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BOLETÍN ELECTRÓNICO ANTIMILITARISTA (BEA) Nº 2 / FEBRERO 1998
MOVIMENT D'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA (MOC VALÈNCIA)
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ÍNDICE DEL BOLETÍN:

1/ NOTICIAS.

* La reforma del Código Penal para los delitos contra el cumplimiento del
Servicio Militar y su Prestación Sustitutoria, o el último intento de los
poderes públicos para hace socialmente invisible la disidencia
antimiltarista en pleno proceso de profesionalización de las Fuerzas
Armadas.

* Quinto juicio militar en A Coruña a un "insumiso en los cuarteles" pocos
días después del noveno aniversario de la insumisión.

* Nueva presentación de insumisos en los cuarteles.

* Elías Rozas, insumiso-desertor preso en la Cárcel Militar de Alcalá de
Henares, sancionado con un endurecimiento del régimen de visitas.

* Absueltos los tres insumisos acusados de quebrantamiento de condena por
participar en la campaña de desobediencia al tercer grado penitenciario.

* Escuelas objetoras.

2/ INSUMISIÓN EN LOS CUARTELES SOBRE FONDO DE AMAPOLAS, por Carlos Pérez.

3/ INSUMISIÓN Y CÓDIGO PENAL: UNA PENA DE DEMOCRACIA, por Santi Alminyana.

4/ LA INSUMISIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL, por José Antonio Estévez Araujo.

5/ INSUMISIÓN Y NUEVO CÓDIGO PENAL, por Patricia Moreno.

* La superinhabilitación: una pena a la medida de los desobedientes
* Radio de acción de la inhabilitación
* La inhabilitación perpetua
* Prohibición de acceso a becas, subvenciones o ayudas públicas de
cualquier tipo: ¿y el principio de igualdad y el derecho a la educación?
* Un paso atrás en la historia de las penas privativas de derechos
* La insumisión a la Prestación Sustitutoria del Servicio Militar
configurada como delito contra la Constitución
* Los últimos coletazos
* Algunas orientaciones de derecho transitorio

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LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL PARA LOS DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DEL
SERVICIO MILITAR Y SU PRESTACIÓN SUSTITUTORIA, O EL ÚLTIMO INTENTO DE LOS
PODERES PÚBLICOS PARA HACER SOCIALMENTE INVISIBLE LA DISIDENCIA
ANTIMILITARISTA EN PLENO PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS FAS

El pasado 17 de febrero fue aprobada por 165 votos a favor, 135 en contra,
y 23 abstenciones la propuesta de reforma del Código Penal presentada por
el Partido Popular y Coalición Canaria respecto a los delitos contra el
deber de cumplimiento del Servicio Militar y de la PSS. Ésta consiste
básicamente en la eliminación de las penas de prisión, y la reducción de la
duración de la inhabilitación, que pasa de hasta 14 años, a un máximo de 6
años. Ante el debate público generado en torno a esta cuestión, el Moviment
d'Objecció de Consciència (MOC València) ha señalado que, intereses
electorales aparte, la propuesta de ley de PP-CC y el debate que la rodea
encaja a la perfección en lo que ha venido siendo la respuesta de los
poderes públicos al llamado "fenómeno de la insumisión": amortiguar su
repercusión pública haciendo cada vez más silenciosos los castigos (paso a
la jurisdicción civil, tercer grado automático, "muerte civil"), y ocultar
su contenido de cuestionamiento del modelo militar de defensa, desviando el
debate hacia aspectos meramente judiciales y asimilando la insumisión a una
postura individualista sin dimensión colectiva, política.
	En estos momentos es prioritario para el Gobierno dar la sensación
de que los insumisos son un problema en vías de solución, liberar de
obstáculos un proceso de profesionalización de las FAS delicado y falto de
respaldo social. Es decir, tratar de silenciar una disidencia
antimilitarista que lleva años cuestionando eficazmente el ejército y el
militarismo con herramientas como la objeción de conciencia, la insumisión
al SM y a la PSS, la objeción fiscal al gasto militar y, ahora la
insumisión en los cuarteles.
	En este BEA os ofrecemos algunos escritos que en su momentos
analizaban el carácter de las  penas comprendidas en el Nuevo Código Penal
que ahora se reforman.

QUINTO JUICIO MILITAR EN A CORUÑA A UN "INSUMISO EN LOS CUARTELES" POCOS
DÍAS DESPUÉS DEL NOVENO ANIVERSARIO DE LA INSUMISIÓN

El pasado 25 de febrero, cinco días después del noveno aniversario de la
primera presentación pública de 57 insumisos, ha sido juzgado en A Coruña
por un tribunal militar en consejo de guerra Javier Gómez, procedente de
Sestao (Bizkaia) y antimilitarista del Movimiento de Objeción de Conciencia
(MOC) acusado de deserción, delito por el que puede ser condenado a entre 2
años y 4 meses, y 6 años, según el Código Penal Militar.
	El 21 de febrero de 1997 Javier Gómez se incorporaba al cuartel de
Araca (Gasteiz) donde había sido destinado para realizar el Servicio
Militar. Ese mismo día, una vez adquirida la condición legal de militar,
tras firmar el acta de incorporación a filas, desertaba de su unidad. El 6
de marzo, tras unos quince días en la clandestinidad, se presentaba en el
Gobierno Militar de Madrid junto con otros cuatro insumisos-desertores más,
todos ellos antimilitaristas MOC (Ver BEA 1). Javier Gómez protagonizó
posteriormente dos acciones noviolentas de desobediencia a lo largo de los
meses de marzo y abril, consistentes en sendos strip-teases de su uniforme
militar a un pijama amarillo con las palabras "deserción" e "insumisión"
impresas, encaramado al techo de una de las garitas del Gobierno Militar de
Bilbao. Desde entonces hasta hoy ha permanecido en libertad provisional.
	Javier Gómez es pues uno de los hasta ahora 18 antimilitaristas que
han participado en el movimiento de desobediencia civil impulsado por el
MOC que extiende la insumisión dentro de los cuarteles.

NUEVA PRESENTACIÓN DE INSUMISOS EN LOS CUARTELES

Alberto Estefanía, José Ignacio Royo y Unai Molinero se presentaron el
pasado 19 de febrero como "insumisos en los cuarteles" desvistiéndose de
sus uniformes militares y quedándose con un pijama amarillo en el estaban
grabadas las palabras "insumisioa" y "deserción". La acción tuvo lugar en
las mismas puertas del cuartel de Mungia (Bizkaia).

ELÍAS ROZAS, INSUMISO-DESERTOR PRESO EN LA CÁRCEL MILITAR DE ALCALÁ DE
HENARES, SANCIONADO CON UN ENDURECIMIENTO EN EL RÉGIMEN DE VISITAS

Hasta ahora tres de los cuatro "insumisos en los cuarteles" juzgados y
condenados por deserción, se encuentran cumpliendo su condena en la Prisión
Militar de Alcalá de Henares, tras pasar aproximadamente dos meses en
situación de prisión preventiva en fechas anteriores. Son Elías Rozas,
Ramiro Paz (Vilagarcia d'Arousa) y Plácido Ferrándiz (Elx). En el tiempo
transcurrido desde su encarcelamiento, entre 7 y 9 meses, ya han tenido
oportunidad de sufrir represalias del tipo de milagrosos hallazgos por
parte de celadores vinculados a Bases Autónomas de panfletos pro-ETA entre
sus pertenencias -lo que a Elías le supone enfrentarse a una sanción por
falta grave-, o la inminencia -en el caso de Plácido- de ser clasificados
en régimen de aislamiento por no colaborar con la Prisión Militar,
negándose a realizar las tareas de limpieza asignadas. La semana pasada se
hizo firme la sanción contra Elías Rozas por lo que a partir de ahora sufre
un
fuerte endurecimiento en el régimen de visitas. Durante 50 días tiene
restringido al mínimo (20 minutos) la duración de sus visitas, además de
estar obligado a recibir éstas a través de cabina-locutorio. Las
condiciones materiales de esta prisión permiten que en situación normal las
visitas duren hasta dos horas y se desarrollen en vis-a-vis.
	Los hechos por los que se ha castigado al insumiso ocurrieron el 13
de diciembre del pasado año, cuando en el exterior de la prisión se
desarrollaba una concentración de unas mil personas en apoyo a Elías,
Ramiro y Plácido. Desde la ventana de su "chabolo" Elías consiguió
desplegar una toalla con la palabra "INSUMISIÓN" escrita y hacerla visible
a las personas concentradas. Inmediatamente después, un cacheo
extraordinario sobre su celda requisaba la improvisada pancarta y
encontraba un panfleto pro-ETA de diez años de antigüedad que jamás estuvo
allí antes. El celador que realizó tal hallazgo está vinculado a la
organización neonazi Bases Autónomas. Después de varias denuncias y quejas
por parte de los insumisos se ha conseguido su traslado a otra prisión.

ABSUELTOS LOS TRES INSUMISOS ACUSADOS DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA POR
PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE DESOBEDIENCIA AL TERCER GRADO PENITENCIARIO

Santi Almiñana, Guillem Menxeta y Jesús Cisneros han sido absueltos en sus
respectivos juicios del delito de "quebrantamiento de condena" del que
fueron acusados a raiz de su desobediencia colectiva al tercer grado
penitenciario (régimen abierto) o "plante" que llevaron a cabo en el mes de
junio del año pasado. Los tres habían ingresado ya en la  prisión de
Picassent (Valencia) para cumplir condenas de 6 meses (Santi), y 2 años y 4
meses (Guillem y Jesús) por su participación en la campaña de insumisión, y
se les había concedido casi automáticamente el tercer grado, igual que a
todos los insumisos encarcelados desde 1993. Como manera de denunciar esa
situación no deseada de privilegio de los insumisos sobre el resto de
presos, y el intento de invisibilización de la represión que supone, Santi,
Guillem y Jesús siguieron la estrategia del "plante": se negaron a acudir
al "Centro de Inserción Social" de la citada cárcel, comunicándole su
desobediencia a los responsables penitenciarios y permaneciendo en lugares
públicos, perfectamente localizados, diariamente. No fue hasta pasados diez
días que se produjo su reingreso, y paso automático a régimen cerrado
(segundo grado), en el que permanecieron en adelante. Pasados 6 y 15 meses,
respectivamente, una vez puestos en libertad condicional, se encontraron
con sendas acusaciones por delito de "quebrantamiento de condena", es
decir, de fuga, por las que corrían el riesgo de enfrentarse a entre 7 y 9
meses de cárcel, además de la cancelación de su libertad condicional. En
los tres juicios, celebrados en Valencia entre los meses de diciembre y
febrero, se ha subrallado una y otra vez la nula intención por parte de los
insumisos de evadir el cumplimiento íntegro de la condena,  condición
necesaria para encontrarse en este supuesto penal. Finalmente los tres
resultaron absueltos.

ESCUELAS OBJETORAS

Ante la propuesta anunciada por el Ministerio de Defensa de introducir la
formación y el espíritu militar en las escuelas, la Fundació per la Pau ha
lanzado la iniciativa de que los Centros de Enseñanza se declaren
"objetores de conciencia". El pasado 30 de enero, Dia Escolar por la Paz y
la Noviolencia, la Fundació propuso a los centros de enseñanza que firmaran
una declaración por la que rechacen colaborar con la militarización del
mundo educativo y hagan una apuesta firme por la educación para la paz. En
un comunicado hecho público poco después de conocerse los citados planes
del gobierno, la Fundació per la Pau ha señalado que "estas informaciones
desenmascaran el concepto de la `cultura de la defensa' tan reiteradamente
expresado por parte del gobierno, y evidencian cuál es su significado real:
introducir valores militaristas en la sociedad y no promover un debate en
profundidad sobre las necesidades y las perspectivas de la defensa".

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INSUMISIÓN EN LOS CUARTELES SOBRE FONDO DE AMAPOLAS

(Carlos Pérez Barranco abandonó el Cuartel Militar de Cáceres en febrero de
1997, al cual se había incorporado con la pretensión de realizar insumisión
dentro de la nueva campaña del Movimiento de Objeción de Conciencia:
insumisión en los cuarteles -ver BEA 1-. Semanas más tarde fue detenido en
Valencia durante una acción pública colectiva y conducido a la Prisión
Militar de Alcalá de Henares; allí escribió estos párrafos a finales de
octubre de 1997, cuando llevaba 5 meses en prisión preventiva. Actualmente
se encuentra en libertad, aunque procesado y en espera de Juicio Militar.
Este escrito ha visto la luz previamente gracias a En Pie de Paz, nº 46,
otoño 1997. En Pie de Paz: Gran de Gràcia, 126-130 - 08012 Barcelona - tf
93/ 217 95 27 - fx 93/ 416 10 26).

En la Prisión Militar de Alcalá de Henares, entre las grietas en el cemento
del suelo de su solitario patio, crece una sorprendente y variada flora.
Mis conocimientos sobre botánica penitenciaria son comparables a la
utilidad social del programa Eurofighter, pero me alcanzan para identificar
esos colores rojos que nacen de la base del muro de ladrillo interior, a
salvo de la mirada de la garita de vigilancia. Aquí y allá, las amapolas
chillan su escandalosamente vivo y sólido color hacia arriba y hacia
adelante, resistiéndose a ser sometidas por un entorno de cemento, ladrillo
y valla metálica, de colores apagados, espacios oscuros, rejas y
fluorescentes. Su apariencia es frágil, pero consiguen aguantar los
estirones del viento y el estruendo regular del vuelo de los aviones de
caza. Metafóricas compañeras de desobediencia: floral la suya, civil la mía.
	Hace unos años se dio también esta conjunción de desobediencias.
Entonces, esta arquitectura destinada a vigilar y someter albergó a las
primeras oleadas de insumisos. Con un poco de imaginación uno puede verles
andando desnudos por los pasillos al negarse a vestir el uniforme militar,
obligatorio por entonces, o dirigiendo una charla antimilitarista a los
desertores subidos en una mesa del comedor tras haber roto el estricto
control que les separaba de aquéllos, o intentando completar la palabra
INSUMISIÓN sobre uno de los muros del patio o, en plena huelga de hambre,
llegando al extremo de ejercer una de las peores violencias: la que se
dirige contra su propio cuerpo...
	En los 6 ó 7 años que van desde entonces hasta ahora, las amapolas
probablemente han seguido floreciendo muros hacia adentro, contempladas
como mucho por algún esporádico desobediente visceral que descubre su
espíritu antimilitarista (o, al menos, antimilitar) en el interior de un
cuartel. Muros hacia afuera, la insumisión dejó de ser percibida por el
poder militar como simple rebeldía juvenil, como una protesta inarticulada,
y se advirtió su verdadera naturaleza de desobediencia premeditada,
consciente y pública, su dimensión colectiva, la profundidad del
cuestionamiento al reclutamiento forzoso y a la misma existencia del
Ejército, que lanzaba a la sociedad su potencial multiplicador, y el
creciente movimiento de simpatía que despertaba. El Ejército eludía el
debate planteado por los desobedientes civiles, pidiendo y obteniendo
protección jurídica del entonces Gobierno socialista a través de una nueva
ley del Servicio Militar que la parapetaba tras la Justicia civil,
encargada artificialmente desde ese momento de la impopular tarea de
reprimir la opción política representada por los insumisos. La negativa a
someterse al reclutamiento forzoso pasó a ser un delito perteneciente a la
jurisdicción civil.
	Paralelamente, los sucesivos gobiernos del Partido Socialista
acometieron una campaña de verdadera "vacunación" de la opinión pública
contra cualquier asomo de simpatía y apoyo hacia los desobedientes,
construyendo para ello una imagen oficial de los insumisos como jóvenes
egoístas, insolidarios, vagos y oscuramente relacionados con el entorno del
terrorismo etarra. Al mismo tiempo, con el fin de amortiguar su resonancia
social, se ha tratado de hacer cada vez menos visible la represión ejercida
sobre la insumisión. Éste es el ánimo que hay detrás de medidas como la
concesión de privilegios penitenciarios a los insumisos presos (paso
inmediato a régimen abierto) y, más recientemente, la entrada en vigor del
nuevo Código Penal en el año 1996, que inaugura una nueva línea de
represión silenciosa que sustituye a la prisión: la inhabilitación
absoluta, la muerte civil.
	Pero, a pesar de los intentos de amordazarla y envenenarla, la
insumisión ha crecido y ha florecido irremediablemente hasta llegar a
constituirse en cuestión de Estado. Poca gente podía imaginarse a comienzos
de 1989 que aquellos primeros insumisos que se presentaron públicamente
iban a convertirse ocho años más tarde en más de 10.000, que muchas más
personas iban a implicarse en mayor o menor grado a través de grupos
antimilitaristas o de apoyo a la insumisión en formas organizativas
asamblearias, que la causa de los insumisos despertaría simpatías sólidas
en medios sociales tan diversos como los judiciales o los periodísticos, o
que conseguiría contagiar el discurso de la desobediencia civil en sectores
ideológicos variados.
	Este éxito no ha impedido a la imaginación antimilitarista
continuar trabajando durante estos años en la exploración de nuevos caminos
para la desobediencia civil. La insumisión en los cuarteles es su último
hallazgo, la más reciente herramienta de lucha noviolenta parida después de
varios años (demasiados quizá) de reflexión, planificación, debate y
búsqueda del momento más adecuado. Una flor desobediente que quiere
elevarse como las amapolas de esta cárcel, en medio de un panorama gris
hormigón o gris acero, sombrío y nada esperanzador. El anuncio de la
desaparición del reclutamiento forzoso en España para principios del
próximo milenio que hizo el Gobierno de Aznar es contradictorio, a pesar
del papel significativo que ha jugado la insumisión en tal medida, puesto
que sobre el papel conduce al enquistamiento y consolidación del aparato
militar.
	El nuevo contexto internacional es, al parecer, el factor clave que
impulsa este proceso. Solamente Ejércitos de especialistas, más reducidos,
móviles y dotados de la última tecnología de la muerte, pueden asumir el
papel de gendarmes planetarios que tienen asignado en el desigual e injusto
(y por eso no tan nuevo) orden mundial. Por ello el final de la Guerra Fría
no es el final de la OTAN sino el comienzo de una (vieja) nueva que
asegurará, en última instancia, la continuidad de las relaciones de
sometimiento y saqueo del Norte sobre el Sur. Éste es el marco que nos
permite entender el aumento del gasto militar, el impulso a la industria
del armamento y la entrada del Estado español en la estructura militar
integrada de la OTAN, cuando en nombre de Maastricht se relativizan
necesidades sociales básicas. Esta huida hacia adelante del militarismo
busca legitimarse socialmente a través de la invención de nuevos enemigos
(como, por ejemplo, el terrorismo islámico o, genéricamente, la
inestabilidad política de los Estados árabes), y de un humanitarismo armado
que camufla la responsabilidad del Norte en las causas estructurales y el
estallido final (a través del tráfico de armas) de los conflictos que dice
aliviar. Todo ello bajo la cobertura de un discurso ideológico que
martillea insistentemente las palabras "paz", "seguridad" y "defensa", eso
sí, entendidas desde la perspectiva militar y estatal en el mejor de los
casos.
	Evidentemente, nadie excepto una pequeña élite casi sacerdotal ha
participado en la confección de esta monstruosidad. Desde el movimiento
antimilitarista del Estado español nos resistimos a quedarnos de brazos
cruzados, en silencio. Hay que seguir desobedeciendo. La insumisión en los
cuarteles hereda la fuerza colectiva de la insumisión "al uso" por ser una
profundización de ésta pero, a la vez, supone un salto cualitativo que
permite distinguirla como una nueva herramienta para iluminar el lado
oculto del militarismo de hoy, participando sin permiso en sus recientes y
próximas metamorfosis con nuestro cuestionamiento y nuestra opción por una
alternativa de defensa noviolenta, centrada en la seguridad humana y con la
desobediencia civil como herramienta esencial.
	Ha sido en el año 1997 cuando han empezado a soplar nuevos vientos
de insumisión, encarnados por los catorce antimilitaristas de Galiza,
Elche, Bilbo, Iruñea, València, Valladolid, Madrid, Sevilla, Salamanca y
Barcelona, doce del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) y dos de la
Asamblea de Objeción de Conciencia de Galiza (ANOC), que nos hemos dejado
disfrazar de soldados, plegándonos en apariencia a la obligatoriedad del
Servicio Militar, para luego cumplir, como dijo George Brassens, con "el
primer deber de un soldado consigo mismo: desertar". Pero, eso sí, a
diferencia de los 2.000 ó 3.000 desertores anuales del Ejército español,
nosotros lo hemos hecho públicamente, con estruendo y buscando la mayor
resonancia posible mediante presentaciones colectivas y acciones
noviolentas (strip-tease en Gobiernos Militares, pintadas en techos de
barracones de cuarteles, obras simbólicas de demolición de edificios
militares, ocupaciones de oficinas de empresas de armamentos...). De nuevo,
puesto que los insumisos en los cuarteles adquieren la condición legal de
militares, es el Ejército el encargado, a través de la Justicia militar, de
articular la represión contra la disidencia antimilitarista, al menos sobre
el papel. En la práctica, no ha mostrado excesivo interés en llevar a cabo
tal labor porque solamente cuatro de los catorce insumisos en los cuarteles
hemos sido encarcelados. La represión selectiva es su respuesta frente a la
insumisión y busca romper la identidad colectiva de la estrategia
desobediente, dividir y desmoralizar a los participantes. No lo ha
conseguido.
	Así que la primavera de este año ha vuelto a traer amapolas y
desobedientes civiles a la prisión militar de Alcalá de Henares. Los
cuatro, Elías, Ramiro, Plácido y yo, hemos "visitado" el interior de esta
situación de instituciones disciplinarias; una cárcel dentro de un cuartel.
El colmo del militarismo. Y por tanto, un triste cementerio para libertades
como la de expresión y pensamiento, un privilegiado observatorio desde el
que constatar la impresentable hipocresía que es la esencia de la nueva
imagen humanitaria y democrática del Ejército, cobijo de un rico bestiario
que incluye cabecillas del terrorismo de Estado, instrumentos del golpismo,
espías de altos vuelos y, ahora también, antimilitaristas. Cada cual,
claro, con tratamiento individualizado: teléfonos móviles, comedor privado,
ausencia de rejas y muros para unos, control ideológico para los otros.
Prohibida para nosotros por tanto la posesión de cualquier material de
contenidos antimilitaristas o "favorecedores" de la insumisión, verdaderos
objetos peligrosos para el "buen orden", la seguridad y la reeducación de
los internos de esta cárcel.
	Preocupación vana la del Coronel que dirige esta prisión ante la
nada halagüeña perspectiva de tener circulando aquí dentro un número
creciente de materiales antimilitaristas en soporte especialmente
contagioso y móvil: insumisos en los cuarteles en actitud tranquila,
abierta, cargándose de razón entre estos muros blancos, y demostrando la
firmeza y sinceridad de sus convicciones.
	Con este fondo de amapolas desobedientes, en compañía de los cerca
de 350 insumisos que habitan las cárceles civiles del Estado español.
[Nota: se trata de la cifra de presos insumisos en el momento en que el
escrito fue realizado.]

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INSUMISIÓN Y CÓDIGO PENAL: UNA PENA DE DEMOCRACIA

Por Santi Alminyana, insumiso y miembro del Moviment d'Objecció de
Consciència de València. Este artículo apareció en diversas publicaciones a
lo largo del año 1996.

El nuevo Código Penal, aprobado el pasado 8 de noviembre [de 1995] por el
Congreso de los Diputados, y que ha sido calificado por sus promotores como
el Código de la Democracia, entrará en vigor en mayo de 1996. En su
elaboración ha habido un punto especialmente conflictivo, el del trato que
se debe dar a la insumisión, que ha quedado de la siguiente forma:

* A quien se niegue explícitamente a realizar el Servicio Militar
("insumisión a la mili") se le castigará con una pena de 6 meses a 2 años
de cárcel, y de 10 a 14 años de inhabilitación absoluta.

* A quien, reconocido legalmente como objetor de conciencia, se niegue
explícitamente a hacer la prestación Sustitutoria del Servicio Militar
("insumisión a la PSS") se le castigará con una pena de 8 a 12 años de
inhabilitación absoluta. Además se le impondrá una multa de entre 72.000
pts y 36 millones según la renta del condenado en un periodo que oscilará
entre los 12 y los 24 meses o, en caso de no pagar, un día de privación de
libertad o trabajo para la comunidad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

De entrada resulta sorprendente la desigualdad entre el castigo a los
"insumisos a la mili" y el castigo a los "insumisos a la PSS". Y sorprende
porque la insumisión siempre expresa una oposición doble, negativa a hacer
el Servicio Militar (SM) y negativa a hacer la Prestación que lo sustituye
(PSSM). Es una cuestión puramente biográfica que un insumiso se declare
como tal en el momento de incorporarse a la mili o en el momento en que
debería hacer la PSSM. De hecho, así es como se considera en el Código
penal anterior, con condenas iguales para ambos casos que van de los 2
años, 4 meses y 1 día a los 6 años de prisión.
	La mayor duración del castigo a los "insumisos a la mili", además
de reflejar la existencia de presiones del Ministerio de "Defensa", nos
informa de que esta modalidad de insumisión es la que más daño hace a los
planes militaristas de la Administración del Estado. La "insumisión a la
mili" dificulta este discurso manipulador de la Administración que
identifica los términos "insumiso" e "insolidario". En este conflicto, como
en muchos otros, buena parte de la "batalla" está en el lenguaje y es
evidente que el disfraz de "servicio a la sociedad" le encaja peor al SM
que a la PSSM. Considerándolo en su conjunto, la reforma del tratamiento
penal de la insumisión pretende romper e impedir los vínculos de
complicidad y solidaridad social con los postulados antimilitaristas,
vínculos generados a partir de la existencia de insumisos visiblemente
represaliados (en el momento de escribir este artículo, más de 300 presos
en todo el Estado). Las nuevas penas harán que "sólo" los "insumisos a la
mili" con antecedentes penales vayan a la cárcel, y que por no tratarse de
condenas superiores a los 2 años los jueces tienen la potestad de declarar
la libertad condicional si el acusado no ha tenido anteriormente otras
conductas sancionadas. Así, de paso, el nuevo Código solucionará el
problema de la imagen que representa la existencia de muchos jueces que
actualmente aplican atenuantes para evitar que los insumisos sean
encarcelados. Estos magistrados "cuestionan" la penalización de la
insumisión esquivando el mandato legislativo de condenar a un mínimo de 2
años, 4 meses y 1 día de prisión.
	Con tal de reforzar el castigo y el efecto disuasorio de la pena,
el nuevo Código Penal incorpora unas durísimas inhabilitaciones que dejan a
los insumisos al margen de una parte importantísima del mercado laboral y
de las ayudas públicas. El texto recoge la significación de inhabilitación
absoluta como: "... incapacidad para desempeñar cualquier empleo o cargo en
el servicio de cualquiera de la Administraciones, Entidades o Empresas
Públicas o sus Órganos Autónomos, y para obtener subvenciones, becas o
ayudas de cualquier tipo". Algo que ya ha sido calificado en círculos
político-jurídicos como "muerte civil" (yo diría más bien "asesinato"). Hay
que añadir, para acabar de arreglarlo, la multa para los "insumisos a la
PSSM".
	En la perversa modificación del tratamiento penal de la insumisión
veo ejemplificado un procedimiento habitual de los poderes "públicos". Se
trata, en definitiva, de anular la dinámica de solidaridad generada por las
conductas contrarias a la política hegemónica y, consecuentemente, aislar y
reprimir "sutilmente" a quien las practica. El evidente y masivo
encarcelamiento de insumisos provoca más respuesta social de la tolerable
por un régimen que pretende conservar el calificativo de democrático. Por
esto se ha hecho una reforma penal de la insumisión. Se puede castigar dura
y democráticamente con la condición de que la represión no sea visible:
"ojos que no ven, protesta que se ahorran".
	Cualquier cosa menos aceptar un debate abierto con la posibilidad
de participación de la población en la toma de decisiones importantes. ¿De
qué o de quién nos hemos de defender? ¿Cómo hemos de hacerlo? Éste es el
tipo de debate que planteamos con esta práctica de desobediencia civil
llamada insumisión. Mientras, los poderes "públicos", reunidos a puerta
cerrada, continúan buscando la manera de convencernos de que la soberanía
reside en el pueblo.
	Una pena de democracia.

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LA INSUMISIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL

Por José Antonio Estévez Araujo. Publicado en mientras tanto, nº 63, otoño
de 1995. Estévez Araujo es Catedrático de Filosofía del Derecho en la
Universidad de Barcelona; autor del libro "La Constitución como Proceso y
la Desobediencia Civil", Madrid, Trotta, 1994; y anteriormente del ensayo
"El Problema de la Justificación de la Desobediencia Civil", mientras
tanto, nº 19, julio de 1984 (mientras tanto: apartado 30.059, 08080
Barcelona; distribuye Les Punxes, tf 93/ 300 91 62, fx 93/ 300 93 51).

Actualmente, la insumisión está sancionada con una pena de prisión. Sin
embargo hay bastantes jueces que consideran desproporcionado este castigo.
Por ello intentan evitar que los insumisos vayan a la cárcel utilizando
diversos recursos jurídicos. Por ejemplo, condenar a quien se niega a
realizar la Prestación Social Sustitutoria a una pena de privación de
libertad inferior a un año, con lo que si el desobediente carece de
antecedentes no ingresa en prisión.
	El nuevo Código Penal intenta acabar con esta situación. En primer
lugar, distingue entre la negativa a prestar el Servicio Militar (art. 596)
y la negativa a realizar la Prestación Social Sustitutoria (art. 519). Para
el primer supuesto se mantiene una pena de cárcel o de seis meses a dos
años en tiempos de paz. Sin embargo, para el segundo se prevé una pena de
inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años y una multa.
	De acuerdo con el artículo 40 del nuevo Código, "la pena de
inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los
honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado aunque fueren
electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o
cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido
para cargo público, durante el tiempo de la condena". El párrafo 2 del art.
519 señala, además, que "la inhabilitación incluirá la incapacidad para
desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de cualesquiera de las
Administraciones, Entidades o Empresas Públicas, o de sus Organismos
autónomos, y para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de
cualquier tipo."
	La idea es, pues, privar al insumiso de la posibilidad de
desempeñar cualquier tipo de trabajo en la administración o de recibir
cualquier tipo de ayuda de la misma. No está claro si la prestación por
desempleo debe considerarse incluida en el concepto "ayuda pública". Pero
parece claro que se pretende impedir que los insumisos puedan subsistir con
cargo al erario público por un periodo como mínimo de ocho años.
	Este planteamiento tiene una lógica. Esa lógica se corresponde con
la imagen que se pretende dar de los insumisos como personas insolidarias
que se niegan a cumplir sus obligaciones con la sociedad. Como no están
dispuestos a asumir sus cargas, el Estado les niega el pan y la sal. Actúa,
de este modo, utilizando el criterio de la distinción entre "amigos" y
"enemigos": a quienes no son leales se les cierra la puerta del estado.
Esta lógica recuerda la del Berufsverbot alemán durante la década de los
setenta: la expulsión de la administración de aquellos funcionarios de cuya
lealtad a la Constitución existieran dudas.
	La inhabilitación absoluta, entendida en estos términos, es una
sanción grave. Con todo, lo es menos que una estancia en prisión. Pues la
degradación que han experimentado los centros penitenciarios hace que la
permanencia en la cárcel suponga un peligro cierto para la propia salud e
integridad física. Esto es algo que los jueces saben y tienen en cuenta.
Por ello, bastantes se muestran reacios a enviar a la gente a prisión, a
menos que se trate de delitos muy graves.
	La sustitución de la pena de cárcel por la inhabilitación pretende
eliminar la renuencia de los jueces a castigar a los insumisos. Se supone
que los jueces no tendrán tanto reparo en inhabilitar a a quienes se niegan
a realizar la prestación social Sustitutoria como han mostrado tener en
encarcelarlos. Se puede dar, así, la paradoja de que a pesar de que el
código rebaje la gravedad de la pena, el castigo efectivamente impuesto a
los insumisos resulte ser, en la práctica, mayor.
	Por otro lado, esta pena de inhabilitación priva de la posibilidad
de encontrar empleo en el sector público en un momento en el que el paro es
acuciante. Pero su trascendencia es muy diferente en el caso de un joven
cuya familia sea por ejemplo propietaria de una empresa y en el caso de
alguien que tenga que subsistir exclusivamente por sus propios medios. A
este último se le cierra buena parte de la -escasa- oferta de trabajo hoy
por hoy existente. El primero puede, sin embargo, no verse afectado en
absoluto por la inhabilitación.
	El artículo 520 del proyecto prevé también que se aplicará la misma
sanción prevista para el supuesto de negativa a prestar el Servicio Militar
-esto es, una pena de cárcel-, a los objetores que se nieguen a realizar la
Prestación Social Sustitutoria "cuando hubiese constancia de que la
objeción se ha alegado falsamente". El nuevo Código Penal utiliza, pues, la
sinceridad de los motivos del desobediente como criterio de diferenciación
entre lo que es y lo que no es insumisión (aunque no use en ningún momento
este término). Pero no se refiere a las razones presentadas para justificar
la desobediencia, sino a las que en su día el desobediente alegó para ser
reconocido como objetor. Este planteamiento resulta incongruente y
probablemente responde, entre otras cosas, al objetivo de no aceptar
explícitamente la diferencia entre un acto de desobediencia que esté
argumentado político-moralmente y otro que no lo esté. En cualquier caso,
el art. 520 hace pivotar la distinción entre lo que es desobediencia civil
y lo que no lo es en el contenido de la conciencia del desobediente.
	A este respecto, la expresión "constancia de que la objeción se ha
alegado falsamente" debe ponerse en relación con lo dispuesto en el nuevo
Reglamento de la Objeción de Conciencia, aprobado por el RD 266/1995 de 24
de febrero. El art. 7 de este Reglamento establece -en la misma línea que
la normativa anterior-, que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia
"podrá requerir de los solicitantes o de otras personas, órganos o
instituciones la aportación de documentación complementaria o testimonios
que se entiendan pertinentes para el reconocimiento como objetor de
conciencia". Puede, pues, imaginarse un escenario en el que ante un
supuesto de insumisión el juez se considere facultado, por sí mismo o por
medio del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, a investigar la vida
privada del objetor para calibrar la sinceridad de sus alegaciones. Y si ya
es criticable que el CNOC pueda entrometerse en la privacidad de los
ciudadanos en el procedimiento de reconocimiento de la objeción de
conciencia, esta facultad se vuelve doblemente peligrosa con la disposición
contenida en el art. 520 del Proyecto de Código Penal.
	Pero por encima de estas críticas hay que denunciar la pretensión
de dar una respuesta exclusivamente penal al fenómeno de la insumisión. Lo
que los insumisos ponen en cuestión es la existencia de un Servicio Militar
Obligatorio. Y su postura ha encontrado un amplio eco en la opinión pública
que cada vez cuestiona en mayor medida la necesidad y utilidad de este
servicio.
	La única respuesta adecuada al fenómeno de la insumisión sería,
pues, abrir un debate en la sociedad española acerca del modelo de defensa.
Este debate no debería limitarse a plantear la disyuntiva entre SMO y
Ejército totalmente profesionalizado. Debería servir para plantearse la
cuestión de qué peligros nos amenazan, qué tipo de Defensa queremos o en
qué medida dicha Defensa debe ser militar. Sólo de esta manera se llegaría
al fondo del asunto y se resolvería el problema que han puesto sobre el
tapete la insumisión por un lado y el aumento creciente del número de
objetores por otro.

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INSUMISIÓN Y NUEVO CÓDIGO PENAL

Por Patricia Moreno, abogada del KEM / MOC de Iruñea. Publicado en Mambrú
(Información Antimilitarista - Revista del Movimiento de Objeción de
Conciencia), nº 55, verano de 1996 (Mambrú: Apartado 1.286, 50.080
Zaragoza, fx: 976/ 42 30 19, <MAMBRÚ@mvet.unizar.es>).

Si estudiamos el llamado "Código Penal de la Democracia" podremos ver cómo
la inhabilitación absoluta, con que la insumisión es penada, se considera
pena "grave" (art. 33.2.b), mientras que las penas de prisión de 6 meses a
3 años son penas "menos graves" (art. 33.2.a). La pena tipo que venía
imponiéndose a los insumisos era de 2 años, 4 meses y 1 día. Con estos
datos en la mano podemos tapar la boca a la "progresía" que nos habla de
una suavización en la represión a la insumisión: según la escala de penas
establecida por el propio nuevo Código Penal, la pena anterior que sufrían
los insumisos es "menos grave" que la inhabilitación absoluta. El
militarismo continúa siendo protegido por las leyes del Estado.
	Los días 3 y 4 de mayo de 1996 un grupo de abogadas y abogados con
experiencia en la defensa de insumisos mantuvieron una reunión en la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Almonacid de la Sierra (Zaragoza).
Actualmente, la Casa Cuartel es un albergue, y en esta línea deberían ser
reconvertidas las que hoy continúan militarmente activas. Patricia Moreno
nos ofrece a continuación su particular visión de los contenidos del
encuentro.

La nueva regulación de la insumisión en el Código Penal de 1995 suscita,
aparte de un comprensible cabreo, numerosas dudas e incoherencias, a cuya
resolución y exposición los abogados y abogadas que estamos en esta
historia nos dedicamos durante los pasados 3 y 4 de mayo [de 1996]. Tod@s
conocíamos ya la literalidad de los artículos 527 y 604 del mal llamado
"Código Penal de la Democracia" (multas, prisión y salvajes
inhabilitaciones para los desobedientes). Pero, a estas alturas, por
ejemplo, desconocemos todavía el alcance o la trascendencia real de las
nuevas penas, no hemos barajado las consecuencias del anuncio de la próxima
desaparición del Servicio Militar obligatorio o no nos hemos dotado,
suficientemente, de un discurso sólido que, en los planos jurídico y
político, anule los pobres argumentos con que el Estado pretende convencer
a la sociedad de la necesidad de condenar al ostracismo a los insumisos.
Con la intención de, en la medida de nuestras posibilidades, suplir parte
de esas carencias, os ofrecemos el resultado de nuestras cavilaciones.

LA SUPERINHABILITACIÓN: UNA PENA A LA MEDIDA DE LOS DESOBEDIENTES

Como ya es sabido, y al amparo del nuevo Código Penal, el insumiso puede
ser condenado, además de con penas de prisión o de multa, con penas de
inhabilitación que oscilan entre los 8 y los 14 años. Pero, a pesar de lo
prolongado de la condena, no es la duración de la pena lo más sangrante de
la nueva regulación. En su contenido, la omnipresencia de eta pena en todos
los ámbitos de la vida de una persona (omnipresencia que le ha valido el
calificativo de "muerte civil") lo que la sitúa en un nivel represivo
absolutamente desproporcionado (siempre, sea cual sea la sanción penal al
insumiso, la entenderemos desproporcionada; con mayor razón la que resucita
una pena abandonada en el Derecho Histórico del Estado español en 1848).
	El Código Penal de 1995, única y exclusivamente para los insumisos,
crea una pena nueva, una superinhabilitación absoluta que se diseña ad hoc
para los desobedientes y sólo a ellos se les aplica. Tras un rastreo a
conciencia a lo largo y ancho del Código Penal puede afirmarse que sólo a
la insumisión se la condena con la prohibición de acceso a "becas,
subvenciones o ayudas públicas de cualquier tipo". Genocidas,
prevaricadores, malversadores de fondos públicos, estafadores o corruptores
de menores no sufren las consecuencias de la amplísima inhabilitación
prevista para los insumisos.

RADIO DE ACCIÓN DE LA INHABILITACIÓN

¿Hasta dónde puede llegar el potencial sancionador de esta pena? Buena
pregunta, a la que, hoy por hoy, es difícil darle una respuesta que no vaya
a verse matizada en cada caso concreto.
	Por desgracia, podemos afirmar, casi con seguridad, que la pena
abarcará la totalidad de los cargos o empleos públicos, si por empleo
público entendemos la función pública y el trabajo al servicio de una
empresa o entidad pública o cualquier Administración (la europea incluida).
Pero, en otros ámbitos, se suscitan serias dudas: así, por ejemplo, habrá
jueces que entiendan que el acceso a una vivienda de protección oficial no
entra dentro de la condena y quienes, por el contrario, al llevar estas
viviendas aparejadas una subvención a fondo perdido, entiendan que sí puede
incluirse.
	En principio, y com criterio básico, entendemos que no podría
privarse al insumiso de las prestaciones contributivas (aquéllas por las
que se ha cotizado, como, por ejemplo, la prestación por desempleo) y sí,
quizás, de las no contributivas (subsidio de desempleo o ayudas sociales de
Ayuntamientos o Consejerías de Bienestar Social, etc.). Hay acuerdo,
también, en que la condena no afectaría a una cooperativa o empresa de la
que formara parte el insumiso condenado, ya que éstas tienen personalidad
jurídica propia.
	Tampoco podría privarse al insumiso de una beca o subvención si el
derecho a la percepción de la misma se hubiera adquirido con anterioridad a
la fecha de firmeza de la sentencia: de lo que priva la condena es de
obtener el derecho a esa beca o subvención y no de que se haga efectivo un
derecho que ya se ha adquirido. Por la misma razón, en el caso de
prestaciones periódicas (que se pagan, por ejemplo, mensualmente), éstas
deberían seguir percibiéndose con posterioridad a la condena si el motivo
para la percepción de la misma sigue vigente.

LA INHABILITACIÓN PERPETUA

El juego de la legislación penal y la legislación administrativa puede
convertir la sanción penal al insumiso (o a cualquier otra persona
condenada con penas de inhabilitación) en una sanción a perpetuidad.
	Supongamos el caso del funcionario público a quien, por imperativo
de la condena penal y de la legislación administrativa relativa a la
función pública, se le separa de su empleo público durante 10 años. La
inhabilitación no es perpetua, nos dirá el Juez o la Administración
correspondiente: se contrae a los 10 años impuestos por la sentencia, tras
los cuales el ex-funcionario podrá volver a opositar. Pero cuando esta
persona pretenda volver a acceder a la función pública se le argumentará
(con base en la legislación administrativa) que para ser admitido a las
pruebas selectivas previas al ingreso en la Administración será necesario
no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
la misma. Con lo que la condena a un funcionario se convierte en una
inhabilitación perpetua para el empleo público.

PROHIBICIÓN DE ACCESO A BECAS, SUBVENCIONES O AYUDAS PÚBLICAS DE CUALQUIER
TIPO: ¿Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN?

Resulta obvio (y, además, es uno de los mayores reproches que
históricamente se les han hecho a las penas privativas de derechos) que
este tipo de penas, junto con la de multa, chocan frontalmente con el
principio de igualdad. Porque ¿a quién afecta, realmente, la prohibición de
acceso a las becas y subvenciones?. Evidentemente, a los sectores
económicamente más desfavorecidos. Estamos ante una pena que, para algunos,
puede no tener ninguna trascendencia mientras que para otros supone, por
ejemplo, la imposibilidad de acceso a la educación, a una vivienda o a una
cantidad de dinero, en un momento de su vida, necesaria para su
subsistencia.
	Por otra parte resulta difícil imaginarse cómo se compatibiliza
esta pena con el derecho fundamental a la educación que se recoge en el
art. 27 de la Constitución: "Todos tienen el derecho a la educación". La
Constitución no deja lugar a dudas al reconocer ese derecho sin limitación
alguna. Y, si nos creemos que el reconocimiento de un derecho va más allá
del propio acogimiento formal del mismo en el texto constitucional, a nadie
se le ocurriría entender satisfecho el derecho sin un adecuado sistema de
becas que garantice el acceso para todos a ese derecho. Pero, una vez más,
ante la colisión existente entre el derecho a la educación y el "derecho a
la defensa", el Código Penal no vacila.

UN PASO ATRÁS EN LA HISTORIA DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS

La actual regulación de las penas privativas de derechos (y, muy
especialmente, las penas previstas para la insumisión) contradice la
evolución histórica habida hasta este Código Penal en la materia y la
opinión de la doctrina.
	Tradicionalmente, la existencia de este tipo de penas
(inhabilitaciones y suspensiones) se fundamentaba doblemente: unas veces,
cuando se imponían como penas accesorias (aparejadas a otras), porque se
entendía que el condenado a pena privativa de libertad debía ser privado
también de otros derechos; otras veces, cuando se imponían como penas
principales, porque el delito por el que se imponían se había cometido en
el ejercicio de determinadas profesiones u oficios, en los que el condenado
había mostrado su falta de ética o se había aprovechado del empleo o cargo
para delinquir.
	Sin embargo, son muchos los que, hoy en día, sólo encuentran
justificación a estas penas cuando son las más adecuadas a l naturaleza del
delito (por ejemplo, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios
públicos en el ejercicio de sus cargos, negligencias profesionales, etc.).
Pero no cuando, como ocurre en el caso de la insumisión, su fundamento es
puramente retributiva. Así, según Mir Puig (Catedrático de Derecho Penal):
"existe una tendencia a suprimir las penas infamantes o que tienen por
objeto estigmatizar o separar al reo de la comunidad social: así lo exige
el ideal de la resocialización, que apunta, bien al contrario, a la
reinserción social. Ello supone, evidentemente, un cambio radical de
orientación política penal..".
	La penalización de la insumisión en el Código Penal de 1995 es un
clarísimo ejemplo de imposición de penas con finalidad vindicativa. Porque,
¿qué relación tiene la pena con el "delito" cometido?. Absolutamente
ninguna. Sin olvidar, además, que hay que viajar muy atrás en el tiempo
para encontrar un texto legislativo en el que se recoja una pena privativa
de derechos de l amplitud de la impuesta a los desobedientes.

LA INSUMISIÓN A LA PRESTACIÓN SUSTITUTORIA DEL SERVICIO MILITAR CONFIGURADA
COMO UN DELITO CONTRA LA CONSTITUCIÓN

La intención de desvincular las dos negativas (a la prestación de la PSSM y
al cumplimiento del SMO) no sólo es patente en la evidente distinta
penalización de las mismas. También se desprende de la ubicación
sistemática, en distintos títulos, de los dos tipos penales, con lo que
ello significa. Así, lógicamente, la negativa al cumplimiento del SMO (art.
604) se incluye en el Capítulo III ("De los delitos relativos a la Defensa
Nacional") y, éste, a su vez, en el Título XXIII ("De los delitos de
traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la
Defensa nacional"). No es tan lógica, sin embargo, la ubicación de la
negativa a la PSSM (art. 527), que se incluye en el Capítulo IV ("De los
delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades
públicas y al deber de cumplimiento de la Prestación Social Sustitutoria"),
y éste, en el Título XXI ("Delitos contra la Constitución").
	Esta ubicación del art. 527 no es, en absoluto, casual, como lo
demuestra el hecho de que, en el Anteproyecto de Código Penal de 1994
(precursor del actual texto), este "delito" se encontrara junto con la
negativa al cumplimiento del SMO,ambos considerados como delitos contra la
defensa nacional. La maniobra del Gobierno al extraer la negativa del art.
527 de los delitos contra la defensa nacional responde al intento de
desvincular ambas negativas y, en consecuencia, ambos deberes. O sea, de
pretender presentar la prestación social como no Sustitutoria del SMO.
	Por otra parte: ¿en base a qué se configura la negativa a la PSSM
como un delito contra la Constitución, al lado de la rebelión, los delitos
contra la Corona o los delitos cometidos por los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales?; ¿qué comportamiento
contraconstitucional comete quien se niega al cumplimiento de una
prestación que ni siquiera en la Constitución se configura como
obligatorio?. Y, además: ¿es la Constitución un bien jurídico que deba
protegerse a través del derecho penal?.

LOS ÚLTIMOS COLETAZOS

Si hemos de creer en las palabras de José María (Aznar, por supuesto) esto
del SMO está en las últimas. Desde un punto de vista jurídico, ¿qué sentido
tiene la "protección" exagerada que, por parte del Código Penal de 1995, se
realiza respecto al bien jurídico de la defensa nacional si, tal y como se
nos anuncia, la "defensa nacional" (militar) ya no depende, ni siquiera en
teoría, de la existencia de un ejército de reemplazo?.
	El mantenimiento del ejército de reemplazo, hoy por hoy, es,
seguramente, más una cuestión de organización que de necesidad de defensa.

ALGUNAS ORIENTACIONES DE DERECHO TRANSITORIO

O lo que es lo mismo: qué pasa con lo expedientes de revisión de sentencias
impuestas en juicios por insumisión. ante el caso legal existente
exponemos, telegráficamente, algunos criterios para la revisión tal y como
nosotros entendemos que debería producirse:
	1º) No existe una base legal consistente para afirmar que un CP es,
en materia de insumisión, objetivamente, más favorable que otro.
	2º) Precisamente por lo anterior, tendrá especial relevancia la
llamada "audiencia al reo" (en adelante, audiencia al insumiso), a cuya
opinión, ante la imposibilidad de fijar objetivamente un texto como más
favorable que otro, habrán de estar los jueces en los procesos de revisión.
	3º) Si el Fiscal entiende que debe producirse la revisión, deberá
hacer una propuesta de la misma. Es decir: no bastará con que se pronuncie,
en unas líneas, a favor de la revisión de la sentencia (y, por tanto, a
favor de la aplicación del nuevo CP), sino que, en el caso de que el
insumiso hubiera ya empezado a cumplir la pena, deberá especificar qué pena
concreta, conforme al nuevo texto, le quedaría por cumplir al insumiso.
	4º) No puede aceptarse, como se está pretendiendo en algunos
juzgados, en el caso de que se proceda a la revisión, que se equipara un
año de privación de libertad a uno de inhabilitación. Con semejante
revisión, el insumiso acaba cumpliendo, por ejemplo, un año de prisión y 9
de inhabilitación: o sea, una pena mucho más grave que la del CP antiguo y
también más grave que la del CP nuevo.

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