POSICION PCE SOBRE PROYECTO DE REFORMA ESTATUT DE CATALUNYA
(Aprobado en el Comité Ejecutivo del PCE del 12 de noviembre de 2005 por 43 votos a favor y 2 abstenciones)
- I-
El debate suscitado en todo el Estado sobre el Proyecto de Reforma del Estatut (PRE) de Catalunya, como en su día lo fuera el debate sobre el “Plan Ibarretxe” han puesto de manifiesto nuevamente las limitaciones del modelo constitucional actualmente en vigor en España tras 27 años de aprobación de la Constitución Española. La izquierda transformadora y en especial los comunistas, apostamos decididamente por un nuevo impulso constitucional que actualice el modelo de Estado en el que convivimos, profundizando la democracia, dotándonos de mecanismos participativos que creen poder ciudadano, que persiga decididamente –y trabaje activamente por ello- la justicia social, la solidaridad y la desaparición de la pobreza y las desigualdades en nuestro país y en cualquier rincón del planeta. Un nuevo modelo de Estado en el que el cumplimiento de los derechos sociales y económicos sea exigible a los poderes públicos por aquellos ciudadanos a los que les sean vulnerados. Apostamos decididamente por un impulso constitucional que nos aboque a un estado Republicano, Federal y Solidario.
Consideramos que España es un estado plurinacional donde históricamente han convivido y conviven diversos pueblos y culturas. Queremos que sea un estado unido por la libre voluntad de los pueblos que lo componen. Un estado cohesionado en torno a un proyecto común de democracia, justicia social, solidaridad y progreso que lo legitima ante la totalidad de los ciudadanos que lo conforman. Ese proyecto es el socialismo del siglo XX
El modelo territorial contemplado en la Constitución Española de 1978 – el estado Autonómico- intenta conjugar elementos de los modelos regionales y federales de nuestro entorno europeo, resultando un modelo incompleto que es fruto de una falta de apuesta en su momento por otro modelo de estado, el federal, a pesar de que debían ser plenamente conscientes quienes lo diseñaron de las limitaciones democráticas de un estado regional que pretende ser descentralizado.
Para los comunistas el acercamiento del poder a los ciudadanos a través de la descentralización política y administrativa y el reparto competencial entre los distintos componentes territoriales del estado siempre ha sido garantía de profundización democrática. Por ello, el estancamiento del modelo territorial, sus crecientes insuficiencias en muchos aspectos respecto a los anhelos ciudadanos arraigados en muchos de los pueblos del Estado ha sido y es causa de preocupación para nuestro Partido.
Sin duda alguna, tras 27años de desarrollo autonómico, el modelo está a punto de agotarse. El inmovilismo y la lentitud de los poderes públicos – y de demasiadas fuerzas políticas- a la hora de reaccionar y asumir la necesidad de un impulso federal, ha estado en el origen de un proceso un tanto caótico de intento de reforma del modelo territorial actual. El lanzamiento en su momento del llamado “Plan Ibarretxe” y ahora del proceso de reforma del Estatut de Catalunya, atestigua esta realidad.
En lugar de haberse iniciado un proceso colectivo de reflexión y propuestas sobre nuestro modelo de estado entre todos los pueblos y nacionalidades que conforman España, estamos asistiendo a procesos de reivindicación “bilateral” que, por mor de preocuparse únicamente de su encaje particular en el Estado, renuncia a abordar de forma clara y general, entre todos los componentes territoriales del estado, la esencia de la cuestión: la construcción, entre todos los pueblos y nacionalidades que componen España, de un estado federal y solidario.
Para los comunistas es fundamental e irrenunciable que cualquier modelo de estado, y más el modelo federal que por más democrático reivindicamos, apueste por ser plenamente solidario entre sus componentes territoriales y los ciudadanos que lo conforman, comprometido con la justicia social y el fin de las desigualdades. Esa es la esencia del pacto social que para la izquierda transformadora legitima ante la sociedad cualquier realidad estatal. Un modelo federal no es por definición solidario, a la vez que un estado confederal – que el PCE no reivindica ni defiende- tampoco es por definición insolidario. No compartimos que sea la existencia o la pertenencia a distintas realidades nacionales las que hayan de legitimar el pacto social que se encuentra en la base de cualquier estado, aunque respetamos profundamente a quienes defienden lo anterior.
Finalmente, los comunistas optamos claramente por construir un modelo de estado republicano, federal y solidario con todos los pueblos y territorios que actualmente forman España, defendiendo decididamente la actual integridad territorial del estado y respetando siempre a las opiniones en contrario que de forma mayoritaria, pacifica y democrática pudieran expresarse. Igualmente, los comunistas defendemos el derecho de autodeterminación de cada pueblo, que deberá siempre expresarse por cauces legales y democráticos.
-II-
El PCE saluda que el texto del PRE que el Parlament de Catalunya ha aprobado haya sido adoptado tras un profundo debate democrático y de forma muy mayoritaria. Esta propuesta ha de ser estudiada y debatida en profundidad no solamente por las instituciones del estado que tienen la obligación legal de hacerlo, sino incluso por cualesquiera otras que sin tener dicha obligación traten de introducir racionalidad, serenidad y normalidad al actual debate sobre el modelo de Estado que los españoles tiene derecho a disfrutar. No obstante, ninguna institución puede ni debe arrogarse el derecho a debatir el PRE con la única finalidad de descalificar a las instituciones catalanas o negar la legítima aspiración de estas a alcanzar su pleno reconocimiento nacional en el marco el Estado.
Sin duda, si el modelo de relación de Catalunya con el resto del estado que propugna el actual texto del PRE no hubiera sido fruto de una decisión unilateral – evidentemente legitima por ser democrática y muy mayoritaria- de las instituciones catalanas, sino que hubiera sido resultado de una proceso de acuerdos adoptados de forma global y en común entre los distintos pueblos y territorios del Estado, el actual proceso de reforma estatutario resultaría menos polémico de lo que lo esta siendo. La unilateralidad no es un método que puede aceptarse como orientador de las relaciones entre pueblos y, ciudadanos y territorios. Sin embargo, no seria justo atribuir al Parlament la única responsabilidad por esta propuesta “unilateral” cuando el inmovilismo de las dos grandes fuerzas políticas – el PSOE y el PP- no ha dejado espacio para avanzar en el desarrollo del modelo de Estado mas allá del actual modelo autonómico.
El PCE, prácticamente desde su fundación, ha reconocido a Catalunya como una realidad nacional inserta en el estado español. En este, como en otros muchos aspectos, el PCE se adelantó a lo que posteriormente ha sido prácticamente un reconocimiento unánime – a salvo, obviamente, de la derecha centralista heredera del franquismo- de dicha realidad nacional por todas las fuerzas políticas.
Por ello, el PCE saluda el proceso de construcción nacional que contempla el PRE en su Preámbulo, máxime cuando se dice orientado a construir una “democracia de mas calidad” basada en el equilibrio de deberes y derechos y en la participación ciudadana. El Preámbulo así mismo reconoce la pertenencia de Catalunya al estado plural y plurinacional que es España, si bien este reconocimiento a juicio del PCE, debería ser más enfático. El PCE entiende que el reconocimiento de una realidad nacional determinada no lleva aparejado el derecho a constituir un estado independiente, siendo nuestra posición la defensa de un estado plural donde convivan distintos pueblos y nacionalidades. Entendemos que el ejercicio de los derechos políticos corresponde a los ciudadanos, mientras que el ejercicio de los derechos nacionales corresponde a las distintas nacionalidades.
El PCE entiende igualmente que la “bilateralidad “ (art 3.1 PRE) únicamente debe presidir las relaciones institucionales-representativas entre dos instituciones como son la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña. Apostamos por un modelo de estado republicado, federal y solidario donde los mecanismos de participación multilateral sean los que presidan las relaciones entre cualquier institución de autogobierno territorial o nacional por una parte, y el Estado y sus diversos componentes por otra.
Desde un punto de vista social, en el PRE se abunda en la formulación de derechos ya reconocidos en leyes del Estado, pero no profundiza en la exigibilidad de los mismos ante los poderes públicos catalanes ni en las obligaciones de estos para garantir su cumplimiento pleno. El texto no contempla ningún modelo de garantía social innovador respecto a los ya contemplados por las CC.AA. en el actual modelo de Estado. No se produce ningún avance social destacable, sino que más bien, siguiendo el modelo del ya arrinconado Tratado Constitucional Europeo, se renuncia a tener como objetivo político alcanzar la plena cohesión social, contemplándose en el mismo únicamente el “fomento” de dicha cohesión... Se reglamentan, por el contrario, excesivamente aspectos lingüísticos y culturales que deberían ser objeto de leyes específicas. El texto, probablemente excesivamente reglamentario, contiene importantes limitaciones en los mecanismos participativos Se centra excesivamente en la relación entre las instituciones de Catalunya –La Generalitat- y las instituciones de ámbitos más amplios (Estado y UE) sin resaltar suficientemente el papel de las instituciones locales y ciudadanas, cuyas capacidades por el contrario limita. No hay avances sustanciales en la concreción de formas de democracia participativa: presupuestos participativos, revocación de cargos o mandatos imperativos, siendo estos últimos expresamente prohibidos (Art. 57.3). El PCE valora positivamente el derecho que el PRE contempla a “participar en la elaboración de leyes” a través del movimiento asociativo, pero echa sin embargo en falta una mínima concreción de este derecho en un texto por otra parte sumamente extenso.
Probablemente, una de las mayores dificultades del PRE para ser aprobado en su redacción original por el Congreso de los Diputados reside en su “unilateralidad” a la hora de decidir que competencias de las reservadas en la C.E. al Estado (arts 149 y ss C.E.) han de ser asumidas por las instituciones catalanas. El PCE no comparte la idea expresada por diversas fuerzas políticas de que dicha “unilateralidad” a priori sea incompatible con la pertenecía de Catalunya al estado plurinacional que es España. La consideración como nación sin duda otorga a Catalunya los derechos subjetivos necesarios para avanzar en un proceso de construcción nacional. Pero la “unilateralidad” nunca será compatible con un Estado Federal si no es capaz de ser conciliable con un modelo donde las decisiones trascendentes que afectan a toda la ciudadanía deben ser adoptadas de forma democrática y multilateral entre y por los ciudadanos y pueblos que lo componen.
El PCE considera que los derechos que el PRE reivindica sobre la administración de Justicia, entidades de economía social, políticas de energía, de extranjería, de transportes y comunicaciones, de puertos, de infraestructuras, sobre aguas, etc., son plenamente asumibles por las instituciones nacionales de Catalunya contempladas en el PRE, a la vez que considera que dichos derechos son igualmente reivindicables y transferibles a los demás componentes territoriales o en su caso nacionales que conforman el actual estado o conformen el Estado Republicano Federal y Solidario que los comunista propugnamos para España.
El PCE siempre defenderá un modelo fiscal y financiero del estado y de los diversos componentes de este, profundamente redistributivo e igualitario, que compense decididamente las desigualdades sociales, territoriales o culturales en el horizonte de hacerlas desaparecer. Un modelo fiscal y financiero de estas características solo es alcanzable desde la multilateralidad entre el estado y las distintas instituciones y territorios que lo componen. Para nosotros, el modelo LOFCA sigue siendo valido, al margen de que sean necesarias reformas de la legislación de financiación autonómica que acrecienten la capacidad financiera de cada territorio del estado.
El PCE, como ya lo hiciera recientemente el PSUC - partido internacionalista y nacional catalán- es contrario al desarrollo de nuevos sistemas financieros forales y, en coherencia con el proyecto federal que queremos para España y para Europa, reivindicamos un modelo fiscal en el Estado que pueda garantizar unos derechos económicos y sociales iguales para todos ( sanidad, educación, protección frente al desempleo etc.), un modelo financiero basado en un reparto de la carga fiscal en función de la renta de las personas físicas y jurídicas y no en función de las rentas generadas en uno u otro territorio. Desde nuestro punto de vista, es en torno a las políticas y mecanismos de producción de riqueza y de redistribución social y económica de la misma donde puede generarse la mayor cohesión de un proyecto común de estado como el que nosotros reivindicamos, un estado profundamente solidario. Entre las competencias exclusivas del Estado siempre deberán existir aquellas que garanticen su capacidad de intervención en la economía y en las políticas fiscales para así construir un Estado justo y solidario donde todos sus ciudadanos tengan asegurada una vida digna. Estas competencias en algunos casos son reivindicadas en exclusiva en el PRE para las instituciones catalanas (en materia fiscal, bancaria, intervención e inspección financiera), algo que desde el punto de vista del PCE no puede ser aprobado en su actual redacción. El PCE nunca compartirá ni defenderá ninguna auto atribución de competencias de índole económico y fiscal cuando la misma se fundamente en un supuesto “esfuerzo fiscal” superior de un territorio del Estado respecto a otro, todo vez que ello considerado en abstracto e independientemente de factores históricos y de desarrollo social, es profundamente insolidario y solo puede provocar conflictos y tensiones de muy diversa índole.
La mejor forma de conjurar las derivas confederales - a las que el PCE es profundamente contrario- que puedan observarse en el texto del PRE o en cualquiera otro texto equivalente aprobado por cualquier otro órgano legislativo de Comunidad Autónoma, es garantizar que todos los territorios del estado avanzan simultáneamente en la discusión del modelo de Estado, -inevitablemente federal y republicano, le pese a quien le pese-, que todos queremos.