COGE EL DINERO Y MIENTE
(PRESUNTOS LATROCINIOS Y NOTORIAS MENTIRAS EN EL PP VALENCIANO)Rafael Pla López
El "¡Vamos a forrarnos!"
exclamado por un dirigente del PP valenciano cuando ganaron por
primera vez las Elecciones Autonómicas ya desvelaba cuáles eran sus
intenciones. Ya entonces se abrió el primer proceso judicial por
corrupción, el llamado "caso Naseiro", que quedó en agua de borrajas por un tecnicismo judicial. Después vendrían el "caso Cartagena", condenado por apropiarse de donaciones a unas monjitas, y el "caso Fabra", cuya pelota se han ido pasando sospechosamente de unos jueces a otros y que todavía colea. Y ahora les ha estallado el "caso Gurtel".
La
política del PP valenciano se ha venido basando por una parte en
promover "grandes eventos", como una competición náutica (la llamada
Copa del América), el circuito urbano de Fórmula 1 o la visita del
Papa, todos ellos sumideros de inversiones astronómicas de dinero
público que aumentaban un endeudamiento también astronómico, mientras
los servicios públicos básicos adolecían de graves deficiencias. Y por
otra parte en potenciar grandes proyectos urbanísticos que generaban
una grave degradación ambiental y el progresivo desplazamiento de la
agricultura, al tiempo que exigían grandes transvases para atender a
sus necesidades de agua.
Y lo cierto es que EUPV, junto con el
movimiento ecologista y diversos colectivos locales, se ha venido
oponiendo a dicha política casi en solitario, mientras otros, desde la
dirección del PSOE a amplios sectores de la población, se dejaban
obnubilar por los oropeles de los "grandes eventos", como en el caso de
la "Copa del América". EUPV no cayó en un ilusorio "otra Copa del
América es posible", sino que se opuso directamente a proyectos de ese
tipo, denunciando sus consecuencias ambientales y el despilfarro de
dinero público. Pero no sabíamos hasta qué punto dicho despilfarro iba
a ser lucrativo para algunos, dando un perverso significado a lo que
llamaban "Eje de la prosperidad". Porque, como dijera alguno de los
implicados, lo interesante de tales eventos era precisamente que había
"pastuqui" (pasta gansa) en cantidad.
Los sucesivos informes
policiales del "caso Gurtel" han sacado a la luz el "modus operandi" de
la trama que en el conjunto de España encabezaba Francisco Correa y en el País Valenciano Álvaro Pérez "El Bigotes": a través de la empresa de éste, Orange Market,
con una escasa plantilla de media docena de trabajadores, por una parte
se obtenían concesiones multimillonarias por adjudicación directa de
obras públicas, fragmentándolas en muchos casos para evitar tener que
recurrir a concursos públicos, y haciendo frecuentemente de
intermediarios con grandes empresas urbanísticas. Y por otra parte
organizaban diversos actos públicos del PP a través de diversas
campañas electorales... cuyas facturas eran abonadas "en negro" por
dichas empresas urbanísticas. Y con los "flecos" del dinero público
circulante se hacían "regalos" de miles de euros (trajes, relojes,
coches...) a dirigentes del PP, presuntamente entre otros a Francisco Camps, Ricardo Costa, José Víctor Campos y Rafael Betoret.
Como
una muestra de la magnitud del presunto latrocinio, se ha evaluado en 3
millones de euros el coste de la visita del Papa, pero en 6 millones el
total de dinero público desembolsado. Y hay que recordar que el dinero
proviene en última instancia, en todos los casos, del bolsillo de los
contribuyentes... y que según los informes policiales y judiciales que
se han hecho públicos se ha repartido, por uno u otro camino, entre las
empresas concesionarias, los responsables de la trama, las finanzas (en
particular, electorales) del PP y algunos dirigentes del mismo PP (en
metálico o en "especies"), todos los cuáles se habrían apropiado así
finalmente del dinero de los contribuyentes.
Hasta aquí lo que
se ha sabido hasta ahora. Pero tan relevante como el presunto
latrocinio han sido los notorios embustes de los dirigentes del PP,
encabezados por Francisco Campos, presidente del PP y de la Generalitat
Valenciana. Camps comenzó negando que conociera a los responsables de
la trama, y posteriormente se ha sabido por una grabación telefónica
que llamaba a "El Bigotes" su "amiguito del alma". Afirmó que se pagaba
sus trajes, y han menudeado las pruebas de que han sido abonados por
dichos responsables. Y finalmente ha terminado queriendo engañar a su
propio Partido, primero haciendo creer a Rajoy que ya había destituido a Costa, y posteriormente, cuando aparentemente Rajoy y Cospedal
montaron en cólera al ver frustrado su plan de usar a Costa como cabeza
de turco, queriendo hacer creer que el Comité Ejecutivo del PP
valenciano había tomado unos acuerdos que nunca tomó sobre dicha
destitución, ante el estupor y el proclamado desconcierto de otros
dirigentes del PP como José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia de Alicante.
Dicho
desconcierto deriva también de un efecto colateral del conflicto: la
comprobación de la ausencia de democracia interna en el PP, cuyo
centralismo anula las competencia de los órganos "autonómicos". Parece
que Camps pretendía guardar las apariencias haciendo que fuera el
Comité Ejecutivo valenciano quien tomara formalmente la decisión de
cesar a Costa como su secretario general, pero todo indica que Costa
amenazó con "tirar de la manta" (dijo públicamente en relación al caso
Gurtel que él se había limitado a cumplir órdenes), por lo que Camps se
amedrentó e impidió el debate y consiguiente decisión de dicho Comité
Ejecutivo, para posteriormente plegarse sin más trámites ante la
insistencia de Rajoy.
Y uno de los aspectos más oscuros de la
historia es el papel jugado por el Tribunal Superior de Justicia
valenciano, encabezado por Juan Luis de la Rúa,
que se había congratulado anteriormente en público de que Camps
proclamara que su relación íntima iba más allá de la amistad. Cuando la
Audiencia Nacional le transfirió la causa contra los aforados
valencianos como Camps y Costa por haber presuntamente aceptado trajes
como "regalos" de la trama "Gurtel", se negó a investigar también, como
pedía la fiscalía, a los responsable de la trama. Y se negó también a
investigar los contratos públicos concedidos a las empresas de la
trama. Con dichas negativas, renunciaba de antemano a aclarar si los
"regalos" lo habían sido a cambio del favoritismo en dichas
concesiones, con lo que sólo se podía acusar a Camps y compañía de
cohecho "impropio", que es la figura jurídica aplicable a un
funcionario que acepta regalos en función de su cargo sin
contrapartidas demostradas. Y efectivamente el juez instructor José Flors concluyó que se debía imputar a Camps y otros aforados por tal cohecho impropio.
Y
cuando los imputados recurrieron ante el Tribunal presidido por de la
Rúa, éste, en vez de abstenerse por su proclamada más que íntima
amistad con Camps, como establece la legalidad vigente, terminó
encabezando una grotesca cabriola para sobreseer la causa alegando
falta de pruebas de las contrapartidas que previamente se había negado
a investigar. Claro que si se hubiera demostrado que los regalos eran a
cambio de favores no se estaría ante un cohecho "impropio", sino ante
un cohecho "propio", un soborno puro y duro que se castiga con penas
más elevadas. Al haber ignorado que precisamente la falta de
contrapartidas demostradas es lo que caracteriza al cohecho "impropio",
como sabía cualquier estudiante de Derecho y actualmente sabe cualquier
lector de prensa, de la Rúa se ha convertido en el hazmerreir de los
juristas. Aunque dicha actuación ha sido atribuida a su amistad con
Camps, los verdaderos motivos de la misma permanecen en la oscuridad.
Todo
lo anterior demuestra, no sólo que la salud democrática requiere de la
inmediata dimisión de todos los cargos públicos implicados, sino que
EUPV acertó al poner en primer plano la honestidad política como
requisito necesario para construir una alternativa en el País
Valenciano, honestidad política que se opone tanto a la corrupción
crematística como al transfuguismo. Naturalmente, las ladronas de
escaños no tienen ninguna legitimidad para hacer denuncias éticas, pero
los y las comunistas y el conjunto de EUPV tenemos toda la legitimidad,
desde la coherencia política y ética, para impulsar una Convocatoria
Ciudadana para sacar al País Valenciano del cenagal en que nos han
metido ladrones y embusteros.