadora.

    3. Nos oponemos a toda reforma de planes de estudio que suponga su devaluación o elitización. La aplicación del sistema Grado-Postgrado, cuya concreción y duración depende de cada Estado y que en España viene a sustituir al sistema Diplomatura-Licenciatura-Diploma de Estudios Avanzados (DEA) previo al Doctorado, debe hacerse de forma que no se devalúen una mayoría de los estudios universitarios ni se produzca la elitización de algunos otros. En consecuencia proponemos que la homologación de los Planes de Estudio se realice, de acuerdo con el criterio mencionado, por un organismo público con participación representativa de los distintos componentes de la comunidad universitaria, y que esté orientada a la dotación de medios para superar el fracaso escolar, evitando en todo caso su subordinación al mercado.

    4. Exigimos financiación pública suficiente, tanto para la renovación pedagógica como para hacer realidad la llamada “dimensión social” de la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, garantizando de forma efectiva que todo estudiante pueda completar sus estudios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Ello exige llegar al  2% del PIB (excluyendo tasas y financiación privada), luchar contra el fracaso escolar como un objetivo central de las reformas universitarias, trabajar por la gratuidad de todos los estudios superiores y exigir la implantación generalizada de un sistema de becas-salario. Proponemos priorizar la gratuidad en el Grado y nos oponemos a cualquier subida de tasas o precios públicos, a la vez que denunciamos especialmente los elevados precios de los Masters, y rechazamos asimismo los falsos préstamos-renta que hipotecan al estudiantado.

    5. Denunciamos las distintas vías de privatización de la Universidad Pública. Reclamamos que la financiación pública asegure el mantenimiento y desarrollo de la docencia e investigación universitarias, sin supeditación a las aportaciones de empresas privadas. Asimismo rechazamos la apropiación privativa de recursos públicos, tanto a través de subvenciones de costes generales a proyectos de investigación encargados por empresas privadas, como a través de la transferencia de personal de centros públicos a tales empresas, y en particular las derivadas de ellos para la explotación privativa de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos ("spin-off"). La Universidad Pública no puede convertirse en el gabinete de I+D+i de empresas privadas.

    6. Abogamos por una educación superior que desarrolle la capacidad crítica. Para ello es imprescindible la formación humanística, junto a la científica y tecnológica, a fin de que los futuros científicos y tecnólogos no se limiten a la adquisición de los contenidos conceptuales de sus disciplinas sino que puedan también conocer su metodología; al mismo tiempo, los futuros profesionales de disciplinas humanísticas han de conocer los resultados de la investigación científica y técnica para abordar la comprensión del mundo y la sociedad. Todo ello supone cuestionar la escisión entre formación humanística y científico-técnica. La educación superior ha de asegurar una sólida formación teórica junto a los conocimientos prácticos que cada especialidad requiera.

    7. Defendemos una formación universitaria que también prepare para el ejercicio profesional, pero sin que sirva como excusa para subordinar la educación superior al mercado, sino que esté orientada a formar profesionales altamente cualificados, con capacidad investigadora e innovadora, que puedan contribuir activamente a la creación cultural y a un desarrollo social y ecológicamente sostenible. Para ello hay que impulsar también los cambios necesarios en la estructura económica, que incluyen el desarrollo del sector público tanto en la producción como en los servicios.

    8. Queremos profundizar en la democratización de la Universidad. El desarrollo de la Universidad Pública y los cambios necesarios para su mejora, además de una financiación pública adecuada que los haga viables, requieren de la participación consciente y voluntaria de estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios, a través de sus propias organizaciones y de su representación en los órganos de gobierno. Frente al proyecto gubernamental de sustituir la representación estudiantil por órganos tutelados, así como los gobiernos democráticamente elegidos por "gestores profesionales", planteamos la necesidad de profundizar en su funcionamiento democrático como fundamento de la autonomía universitaria, a través del diálogo y la cooperación entre los distintos componentes de la Universidad, y desde el respeto al ejercicio de las libertades y a los órganos representativos de las universidades. Defendemos una Universidad Pública y Democrática que se comprometa con la sociedad, que sea motor de transformación social.


PRESIDENCIA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, 4 de abril de 2009