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LOS SEMINARIOS DE LA S.E.P.
II. EL RETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
REFLEXIONES ANTE LA PERSPECTIVA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONALNuria Pérez Escoda Universidad de Barcelona
Los
nuevos escenarios sociolaborales que se van configurando en el seno de
la sociedad global reclaman cada vez con mayor insistencia una respuesta
eficaz desde la educación y la formación. Durante la última década,
venimos asistiendo al desvanecimiento de las rígidas fronteras del
pasado entre la educación general y los diferentes subsistemas de la
formación para el trabajo ante la ineludible necesidad de proporcionar
una base sólida y de calidad que permita la adquisición de una
posterior cualificación profesional. Paralelamente,
desde la Comisión Europea, se han ido sucediendo diversas
recomendaciones y propuestas a los Gobiernos para que mejoren sus
sistemas de educación y de formación. En ellas se exhorta a la adopción
de medidas que tiendan a vincular soluciones parciales e iniciativas
dependientes de diversas administraciones, medidas que faciliten el
aprendizaje permanente y el reconocimiento de las competencias
adquiridas con independencia de su adquisición formal o no formal, y
medidas que se orienten a optimizar la transparencia y la
correspondencia de las cualificaciones entre los diversos estados
miembros. En
nuestro país, esta necesidad quedó ya apuntada en el texto de la LOGSE[1]
(1990) y claramente recogida, en 1996 en el Acuerdo de Bases sobre Políticas
de Formación Profesional[2],
antesala del Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional (NPNFP)
aprobado dos años más tarde. Es preciso recordar que el primer
objetivo de éste se orientó a la creación del Sistema Nacional de
Cualificaciones destinado a facilitar la formación a lo largo de la
vida mediante la integración de los tres subsistemas de formación
profesional: inicial, ocupacional y continua. No
hubo voces discordantes entonces. Incluso diversos expertos se
pronunciaron ilusionados con dicha propuesta, si bien, en los últimos años
algunos habían señalado la necesidad de dar fin al letargo que parecía
sufrir el desarrollo del NPNFP y apuntaban la urgencia de dar un impulso
a la elaboración de la Norma Básica Reguladora del Sistema Nacional. La
reforma de la formación profesional aparece pues, en un marco económico
y social en permanente transformación, como una cuestión clave y
urgente en la que se reaviva el deseo de lograr la transparencia y
coherencia necesarias en materia de formación para el trabajo. Así,
el proyecto de Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones
nos permite empezar a soñar con que
se conquisten, por fin, algunas de las esperanzas que se fueron
gestando a partir del Nuevo Plan Nacional de Formación Profesional. Tal
vez, a partir de su aplicación se consiga erradicar el desprestigio
social que durante años ha acompañado a la formación profesional y
otorgar el merecido valor que la cualificación para el empleo en
cualquiera de sus vías. Desde
la articulación de un sistema que regule la correspondencia y
convalidación que permita el reconocimiento y acreditación del
esfuerzo de los trabajadores para adaptarse a las nuevas exigencias del
entorno sociolaboral, independientemente de la vía de adquisición y
valoración, se renueva la confianza de conseguir revalorizar la formación
para el trabajo, y especialmente, de la formación ocupacional
considerada a menudo una vía de segunda clase a la que durante años ha
acompañado, a veces de forma injusta y otras no tanto, la acusación de
inadecuación y fraude. Paralelamente,
la posibilidad de acumular acreditaciones parciales, supone a nuestro
entender, una puerta abierta para aquellos colectivos con dificultades
de inserción o excluidos del mercado de trabajo. Asimismo,
a la luz de los estudios demográficos, diversos expertos anuncian la
necesidad de dedicar especial atención, en las próximas décadas, a la
mejora de los procesos de permanente adaptación y promoción desde una
formación a lo largo de la vida. Será preciso establecer vías de
retorno entre el mundo del trabajo y el de la formación. En este
sentido, los subsistemas de formación ocupacional y continua deberán
ser potenciados para que puedan atender adecuadamente a la creciente
demanda de actualización de las competencias de aquellos colectivos
adultos que necesiten incrementar su cualificación para reinsertarse o
mantenerse activos. Ello requerirá, según los economistas, un fuerte
incremento del volumen de inversión en dichos subsistemas, de forma que
se garantice la calidad de la cualificación y consecuentemente se
incremente de forma notable los índices de inserción[3]
posteriores. Del
mismo modo, la optimización de los recursos requiere la existencia de
claros indicadores de las exigencias del entorno económico y laboral.
De ahí que, sea necesario por un lado un sistema de observación
permanente de la evolución del mercado laboral capaz de orientar con
los mismos referentes al conjunto de la oferta de orientación y formación;
y por otro el establecimiento de una vinculación directa entre el
sistema educativo y el sistema productivo. Si
bien todos estos aspectos aparecen apuntados, entre otros, como
propuesta en el proyecto de Ley, no son pocos los interrogantes acerca
de la viabilidad de su puesta en práctica. Así, a modo de ejemplo
recogemos algunos de ellos: ¿Cómo la nueva Ley dará una respuesta
global sin desatender las necesidades regionales y locales?, ¿Cómo
aprovechará las potencialidades de los centros de formación
profesional reglada?, ¿Cómo conseguirá unificar el esfuerzo de la
comunidad educativa y laboral?, ¿Cómo implicará a los agentes
sociales en la definición, planificación y evaluación de la
cualificación ofrecida?, ¿Cómo se concretan los sistemas de
reconocimiento y evaluación de competencias?, ¿Qué opinan los
formadores de los distintos subsistemas?, ¿Cómo se mantendrá
permanentemente actualizado el Catálogo de Cualificaciones profesionales?,
¿Hasta qué punto plantea la posibilidad de ofrecer a las CCAA el
protagonismo reclamado en la implementación del sistema
de cualificaciones?, ¿Cómo
se podría conseguirse una vía de negociación y pacto con las CCAA y
con los agentes sociales que permitiera consenso sobre la Ley? . En
definitiva, son muchos los «Cómo»
que se nos plantean ¿no será, que tal vez el proyecto de Ley sigue sin
establecer o clarificar los mecanismos o instrumentos necesarios para
alcanzar los objetivos que tantas esperanzas generan? Se
trata sin duda de una reforma ambiciosa y compleja de la que se
desprenden planteamientos y decisiones de gran transcendencia para
atender las profundas transformaciones y cambios presentes y venideros.
Por ello creemos en la necesidad de potenciar un amplio debate social
que permita expresar los recelos, dudas y dificultades que se prevén y
analizar las posibles vías para optimizar su desarrollo.
[1]
Art.
30.1 de la Logse: "La
formación profesional comprenderá el conjunto de enseñanzas que,
dentro del sistema educativo y reguladas por esta Ley, capaciten
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. Incluirá
también aquellas acciones que, dirigidas a la formación continua
en las empresas y a la inserción y reinserción laboral de los
trabajadores, se desarrollen en la formación profesional
ocupacional que se regulará por su normativa específica. Las
Administraciones públicas garantizarán la coordinación de ambas
ofertas de formación profesional". [2]
Dicho acuerdo fue suscrito por los Ministerios de Educación y
Cultura, Trabajo y Asuntos sociales
y por los agentes sociales. En él se reconocía que los tres
subsistemas necesitaban actuar de forma coordinada y global. [3]
Nos referimos a la inserción profesional, es decir a la consecución
de un empleo en ocupaciones relacionadas con la cualificación
adquirida.
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