MANIFIESTO POR LA DIVERSIDAD EN LA UNIDAD

Las y los abajo firmantes nos hemos reunido, procedentes de distintas tradiciones, países y puntos de vista, para dirigirnos a nuestros conciudadanos al tratar el tema de la inmigración, y de manera más general las minorías, en nuestras sociedades modernas. Como consecuencia, invitamos a firma y reflexión el siguiente manifiesto.

I.- NUESTRA PRINCIPAL ORIENTACIÓN

Notamos la creciente preocupación en amplios sectores de las sociedades democráticas y libres por la inmigración en masa que reciben y por las minorías que se van formando dentro de sus fronteras que provienen de distintas culturas, con distintas costumbres, además de con distintas instituciones y lealtades. Nos sentimos, por otro lado, inmersos en la problemática de la violencia callejera, los arrebatos verbales de odio y los crecientes apoyos a los grupos extremistas en determinados países. Estas reacciones aunque censurables, responden en algunos a un sentimiento de amenaza a su identidad y cultura, y se basan en las preocupaciones evocadas por la globalización, las nuevas tecnologías de la comunicación y una gradual pérdida de la soberanía nacional. Reprochar esos sentimientos a millones de personas llamándolas discriminadoras, excluyentes o hipócritas es una política fácil que no resuelve un problema que va a más. Las ansiedades y preocupaciones de la gente no deben dejar de ser tenidas en cuenta ni pueden ser tratadas con eficacia etiquetándolas simplemente de racistas o xenófobas. Diciendo a la gente que necesitan a los inmigrantes por razones económicas o demográficas tampoco conseguiremos una discusión útil y válida, y mucho menos podremos atajar sus profundas dudas para facilitar la acogida. El desafío que tenemos delante es encontrar formas legítimas y prácticas para resolver a estas preocupaciones de manera constructiva, a la vez que asegurarnos que estos sentimientos no den lugar a otros prejuicios antisociales, de odio o dejen paso a manifestaciones violentas.

Dos aproximaciones deben ser evitadas: promover la asimilación a toda costa y el multiculturalismo ilimitado. En primer lugar la asimilación (que exige el abandono por parte de las minorías de sus distintas instituciones, culturas, valores, hábitos y conexiones con sus países para adaptarse a la cultura de acogida) es sociológicamente difícil de alcanzar e implica una ambición innecesaria. Está, además, moralmente injustificada debido a nuestro respeto por las diferencias más íntimas como son los dioses a los que rezamos.

En segundo lugar el multiculturalismo ilimitado (que exige dejar de lado el concepto de valores compartidos, lealtades e identidad para privilegiar diferencias étnicas y religiosas, dando por hecho que las naciones pueden ser sustituidas por un gran número de minorías diversas) es también innecesariamente extremista. Lo más probable es que el multiculturalismo dé lugar a contragolpes antidemocráticos ampliando los apoyos a grupos extremistas y llevando a partidos de extrema derecha y líderes populistas a implementar políticas en contra de las minorías. El multiculturalismo ilimitado no debe ser justificado normativamente porque no reconoce los valores e instituciones sustentados por el grueso de nuestras sociedades, tales como los derechos de la mujer o la validez de ciertos estilos de vida alternativos.

El enfoque que defendemos es el de la diversidad en la unidad. Este principio se resume en que todos los miembros de una sociedad dada respetarán y se adherirán completamente a esos valores básicos e instituciones que se consideran parte del marco compartido de la sociedad. A la vez, cada grupo social es libre para conservar su distinta subcultura (políticas, hábitos e instituciones que no entren en conflicto con la parte esencial de aquello que comparten con otros) y un fuerte sentido de lealtad a su país de origen, en tanto que esto no interfiera en la lealtad hacia el país en el que se vive y no entre en un conflicto de lealtades.

El respeto por el conjunto y para todos es la esencia de nuestra postura.

Observamos que tal diversidad en la unidad enriquece más que amenaza la sociedad en su conjunto y a su cultura, tal como se evidencia en campos que van desde la música a la cocina, y más notablemente en la ampliación de nuestras ideas y de la comprensión del mundo que nos rodea. Más allá de todo esto, observamos que en cada sociedad la esencia compartida de la identidad y la cultura ha cambiado a lo largo del tiempo y continuará haciéndolo en el futuro. Por lo tanto las minorías que sostienen que esta esencia común no refleja sus valores pueden actuar para intentar cambiarlos a través de la vía democrática y social disponible para este propósito en las sociedades libres.

La unidad de la que hablamos no está impuesta por leyes o regulaciones gubernamentales, ni tampoco por los agentes de policía, sino que es una unidad que nace de la educación cívica, de la comisión del bien común, de la historia de la nación, de los valores compartidos, de las experiencias comunes, de las instituciones públicas, y de los requisitos de buena vecindad a cumplir por las personas que viven juntas y se enfrentan a los mismos retos desde el mismo rincón del mundo.

Tal diversidad en la unidad permite que uno respete los derechos fundamentales, la forma de vida democrática, los valores sociales esenciales, así como aquellos valores de las minorías que no entren en conflicto con estos.

Qué elementos corresponden a cada categoría - al ámbito de la unidad o de la diversidad - es un asunto que se puede decidir fácilmente en muchos asuntos clave. Los derechos fundamentales deben ser respetados por todos y cada uno. Por ejemplo, la discriminación contra las mujeres no puede ser tolerada, sean cuales fueren los valores culturales o religiosos de un grupo determinado. El respeto por la ley y el orden es esencial. Las instituciones democráticas no son solo una opción más entre muchas. Nadie que aspire a la ciudadanía en un país dado, o ser miembro de una sociedad, puede pagar para librarse de las responsabilidades colectivas que la sociedad ha contraído con sus acciones pasadas y para con otras sociedades, asumidas por tratado o de alguna otra manera.

De igual modo, no se requiere mucha reflexión para reconocer que no existe fundamento para impedir que las minorías usen su lengua, o mantengan vínculos cercanos con otro país (mientras no entre en conflicto con la lealtad al país donde viven,), y procuren el conocimiento y ejercicio especial de su cultura.

Con todo ello no pretendemos negar que son necesarias muchas deliberaciones y mucho diálogo sobre aspectos conflictivos de la vida en común tales como lo referido a cómo la ley y el orden deben ser interpretados, con qué dureza, y hasta dónde ha de llegar al consenso democrático. La deliberación y el diálogo público son cruciales antes de determinar qué temas entran dentro de la unidad o de la diversidad, como veremos más adelante.

Resumiendo, no debemos sacrificar la unidad o diversidad por la otra parte, pero debemos reconocer que podemos aprender a vivir con mayor diversidad y a la vez proteger bien la legítima unidad.

II. ASPECTOS A CONSIDERAR Y DEBATIR

1. La ley: variaciones, derechos fundamentales e interés público

Los modelos de asimilación, por un lado, favorecen el mantenimiento de las leyes universales, entendiendo como tales aquellas que se aplican a todos los ciudadanos y a otras personas dentro de una jurisdicción dada. Se toleran algunas variaciones y excepciones pero estas están basadas en necesidades individuales (por ejemplo enfermedades mentales) o en categorías demográficas (por ejemplo los menores de edad) pero no en agrupaciones raciales o étnicas. Los derechos grupales no son reconocidos como distintos.

La diversidad ilimitada, por otra parte, favorece que cada comunidad que siga sus tradiciones incluso si entran en conflicto con las leyes establecidas (por ejemplo permitiendo uniones matrimoniales forzosas o la circuncisión femenina) aunque la mayoria de aproximaciones en favor de la diversidad reconocen que se debe observar algunas leyes universales. De acuerdo con este planteamiento, a los grupos étnicos y raciales les ha de conceder una gran autonomía para establecer y hacer cumplir sus propias leyes, incluso una considerable autonomía territorial o una cultural basada en la soberanía del derecho propio (como pretenden algunas autoridades religiosas musulmanas). También a través de este planteamiento, hay personas que son vistas por los demás como fuertemente imbuidas de derechos solo por ser miembros de un grupo protegido, como los nativos americanos o canadienses en sus países.

El modelo de la diversidad en la unidad (que denominaremos DEU) favorece, sin embargo, un acercamiento bifocal: distingue entre aquellas leyes que todos debemos respetar y aquellas que han de aparecer provistas de excepciones y variaciones basadas en grupos. Aunque hay lugar para el desacuerdo sobre lo que corresponde dentro de estas dos categorías, muchos criterios sugieren por sí mismos los principios guía para determinar qué leyes y políticas deben ser universales y cuáles pueden ser para un grupo particular.

La categoría universal la conforman los derechos humanos elementales, definidos como tales por las constituciones de los países en sus leyes básicas, las leyes de comunidades supranacionales como la Unión Europea, y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Así, nadie, ninguno de los miembros de ninguna sociedad, puede ser legalmente comprado o vendido, detenido sin el proceso debido, rechazado en el derecho de voto, etc... Los grupos feministas se oponen correctamente a las salvedades en esto porque temen que ello pueda llevar consigo "la pérdida de aquello que ganamos en términos de igualdad de género".

El interés público proporciona otro criterio universal. Si llevar armas se considera un peligro para la seguridad, ningún grupo debería dar lugar a una excepción a esta regla. Igualmente consideramos como peligro las violaciones de la salud pública, como la negación para inmunizar niños (muchos estados de los EE. UU. y otros países de Europa como los Países Bajos, eximen a los padres que presentan objeciones religiosas, algo que preocupa profundamente a funcionarios de salud pública).

Todo aquello que no esté contenido en las políticas generales de interés público debe de considerarse legítimamente como tema para la variación y la pluralidad. Podemos hablar de variaciones referentes a la ley, tales como aquellas que tratan sobre los días de cierre comercial (por ejemplo, las leyes que exigen que las tiendas cierren un día a la semana, pero no necesariamente el domingo) o a cerca de los derechos de los animales (para permitir los rituales de matanzas); salvedades en las regulaciones zonales (por ejemplo, permitir la construcción en Mezquitas); y algunas limitadas exenciones sobre seguridad laboral, preparación de alimentos, y las regulaciones para los negocios étnicos (algunas de estas variaciones pueden ser limitadas a un periodo de transición y pueden ser también combinadas con la ayuda a los inmigrantes y minorías en general para adaptarlas a las leyes establecidas).

Las discusiones que defienden que los grupos territoriales o las comunidades nativas tienen un nivel superior de derechos que los inmigrantes son incompatibles con el modelo DEU. Los grupos concentrados territorialmente tienden más que otros a promover la diversidad hasta el punto de hacer peligrar la unidad, tal como podemos comprobar con los grupos que están concentrados en un área dada (por ejemplo Québec en Canadá), que son más proclives a secesionarse que los grupos más dispersos territorialmente (por ejemplo los afroamericanos en EE. UU. o los gitanos en Europa). Algunos grupos minoritarios pueden tener razones legítimas para buscar este secesionismo, pero esto es el toque de campana que anuncia el funeral de la unidad. Mientras que en las últimas luchas por la autodeterminación estuvo implicada la fuerza de la desintegración de los imperios y por lo tanto, como norma general, esto conllevó un aumento de la representación democrática, las regiones que hoy se desgajan de las sociedades democráticas tienen escasas posibilidades de alcanzar el autogobierno, más bien lo debilitan.

Nuestro énfasis se sitúa en la práctica, no en el discurso. Así, resulta aceptable que un grupo determinado intente implantar políticas y prácticas que atenten contra la libertad colectiva de sujetos plurales, pero hasta que la ley o la constitución no sean cambiadas, no estará permitido que este grupo las lleve a cabo y menos que intente imponerlas a otros. Los extremistas seguidores de una u otra religión pueden discutir que prohibir algunas de sus prácticas mina su particular cultura; sin embargo, ser miembro de una sociedad libre exige la prohibición de prácticas que amenacen a algún miembro de la sociedad en el sentido de que violen sus derechos fundamentales.

De todas formas, no hay razones para oponerse al compromiso si se articulan los criterios necesarios. Así pues, si los Sikhs originarios de la India están dispuestos a llevar sus dagas en un país que las prohíba por seguridad pero modificándolas para no poder desenvainarlas. Siempre puede establecerse un puente entre las subculturas y las leyes básicas establecidas.

Independientemente de cualquier acuerdo adoptado sobre la igualdad económica y los derechos sociales, asumimos que todos tenemos los mismos derechos por el mero hecho de ser seres humanos, seamos o no ciudadanos, y que la discriminación basada en la raza, etnia, religión o género es ilegal (si esto debe aplicarse a organizaciones privadas tales como clubes sociales que no reciben ninguna ayuda estatal o exención, es una pregunta en espera de respuesta).

Los derechos llevan consigo inevitables responsabilidades concomitantes. Este principio debe ser aplicado plenamente a todos los miembros de cualquier grupo. Así, si una nación entra en guerra con otra, los miembros de minorías que tengan lazos históricos o culturales con la otra nación deben servir desde el ejército a su nueva nación al igual que el resto de los ciudadanos. Si hay que luchar, nadie está exento en principio por ser miembro de un grupo racial o étnico determinado (las personas que son objetores de conciencia, ya sea por razones religiosas o éticas seculares, y asumen sus cometidos desarrollando su servicio alternativo a la nación, pueden ser eximidos de esta obligación

2. Estado y religión

La mayor parte de los estados libres han tenido o tienen aún una religión que reconocen formalmente como la única suya. Además, estos estados proporcionan una amplia ayuda financiera que sustenta directa o indirectamente las instituciones de la religión oficial del Estado, principalmente para el clero y los lugares de adoración (Francia y EEUU son excepciones a este respecto, pues no tienen ninguna religión establecida desde hace ya mucho tiempo). Casi todas estas naciones hacen hoy frente a la inmigración masiva y al aumento del número de minorías que practican distintas religiones, especialmente el Islam.

¿Qué podemos hacer partiendo de esta situación? Una opción es mantener la religión oficial. Aunque a menudo las religiones oficiales han realizado relativamente pocas demandas de fidelidad a la gente (miembros de las minorías o de la mayoría) los partidarios de la asimilación mantienen expectativas de que las minorías se deshagan de sus creencias, minorías que generalmente poseen unos sentimientos fuertemente religiosos. Bajo esta aproximación, se espera que los niños pertenecientes a esas minorías asistan a escuelas públicas en las que se enseñan los valores de la religión oficial; se requiere la participación de las minorías en actos públicos en los que los rezos pertenecen a otra religión; y la vida pública está marcada con símbolos de la religión mayoritaria y sus leyes la reflejan. Este es un obstáculo máximo para la diversidad.

Una segunda opción es elevar al nivel de la oficial a todas las religiones. Esto exigiría el completo sustento del clero y los lugares de culto (y servicios sociales) de todas las religiones, y también la apertura de los actos oficiales a distintos rezos, exhibiendo en los edificios públicos y escuelas religiosas la simbología de todas las religiones, y así para todos los demás aspectos. Tales cambios serían percibidos como un ataque directo a la identidad histórica y cultural de una nación, y esto conduciria a un alto nivel de contención. Esto minaría la unidad considerablemente.

Una tercera opción es que la situación oficial de la religión imperante tienda a desaparecer de manera gradual (como ocurrió en Suecia). Bajo este modelo, ninguna religión nueva se reconocerá como oficial para el estado, pero será proporcionada la ayuda financiera para el clero y lugares de culto para todas las religiones. La cuantía será determinada por el número de personas que anualmente declare que esa es su religión (ello hace que no sea el estado quien determine quien va a ser apoyado económicamente o no). Este es un tema de especial importancia para aquellos países que confían fuertemente en las asociaciones de voluntarios y en los grupos sociales para administrar los servicios sociales pagados por la sociedad, como es común en gran parte de Europa. Si los grupos religiosos no son incluidos, esto da lugar a una discriminación contra aquellos cuya principal afiliación social es religiosa. A la vez, ninguna ayuda debe ser accesible a grupos, religiosos o seculares, que promuevan valores seculares que atenten contra los derechos fundamentales.

Este tercer modelo es más compatible con la perspectiva DEU debido a que cambiando el reconocimiento formal de una religión como la única oficial situamos a todas las religiones a un nivel más similar (al menos en términos legales y financieros) sin enfrentarnos de manera directa con la historia o la identidad. Aunque tal cambio es importante hay que pensar que no se reemplazará un modo de hacer por unos nuevos requerimientos o requisitos venidos de otras tradiciones. Esto permite a la mayoría mantener un sentido de la centralidad de sus valores (que no siempre es totalmente satisfactorio para las minorías). Pero al mismo tiempo, permite a las minorías reconocer que se les ha acomodado de un modo más importante (lo cual deja a algunos entre la mayoria menos que totalmente satisfechos). Este modelo permite la diversidad sin minar la unidad de manera explícita. Este modelo encuentra un precedente en el viejo requerimiento de que las tiendas tengan que cerrar en domingo, para facilitar el precepto, pero ahora pueden cerrar el día de la semana que se adapte a cualquier religión. Las sensibilidades de la mayoría también deben ser respetadas.

2. La escuela DEU

La escuela, según DEU, no se debe ni utilizar para suprimir todas las diferencias y distinciones culturales, ni para reforzar la segregación y el aislamiento de minorías.

El modelo asimilacionista asume que los inmigrantes y los miembros de la minorías se educarán en escuelas públicas, así se garantiza que se les enseñará básicamente el mismo material que a otros miembros de la sociedad. Un modelo de diversidad ilimitada requiere el establecimiento de escuelas separadas con apoyo público y planes de estudios distintos para los diversos grupos etnicos desde el jardin de la infancia hasta el ultimo grado de la escuela secundaria, tal como, por ejemplo, escuelas Musulmanes o Judias separadas, a tiempo completo. Por el contrario, DEU, sugiere que una proporción importante del plan de estudios, quizá el 85 por ciento o más, debe seguir siendo universal (es decir, parte de los procesos que fomentan la unidad). Las ventajas de compartir un 85 por ciento del plan de estudios no solo radican en asegurarse que todos los miembros de la generación siguiente se exponen en una medida considerable de los mismos materiales didácticos y narrativas, sino también a que se mezclarán socialmente. La enseñanza del mismo material pero en escuelas étnicas segregadas es incompatible con nuestro planteamiento. Aunque los profesores de todos las procedencias deben ser bienvenidos, hay que insistir en que los niños deben ser educados no solo por los profesores de su mismo grupo

Las minorías deben tener la posibilidad de elegir un 15 por ciento de asignaturas del plan de estudios, en la forma de optativas o de clases alternativas, en las que los estudiantes interesados en un tema o historia o tradición propia pudieran acceder al conocimiento de la diversidad que nos enriquece a todos. El contenido universal, por otra parte, del plan de estudios se debe adaptar para incluir culturas e historias de las minorías.

La educación bilingüe puede ser utilizada, pero solamente durante la transición hacia una fase de entendimiento plural y no como modo de perpetuar la segregación (nos referimos a la educación que se da en las lenguas de inmigrantes y no a las políticas educativas en un país que ha abrazado históricamente dos o más idiomas).

De preocupación especial será la enseñanza de valores. Esto es importante por el hecho de que muchos de los conflictos más discutibles de escuelas, desde la supresión de crucifijos a requerir a muchachas musulmanas usar trajes de baño o prohibir los turbantes tradicionales de los Sikhs, se relacionan con la religión. Las escuelas deben ayudar a desarrollar el carácter y a enseñar valores básicos más bien que simplemente ser instituciones para aprender instrucción. Se debe también asumir que las clases que todos los alumnos deberán atender (el sector de la unidad del 85 por ciento o más) incluirán las clases talleres en las cuales los valores cívicos básicos serán enseñados, por ejemplo el respecto por la constitución o las leyes orgánicas, los derechos humanos, el mérito de la democracia, y el valor del respecto mutuo entre diversas subculturas. Pero tal esfuerzo puede no ser suficiente para proporcionar la necesaria educación del carácter y es poco probable que por sí misma pueda proporcionar un suficiente substituto para los valores sustantivos enseñados en el pasado por las religiones. ¿Qué valores sustantivos deben inculcar las escuelas más allá de las virtudes cívicas?

La oferta de una escuela pública para cada religión (en línea con la noción del reconocimiento oficial igual de todas las religiones) y permitir que los estudiantes elijan, ayuda la diversidad, pero hace poco por la unidad. Una forma de mejorar esto es que las escuelas públicas trabajen con los distintos grupos religiosos para asegurarse que los profesores seleccionados para la enseñanza religiosa (y los materiales didácticos que utilizan) defienden los valores de una sociedad libre y plural. Sobre todo, si no se destierra el fundamentalismo de los salones de clases, no se podra hallar un núcleo suficiente de valores compartidos. Puede admitirse que alguien defienda que una democracia debe tolerar la enseñanza de valores contrademocráticos siempre y cuando ello se haga dentro del sistema democrático.

Para muchos de nosotros las escuelas públicas pueden proporcionar un ambiente en el cual expongan al alumnado a una base rica de valores compartidos que protejan contra el fundamentalismo, y mezclen a los niños de diversas procedencias sociales y religiosas. Otros consideramos que ello se puede alcanzar en escuelas controladas por un grupo étnico o religioso, siempre que el estado se asegure de que todas las escuelas enseñen una base fuerte de valores compartidos. En cualquier caso, los mismos criterios esenciales deben aplicarse para que las escuelas, públicas o privadas, puedan proporcionar oportunidades eficaces de moverse hacia un modelo DEU, que apuesta por la integración y los valores compartidos, en contraste a un modelo asimilacionista o uno multiculturalista con escuelas separadas.

4. Cualificación para la ciudadanía y la nacionalidad

La discusión sobre el acceso de los inmigrantes a la ciudadanía ha sido caracterizada a menudo por los oscilaciones entre las ofertas radicales para la asimilación o para la diversidad ilimitada: o abrimos nuestras fronteras a cualquier persona, o no; o la responsabilidad de la integración se ciñe solamente con los recién llegados, o con los contribuyentes; o todos los recién llegados deben percibir ayuda pública y ser ayudados a mantener sus culturas, idiomas, e identidades, o no; o todos los inmigrantes ilegales deben ser deportados inmediatamente, o no debe haber distinción entre los inmigrantes legales e ilegales.

DEU acentúa que se sirve a las sociedades lo mejor posible si los inmigrantes legales que han resuelto los requisitos educativos, se pueden convertir en ciudadanos de pleno derecho más que seguir como huéspedes, que es a menudo un término que encubre al ciudadano de segunda clase. La llave para un consenso democrático defendible y económicamente viable sobre la inmigración está en tomar decisiones claras con antelación sobre la proyeccion y naturaleza de inmigración que prefiere la nacion. Después el gobierno puede proporcionar la residencia permanente para ésos admitidos y facilitar su acceso a la ciudadanía de pleno derecho que representa la nacionalidad. Este acercamiento ofrece una manera más sensible de proveer de personal al mercado de trabajo, unir a familias, y permitir que los ciudadanos determinen la forma en que la inmigración moldea la economía nacional y la cultura.

Las preferencias culturales -por ejemplo, que España prefiera a inmigrantes de habla española- son aceptables porque ayudan a sostener la unidad, siempre y cuando no impidan la inmigración para los propósitos de la reunificación familiar o del derecho de asilo y se basen en la cultura más que en la raza o la sangre. La ayuda pública para la inmigración también requiere que las políticas puedan implementarse con autoridad. Así, un mejor control de las fronteras, sanciones a empresas que violen leyes migratorias, quizás incluso un documento de identidad nacional para todos los residentes legales, son medidas que pueden crear un sistema eficaz aceptado por la opinión pública (estas medidas no se aplicarían a los que piden asilo político) Habrá que hacer esfuerzos para el establecimiento de criterios justos y transparentes sobre la inmigración ilegal de acuerdo con los valores democráticos. Una sociedad no debe entender su ciudadanía solamente como un paquete de derechos sino como un vehículo para la participación y la responsabilidad cívicas.

Los estados democráticos deben tener reglas claras y justas para la admisión y la acogida de los inmigrantes legales, incluyendo tasas razonables para el proceso de legalización. Los requisitos lingüísticos y educativos pueden ser más altos que los actuales, y así asegurarse que se ha adquirido familiaridad no solamente con los funcionamientos del gobierno democrático sino también con los elementos de unión de la sociedad receptora. Los inmigrantes que todavía no han terminado sus procesos de adquisición de nacionalidad podrían sin embargo ser investidos de derechos como votar en las elecciones locales y de servir en la función pública, entre otras cosas porque se les ayuda a adquirir práctica cívica y a crear una función pública que se adecua mejor para ocuparse de las minorías.

La doble nacionalidad podría ser permitida o aún ser animada siempre y cuando los principios y las prácticas apropiadas para reconciliar conflictos entre lealtades se puedan establecer de acuerdo al principio que la nación de la residencia permanente toma prioridad.

En resumen, la nacionalidad es una manera fundamental por la que una persona se hace miembro responsable y aceptado de una comunidad. Por lo tanto no debe ser concedida sin la preparación apropiada ni ser negada a los que han culminado las medidas requeridas de inculturación.

Asumimos que la ciudadanía y la nacionalidad no están basadas en la raza sino en ser parte de una comunidad histórica, con su propia cultura e identidad. Incorporarse a esta comunidad es venir a compartir una historia, cultura, e identidad según lo caracterizado por la diferencia entre los elementos de la unidad y de la diversidad discutidas previamente. La historia no se para y continúa siendo modificada, en parte bajo influencia de los nuevos miembros.

La ciudadanía no debe ser un bien de consumo gratuito sino una empresa comunal y libre, un estado y una identidad con derechos y responsabilidades sociales. Esto es así tanto para los que quieren llegar a ser ciudadanos de un país como para los que ya lo son.

5. La lengua, ¿un elemento ineludible de unidad?

El modelo asimilacionista pretende que todos adquieran la lengua que prevalece (a veces, como en Bélgica, por lo menos una de ellas), que debe ser considerada la lengua oficial, y que el uso de otras idiomas se debe prohibir en asuntos públicos, papeletas de voto, y señales públicas. La diversidad ilimitada propone el reconocimiento de cualquier lengua como oficial, a las que se da un valor paritario a cualquier otra en juicios, documentos, etc., en varios idiomas, a veces un número grande.

El planteamiento DEU reconoce las grandes ventajas de tener una lengua compartida (dos en caso de necesidad) y de enseñarla a todos los inmigrantes, miembros de minorías, y gente que necesite educación por otras razones. Sin embargo, el estado debe proporcionar los traductores y los documentos traducidos para aquellos que todavía no han adquirido la lengua compartida, incluso si ésto da lugar a bajar la motivación para que los inmigrantes aprendan la lengua que prevalece.

Los asentamientos urbanos deben tener libertad para agregar señales en cualquier lengua, pero no sustituir las señales o anuncios públicos existentes. El estado puede también animar a mantener los idiomas de inmigrantes como segundas lenguas y promoverlas en la enseñanza de idiomas en general.

6. De los elementos de unión, símbolos, historia nacional, días de fiesta, y rituales

En la vida pública, con frecuencia se presentan conflictos en asuntos que son de relativamente poca importancia en sí, pero que adquieren gran significado para la conciencia de pertenencia de la gente. Hablamos de códigos de vestir (por ejemplo en relación con a las muchachas que usan velo), los muchachos y las muchachas que nadan juntos, la exhibición de banderas étnicas, la delimitación de áreas en las cuales se pueden celebrar fiestas, ruidos tolerados, etcétera. En efecto, prácticamente cualquier asunto se puede convertir en simbólico y conflictivo, aunque algunos asuntos (tales como el uso de banderas reivindicativas o no oficiales) tienden más fácilmente a convertirse en tales en algunos países.

Es importante reconocer que el estudiar estos asuntos uno por uno, o de modo superficial, no nos conducirá a la resolución consensuada que todos buscamos debido al calado de los problemas que representan. Los símbolos sirven como perchas en las que la gente cuelga su resentimiento contra otras culturas y contra los inconvenientes derivados del esfuerzo por adaptarse a un mundo diverso y nuevo. Estos símbolos representan el sentir de que las identidades de la gente, su cultura, unidad nacional, y sus deseos de autodeterminación estan siendo desafiados. Solamente en la medida en que estos asuntos más profundos sean estudiados, pueden los conflictos de símbolos ser resueltos satisfactoriamente.

Atacar los sentimientos profundos de la gente, negando que los inmigrantes o las minorías son diferentes, y en especial el etiquetado de estos sentimientos como racismo o xenofobia y exigir que la gente los rechace y se reeduque es injusto e ineficaz.

La perspectiva DEU propone que entendemos porqué la gente siente como siente, pero también pretende hacer entender a los que se sienten invadidos por los inmigrantes que los cambios culturales que deben introducir para integrarlos no violarán sus valores básicos, no destruirán su identidad, ni dejarán su capacidad de controlar sus vidas. De hecho, DEU asume este reto no como una postura de relaciones públicas o una fórmula política de éxito, sino como un modelo elaborado de leyes, y de conceptos normativos que dé sustancia a estas promesas.

Una vez que se establezca esta posición básica, observamos que el viejo patriotismo, que exige abrazar sin cuestionamientos el pasado de una nación, es tan inadecuado como intentar desmontar la identidad nacional para acomodar la diversidad. Así, esperar que los inmigrantes de países previamente colonizados vean gran gloria en el pasado imperial no es compatible con el modelo de DEU pues se está invitando una nación que envía emigrantes a la antigua metrópoli a descartar sus valores, símbolos, y significados compartidos y para pasar a ser una sucursal sin alma. Las actitudes de "repensar lo que significa ser británico" (o francés, etc.) son bienvenidas si significan redefinir concordancias y señalar las diferencias legítimas, pero no si son palabras en clave que esconden el deseo de abandonar significados sustantivos compartidos y valores asumidos que harían un flaco favor a la unidad. No es realista pretender que en una futura federación europea, las identidades y las culturas nacionales se disuelvan y que la aspiración de la unidad de cada país deje de ser socialmente sentida.

El modelo asimilacionista favorece subrayar los logros gloriosos de la nación en los libros de texto (especialmente los de historia), los días de fiesta nacionales, y los ritos cívicos. Por otro lado, algunos campeones del multiculturalismo ilimitado quieren reescribir las historias patrias enfatizando las lecciones de deshonra nacional (por ejemplo, un erudito sugirió que la historia americana esté enseñada como una serie de abusos de minorías, comenzando con los americanos nativos, enfocando después a los esclavos, y finalmente a los americanos japoneses durante la segunda guerra mundial). Otros favorecen días de fiesta étnicos y religiosos separados, tales como Navidad para unos, y Ramadán para otros, para sustituir más bien que para suplir días de fiesta nacionales compartidos. La posición de DEU en estos asuntos no ha sido completamente elucidada.

La posición de DEU al respecto de la enseñanza de la historia, es que los materiales didácticos que contengan declaraciones que sean de verdad ofensivos a las minorías, deben ser quitados o corregidos, y que el reconocimiento de las contribuciones de las minorías a la sociedad debe ser agregado. Además, la historia de otras las partes del mundo, debe ocupar una parte importante en cualquier plan de estudios. No obstante, la enseñanza de la historia es una manera importante de compartir significados y de transmitir valores y no debe de ser particularizada ni convertirse en una fuente de ataque contra la unidad.

Los días de fiesta pueden decidirse también de acuerdo con este criterio de una combinación de días de fiesta compartidos (tales como día de la unificación en Alemania) con fiestas étnicas y religiosas separadas. En efecto, la existencia de algunos días de fiesta étnicos (tales como el Cinco de Mayo en los EE. UU.) enriquece más bien que disminuye la cultura compartida.

Nos centramos aquí en valores compartidos y divergentes en una sociedad que sea una comunidad de comunidades más bien que una mezcla artificial. No pretendemos distraer la atención de los intereses económicos y su articulación en asuntos que se ocupan de la distribución de poder y que tienen su lugar también en el estudio de la inmigración. Sin embargo, dado que estos temas se han estudiado a menudo, nuestro énfasis ha estado en los valores (y en las instituciones relacionadas), pieza clave de cualquier sociedad que quiera preservar su identidad y cambiar pacíficamente al mismo tiempo.

El asunto más espinoso de todos es considerar, más allá de los cambios en expresiones simbólicas y en leyes y políticas, ¿qué abarcaríamos en un elenco modificado pero unificado de valores sustantivos compartidos? Los derechos fundamentales, la forma de vida democrática, el respecto por las leyes orgánicas (o, más ampliamente, una fe constitucional o una religión cívica), y la tolerancia mutua, todo ello se supone con facilidad. De igual modo se suponen los conceptos comunitaristas de que los derechos exigen responsabilidades, que el consenso es mejor que el conflicto, y que debe la sociedad ser considerada una comunidad de comunidades (más bien que simplemente un estado que contiene a millones de individuos). Sin embargo, a pesar de su importancia, todos estos puntos de unidad constituyen a nuestro juicio una escasa base de valores compartidos para sostener la unidad entre diversidad.

El desafío para el modelo DEU es preguntar cómo el reino de la unidad, al menos expuesto en forma modificada, puede fortalecerse sin ocupar el lugar legítimo de la diversidad. La respuesta se puede encontrar en parte en los valores humanistas y en el ética (incluyendo el respeto por la dignidad y la autonomía individuales) y los valores comunitaristas de más calado que expliquen nuestras obligaciones de unos con otros. Podemos intentar un compromiso de construir comunidades todavía más amplias (tales como la Unión Europea), ayudar a la necesidad en los países pobres, y mantener la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No obstante, dejamos abierta, si queremos saber con certeza qué puede proporcionarnos una fuente de compromisos compartidos para definir y promover lo correcto sobre lo incorrecto, la respuesta que podemos dar a las cuestiones transcendentales de la vida por lo que se refiere a la vida pública, si es que no respondemos basándonos en doctrinas religiosas, ni en creencias relativistas o en creencias de otro talante.

El planteamiento DEU es un trabajo en marcha. No pretende tener todas ni la mayoría de las respuestas para tender un puente entre muchos inmigrantes y las mayorías en las sociedades libres donde viven. Creemos que ofrece una orientación básica que respeta tanto la historia, como la cultura, y la identidad de una sociedad y los derechos de sus miembros de diferenciarse en aquellos asuntos que no impliquen los valores básicos y los derechos y obligaciones universales.

Este manifiesto ha sido traducido por la Sociedad Española de Socieoconomía (SASECE) del original inglés suministrado por el Communitarian Network. Los apoyos pueden comunicarse a la dirección de internet del Communitarian Network : comnet@gwu.edu o al administrador de SASECE: Jose.Perez@uv.es