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del MOC - Informació del MOC.Carlos Pérez Barranco, MOC València
Una vez transcurridos casi diez años de postguerra fría habrá que empezar a pensar en incluir el llamado "dividendo de la paz" en el mismo orden de realidad que las mascotas de las Olimpiadas o los personajes de la factoría Disney, y garantizarle un lugar de honor en el próximo catálogo de grandes fábulas contemporáneas, justo entre el "desarrollo sostenible" y la "mano invisible" del libre mercado. Ese inmenso volumen de recursos económicos liberados por el fin de la política de bloques, la escalada nuclear y la carrera armamentística, que podría haber dado solución a las acuciantes necesidades de gran parte de la Humanidad, se ha evaporado con la misma facilidad con que era posible calcularlo sobre un papel. Las maquinarias militares, las instituciones de la violencia, han ido segregando en estos años el paraguas ideológico que les permita superar la crisis de legitimidad social causada por la desaparición del "enemigo natural", autoperpetuarse construyendo nuevas funciones y nuevas amenazas. Misiones presuntamente humanitarias y de pacificación, enemigos como los "nacionalismos emergentes", el terrorismo, el narcotráfico, etc. son los inverosímiles ropajes que pretenden esconder que en la geoestrategia de la postguerra fría, los ejércitos occidentales quedan encargados del nada supérfluo papel de ser garantía última de la opresión y el saqueo de guante blanco que ejercen multinacionales e instituciones financieras (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, etc.) sobre las dos terceras partes de los seres humanos. De acuerdo con ello, los ejércitos actuales se dotan de infraestructura y armamento de última ola tecnológica y multiplican su capacidad de proyección exterior. Adelgazan ligeramente en cuanto a efectivos humanos pero sus presupuestos se mantienen y crecen. Así, el gasto militar mundial flota pesadamente por encima de los 100 billones de pesetas, la misma cantidad que los ingresos económicos de la mitad de la Humanidad, según la ONU.
España, un Estado sin enemigos militares según reconocen explícitamente los pocos documentos estratégicos que son públicos y algún ministro de Defensa como Julián García Vargas, no escapa a esa tendencia. El gasto militar ha crecido decididamente en los últimos años hasta situarse en torno a los 2 billones (2.000.000.000.000) de pesetas en 1998, camaleónicamente camuflado en más de un 50% a través de partidas militares que no forman parte directamente del presupuesto del Mº de Defensa Es el caso de los organismos autónomos de este ministerio (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial y otros), la Guardia Civil, las clases pasivas militares, la contribución española a la OTAN y UEO, los créditos del Mº de Industria a las empresas armamentísticas, la gestión de la Objeción de Conciencia, etc. En un contexto económico determinado además por las políticas de convergencia y la fuerte contención del gasto público que implican, no cuesta mucho deducir qué partidas presupuestarias van a verse relativizadas. A modo de ejemplo, el presupuesto conjunto de los ministerios de Educación y Ciencia, Agricultura, Pesca y Alimentación, y Medio Ambiente, no consigue superar la cifra prevista para el gasto militar en 1998, o solamente los 96.000 millones que el Estado invertirá este mismo año en el proyecto del avión de combate europeo Eurofighter-2000 equivalen a un lote de 13 partidas presupuestarias que incluye campos como la promoción de la mujer, promoción y servicios a la juventud, bibliotecas, protección y mejora del medio natural, promoción del libro, etc. Como si de una broma macabra se tratara, el millón de pesetas que recibió el Instituto de Investigación sobre el Desarme en 1997 queda cancelado en los presupuestos de 1998 del Mº Asuntos Exteriores. En los próximos años la promoción de la industria militar (que ya hoy vive una época dorada) y los grandes proyectos armamentísticos como el Eurofighter, la fragata F-100 o el tanque Leopard, así como el proceso de abolición de la mili (utilizado como pretexto para el reforzamiento del Ejército) inflarán de una manera difícilmente camuflable el presupuesto militar. En el 2003, los gastos solamente del Mº de Defensa alcanzarán los 1,4 billones de pesetas…
Todo este ejercicio de sinrazón responde necesariamente a la prevalencia e imposición de unos intereses particulares, los de la esfera militar, sobre las necesidades que la sociedad civil siente como prioritarias. Las políticas de defensa militarista están enclavadas en medio de ese territorio de geografía incierta pero resguardado del debate público y la acción democrática convencional, constituído las "cuestiones de Estado". La opacidad y el secretismo que rodea a las decisiones relacionadas con la defensa es tal que ni siquiera a nuestros presuntos representantes se les permite debatir ni decidir las líneas básicas de la necesidad, funciones y financiación del aparato militar (los documentos donde quedan plasmadas estas cuestiones son secretos). Ante la inoperancia de los cauces de participación convencionales, paradigmática en este ámbito, está más que justificado el recurso a la desobediencia civil como forma de acción política, abierta, noviolenta, participativa y, por tanto, radicalmente democrática. La campaña de Insumisión, articulada e impulsada por el movimiento antimilitarista desde 1989, demuestra su capacidad de transformación al ser el factor clave de la movilización de base que ha hecho posible la desaparición de una institución como el Servicio Militar, asumida hasta hace pocos años como autoevidente. Desde hace año y medio, más de 20 antimilitaristas (2 de ellos del País Valenciano) han dado vida a la insumisión en los cuarteles que, volviendo a situar al Ejército en el escenario del conflicto con la sociedad civil mediante la deserción consciente, pública y colectiva, busca empezar a poner en evidencia la grave quiebra democrática asociada con el proceso de profesionalización-reforzamiento de las FAS.
En el terreno presupuestario, la llamada Objeción Fiscal se configura, mediante la negativa pública a financiar a través de los impuestos el aparato militar, como una herramienta de potencialidades todavía inexploradas (a pesar de su larga trayectoria de 16 años como campaña colectiva) para cuestionar la militarización de la economía, estimular el debate social sobre los costes reales del Ejército y, en definitiva, asumir nuestro protagonismo a la hora de decidir sobre qué, cómo, y de qué tenemos que defendernos. Técnicamente, se traduce en desviar hacia finalidades socialmente útiles el porcentaje del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que corresponde al Mº de Defensa de acuerdo con los presupuestos del Estado, o una cantidad fija. Como campaña de desobediencia civil que es, la Objeción Fiscal ni se niega ni se oculta, asi que junto a los impresos de la declaración de la renta se adjunta una carta justificando y razonando ética e ideológicamente nuestra acción. La respuesta administrativa, en caso de existir, se limita a exigir la devolución de la cantidad desviada y, en última instancia, al embargo de dicha cantidad. A pesar de que cada objetor/a fiscal decide hacia qué asociación, colectivo, organización desvía el dinero objetado, los colectivos que impulsan esta campaña escogen y recomiendan cada año un proyecto determinado dentro de unas coordenadas de trabajo por la promoción de la paz, la noviolencia, la solidaridad, el desarrollo comunitario. De esta manera se garantiza que reciba financiación suficiente de los alrededor de 2000 objetores y objetoras fiscales como para poder llevarse a cabo. Ejemplos de estos proyectos colectivos son el apoyo a objetores de conciencia en Turquía y Paraguay, a desertores de la guerra de Yugoslavia, al movimiento juvenil de Barrancabermeja (Colombia), y, más recientemente, a las Brigadas Internacionales de Paz en Chiapas, en su tarea de ofrecer acompañamiento a personas y grupos no armados que son víctimas de violencia por trabajar por la paz y el cambio social. Se adivina, por tanto, a la luz de esta prometedora propuesta, la Objeción Fiscal, la posibilidad de recuperar una concepción radical y democrática del "dividendo de la paz", la que pasa por la abolición de las maquinarias militares. Una iniciativa mucho más realista desde luego que pretender construir la paz sobre cimientos de miedo, disuasión, injusticia y aviones de caza.
Septiembre de 1998
[Publicado en el diario Levante-EMV]