No sé si
Antonio
Rodríguez Torrijos, concejal de IU de Sevilla imputado por
la jueza
Mercedes Alaya
Rodríguez que instruye el llamado "caso Mercasevilla", se
verá forzado a dimitir para detener la campaña mediática que proclama
que "todos son iguales" frente a la corrupción. Pero si hay algo turbio
en este asunto no es la actuación de Torrijos.
Comienza resultando extraño que el auto de imputación se difunda en la
prensa y en Internet antes de haber sido entregado al imputado. Es
posible que yo mismo lo haya leido antes que él. Pero es que además la
lectura del mismo, en
http://www.martinezabarca.net/wp-content/uploads/autotorrijos.pdf
, no permite enterarse de qué delito se le acusa. Sólo hay una
referencia genérica a la "
responsabilidad
y activa participación" en "
el proceso de adjudicación de la
totalidad de los terrenos de [Mercasevilla] a Sanma", y la
existencia de una denuncia. Pero en ningún momento se indica en qué
podía ser delictiva dicha participación, por otra parta compartida por
todos los miembros de los órganos colegiados a los que pertenecía
Torrijos como concejal. Todo ello me ha recordado intensamente "El
proceso" de
Kafka,
brillantemente llevada al cine con la dirección de
Orson Wells y la
interpretación de
Anthony
Perkins.
Según la nota hecha pública por IU de Sevilla ciudad (
http://www.iusevillaciudad.org/boletines/boletin1738.pdf
), la raiz del conflicto parece estar en que la adjudicación de los
terrenos no se hizo por subasta al mejor postor, lo que hubiera
redundado en un elevado precio de las viviendas a construir, sino
mediante "
un concurso
público con criterios no únicamente económicos sino también sociales"
para evitar la especulación urbanística, posición política colectiva de
IU que fue defendida por Torrijos.
Todo ello me ha traído a mientes un proceso de adjudicación hace años
de la cafetería del Campus universitario de Burjassot, donde un
solicitante que no la obtuvo protestó alegando que sus precios eran los
más bajos, pasando por alto la variedad y calidad de las comidas
ofrecidas cuya consideración fue decisiva en la resolución. Supongo que
si hubiera presentado una denuncia ante una jueza o juez que actuara
con el mismo criterio economicista que Alaya podríamos haber sido
también imputados, aunque era patente que nuestro único interés era
comer bien.
Si nos atenemos a la primera acepción del término "
corrupción" como
"
soborno o cohecho", es decir dar a alguien "
dinero o regalos para conseguir de él una cosa,
generalmente ilegal o inmoral",
no hay ningún indicio de que ello se haya producido en el caso de
Torrijos, y posiblemente es por ello que el auto de Alaya no lo
menciona, por lo que esta "imputación" no encajaría en modo alguno en
lo que prevé el Compromiso Ético por la Regeneración Democrática de IU,
que propugna "
Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos
de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de
libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de
corrupción política o urbanística" (ver
http://www.izquierda-unida.es/node/8531 ).
Pero el problema es conseguir que la opinión pública supere la
confusión mediática entre quienes están imputados por corrupción
urbanística y quienes lo están por luchar contra la especulación
urbanística o por denunciarla. Lo cuál es esencial para evitar que la
izquierda honesta que lucha contra la corrupción quede inerme ante
campañas maccarthistas.