La necesidad de una nueva política de familia

GOSTA ESPING-ANDERSEN
Gosta Esping-Andersen es catedrático de Sociología de la Universitat Pompeu Fabra.
 

El primer ministro sueco dijo en una ocasión que 'la calidad de una nación puede ser medida por la forma en que trata a su infancia'. De
ser así, la calidad de la sociedad española se nos revela como bastante pobre, y podría incluso empeorar. Alrededor del 15% de los
niños españoles viven en situación de pobreza y sus capacidades educativas son casi las más bajas de la UE. Las familias jóvenes
parecen confrontadas a dilemas imposibles. La inexistencia de sistemas de guarderías accesibles significa que las madres no pueden
trabajar. Y puesto que la maternidad es incompatible con una actividad profesional, las mujeres españolas no pueden tener el
número de hijos que desearían. Se mire como se mire, España se presenta como una sociedad poco preocupada por el bienestar de sus
familias.

La política de familia española es anticuada, basada en esquemas ideológicos que ya no se corresponden con la realidad. Los
Gobiernos, en las pasadas décadas, han ignorado completamente el hecho que el papel de la mujer está cambiando y que la familia debe
hacer frente a dificultades cada vez mayores. Tal vez deberemos pagar un precio muy alto por ello, a menos que desarrollemos muy
pronto una nueva política de familia.
La familia convencional, basada en el hombre perceptor de renta y la mujer ama de casa, se encuentra en un proceso de rápido declive, y los que antes se consideraban hogares atípicos están convirtiéndose en la norma: personas solteras, familias monoparentales y parejas
con dos empleos (con o sin hijos). La inestabilidad conyugal seguirá creciendo. Todo ello provoca una creciente polarización entre
familias fuertes y débiles. En un 10% de familias, ninguno de los padres tiene un empleo. El 30% de hogares con madre sola viven en
situación de pobreza. Lo que es más revelador aún es que las familias jóvenes están empeorando su situación económica. Además, la
familia convencional es crecientemente vulnerable a causa de que los padres no pueden seguir contando con un empleo seguro y bien
retribuido. El empleo de la madre está convirtiéndose en una precondición para prevenir la pobreza.

¿Cómo deberían responder los poderes públicos? Una política inteligente de familia no implica simplemente asegurar el bienestar
de los niños de hoy. Puesto que las condiciones de la infancia afectan a las oportunidades de vida y de productividad futuras, esta
política debe constituir una inversión en los recursos competitivos de España. Si queremos asegurar las pensiones del futuro,
necesitamos estar seguros de que los jóvenes se convertirán en trabajadores productivos el día de mañana. Esta política debe
empezar por tres principios básicos: prevenir la pobreza infantil, promover el empleo de las madres y hacer compatibles el trabajo
profesional y la formación de la familia. Examinemos cada uno de ellos.

Invertir en la infancia. La economía del conocimiento requiere ciudadanos crecientemente capacitados. Los menos preparados quedarán
atrapados, muy probablemente, en un ciclo vital de empleos precarios, bajos salarios y desempleo. La experiencia nos dice que
aquellos que abandonan los estudios antes del nivel secundario es muy probable que se conviertan en los perdedores de mañana. ¿Qué
tiene ello que ver con la familia? Según estudios científicos, todo empieza en la más temprana infancia. Sabemos que la pobreza y la
inseguridad en la infancia causan un inferior desarrollo en los conocimientos y un mayor fracaso escolar. Una infancia entre pobreza
resulta en dos años menos de educación. Aún peor: cuando sea adulta, esta persona reproducirá de nuevo riesgos de pobreza para su hijo o su hija. Nuestro futuro se verá oscurecido si no aseguramos hoy mejores condiciones para las familias, porque es aquí donde
encontramos las raíces del altísimo nivel de abandono escolar. Con un 30% de niños que no llegan a la escuela secundaria, España está a
la cola de Europa.
Las soluciones son claras. De forma prioritaria hay que erradicar la pobreza infantil. La política actual es equívoca, porque se basa en
deducciones fiscales que no ayudan a los que más lo necesitan. Debería consistir, como en el resto de Europa, en transferencias
familiares universales y directas. En la Europa del norte, estas transferencias están cerca de los 150 euros (24.900 pesetas) por
hijo y mes. Esta sola medida reduce la pobreza, pero el punto fundamental es su reconocimiento de que el coste de los niños debe
ser compartido por toda la colectividad, porque invertir en niños crea beneficios para todos. En Cataluña, el PSC está haciendo un
primer paso proponiendo una ayuda universal de 50 euros (8.300 pesetas). Pero no hay que olvidar que el remedio más efectivo contra
la pobreza infantil es el empleo de las madres, combinado con un entorno educativo mucho más igualitario. Es fundamental que los
niños de familias pobres tengan acceso a escolarización y buenas guarderías. Un modo de reducir el abandono escolar sería otorgar
subsidios a las familias para cada año adicional que sus hijos continuaran estudiando.

Invertir en empleo femenino. La pobreza en las familias españolas es alta porque el nivel de empleo de las madres es bajo. Hoy, las
mujeres jóvenes desean tener una profesión, pero este anhelo se enfrenta a un entorno adverso. El desempleo femenino es
extraordinariamente elevado, y las desigualdades salariales entre mujeres y hombres son inusualmente amplias. Pero quizás el problema
más serio es que las madres trabajadoras están siendo gravadas con tipos impositivos increíblemente altos: el coste de la guardería es
como un impuesto sobre el salario de la madre. Para una mujer media, la guardería de dos hijos puede absorber más de la mitad de sus
ingresos. Aún peor: este impuesto recae de forma más pesada sobre las mujeres con bajos ingresos, que son precisamente las que más
imperiosamente necesitan trabajar. Si el Gobierno está realmente preocupado por el bienestar de las familias, debe impulsar
inmediatamente un programa masivo de subsidios para guarderías. Una posibilidad, como ha propuesto Pasqual Maragall en Cataluña, sería introducir un modelo de dos tercios: dos tercios del coste total en guarderías deberían ser financiados por el sector público, y un
tercio, por los padres. Debe ser gratis para madres solas y familias pobres.

Armonizar empleo e hijos. Las mujeres españolas parecen estar en una prolongada huelga de fertilidad. A 1,2 hijos por mujer, tenemos el nivel más reducido en Europa. Eso no es porque hayamos perdido el interés por tener hijos. Cuando se les pregunta, los españoles dicen
que ellos desean, en promedio, 2,4 hijos. Podemos interpretar esta distancia entre deseo y realidad como un déficit de bienestar: una
señal alarmante de que el entorno al que se enfrentan los jóvenes es hostil. El caso de Dinamarca, por ejemplo, nos indica que un
promedio de dos hijos por mujer es compatible con el pleno empleo femenino. ¿Por qué no en España? En primer lugar, los jóvenes tienen
grandes problemas para formar hogares propios debido a los fuertes costes de la vivienda y a la precariedad en el empleo. En segundo
lugar, para una pareja que desea carreras profesionales, tener hijos es percibido como un obstáculo. Los jóvenes sufren seriamente de lo que el demógrafo italiano Massimo Livi Bacci ha denominado el síndrome del aplazamiento. La edad media del primer nacimiento es
ahora de 30 años para las mujeres, y un creciente número de ellas permanece sin tener hijos. Sin una red adecuada de guarderías,
España permanecerá atrapada en un perpetuo equilibrio de baja fertilidad.

El gran desafío de los políticos es modernizar el concepto de política familiar. La pasividad que actualmente la caracteriza tiene
que ser considerada implícitamente como una forma de política antifamiliar. Continuar así significa que los jóvenes no estarán en
condiciones de formar familias, que las parejas no tendrán hijos, que demasiados niños se desarrollarán en condiciones por debajo de
lo óptimo. Dudo de que este escenario sea aceptable para los ciudadanos y sus representantes electos.
La mayoría de los políticos estarán probablemente de acuerdo en que necesitamos una nueva política, pero responderán inevitablemente que costaría demasiado y no nos la podríamos permitir. Pero tenemos que ser conscientes de que una política moderna de familia es una
inversión en nuestro futuro, y que, como sucede con otras inversiones, tiene un sólido rendimiento económico. Si fracasamos en
invertir en la capacidad de nuestros jóvenes y en la posibilidad de que las mujeres puedan combinar maternidad y actividad profesional,
España nunca será competitiva ni una sociedad atractiva donde vivir.