PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS PARA LAS ELECCIONES GENERALES

Sistema final:

Cuando esté completamente implantado, el sistema será el siguiente:

Garantía del derecho a la vivienda mediante un alquiler social (no mayor del 25% del salario mínimo), que sustituirá los desahucios de primera vivienda, estableciendo asimismo la dación en pago sin costes adicionales y eliminando la pobreza energética con la garantía de un suministro básico gratuito de electricidad, agua y en su caso gas.
Políticas de igualdad que garanticen la no discriminación por razón de género, origen étnico u opción sexual, con medidas efectivas contra la violencia de género, el racismo y la homofobia. Aumento de la duración de permisos de maternidad y paternidad intransferibles hasta 6 meses, independientemente de la situación y condición laboral de los progenitores.

1. Igualdad efectiva de las mujeres y los hombres

Unidad Popular pretende ir construyendo una sociedad de clara orientación socialista y anti-patriarcal. No hay feminismo sin socialismo, ni socialismo sin feminismo.

1.       Restablecer el Ministerio de Igualdad con presupuesto suficiente para impulsar políticas que garanticen la igualdad de condiciones y trato entre hombres y mujeres.

2.       Desarrollar y asegurar el cumplimiento de la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres.

3.       Asegurar un planteamiento transversal en todos los ministerios y administraciones para “todas las políticas generales y medidas, con el propósito específico de lograr la igualdad, teniendo en cuanta, activa y abiertamente, en la fase de planificación, sus posibles efectos sobre las situaciones respectivas de hombres y mujeres”.

4.       Proporcionar apoyo institucional al asociacionismo de mujeres con perspectiva de igualdad de género. Impulso efectivo al Consejo Estatal de Mujeres (llamado Consejo de Participación de la Mujer) como órgano colegiado y de diálogo entre agentes sociales feministas y la Administración Central del Estado.

5.       Invertir recursos normativos, legislativos y económicos para abordar la economía sumergida para que las políticas activas de empleo generen derechos y cobertura social a las mujeres.

6.       Equiparar de derechos de las empleadas y empleados de hogar, al resto de cotizantes del régimen general de la seguridad social.

7.       Adoptar medidas para eliminar la desigualdad salarial.

8.       Dedicar presupuestos suficientes a políticas de igualdad.

9.       Establecer el principio de paridad como elemento básico del desarrollo de la democracia representativa y participativa en todos los ámbitos.

10.   Asegurar servicios públicos universales como garantía de cobertura social, para facilitar la incorporación de todos y todas al mundo laboral y una conciliación real en la vida personal, familiar y laboral.

11.   Políticas por la plena corresponsabilidad: permisos iguales e intransferibles por nacimiento o adopción, entre hombres y mujeres

12.   Tomar las medidas legislativas necesarias para incluir la educación sexual en los curricula educativos desde la enseñanza primaria, fomentando relaciones libres y desmercantilizadas y adoptando medidas para combatir toda forma de violencia sexual.

13.   Asegurar que la Interrupción Voluntaria del Embarazo salga del Código Penal, que sea por libre decisión de las mujeres y que esté cubierta por la red pública sanitaria. El Estado debe garantizar este derecho de forma que una eventual objeción de conciencia no pueda impedir su ejercicio.

14.   Iniciar medidas para la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la educación, de la salud y la medicina: hábitos cotidianos, investigación, tratamientos médicos …etc.).

15.   Modificar la “Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” para que reconozca la violencia de género en todas sus manifestaciones y la dotación de presupuesto suficiente para la aplicación y desarrollo de la Ley. Potenciar así:

a. Políticas transversales para erradicar cualquier tipo de violencia estructural (vivienda, empleo, protección social, políticas de inmigración…);

b. Políticas encaminadas a la inserción social tanto de las mujeres como sus hijas e hijos, en situación de violencia: red de casas de acogida, planes de ocupación y formación específicos, programas de atención sanitarios y educativos… etc:

c. Políticas efectivas para la erradicación de la prostitución que deben perseguir a los proxenetas y establecer programas integrales de integración y de inserción laboral, dirigidos a las mujeres que ejercen la prostitución, asegurarles aquellos derechos y asistencia que necesiten como víctimas de violencia machista; incluido el otorgamiento de la nacionalidad española para las víctimas de redes de trata, en su caso, y si así lo desean. No se penalizará a quienes ejercen la prostitución, sino que se actuará con medidas económicas y educativas como las indicadas.

Igualdad efectiva para los colectivos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales)

Unidad Popular pretende ir construyendo una sociedad de clara orientación socialista y anti-patriarcal en la que el libre desarrollo de cada un+ sea condición necesaria para el libre de tod+s. Las personas de los colectivos LGBTI padecen una opresión legal, que se visto paliado por una legislación valiente pero, a todas luces, insuficiente y una la opresión de las normas sociales de una sociedad heteronormativa. Así planteamos tanto reformas legislativas como políticas emancipadoras.

1. Crear un Instituto, público y gratuito, para la promoción, defensa, y atención del colectivo LGTBI.

2. Desarrollar y velar por el cumplimiento de protocolos, tanto en las administraciones del Estado como en las empresas privadas y, en especial, en los medios de comunicación, con el fin de garantizar un tratamiento respetuoso y digno de todo lo relacionado con LGTBI, basado en los principio de igualdad y libre desarrollo de la personalidad.

3. Promover institucionalmente las campañas internacionales por la diversidad LGTBI y fomentar el asociacionismo LGBTI.

4. Crear una red estatal de acogida y de atención integral para todas las personas LGBTI forzadas a abandonar su hogar de residencia por discriminación.

5. Promulgar una Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación de las Personas LGTBI que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública, una propuesta transversal a todos los ámbitos de la sociedad, una ley acompañada de una dotación presupuestaria que posibilite la aplicación real de la misma. La ley ilegalizará cualquier intervención médica no consensuada de las personas intersexuales y posibilitará i) una atención sanitaria al colectivo transexual que decida libremente comenzar su proceso transexualizador; ii) la inclusión de contenidos integrales LGTBI en el currículo escolar con el fin de que se eduque en la diversidad afectivo sexual y de género y que se evite acoso escolar; iii) la realización de planes de formación al profesorado en materia de diversidad afectivo-sexual y de género; iv) la formación a profesionales de la Sanidad en las necesidades específicas de salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI, especialmente las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales; v) la elaboración de protocolos sanitarios inclusivos, no heteronormativos; vi) medidas de acción positiva para transexuales y personas que viven con VIH en las contrataciones públicas; vii) la inclusión en la política exterior de los derechos LGBTI y, en particular, el derecho al asilo.

6. Modificar las leyes existentes, como el Estatuto de los trabajadores y la Ley de la Función Pública para incluir derechos de los colectivos LGTBI.

Garantizar la laicidad del Estado, derogando el Concordato, eliminando privilegios fiscales y suprimiento las enseñanzas confesionales de los curricula educativos.
Anulación de las sentencias franquistas como base para una recuperación efectiva de la memoria democrática.
Garantía de la libre circulación de información, que no podrá ser coartada en nombre de la llamada “propiedad intelectual”, sin menoscabo de los derechos de autor con el reconocimiento de la aportación de cada persona al acervo cultural colectivo. Derogación de la actual ley de propiedad intelectual y el cano AEDE contenida en esta. Regulando la copia privada, y la utilización del software protegido, que en ningún caso sera regulado a través del código penal. Los derechos de autor serán protegidos a través de legislación especifica, sólo será el autor el garantista de sus derechos. Garantizar la neutralidad de la red en Internet, promover el acceso público universal a WiFi gratuito y el uso de software libre en las administraciones públicas.
Banca Pública nacionalizada y territorializada y desprivatización de los sectores estratégicos (energía, transportes, comunicación…).
Reforma Fiscal y del sistema de financiación con un aumento progresivo de los impuestos a las rentas más altas hasta donde sea necesario para financiar los gastos sociales, de modo que cada cual aporte según su renta y cada entidad territorial reciba según sus necesidades y pueda gestionar democráticamente sus recursos, en nuestro caso con un País Valencià que pueda ejercer su soberanía en todos sus asuntos propios en un marco federal, desarrollando el conocimiento y el uso de nuestra lengua, cultura, agricultura e industria con respeto al medio ambiente y en colaboración con los pueblos con los cuales las comparte y practicando la solidaridad con todos los pueblos del mundo. Quienes tengan ingresos no superiores al salario mínimo estarán exentos de contribución neta y se establecerá en su caso una renta neta máxima.
Defensa de la soberanía democrática en la economía, auditando la deuda pública para eliminar la que sea ilegítima y emitiendo medios propios de pago para hacer frente a cualquier chantaje financiero que provoque falta de liquidez y poner en marcha políticas equitativas de distribución de la riqueza y de satisfacción de los derechos sociales y económicos, sin excluir en su caso la salida del euro.
Adopción de medidas para la normalización democrática en Euskadi: indulto inmediato a Arnaldo Otegi y otras personas presas por el ejercicio de las libertades de expresión, reunión, asociación y huelga sin actuaciones violentas; aplicación no discriminatoria de la legislación penitenciaria trasladando a todas las personas presas a las cárceles más próximas a su entorno familiar; ejecución de la sentencia europea que obliga a computar los períodos de prisión en otros países para el cumplimiento de una condena; derogación de la Ley de Partidos; diálogo con los restos de ETA en vistas a la completa destrucción de su arsenal y la disolución de su organización; aplicación no discriminatoria de beneficios penitenciarios a los presos de ETA, anulando la doctrina Parot.
Salida de España de la OTAN y de la Política Europea de Seguridad y Defensa, retirada inmediata de todas las misiones militares exteriores, renunciando a la guerra como instrumento de política internacional y reduciendo drástica y progresivamente los gastos militares hasta su completa desaparición. Derogación de la justicia militar. Renuncia al uso de la fuerza para coartar el ejercicio por cualquier pueblo de su derecho a decidir.
Rechazo y denuncia en su caso de todo Tratado Internacional que menoscabe la soberanía democrática (TTIP, TISA…)
Apertura de un Proceso Constituyente democrático, en el cual defenderemos, desde una posición anticapitalista, el establecimiento de una República Federal solidaria (reconociendo los derechos sociales como derechos subjetivos, así como el derecho de autodeterminación de todos los pueblos) y con democracia participativa (garantía de transparencia contra la corrupción, ley electoral que garantice una proporcionalidad efectiva, eliminación de las diputaciones, referéndums vinculantes, revocabilidad de todos los cargos públicos, participación cotidiana de la ciudadanía en la toma de decisiones a través de la democracia 4.0…) en una perspectiva socialista.

Se ampliará a 20 años el plazo de prescripción para los delitos de corrupción, estableciendo además en su caso la confiscación de todo ingreso que supere el salario mínimo hasta devolver el 100% del dinero defraudado.

Es necesario y urgente conseguir una seguridad que garantice la protección institucional de la ciudadanía y que impida los cambios oportunistas de las leyes y normas fundamentales a favor de intereses minoritarios, cambios que ahora mismo están en manos del partido más votado que llega al poder y puede modificar, suprimir o imponer a capricho, según sus intereses, y sin consultar, las leyes y condiciones fundamentales que rigen sectores básicos como la Educación, la Sanidad, la Vivienda, el Trabajo, la Dependencia, un Sustento Social para situaciones de emergencia, las Pensiones, Seguridad y Protección ante los malos tratos, el Sector Energético, Igualdad, Inmigración y Apoyo Solidario, más un código ético y unos principios bien claros sobre el funcionamiento de la Justicia.
Propuestas:
                 1. La primera e imprescindible condición para que un Estado sea de verdad de Derecho y democrático, es que la ciudadanía elija libremente en referéndum el Modelo de Estado que prefiere por mayoría (monarquía o república, Estado federal o confederal, etc.), algo que las españolas y españoles tenemos pendiente aún. La monarquía nos fue impuesta por un dictador sin tener en cuenta que la única vez que hemos podido elegir el modelo de Estado fue en 1931, y el modelo elegido fue una República, que acabó destrozada por un golpe de estado y una guerra civil provocada por los golpistas contra el Estado de Derecho. Es evidente que mientras ese espinoso asunto no se subsane, el Estado actual seguirá siendo ilegítimo democráticamente e ilícito éticamente, aunque sea "legal".

   2. a) Un pacto de Estado que exija la convocatoria de un referéndum cada vez que se pretendan modificar las condiciones de las leyes y decretos que regulan los sectores básicos de la sociedad, que incluya garantías constitucionales; es decir, que los derechos sociales estén garantizados por la Constitución y solo la voluntad popular expresada en referéndum pueda modificar los contenidos de la Carta Magna.

                   b) Limitar los poderes del Ejecutivo y la parcialidad interesada del Legislativo, exigiendo que la mayoría parlamentaria de un partido determinado no pueda cambiar ninguna ley básica sin el consenso de la ciudadanía.

               c) Instituir un espacio estatal on line abierto y transparente, que permita a la ciudadanía intervenir y participar directamente en los debates importantes del Parlamento, con preguntas, sugerencias, peticiones y reclamaciones, con voz y voto, con el fin de que la realidad de la calle sea la protagonista de la política, tal y como exige una verdadera democracia, y no solo sean los intereses de partido los que determinen y decidan sobre asuntos que conciernen directamente al bien común.

    d) Creación de un comité ciudadano independiente y renovable cada cuatro años, que vigile y controle tanto la separación e independencia de los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial como la aplicación de un código ético previamente consensuado y votado.

ASSEMBLEA D'ARA EN COMÚ-UNITAT POPULAR VALÈNCIA, 5 de noviembre de 2015