En esta sesión José María Cid, del Partido Agracio Español, había presentado una interpelación al gobierno sobre la situación del campo. Omitimos su exposición, así como las primeras réplicas por parte del gobierno y de otros diputados, y empezamos con la intervención de José Calvo Sotelo.

[...] El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Calvo Sotelo.

El Sr. CALVO SOTELO: El borrascoso proceso que ha tenido esta interpelación ha dado lugar a que se esté tramitando en términos que, para situarnos adecuadamente en el ambiente, podríamos llamar de régimen de intensificación de cultivos parlamentarios. Ello es motivo de que me levante a hablar a deshora, con cansancio de la Cámara, con fatiga propia y con el deseo de molestar vuestra atención lo menos posible.

El juego de palabras sobre "intensificación de cultivos" alude a que ese mismo día unos diputados del Frente Popular, considerando que la derecha ralentizaba el funcionamiento del Parlamento presentando preguntas al gobierno e interpelaciones que tenían que ser debatidas en la Cámara,  habían presentado una proposición por la que tales interpelaciones tuvieran que ser abordadas siempre fuera del horario reglamentario, y que, aun así, todas deberían ser pospuestas a la conclusión de los debates sobre las dos leyes que en esas fechas estaba discutiendo la Cámara: la de Amnistía y la de Rescate de bienes comunales.

Los Sres. Cid y Madariaga, coincidiendo en su diagnóstico de fondo sobre el problema, abundando el primero más en la tónica de tipo económico-social y el segundo en la de carácter político y de orden público, han dado lugar a dos intervenciones ministeriales, en las cuales he encontrado múltiple copia de críticas, de impugnaciones y de reproches hacia la gestión del Gobierno desarrollada en el último bienio, pero pocas, muy pocas palabras que puedan ofrecer esperanza y sugerir optimismo a cuantos, embargado nuestro ánimo por una patriótica preocupación, nos asomamos al profundísimo y pavoroso problema planteado en el campo español. Yo, que soy ajeno a la gobernación del primer bienio y que lo soy también a la del segundo, me considero con una cierta autoridad de testigo imparcial para enjuiciar la política que ahora se sigue, sin dejar de reconocer que en uno como en otro bienio hayan podido cometerse errores o incurrirse en torpezas; pero pensando, como decía con elocuencia el señor Madariaga, que cualesquiera que fuesen aquéllos y éstas en el segundo bienio, no bastarían nunca para justificar una actividad insuficiente o una dejación punible por parte del actual Gobierno frente a la situación planteada en el agro.

El problema ofrece muchas facetas, pero es curioso observar cómo la atención predominante de los anteriores Gobiernos y de éste va hacia las que no son quizá en la hora presente las más decisivas. Fácilmente puede distinguirse en el problema agrario su faceta jurídica, que se resuelve en una cuestión de estructuración de la propiedad; su faceta social, que implica un problema de distribución de la renta o de los productos de la tierra; su faceta técnica, que supone un problema de rendimiento y de transformación de cultivos, tan necesario como es esto en un país como España, que tiene en perpetua riña al sol y al agua sobre su tierra y requiere ordenaciones armónicas fundadas en la ciencia; y, en último término, una faceta que yo califico de económico-financiera, que hoy es, a mi juicio, la más vital y que implica un problema de valoración de los productos agrícolas o, dicho en otros términos, de rentabilidad económica.

Los Ministros que nos han dejado escuchar sus palabras autorizadas en la tarde de hoy, como la mayor parte de los que han desfilado por ese banco en los últimos años, que por desgracia han sido demasiados, porque en el año 35 hubo no menos que cinco titulares de la cartera de Agricultura, han concedido atención preferentemente a la primera de estas facetas, a la jurídica, que en realidad es muy interesante, pero no justifica, creo yo, un apasionamiento tan desorbitado. Se ha concedido atención, en algunos momentos obsesa, a la segunda faceta, la social; no se han preocupado apenas de la tercera, la de transformación de los cultivos, la de preparación técnica del suelo español para que pueda rendir agrícolamente lo que necesita la economía nacional, y es de lamentar la serie enorme de vacilaciones, de interferencias, de intermitencias padecidas en este ámbito de los plantes hidráulicos que de manera tan plena y genial, a mi juicio, había iniciado el conde de Guadalhorce. En último término, se han casi despreocupado, o por lo menos han otorgado una atención como desvaída y abúlica, a lo que considero más vital en estos momentos, a saber: el problema de la valoración de los productos de la tierra. Existe en todo ello una asimetría evidente, una falta de paralelismo notorio y lamentable. Por un lado se lucha y se está luchando todavía a brazo partido con una primera reforma agraria, con una segunda, con una tercera reforma agraria, con varias leyes y contra leyes de arrendamientos rústicos, con una ley para el rescate de los bienes comunales, que, por cierto —dicho sea entre paréntesis—, es una ley trascendentalísima, enorme, de un gigantesco alcance, del que yo no sé si se han dado suficiente cuenta los españoles, por sus posibles repercusiones sobre el régimen económico en que está asentada la vida nacional.

Pero al mismo tiempo que buscáis esa reestructuración de la propiedad en su sentido jurídico, para sustituir a unos determinados titulares por otros provenientes de una clase que hoy no es de propietarios, os habéis olvidado un poco de que si simultáneamente desciende el contenido económico del título de propiedad y el valor en cambio de los productos de la tierra, llegará un momento en que habréis podido captar esos títulos de propiedad, pero no el bienestar, porque serán en realidad pergaminos vacíos, estériles, que no hablan al interés, porque la propiedad se busca en tanto en cuanto supone una renta; pero si la propiedad representa un déficit, ¿a quién le atrae? ¿A quién seduce? ¿Quién la busca? Ésta me parece que es la verdadera enjundia en el momento actual del problema, pues la agricultura española ha llegado a una fase en que en gran parte de ella, concretamente el secano, cualesquiera que sean los cultivos, se está trabajando con pérdida y produciendo con déficit. Éste es un hecho económico fundamental, que no creo que se pueda mover.

El Sr. Cid aportó algunos datos demostrativos de sus asertos. Yo los hago míos, y aportaré algunos más. No quiero fatigar la atención de la Cámara y no leo detalles; pero con la venia de la Presidencia los incorporaré al Diario de Sesiones. De algunos de estos datos se deduce, por ejemplo, que en el año 33, según la información formulada por las Secciones agronómicas de veintidós provincias, el coste de producción de cien kilogramos de trigo fue de un promedio de 55.50 a 56 pesetas. De todos es sabido que, por desgracia para los agricultores, este precio no se conjuga en el mercado triguero español hace bastantes años. De otros datos resulta que en la provincia de Badajoz, término de don Benito, los gastos e ingresos de una fanega de tierra de viña durante un año son los siguientes: Gastos, 528 pesetas; ingresos, 375. Pérdida, 153 pesetas; que en una fanega de tierra de olivos, durante un año, suponen los gastos 304 pesetas, los ingresos 192, las pérdidas 112.50; que una fanega de tierra de labor, durante un periodo de cuatro años, en rotación completa de cultivo, supone una pérdida de pesetas 224.

Y no quiero molestar más vuestra atención, repito, estos datos y otros irán al Diario de Sesiones. El hecho es incuestionable. Se ha llegado a una fase de pérdida o de "déficit" en la explotación agrícola desde el punto de vista económico. Y esto interesa mucho, porque si la explotación agrícola se liquida con déficit, ya es secundario el que esta explotación sea individual o colectiva y que se halle en manos de un gran terrateniente o de un pequeño cultivador, arrendatario, aparcero u obrero. Lo que hay que examinar es cómo y por qué la explotación agrícola termina en déficit. Yo creo que son dos los factores que simultáneamente pueden presionar este resultado. Uno es el del precio; otro, los costos. En punto a precios de productos agrícolas estamos viviendo bajo la doble presión de una injusticia y de un prejuicio. Aludía a aquella injusticia en una de mis últimas intervenciones parlamentarias. Ocurre en España que la parte de habitantes que vive del suelo, que es del 60 al 70 por 100 del censo total, consume una porción minoritaria de la renta y que, en cambio, la parte de españoles que habita en la ciudad, que es del 30 al 40 por 100 del censo, consume la mayor parte de la renta, quizá no menos del 70 por 100 de la renta nacional; esto es, que se vive con mayor riqueza en la ciudad. Esta injusticia no se puede remediar más que con una traslación al campo de gran parte de la renta nacional, absorbida por la ciudad, y esa traslación no se puede, a su vez, lograr más que con un aumento del valor de los productos agrícolas. Búsquese como se busque la solución a ese problema, no se encontrará otra. Hay que aumentar el valor de los productos agrícolas. No vale pedir que aumente su consumo, porque el consumo de la mayor parte de los productos agrícolas no tiene una elasticidad indefinida y está saturado ya en su grado máximo, dentro de las posibilidades normales de nuestra vida, en algunos; ya sé que en otros cabe intensificarlo, por ejemplo, en la naranja, pero es que precisamente la naranja es consumo principalmente en el exterior; y tampoco se puede dirigir desde España con absoluto dominio. Y como hay que aumentar, no el consumo, que esto es casi imposible, sino el rendimiento del consumo, hay que elevar los precios; pero la elevación de los precios afecta principalmente a las clases más menesterosas de la sociedad, a las clases más humildes. No consume más pan el millonario que el mendigo; el millonario come otras cosas, y apenas pan, mientras que el mendigo pan nada más; por eso el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad, de los productos agrícolas, ha de repercutir en proporción al volumen de las distintas clases sociales, o sea, más sobre las clases menesterosas que sobre las poderosas o aristocráticas. Quizá explica este hecho la especie de recelo o de prejuicio que siempre se ha sentido hacia la elevación de los precios agrícolas, muchas veces con notoria exacerbación de la lógica. ¿Qué representaría el aumento de 10 céntimos en el kilo de trigo? Cálculos de los técnicos dicen que cada español viene a consumir 150 kilos de pan por año y que, por consiguiente, el aumento de 10 céntimos en kilo de trigo significaría un mayor gasto de cuatro céntimos por persona, o sea, en una familia de cinco personas de 20 céntimos por día. Ya comprenderéis que esto no es un renglón que pese seriamente sobre ninguna economía doméstica, ni aun sobre la más humilde.

Otra estadística muy perfecta, hecha por un catalán, el Sr. Morgades, hace notar cómo el consumo de pan, en relación con el presupuesto total de gastos de un obrero de la industria de Barcelona, representa tan sólo un 0.46 por 100, y con relación al presupuesto total de un obrero mercantil, también de Barcelona constituye o alcanza únicamente un 0.32 por 100, de tal suerte que la elevación de cinco céntimos en kilogramo se traduciría por una repercusión tan infinitesimal, que ni siquiera merece la pena ser considerada. Pues bien, a pesar de esto, es tabú todo lo que signifique un aumento de precio del trigo o de cualquiera de los productos agrícolas. Estos mismos días, con gruesas titulares, algunos periódicos dan la nota de alarma y dicen: "¡Cuidado!, que suben las subsistencias. ¡Cuidado!, que suben las patatas." ¿Y qué queréis que suceda a la hora en que está subiendo todo como consecuencia de vuestra política social? Aquí resulta que se pueden elevar las tarifas tranviarias, y las tarifas ferroviarias, y el precio de los zapatos, y el de los tejidos, y el de la perfumería, y todo, porque todo, naturalmente, está accionado y coaccionado por los distintos gastos que integran los costos industriales, y no se puede pensar en la elevación en un solo céntimo de ninguno de los productos de la agricultura que consume la ciudad. Esto me parece, sencillamente, una injusticia, injusticia que en gran parte se explica por la falta de sensibilidad de la epidermis española hacia los problemas del campo o por el exceso de epidermis, desde el punto de vista de la política barata y de escándalo con que muchos la entienden.

En estos mismos días, precisamente—y voy a presentar el hecho porque me parece de oportunidad y, al propio tiempo, de gran ejemplaridad—, en estos mismos días se anuncia la posibilidad de una huelga ferroviaria, fundada en las reclamaciones que han formulado o que van a formular todos los agentes de las Compañías, representados por las dos grandes organizaciones que los agrupan. Estas reclamaciones, por su contenido y por su contextura, si hubieran de implantarse, exigirían entre 300 o 400 millones de pesetas de aumento en los gastos de personal de las Compañías ferroviarias. Sólo para las dos más importantes, según parece —tengo aquí el dato detallado—, importarán unos 300 millones de pesetas. A los interesados en las Compañías, a los gobernantes, a los que se preocupan de estos problemas financieros, le ha, naturalmente, llenado de consternación el anuncio de esas demandas, ya formuladas, al parecer, hace unos cuantos años, en sazón de desempeñar la cartera de Obras publicas el Sr. Prieto, quien, con autoridad y energía que hay que recordar para aplaudir, supo cortar aquella iniciación verdaderamente peligrosa; pero al resto del país le deja completamente indiferente esta pretensión. ¡Ah! Si se pidiera por los agricultores españoles, por los trigueros españoles, un aumento de 10 pesetas por quintal métrico, un aumento de 10 céntimos por kilogramo de trigo, es seguro que se provocaría una turbamulta de protestas, con toda clase de titulares y frases gruesas de los periódicos y de los elementos políticos de izquierda. Y ved, señores, ved que, en este caso, se pedirían a la economía 400 o 420 millones de pesetas para resolver un problema que afecta a una gran parte de españoles, mientras en el otro caso se piden 400 millones de pesetas, pero única y exclusivamente para resolver la situación de los 125.000 agentes con que cuentan todas las compañías ferroviarias de España.

En el fondo, esto obedece a una causa: que siempre domina en la vida española, en el orden político, la ciudad sobre el campo, fenómeno absurdo y paradójico, ya que en España, en el orden económico, es el campo el que pesa o debe pesar sobre la ciudad. Domina la ciudad sobre el campo, y al campo se le somete a una servidumbre, que consiste en que tenga obligación de pagar caros los productos de la industria, o sea, de la ciudad, y, en cambio, tenga el deber, a su vez, de vender baratos sus productos. Esta servidumbre del campo a la ciudad no es un fenómeno exclusivamente de España; es un fenómeno que se da también en otros pueblos; es un fenómeno propio de ciertos momentos revolucionarios; de las revoluciones inspiradas en un sentido marxista o en un sentido socializante, más propio quizá que de las inspiradas en un sentido fascista. Mussolini, en su revolución, grita: "Hay que ruralizar a Italia", y aborda una política llena de formidables realizaciones, encaminada a vitalizar y a vigorizar las energías del campo. Aquí, no hace muchos días, el Presidente del Consejo —y presento el caso porque constituye una antítesis magnífica, espléndidamente clara—, el Presidente del Consejo nos decía: "Pero ¿quién habla de desorden en España? ¿Quién habla de perturbaciones en España? ¡Si Madrid rebrilla de alegría! ¡Si los cafés están llenos y los cines abarrotados! ¡Si por las calles no se puede transitar! ¡Si los escaparates están profusamente iluminados...!" He ahí la visión de que España no es más que la suma de los cafés de la ciudad, y el campo sólo existe para servir a ésta. Ésa es la explicación de la teoría de los precios bajos en que respecto de la ciudad vive el campo. (El Sr. Alonso Ríos: Pero eso es tradicional; no es de ahora, sino de siempre.)  Permítame S. S. que le diga que no, porque en otros tiempos se ha cuidado mucho más la vida rural, ya que entonces el desarrollo de la industria y de las urbes no había alcanzado el grado actual.

He dicho que había otro factor concurrente con éste de los precios agrícolas, y es el de los costos. Precios agrícolas bajos y costos altos. He ahí, señores, una ecuación que no podrá resolver satisfactoriamente ningún matemático. Ni con economía liberal, ni con economía dirigida, ni con economía de comunismo anárquico o libertario, como la que preconiza la Confederación Nacional del Trabajo. Eso no es posible. Los costos son dirigidos por dos factores fundamentales: mano de obra y rendimiento. El Sr. Ministro de Trabajo ha hecho una afirmación respecto a la mano de obra, que yo suscribo, como algunas otras suyas, aunque lamente el tono, de hombre poco gubernamental, de hombre poco animado del sentido de responsabilidad, que tan antipático suele ser en su exposición desde el banco azul, con que se ha producido en la tarde de hoy, y que rectifica la fama que a S. S. acompaña en los ambientes políticos como hombre que a toda costa quiere mantener el principio del orden. Pero, dejando a un lado lo que en este momento nos pueda diferenciar, me complazco en recoger lo que suscita de mi parte un asentimiento.

Es evidente que en la agricultura, como en la industria, el primer factor de la economía es el trabajo. Por consiguiente, no se debe construir en agricultura y en industria si no se parte de la base de que el trabajo haya de tener una recompensa humana, me parece que dijo S. S., y yo diría cristianamente humana. En esto, la menor discrepancia. Por eso no entro en el sistema de salarios. ¿Que ahora se han establecido, en algunos casos, salarios altos? No lo discuto; probablemente serán justos. Sin duda, ninguno de esos salarios hará ricos a quienes los perciban, porque es evidente que éstos han de seguir viviendo en el seno de la familia del proletariado. No quiero entrar en ese aspecto, repito, siempre y cuando —me conviene hacer esta salvedad— no se trate de poner cortapisas a las repercusiones de esos salarios, porque son, digo, parte del costo. Si se elevan los costos, los precios también se elevan. Lo que no tendría derecho a hacer S. S., después de la afirmación que estoy comentando para sumarme a ella, es desarrollar una política encaminada a la traba, al frenado en la repercusión lógica de esos aumentos en los precios. Me interesa comentar, y ahí es donde discrepo de S. S. y del Gobierno y de la política que ahora se sigue, lo relacionado con el rendimiento. No ha podido contradecir su señoría seria, fundamentalmente —permítame que se lo diga con todo respeto— las acusaciones que, con información minuciosa, casuística y prolija hacía el Sr. Cid respecto a la falta absoluta de garantía en el rendimiento de los obreros en las actuales faenas agrícolas. Son ya notorios, han corrido por toda España y los conocemos todos los españoles —por lo menos los aficionados a esas cuestiones, y ahora somos aficionados, creo yo, todos los españoles sensatos—; son notorios, repito, los casos den que los obreros, animados de un espíritu sectario, de lucha de clase, y no de un afán constructivo en el seno de la economía actual, están realizando un trabajo evidentemente inferior al que les fuera exigible dados los tipos de salarios. Esto es evidente, como lo es el hecho de que se ha incurrido en el error enorme, que el Sr. Cid subrayaba e impugnaba, de tratar de establecer una equiparación plena entre el trabajo agrícola y el de la ciudad. ¿De cuándo acá las leyes que rigen para los obreros de la industria son aplicables a las del campo? ¿No acabáis de ver cómo Francia, en pocos días, con una celeridad de la que podíais vosotros aprender un poco, pues que sois hermanos gemelos de Frente Popular, votó la ley de cuarenta horas, la de las vacaciones pagadas, la de contratos colectivos y ninguna de ellas es aplicable a los obreros del campo, sino que lo son única y exclusivamente a la industria, al comercio, a las profesiones, al artesanado? Y es que, como muy bien decía el señor Cid, no cabe equiparar ambos trabajos, pues en el invierno no se puede soñar con jornadas de ocho horas para el campo, cuando hay pueblos, sobre todo en la meseta castellana, en los que hiela durante las horas del día semanas enteras, sin que se pueda trabajar dos ni tres horas muchos días y, en cambio, llega una faena angustiosa, en momentos de recolección, en que no bastan las ocho horas, aunque hay que establecer algún medio de compensación que permita, naturalmente, dar al que ofrenda su trabajo, su sudor, su aportación muscular y personal, aquella retribución que es de toda justicia.

El problema, para mí fundamental, es, pues, el del rendimiento, y respecto a rendimiento se vive en el campo en la anarquía, porque no hay autoridad, ya que la autoridad patronal la habéis suprimido y la autoridad pública se inhibe muchas veces en manos de personas que no tienen la imparcialidad precisa para desarrollar aquella función de garantía que incumbe a los representantes del Poder público. Os habéis inhibido en muchas ocasiones y habéis destruido la autoridad patronal casi siempre. Muchas veces, me asomo a casos concretos de los que a centenares se me comunican —porque esta tribuna parlamentaria tiene como compensación de la amargura que en ocasiones proporciona, la de la información con que los que viven los problemas que tratamos se dirigen a los Diputados que los abordan—, y os puedo asegurar que no comprendo cómo en ocasiones es dirigida la fuerza obrera; porque, indudablemente, en un designio netamente revolucionario, al obrero le puede interesar el desmoronamiento de la autoridad patronal; pero aunque ese designio revolucionario exista, si se viste con el ropaje marxista no le puede interesar el desmoronamiento del principio de autoridad, pues la disciplina es necesaria en la economía burguesa como en la socialista, y se está negando ahora el principio de disciplina en una forma que, si pudieseis en estos momentos, dentro de unas semanas, implantar la economía socialista, tendríais que violentar con la más enorme y férrea de las dictaduras las ilusiones de vuestros propios amigos y hermanos de la clase proletaria del campo. (Rumores y protestas.—Un Sr Diputado: Gracias por el consejo.) No trato de dar consejos, y me libraría mucho de incurrir en semejante petulancia; pero lo que sí digo es que si en España se llegase a la instauración de una economía de tipo soviético, no regiría ni el 70 por 100 de las cláusulas que estáis imponiendo o que el Poder público está consagrando en la mayor parte de los contratos de trabajo, en el campo y en la ciudad. (Rumores.) Empezaríais por negar el derecho de huelga, alargar la jornada de trabajo y negar una porción de ventajas que se reconocen a los obreros en nuestra economía burguesa. (Rumores e interrupciones.)

En efecto, ahí Calvo Sotelo señala una de las mayores hipocresías del comunismo: defiende el derecho de huelga hasta que llega al poder, momento a partir del cual toda protesta laboral queda prohibida, y las condiciones laborales pasan a ser las que el gobierno estima necesarias, por muy duras que resulten.

Cuando escucho ciertas interrupciones, aun cuando sean hechas "sotto voce", lo que les quita ciertamente fuerza, porque indica poca convicción en quien las insinúa y bisbisea en vez de lanzarlas con toda arrogancia, no puedo menos que recordar lo que respecto de la necesidad de estructurar un material humano apto para la empresa marxista han expuesto infinidad de tratadistas y de panegiristas del marxismo, desde Vandervelde hasta Engels y desde Henri le Man hasta Labriola; en mis fichas tengo anotados treinta o cuarenta profesores, maestros y conductores de masas socialistas que se hartan de decir que la instauración del socialismo será una empresa de odios y de destrucción si previamente no se ha forjado un instrumento humano capaz de concebir una nueva civilización distinta de la burguesía, y vosotros ahora, aunque queráis otra cosa, estáis alimentando en las masas proletarias del campo una serie enorme de ensueños de tipo eminentemente burgués, pero irrealizables dentro del mismo régimen soviético o socialista. Por eso —y vuelvo al hilo de mi discurso, rogando me perdonéis este apartamiento pasajero—; por eso la falta de un rendimiento asegurado está provocando en la actual fase de la economía agraria, que es la que hay que considerar, prescindiendo de que en los anteriores años se hayan podido cometer estas o las otras torpezas, un doble fenómeno económico de descapitalización y social de proletarización que, a mi juicio, es pernicioso en todos los aspectos para la vida nacional.

Descapitalización, primero, porque se reduce a cero el valor en venta de una gran parte de la propiedad rústica de España, que no tiene compradores, pues en muchos casos no produce renta, sino déficit, y en otros casos, aunque produzca renta, vive bajo la inquietud y la hipoteca de las leyes más o menos sectarias y draconianas que aquí puedan elaborarse; una propiedad reducida a cero es una privación que al instrumental económico de la patria se le produce, sin beneficio para nadie, ni para el Tesoro, ni para el propietario, ni para el obrero, y con daño para el Fisco, pues ya veréis el efecto de esa descapitalización en la recaudación de los impuestos de Derechos reales y de Timbre, por no citar la contribución territorial, cuya baja es, a mi juicio, inevitable. Descapitalización porque, pese a lo que haya dicho el Sr. Ministro de Agricultura para paliar la impugnación que en esta materia le hacía el Sr. Cid, es lo cierto que está decreciendo la Cabaña española. El número de reses de la ganadería española está en baja; en algunos pueblos y comarcas extremeñas me han asegurado ganaderos de importancia que se puede calcular en un 30 por 100 la baja en el volumen numérico de reses con que habrán de recordarse en la historia estos cuatro meses de triunfo del Frente Popular. (El Sr. Mije: ¿No le han dicho que exportan mucho a Portugal?) La exportación a Portugal es como menos que imposible desde el punto de vista financiero; por el contrario, es sumamente fácil la importación de ganado portugués, que es uno de los peligros que la ganadería española viene denunciando y que el Gobierno hará muy bien en contener por cuantos medios tenga a su alcance. (Fuertes rumores.) Descapitalización, porque el propietario, fundado sobre el ahorro o fundado sobre el crédito, ve que se agotan el ahorro y que se esfuman sus posibilidades crediticias, preparándose con ello un instante de crisis de Tesorería, que no permitirá financiar de ningún modo la empresa agrícola en esa época del año a que se refería el Sr. Madariaga, en el próximo mes de octubre.

Que hablen los representantes de Cataluña, que están aquí, y que nos digan si es cierto o no que la mayor parte de los viajantes de la industria catalana, que han vuelto ahora de su viaje estacional de compras por el resto de España, acusan la suspensión casi fulminante de pedidos, especialmente en las regiones extremeña, andaluza y castellana. (Rumores.) ¿Cómo explicar este fenómeno? Porque es evidente que con los alojamientos y con las nuevas bases de trabajo ha aumentado la capacidad de compra de los obreros andaluces, castellanos y extremeños. (El Sr. Mije: No los pagáis.) En 1931-32 hubo una mejora de salarios, que provocó una mejora paralela en la capacidad de compra, y esto lo notaron los fabricantes catalanes, entonces, con un aumento en el consumo interior; ahora no se registra este fenómeno, que entonces fue efecto, a pesar de que se registra el otro, que había sido causa. ¿Sabéis por qué? No creo que puedan darse más de dos explicaciones: o que estos obreros están percatados de que es transitorio el auge, el incremento en sus retribuciones y, por consiguiente, no quieren gastar todo lo que reciben, para ahorrar y hacer frente a fases venideras más difíciles de su vida, o que los comerciantes, percatados de esta misma verdad, prefieren vender, realizar los "stocks" que poseen, absteniéndose de hacer nuevos pedidos. (El Sr. Galarza: O por otra razón; por las deudas que tienen por no haber percibido jornales durante dos años, teniendo que pagar ahora con lo que están cobrando.— El Sr. Ministro de Trabajo: O por otra razón; porque aún la repercusión no ha tenido lugar.) ¿Que no ha tenido lugar la repercusión? (El Sr. Ministro de Trabajo: Aún no han cobrado nada los obreros y no ha repercutido. Estamos iniciando el verano y la repercusión necesita más tiempo.) Pero, perdone el Sr. Ministro, la repercusión del fenómeno económico social es tangible, ¿qué duda cabe? Se ha producido ya en las economías familiares de los jornaleros alojados, de los asentados, de los que trabajan ahora y no trabajaban antes del 16 de febrero. ¿En qué quedamos? ¿Es que se han verificado los alojamientos o no? ¿Es que se trabaja o no en laboreo forzoso? ¿Es que se han producido 80.000 asentamientos o no? Porque si esos fenómenos existen, es evidente que la capacidad de compra ha nacido ya, y la capacidad de compra producida por los jornales actúa en los centros de venta inmediatamente (no es como la capacidad de ahorro); presiona inmediatamente, bruscamente, los centros de venta. (El Sr. Ministro de Trabajo: Estoy de acuerdo, pero dentro de dos meses vamos a hablar de eso.) Yo no quiero actuar de profeta y me limito a considerar los hechos consumados. El caso es que esto —y me interesa mucho la salvedad— afecta a la gran propiedad, que vosotros queréis estructurar en vuestra política con medidas jurídicas. Esto afecta a la media y pequeña propiedad; afecta a la pequeña burguesía rural; afecta a los arrendatarios, a esa clase social merecedora de toda clase de protección el Estado, según decía el Sr. Ministro de Agricultura, aunque su política no haga juego con semejante frase.

La prueba de la situación en que se encuentran los arrendatarios agrícolas nos la suministra este documento oficial que las Asociaciones de Arrendatarios de Córdoba han dirigido al Gobierno, en el cual, con frases verdaderamente emocionadas, piden al Gobierno una medida enérgica que les permita salir del atolladero formidable en que se ven situados. Leeré nada más que dos párrafos: "Saben perfectamente —dice— los que firman, que a este Gobierno de su digna presidencia no puede caberle duda de la ideología política de estas agrupaciones, compuestas en su mayoría de verdaderos trabajadores, que sin ayuda de nadie y en tiempo de la mayor opresión supieron emanciparse del esclavo jornal, llegando algunos con su esfuerzo personal y del de sus mujeres, sacrificando la educación de sus hijos, a reunir capitales más o menos grandes, que ostentan con tanto orgullo como su entusiasmo por la prosperidad de la República. Pues bien, Excmo. Sr.: estos hombres, que sin ayuda oficial alguna, fueron capaces de crear y sostener la actual riqueza agrícola; estos hombres, tan acostumbrados a luchar (siempre con desventaja) contra propietarios, especuladores, contra especuladores de los productos, contra la usura y contra los mismos reveses de la Naturaleza, hoy se encuentran anonadados como peleles inútiles por el pánico, sin pizca de energía, por haber adquirido la completa seguridad de que sus intereses, logrados a fuerza de sudor, habrán de quedar completamente arruinados en el plazo que media hasta el 29 de septiembre actual, fecha en que termina el año agrícola en curso." Y sigue la exposición, cuyo final es, sencillamente, pedir al Gobierno una ley que perita dar por cancelados estos contratos de arrendamiento, petición que formulan también los arrendatarios de la provincia de Málaga.

¿En qué puede fundarse esta petición, nacida de clases modestas emancipadas del jornal, sino en la insostenible situación económica creada a la agricultura? Indudablemente, no hay otra razón. Y esto me convence a mí de que esa gravedad atañe a la propiedad agrícola en todas sus manifestaciones y grados, incluso a la propiedad de mañana, que así puede considerarse a los arrendatarios de hoy. No estamos, pues, ante un problema de alta burguesía, de gran propiedad; es, sencillamente, un problema de subsistencia de la sociedad española, porque si llegamos así al mes de octubre, como todos los elementos de juicio que tenemos a nuestro alcance permiten conjeturar, es indudable que España sufrirá un colapso formidable. Muchos propietarios no tendrán dinero para la siembra. Yo no he hablado más que con un gran terrateniente y, en cambio, he recibido en mi casa Comisiones numerosas de propietarios de cinco o seis provincias, todos ellos pequeños propietarios, hombres trajeados mucho más modestamente que la mayor parte de los Diputados de esta Cámara, hombres que viven con utilidades de 4.000 o 6.000 pesetas al año, que han consagrado toda su actividad, todo su esfuerzo y el sudor de su trabajo a crear un pequeño patrimonio o a mejorar un patrimonio insignificante, mínimo, heredado; no son terratenientes, no son ricos burgueses en el sentido peyorativo en que vosotros usáis el vocablo, y todos me decían lo mismo: "No puedo vivir, Sr. Calvo Sotelo; no tengo dinero; llevo dos meses fuera del pueblo; no puedo volver a él, porque allí me meten en la cárcel o me pegan una paliza, y ya no tengo dinero con que vivir en Madrid." Así hay millares de pequeños propietarios. ¿Quién dice que esto es un interés de la alta burguesía, un interés de clase, como ha dicho S. S. esta tarde? Éste es un interés natural y humano que afecta a la entraña misma de la sociedad española, que morirá cuando muera esa magnífica, robusta y sólida clase de la España rural que representa la ecuanimidad, el equilibrio, la ponderación, la continuidad, que personifica los más altos valores morales del trabajo, la salud, la virtud y hasta el derecho, la razón y la justicia. (Muy bien.—Aplausos.)

Frente a esto el Gobierno blasona de la legalización de 75.000 yunteros y de la creación de 100.000 asentados. Pues, Sr. Ministro de Agricultura, si el promedio de tierras de secano con que se obsequia a estos asentados y yunteros es, como parece por lo que ha dicho S. S. en nota reciente, de cinco hectáreas para los primeros y de dos y media para los segundos, yo le puedo decir a S. S. que o crea parásitos privilegiados o crea miserables en el sentido económico. ¿Van a trabajar en las mismas condiciones que los demás propietarios cultivadores de secano de la agricultura española? Pues trabajarán con pérdida, y no podrán resistir los avatares de la lucha. ¿Les vais a dar facilidades, franquicias excepcionales; les vais a permitir que utilicen máquinas, que den ocupación a las mujeres, a los menores de diecisiete años? ¿Les vais a favorecer con subsidios estatales, con créditos en especie o en dinero? Entonces sí podrán resistir la resaca de esta fase deficitaria y de crisis de la vida agrícola española; pero, Sr. Ministro de Agricultura, entonces serán unos parásitos privilegiados. ¿Se trata de suprimir unos privilegiados para crear otros? Esa será una agricultura de biberón; eso convertirá al Instituto de Reforma Agraria en un rodrigón, en una nodriza, en un asilo de beneficencia, nunca en el promotor de una magnífica resurrección de la agricultura española.

En resumen, estamos asistiendo a un fenómeno de descapitalización, por un lado, y por el otro de proletarización, resultante de vuestra política reflejada en la conducta. Porque, ¿qué me importan los proyectos de ley frente a los actos de un Gobierno, cuando esos actos de Gobierno demuestran que no cree en esas leyes y que no es capaz de imponerlas? ¿Qué me importa, señor Ministro de Trabajo, que S. S. proclame un día y otro su fe en los Jurados mixtos, si los Jurados mixtos son desacatados pública, ostensible y solemnemente por uno de los núcleos organizados del proletariado español, por la C.N.T.? (Rumores y protestas.—Un Sr. Diputado: Y por los patronos.)

Sus señorías afirman a veces propósitos nobles y levantados; en su intención lo son siempre, claro es, y además, en algunos detalles pueden parecerlo a muchos españoles; pero esos propósitos se frustran ante la realidad que SS. SS. están protegiendo. Hace pocos días me dijo un agricultor una cosa que, a mi juicio, sintetiza maravillosamente, con elocuencia extraordinaria, la situación que se está formando. Me dijo: "Se va a pasar de los salarios de hambre al hambre de jornales". En efecto, en octubre habrá en España hambre de jornales, sobre los 800.000 parados de que hablan las estadísticas. ¿Cómo va a remediar eso el Gobierno? ¿Con qué recursos?

Y no quiero decir nada más. Quiero, sí, concluir con unas palabras que definen nuestra posición política dentro del problema agrario en su ensambladura con todos los demás problemas políticos, estatales o nacionales. Que la agricultura vive en una penuria gigantesca está claro, está fuera de toda duda, por las razones económicas ya apuntadas y por los motivos o razones políticos también señalados, porque hoy en el campo no hay seguridad material ni personal. Falta la material por las multas abusivas, los embargos indebidos, las sustracciones de reses y de mieses; falta seguridad personal por los asesinatos, a veces por las flagelaciones, por las persecuciones los encarcelamientos, los destierros que se imponen sin motivo ni razón a infinidad de cultivadores, grandes, chicos y medios, más chicos y medios porque los grandes tienen recursos para eludir esos peligros. Un campo sin seguridad, sin orden, no puede vivir. El campo llora hoy. Según el Sr. Casares Quiroga, la ciudad ríe, pero no reirá mucho tiempo si el campo sigue llorando. (Muy bien. Aplausos.)

Tras haber expuesto su punto de vista sobre el tema tratado, Calvo Sotelo orienta gradualmente su discurso hacia su particular Delenda Carthago: el desprestigio del gobierno y el peligro de que los comunistas conviertan a España en un Estado soviético:

El campo tiene problemas que son superiores al Estado liberal democrático parlamentario. Ésta es la única verdad. Ya lo dije: en 1935, cinco Ministros de Agricultura; en los cuatro últimos años, no sé cuántos habrán sido. No le podéis ofrecer la visión imparcial y superclasista de un interés económico nacional, porque vais a la deriva, contra vuestra voluntad —lo reconozco—, pero eso no es una eximente, aunque pueda atenuar vuestra responsabilidad; que vais a la deriva se corrobora en todos los momentos de vuestra actuación política; en la misma tarde de hoy, con las dificultades, trabas y estorbos opuestos a que esta interpelación se iniciara a la hora en que se había convenido entre el Sr. Presidente de la Cámara, el Sr. Cid y las representaciones de las minorías de la oposición. Vais a la deriva y por eso estáis obligados fatalmente a ser servidores de un interés proselitista y sindical (no digo de clases, porque muchas veces las organizaciones sindicales obreras actúan contra el interés de la misma clase), que es el que os dirige, el que traza las rutas, el que marca las trayectorias. ¡Y qué trayectorias! Todavía no hace cuarenta y tantas horas una alta autoridad de esta Cámara renovaba sus votos por el frente popular y de fe a su política, diciendo que no hay Gobierno posible más que el del Frente Popular; todavía hace pocos días en ese banco azul se profesaba esa misma teoría, rodeada de toda clase de incienso a las fuerzas marxistas que forman parte del Frente Popular, y se decía que este Gobierno viene a representar un usufructo o a extraer —para no emplear la palabra usufructo, que es un tanto materialista— las consecuencias jurídico-económicas de la revolución de octubre. ¡Y qué manera de encenagarse en el eufemismo! Porque lo que fue la revolución de octubre ya se ha dicho con autoridad suprema. Un periódico de Asturias, "Avance", que engendró doctrinalmente, ideológicamente, la revolución y acaba de reaparecer, previo el otorgamiento por el Estado de un subsidio de cerca de un millón de pesetas, abonado por la Junta de Socorros creada en la provincia de Oviedo... (El Sr. Tomás Álvarez: Eso es una falsedad.) ¿Es que la Junta de Socorros de Asturias no ha concedido una cantidad para rehacer el edificio de "Avance"? (El Sr. Tomás Álvarez: ¿Es que no destruisteis vosotros a "Avance"? Protestas.—El Sr. Aza: Ya de discutirá.)

El Sr. PRESIDENTE: Siéntese el Sr. Aza y no diga nada.

El Sr. CALVO SOTELO: Este periódico, en su primer número, después del ostracismo en que vivió a partir de la revolución de octubre, dice esto: "El proletariado asturiano se alzó en armas en octubre de 1934 para derribar en unión de sus hermanos de clase de toda España el gobierno capitalista y sustituirlo por el poder de los trabajadores, no para sustituir un gobierno republicano por otro gobierno republicano. Quien diga lo contrario no dice la verdad, ya por confusión que él padezca, ya porque quiere sembrarla. De ahí que los periódicos y gentes colaboradoras de esa democracia presenten el octubre asturiano casi como una arrebatada declaración de amor a las izquierdas de la República. Es natural que ellos lo digan, pero también lo es que nosotros les contestemos que mienten."

El hecho de que la revolución de octubre, fuera, en efecto, un intento de implantar el comunismo en España y que los socialistas y comunistas la presentaran ahora como una revolución heroica, disimulando sus fines, e incluso los republicanos no la condenaran incidiendo en la necesidad de reparar la cruel represión de que fue objeto, era el principal punto débil del Frente Popular, el que lo deslegitimaba, pese a la justicia de sus denuncias sociales, y el eje en el que se apoyaba invariablemente Calvo Sotelo en su labor de convencer a buena parte de la opinión pública de que el uso de la fuerza era legítimo a la hora de derribar un gobierno que estaba (pese a la ingenuidad de los republicanos) sentando las bases de una nueva revolución comunista.

Eso fue la revolución de octubre: un intento de implantar el comunismo, no sé si libertario o autoritario, eso lo habrían dicho los hechos después, y, por consiguiente, un gobierno burgués que está dominado e impulsado por las fuerzas que se sientan en esos bancos (señalando los ocupados por las minorías socialista y comunista), cualesquiera que sean sus intenciones respecto a la política económica y social que corresponde a España, tendrá que fracasar.

Por eso, los agricultores españoles, no los grandes, pues hay que tener en cuenta que España en esta materia no es un país en que se registra aquel fenómeno de proletarización de las masas que anunció Marx, equivocándose lamentablemente, como en otras cosas, porque en ningún país del mundo, pero en España tampoco, se produce esa evolución... (Rumores.) Quiero dejar puntualizado este extremo, vistas vuestras exclamaciones. Marx anunció el crecimiento progresivo del proletariado en su volumen numérico hasta que llegase un instante en que todos los instrumentos de la producción estuvieran acaparados por una sola persona. Entonces, si antes no se hubiera producido la revolución socialista, sería facilísima la expropiación de los expropiadores. Pero la realidad acredita en todo el mundo que ha llegado un instante, con el desarrollo del maquinismo, hace unos cuantos años (¿Cuántos? Quince, veinte, no lo sé) en que se ha detenido el crecimiento del volumen numérico del proletariado y en cambio aumentan considerablemente las nuevas clases medias de que habla Henri de Man, comparándolas con las antiguas, para decir que así como aquéllas eran liberales en lo político y autoritarias en lo económico, éstas son liberales en lo económico y autoritarias en lo político.

Aquí está insinuando lo que a continuación dirá abiertamente: que las nuevas clases medias se están volviendo fascistas.

Es, pues, un hecho universal el crecimiento de la clase media, y el que no lo entienda así, es porque quiere cerrar los ojos a la evidencia llevado por su sectarismo... (Grandes rumores y protestas.) ¿Es que acaso en España no hay menos gran propiedad que hace treinta años? Hay menos concentración de fortuna en pocas manos, porque incluso las acciones de las Sociedades anónimas han servido de poderoso instrumento de difusión y de división de la riqueza en mayor número de partícipes. El volumen de las clases medias crece en todas partes, y por eso se han producido las revoluciones fascistas, reacción instintiva de esas clases medias contra el intento de... (El Sr. Muñoz de Zafra y otros Sres. Diputados pronuncian palabras que no se perciben.—Grandes rumores y protestas.—El Sr. Presidente agita la campanilla reclamando orden.)

Ésta es la raíz de la revolución fascista: la reacción de las clases medias, que no se resignan a ser proletarizadas como lo están todos los habitantes de Rusia; de Rusia, que es un régimen de socialismo contra el salariado y, sin embargo, ha concluido imponiendo un salariado uniforme y raquítico, del que reniegan todos los obreros conscientes... (Rumores.—La Sra. Álvarez Resano pronuncia palabras que no se perciben.)

Bueno fuera que aquí, donde hay que suponer un mínimo de libre discernimiento, tuvierais derecho a imponernos con griterío y voces el acatamiento a esas irreales fantasmagorías económico-sociales soviéticas que vosotros presentáis ante vuestro público pazguato. (Grandes rumores e interrupciones.) ¿No estamos hablando de la agricultura y del trigo? Pues oíd esto y ved cómo Rusia trata a los cultivadores y al trigo. Hace unos cuantos días he leído el presupuesto ruso para 1936. Sus ingresos son de 76.000 millones de rublos; de ellos 63.000 provienen de las imposiciones indirectas. Las directas, incluyendo entre ellas Aduanas, no van a dar más que 14 o 15 mil millones. De esos 63.000 millones, la mayor parte, 43.000 millones, las dos terceras partes, los va a dar la agricultura, y de esos 43.000 millones, 21.000 millones, más de la cuarta parte del presupuesto ruso de ingresos, los da el trigo. ¿Cómo? Comprando el gobierno ruto el trigo a precios irrisorios a los cultivadores y vendiendo luego el pan a precios elevadísimos al resto de la nación. (Grandes y prolongados rumores.) ¡Explotación, farsa, crimen! (Nuevas interrupciones.)

Por fortuna, señores —no os indignéis mucho—, no tendréis ocasión de ensayar vuestras especulaciones absurdas. (Protestas.) ¡No os dejaremos!... (Aplausos.) ¡No os dejaremos!...

El Sr. PRESIDENTE: Señor Calvo Sotelo...

El Sr. CALVO SOTELO: Ya voy a terminar, rogando a todos que escuchen la lectura de un párrafo que es instructivo. Se trata de un trabajo presentado a la Conferencia Internacional de Economía Agraria, celebrada en Bad Eilsen, en 1934. En él se hace una descripción de la situación del campo en Italia, en 1920. Ésta era: "La agricultura partía de un desorden inaudito de muchos años y de la guerra social que había tocado intensivamente a muchas de las más ricas comarcas agrícolas de Italia. Durante el año 1920 hubo 189 huelgas agrarias, en las cuales participaron un millón de huelguistas, las invasiones en las tierras que no se impedían, las contribuciones comunales destinadas abiertamente por la Administración socialista a la confiscación de la propiedad, una política manteniendo los precios de los productos alimenticios por debajo del nivel general de los precios, la revolución monetaria y la imposibilidad de toda previsión seria en la organización de la producción, transferencias de tierras de propietarios empobrecidos y entregadas a los especuladores y obreros no capacitados para dirigir la explotación agraria. Las clases rurales, consternadas y atontadas por las continuas intervenciones del Estado, que no tenían por objeto los fines superiores de la nación, respondiendo únicamente a las reclamaciones parlamentarias del momento, a las pequeñas combinaciones y a los compromisos de las fuerzas sociales en lucha entre ellas y con el Estado, o no respondiendo, por lo menos, a las necesidades urgentes del momento, sedientas, más que ninguna otra clase, del orden, del trabajo productivo, de la autoridad, de la obediencia, habían dado en los años 1920-22 una amplia contribución al movimiento fascista. Antes la burguesía agrícola, en grandes masas se paisanos, había participado en este movimiento, particularmente pequeños propietarios, cansados de la tiranía de los jefes socialistas y adversarios de la socialización de la tierra y de la proletarización que aquéllos anhelaban. En el año 1922, más de un tercio de los miembros inscritos en el partido fascista estaba formado por miembros rurales. En los Sindicatos, dos terceras partes eran rurales."

Ésta era la situación de Italia en 1920. ¡Parece un reflejo exacto de la situación del campo español de 1936! Pues bien: yo digo a los agricultores españoles, especialmente a la pequeña y media burguesía rural, y a los arrendatarios, y a los cultivadores de la tierra, que hoy ven ensombrecido su horizonte por falta absoluta de fijeza en la situación presente y de seguridad en la situación del porvenir; yo les digo que su remedio no está en este Parlamento, ni en otro que como éste se elija, ni en el Gobierno actual, ni en otro Gobierno que el Frente Popular forjase, ni en el Frente Popular mismo, ni en los partidos políticos... (Un Sr. Diputado: Está en la República.) ni en los partidos políticos, que son cofradías cloróticas de contertulios; está... (Interrupciones que impiden oír al orador.) Me habéis de oír. (El Sr. Bilbao pronuncia palabras que no se perciben.)

El Sr. PRESIDENTE: Señor Bilbao, aplaque S. S. esos ardores.

El Sr. BILBAO: Pero ¿es que no se ve que está haciendo la apología del fascismo?

Crescenciano Bilbao era diputado por el partido socialista. Cierto es que a cualquier demócrata le debería escandalizar una apología del fascismo como algo inaceptable, pero no podían decir lo mismo sin caer en la hipocresía quienes no dudaban en aprovechar cualquier ocasión para hacer apología del comunismo, que, desde un punto de vista ético, es esencialmente lo mismo que el fascismo y, desde un punto de vista económico y social, mucho peor, tanto en su teoría más pura como en sus manifestaciones prácticas conocidas.

El Sr. CALVO SOTELO: Tengo derecho... (Protestas e increpaciones.)

Yo les digo a los agricultores españoles que la solución de sus problemas se logrará en un Estado corporativo que... (Nuevas y tumultuosas interrupciones impiden oír al orador.)

El Sr. PRESIDENTE: ¡Orden, orden! ¡Sr. Calvo Sotelo, Sr. Calvo Sotelo!...

El Sr. CALVO SOTELO: He terminado, señor Presidente. (Fuertes aplausos en las derechas.)

El Sr. PRESIDENTE: Si esos aplausos al señor Calvo Sotelo quieren significar que el momento en que han de terminarse los discursos en la Cámara corresponde señalarlo a SS. SS., de esos aplausos se tendrán SS. SS. que arrepentir inmediatamente que recapaciten sobre la forma en que se producen.

El Sr. AZA: ¡Son un homenaje a su talento! (Grandes rumores, protestas y contraprotestas.—Muchos Sres. Diputados de la mayoría abandonan sus escaños, dirigiéndose a los ocupados por las minorías de extrema derecha.)

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Aza: salga S. S. Ahora mismo, inmediatamente. (El Sr. Aza abandona el salón.—Continúan los rumores.) —¡Orden, Sres. Diputados! Proceda cada uno a ocupar su asiento.

Bernardo Aza era diputado por la CEDA. El diario ABC relató así al día siguiente lo sucedido en ese instante: Los diputados de la mayoría, puestos en pie, saltan al hemiciclo y pretender agredir al Sr. Aza. Los secretarios se interponen y lo evitan. El presidente da fuertes campanillazos, y en medio del griterío ensordecedor ordena la expulsión del salón del señor Aza. Este se resiste al principio, pero sus propios compañeros le invitan a que salga. Así lo hace. Ello encalma la actitud de socialistas y comunistas, que pasan a sus escaños. Acto seguido intervino José María Gil Robles que protestó por la expulsión de Bernardo Aza. Martínez Barrio amenazó con abandonar la presidencia y Gil Robles amenazó con que la derecha abandonaría el Parlamento. No obstante, ambos presentaron sus posturas con comedimiento y finalmente hicieron las paces, Bernardo Aza pudo regresar a su escaño y el debate prosiguió. Omitimos las intervenciones siguientes, pero, para ser equitativos, presentamos al menos las intervenciones del socialista Ángel Galarza (diputado por Zamora), y la del comunista Antonio Mije, que se produjeron después de varias otras.

El Sr. GALARZA: Señores Diputados, aun cuando no poseo una dilatada experiencia parlamentaria, sí la suficiente para comprender que no tengo derecho siquiera a utilizar en mi intervención todo aquel tiempo que el Reglamento concede a los que toman parte en estas interpelaciones, y no lo tengo, aparte de la hora que el reloj señala y del cansancio indudable de la Cámara, porque en nombre de esta minoría ha intervenido, de manera elocuente y acertada, mi camarada el Diputado Sr. Zabalza. Yo intervengo con autorización de la minoría socialista, porque si no, no podría hacerlo, pero en cumplimiento de un deber, y estoy seguro, Sres. Diputados, de que cuando os exponga cuál es, comprenderéis que tengo razón para alegarlo.

No hace cuarenta y ocho horas, en la capital de la provincia que representamos, entre otros señores, el Sr. Cid y yo, se comentaba el anuncio de esta interpelación, y personas que no sé, ni me importa, si eran electores suyos o míos, pero que sí sé que eran campesinos, me pedían que yo no dejara de intervenir en esta interpelación anunciada, iniciada y planteada por el Sr. Cid; porque estos campesinos de aquella región estimaban asombroso, verdaderamente asombroso, que un Diputado agrario en las Cortes del Frente Popular, y más con la jerarquía y la significación política del Diputado agrario que es jefe de su minoría, se levantara a hablar de los problemas del campo. Decían ellos —y yo casi voy a reproducir sus palabras y después me voy a sentar— que era verdaderamente asombroso que un partido que con el título de agrario pidió los votos a los campesinos españoles en el año 1933, y que ha realizado una política de persecución del agricultor español, de persecución del agricultor castellano especialmente, venga a plantear al Parlamento del Frente Popular el problema del campo para hablarnos de la anarquía del campo. Y decía rudamente uno de estos labriegos, quizá analfabeto: "Ya me gustaría a mí poder hablar a los Sres. Diputados para decir a unos y a otros esto: ¿Es que las derechas creen que el único modo de que no se puede hablar de anarquía en el campo consiste en mantener la miseria del campesino con la Guardia Civil al lado de los grandes terratenientes, de los grandes propietarios del campo? Porque cuando la fuerza pública no está al servicio de ellos —decía este campesino—, sino que adopta una actitud neutral en nuestras luchas, para las derechas hay anarquía en el campo, y, en cambio, para los agrarios no existía anarquía en el campo en los años 34 y 35, en los cuales no se cumplió en nuestra provincia —y lo mismo ocurrió en todas las de España— ni una sola de las bases de trabajo que estaban entonces en vigor, ni la de la jornada." No ya de sol a sol trabajaban los campesinos cuando tenían ocupación, sino que la hora de iniciar el trabajo era antes de que se hiciera de día, y la hora de dejarlo no la hallaban nunca, porque aquellos que en el campo tenían una jerarquía de especialización, como los mayorales, se encontraban con que habiendo salido de la casa antes de aparecer el sol, volvían a ella cuando el sol se había puesto, y todavía tenían que limpiar y dar pienso al ganado. y aquellos hombres, a los cuales no se les daba el jornal de las bases y que estaban en internado, tenían como lugar destinado para dormir el mismo sitio donde estaba el ganado; en la cuadra dormían, sin cama, sobre el estiércol. Y ellos dicen: ¿Es que es admisible una economía agraria que está fundada en la vileza de que haya miles o millones de hombres que tienen que dormir en la cuadra sobre el estiércol, a los cuales no se les da el jornal que se ha pactado, a quienes no se les concede descanso, para los que no hay horas de trabajo, porque son buenas todas las horas que convienen al patrono, con el pretexto de que en la agricultura no puede haber turnos? Y estos hombres se consideran afortunados —y esto es todavía más trágico— cuando han encontrado trabajo en época de verano, sin que durante ella puedan descansar ninguna noche más de dos o tres horas durante sesenta días. Y ¿para qué jornal? Para un jornal que se inicia en la siguiente forma:

Este año, en que vosotros decís que hay anarquía en el campo, anteayer, fecha de San Pedro en la capital de provincia que representamos el Sr. Cid y yo, no se ha dado el espectáculo de los años 34 y 35, en que a la plaza Mayor acudían a centenares los campesinos, con cara de hambre, famélicos, y como si fuera el mercado de ganados, siendo hombres, se ponían bajo los soportales de la plaza a esperar que llegase el patrono del campo, que los miraba, como en el mercado se mira la oveja, la vaca, el buey o la mula, de arriba abajo; los observaba, se fijaba en su edad, en su fortaleza y después los apartaba, como se aparta la pareja o la yunta que ha caído bien a quien la va a comprar, y se les decía: "Por el verano —por lo que ellos llaman verano—, cincuenta duros, sesenta duros, cuando más, setenta duros". E iban a trabajar aquellos hombres durante un término medio de sesenta días en esas condiciones, sin jornada, sin habitación donde dormir, ¡Por setenta duros! Y decían ellos: "Pero ¿cómo es posible que los agrarios, que toleraron esto, que permitieron esto, que consintieron esto sin levantarse en las Cortes anteriores, se levanten en las Cortes del Frente Popular a decir que hay anarquía en el campo? ¿Es que no es anarquía y desorden la miseria del campesinado?" Porque, además, Sres. Diputados, se habla aquí de jornales y de jornales de 10 y de 11 pesetas, de 12 ha hablado hoy el Sr. Cid, y quienes no conocen (no me refiero a los señores Diputados, sino a quienes escuchan o leen las discusiones del Parlamento), quienes no conocen nada más que las calles de la ciudad, las terrazas de los cafés, quienes o han hecho más que vida de población, dirán: "¿Cómo, jornales en el campo de 8, de 10, de 11 o de 12 pesetas? ¿De qué se quejan?" Pero ¿cuántos jornales recibe el campesino? De 10, de 11 o de 12 pesetas, en el año 34 y 35, ninguno, absolutamente ninguno, ni los obreros especializados. Los recibirán este año si se cumplen las bases de trabajo; pero ¿por cuánto tiempo? Por sesenta días, que este año, por el estado de la cosecha, probablemente no llegará a sesenta días y quedará en cincuenta; y el resto del año ¿reciben jornales todos los días? No. Hay un cálculo que dice que por término medio un trabajador del campo sólo percibe al año 180 jornales, es decir, la mitad de los días del año. ¿Y cómo pagabais vosotros, cómo pagaban esos electores de S. S., Sr. Cid, durante los años 34 y 35 esos jornales? ¡Ah! Pues yo no he hablado por hablar, no vengo a emplear un tópico; vengo a traeros el conocimiento adquirido en la experiencia de un modesto despacho, tan modesto que cuando vosotros reformasteis la ley de Jurados mixtos y se autorizó a los abogados para poder acudir ante ellos, ante ellos he acudido repetidas veces a pedir, a lo que quedaba de Jurados mixtos, diferencias de jornales en nombre de obreros campesinos. Y ¿sabéis qué jornales habían recibido en lugar de las cuatro pesetas de jornal que figuraba en las bases de mi provincia? Jornales de cinco reales, de seis reales, cuanto más de dos pesetas. ¿Sabéis, Sres. Diputados, qué dolor, qué vergüenza me producía a mí, como ciudadano español, al hacer alegaciones en petición de esa diferencia de jornales, ver cómo se defendían los patronos, sin negar que ésos eran los jornales que pagaban, pero negándose a abonar la diferencia hasta las cuatro pesetas de jornal que se les exigía?

Recuerdo el caso de un patrono que reconocía que al obrero que había tenido durante cuatro meses le había abonado seis reales de jornal; en esta época en que están de moda las insignias, el patrono llevaba una en la solapa; yo no sé si pertenecía o no a algún partido político; lo único que sé es que aquella insignia que llevaba en la solapa era una cruz; y aquel hombre con la insignia de la cruz en la solapa, dijo esto ante el Presidente del Jurado mixto: "Es verdad; le he dado seis reales; pero además le daba todos los días un cacho de pan y un cacho de tocino. ¿Es que tiene derecho el obrero a comer más que pan y tocino?" ¿Creéis que esta realidad del campo español no tiene que producir cólera, indignación, arrebato en el campesinado español? Pero no eran sólo los puramente jornaleros los que me hablaban de esto y los que me pedían que interviniera, porque en la provincia que yo represento, como ocurre en muchas de las que vosotros representáis, se da el caso de que el jornalero es muchas veces también un modestísimo colono e incluso un modesto propietario, que con su pequeñísima propiedad o con su pequeñísimo pedazo de terreno como colono, no puede sacar para su economía privada más que un 20 o un 30 por 100 de lo que necesita para vivir, y en determinadas épocas del año se convierte en un jornalero. Y me decían estos jornaleros y a la par verdaderos agricultores: "Pero ¿cómo es posible que planteen los agrarios este problema en el Parlamento del Frente Popular, cuando nos han tenido durante el año 35 convertidos en algo tan absurdo como en contrabandistas de nuestros propios productos?" Porque en contrabandistas convertisteis vosotros a los agricultores al ponerles una serie de trabas para la venta de los productos del campo, y los mismos productores tenían que esperar la noche para cargar los sacos de trigo en el carro o en la caballería y, burlando los tricornios de la Guardia civil por las carreteras, tenían que ir a las fábricas de harinas a vender el trigo a como se lo querían pagar, porque les era indispensable el dinero para poder vivir.

Vosotros, agrarios, que gobernasteis llamándoos populares o no, pero sin ser populares en el campo, después de haber gobernado, no os podéis fundar en el campesinado español para hablar aquí. Vuestros electores y vuestros amigos del campo son otros. Si yo leyera aquí la relación de  quienes forman en mi provincia el partido agrario, nos encontraríamos con los nombres de casi todos los harineros, que son los principales enemigos de los productores de trigo, que son los que han burlado el precio de la tasa del trigo a todos los infelices campesinos, y nos encontraríamos en esa lista con los nombres de los más feroces usureros, que son los que se alarman ahora porque la tierra no tiene en estas circunstancias un valor mercantil, porque ellos se van apoderando de la tierra del pobre labriego con préstamos verdaderamente vergonzosos. Ahí, en esos bancos, hay un Diputado de derechas (que no sé si me escucha, pero que creo que sí me oye) que conoce bien este problema vergonzoso de la usura en la provincia en que ha nacido, aunque no sea la provincia que representa en Cortes. Allí, Sres. Diputados, los que figuran en política como agrarios, en los diferentes partidos judiciales de la provincia de Zamora, son los que llevan a los estancos, impresos ya, los contratos usurarios, para que, a pesar de haberlos impreso ellos, tenga que pagar hasta ese gasto el pobre a quien van a prestar dinero. Y tiene que ir el infeliz labriego (y dice que sí el Diputado a quien he aludido) a comprar aquel impreso, que es siempre un contrato de compraventa con pacto de retro y en el cual se estipula siempre lo siguiente: el labriego lleva sus títulos de propiedad de unos pedazos de tierra que pueden valer dos, tres, cuatro, cinco mil pesetas, y se le prestan 300, 400, 500 o 1.000, nunca más de la quinta parte del valor de aquello que ofrece en venta. Se firma el contrato de venta como si se hubiera comprado la totalidad de los bienes del labriego, y se le dice a éste: "Si en el plazo de cuatro o de cinco años quieres volver a comprar esto —si se le han prestado mil pesetas—, me has de entregar 2.200, o 3.000 pesetas." Y, además, se hace a la vez un contrato de arrendamiento, porque como la compraventa parece que se ha perfeccionado, se dice: "Yo te he comprado esto —cuando lo que se ha hecho ha sido un préstamo— y soy el propietario de estas tierras, las cuales te arriendo, y tú me vas a pagar una renta, una merced todos los años de 200, de 300 pesetas." Y si algún año no se pagan los intereses usurarios, o no se devuelve aquella cantidad, el procedimiento es el siguiente: el que figura como propietario sin serlo, desahucia al que aparece como colono, siendo el verdadero propietario. En esta forma, Sres. Diputados, hay familia, claro que agraria, en la provincia de Zamora, que por un Registro de la Propiedad, en funciones el registrados de liquidador del impuesto de Derechos reales, ha pasado en un año —y si es necesario se traerán aquí las pruebas— tres mil escrituras de compraventa, lo cual supone probablemente la ruina de tres mil familias en un partido judicial de Castilla.

Vosotros sois los que os apoyáis en las fuerzas de estos usureros, que en las últimas elecciones —en las últimas, no hace falta ir más lejos— en algunos de los colegios electorales estaban en las mesas y tenían delante un montón de papeles. ¿Creéis que esos papeles eran candidaturas para repartir? No; eran los contratos de préstamo, y así, según iban entrando los electores, decía a cada uno el usurero: "Tú me debes tanto: el préstamo está vencido. Te doy una prórroga, pero vota esta candidatura." Y a mí me ha venido con las lágrimas en los ojos algún labriego y me ha dicho: "Desde el año 31 he venido perteneciendo, no al Partido Socialista, pero al radical-socialista y hoy a Izquierda Republicana; sin embargo, no he podido votar lo que son mis convicciones, porque cuando he entrado en el colegio electoral, el usurero me ha dicho: si no votas esta candidatura, esto mañana va al juzgado", y el ir aquello al Juzgado era desahuciarle de la tierra, era el hambre y la miseria  para todos los suyos. ¿En nombre de quién habláis de anarquía en el campo, si sois vosotros los verdaderos anarquistas del campo español? (Aplausos.)

En una réplica posterior, José María Cid calificó de "cuentos chinos" las historias sobre coacciones de caciques y usureros en Zamora. Alegó que los agrarios habían obtenido casi 90.000 votos, frente a los 30.000 de los socialistas, y que, a pesar de que al principio de la legislatura el Parlamento estuvo revisando numerosas reclamaciones sobre fraude electoral, la mayoría contra diputados de derecha, no hubo ni una sola en Zamora.

Se hablaba de que se habían elevado los salarios y rebajado el rendimiento. Es cierto: en las bases aprobadas en nuestra provincia los salarios se han elevado, cuando más, en una peseta, por regla general en 50 céntimos, y se ha rebajado el rendimiento en un celemín. Las bases que regían anteriormente exigían un rendimiento de nueve y medio celemines; las aprobadas este año, ocho y medio celemines. ¿Por qué? Lo decía perfectamente mi compañero el Sr. Zabalza: porque este año es imposible dar un rendimiento alto, pues, por lo que sea, por la pertinencia de las lluvias, por la avaricia de algunos patronos, no se han realizado las labores de limpia en los trigales ni en las cebadas, y el obrero que va con la hoz se encuentra con que no es sólo la caña de la espiga la que tiene que cortar, sino también hierbas y cardos, y esto le impide dar un rendimiento alto. Por eso ellos se oponen a la fijación del rendimiento, a pesar de lo cual, contra su voluntad, se establece ese rendimiento, aunque menor que el del año pasado, rendimiento que no podrán dar. Además, ¿por qué se exige en el campo lo que no se exige en ninguna clase de obra? En otras obras, incluso en algunas labores del campo, no se exige rendimiento fijo, sino el trabajo normal, de buena voluntad y de buena fe del obrero. Se hace un argumento que pudo ser una razón el año 31, incluso el 32, pero que no puede serlo ya. Se dice: es que a causa de los altos jornales del campo acuden a trabajar en él el zapatero, el peluquero, el sastre; pero, señores Diputados, los que conocéis el campo, ¿creéis que en los pueblos existe tan perfecta división del trabajo que el barbero no sabe lo que es el campo y no sabe realizar las labores del campo? Las conocen el barbero y el sastre y el zapatero. Pero os digo más: ¿cuánto tiempo hace falta para adquirir esa práctica? ¿Uno, dos o tres años? Pues si esto lo venís diciendo desde 1931, y si desde entonces el barbero, el zapatero y el sastre han ido a segar, en 1936 sabrán segar, porque la posibilidad de aprender no puede ser exclusiva de nadie. En esos años lo habrán aprendido, porque estoy seguro de que en ese tiempo hasta los agrarios aprenderían a segar. (Risas y rumores.)

Cumpliendo la promesa que hice de ser breve voy a terminar; pero no sin decir algo con mi exclusiva y única responsabilidad y no con la responsabilidad de mi minoría, que la ha llevado el Sr. Zabalza. Ha derivado este debate en algunos instantes, no por culpa del Sr. Cid —lo reconozco— hacia cuestiones que nada tenían que ver con él. El Sr. Figueroa ha venido a dirigir una gran lanzada contra el Banco Hipotecario de España. ¡Ah! Yo lo celebro, porque soy un entusiasta del Frente Popular, y por serlo, con sincero entusiasmo también apoyo al Gobierno que está en el banco azul; pero bien está que de otros bancos se os venga a decir las consecuencias que tiene el que una cantidad de crédito a la cual el Estado concede los privilegios que tiene el Banco Hipotecario, sabotee a la República por culpa de todos los Gobiernos republicanos, que han dejado en el Consejo de Administración y en la Dirección del Banco Hipotecario a los correligionarios del Sr. Figueroa. Es natural que ellos traten de producir un nuevo mal en la economía española. ¡Si ellos no tienen afecto al régimen! No pueden tenerlo. ¡Si ellos, cuando menos, no tienen afecto a nada más que a su dinero y tienen enemiga contra el régimen republicano! Bien está que, aun cuando en una desviación, a los señores del Gobierno desde esos otros bancos se les haya dicho lo que se les ha dicho. Ha habido, sin embargo, una desviación de mayor categoría, de mayor alcance; una desviación que viene a cuajar el asombro que produce esta serie de interpelaciones, que son vuestro derecho y que es nuestro deber aguantar; pero que creo que estamos cumpliendo nuestro deber, si no con exceso, por lo menos un día y otro aguantando interpelaciones que nos llenan a todos de asombro. Porque un día el el Sr. Calvo Sotelo el que se levanta desde esos bancos, perdida la memoria, a defender la independencia de la justicia. ¡El Señor Calvo Sotelo, compañero de D. Galo Ponte y subordinado del Sr. Primo de Rivera!

Galo Ponte fue ministro de Justicia durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

¡La independencia de la justicia! Yo no he de repetir lo que ocurrió durante los siete años con la justicia española en los tiempos en que era secretario de despacho el Sr. Calvo Sotelo; pero ya es asombroso que él venga a defender la independencia de la justicia; por lo menos es natural que nos produzca a nosotros asombro. Y hemos escuchado al Sr. Cid clamar contra el hecho, que nosotros no podemos aprobar, de que se haya detenido a la esposa de algún supuesto delincuente porque no se detuvo al delincuente. Nosotros no lo aprobamos; pero cuando se ha formado parte de un Gobierno como el Sr. Cid, que detuvo a la esposa de nuestro compañero González Peña, porque a González Peña no lo detuvo la Policía y la Guardia civil, eso no se puede decir, y hay que tener el pudor de callar. (Aplausos.) No sólo la esposa de González Peña, sino la esposa de otro compañero que hoy no se sienta en estos bancos, de Quintana, fue detenida en los tiempos en que era Ministro el Sr. Cid, no porque no se encontrara a su marido, sino por algo que sólo tiene parejo en la época de Calvo Sotelo; porque se violó la correspondencia, porque se abrió una carta en la cual dos hombres (con decir hombres está dicho que dos hombres de sentimiento) se dirigían a esta señora diciéndole: "Sabemos que su esposo está en la cárcel. Si usted necesita algo dispone de nosotros." Y sólo por eso fue encarcelada y estuvo varios meses en la cárcel, pro haber recibido la carta de dos amigos de su marido, que había ingresado en la cárcel. Violasteis la correspondencia, como la violó la Dictadura en el caso del Sr. Ossorio Gallardo en la carta que éste dirigió a D. Antonio Maura. ¿Qué nos vais a hablar vosotros de dignidad del Poder público, cuando lo habéis ejercido con esa verdadera indignidad? Pero otras veces nos venís a hablar aquí de las Comisiones gestoras, de los alcaldes, y muchas veces los que nos hablan de esto han sido gestores y han sido alcaldes, después de destituir a los Ayuntamientos de elección popular y de haberse hartado ellos de nombrarlas. No podéis hablar de nada de eso. Pero lo que no podéis hacer es pedirnos a nosotros que os escuchemos en silencio y sin protesta. Y conste una cosa, Sres. Diputados, creo que me reconoceréis esto; yo no soy interruptor; yo soy hombre que sé estar callado en el escaño; y si alguna vez interrumpo, pido perdón por la interrupción, y creo que la interrupción jamás habrá sido incorrecta; pero no podemos permanecer en silencio, no podemos permanecer inactivos cuando vemos que se utilizan esos escaños para surgir, nacer, desarrollarse y progresar quien quiere ser jefe del fascismo, quien quiere terminar con el Parlamento, quien quiere terminar con nuestros partidos, no por la voluntad popular, sino por la fuerza bruta, por la violencia; quien escribió en un periódico que en España sobraban o sobrábamos quince mil familias, que si un día triunfara nos destinaría a los campos de concentración o a las cárceles.

Pues bien: yo digo una cosa, lo digo bajo mi exclusiva responsabilidad: mi partido, las organizaciones obreras que siguen a mi partido, han condenado siempre la violencia individual: la condenaron siempre, la condenaremos siempre. ¡Ah!, pero yo proclamo una cosa: la violencia... (El final de la frase no se consigna por orden del Sr. Presidente.—Aplausos.—Rumores.)

Según José María Gil Robles, las palabras fueron: la violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en S. S. encuentro justificado todo, incluso el asesinato que le prive de la vida. En el tumulto Dolores Ibárruri gritó: Hay que arrastrarlos.

El Sr. PRESIDENTE: La violencia, Sr. Galarza, no es legítima en ningún momento ni en ningún sitio; pero si en alguna parte esta ilegitimidad sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede aconsejar la violencia. Las palabras de S. S., en lo que a eso respecta, no constarán en el Diario de Sesiones.

El Sr. GALARZA: Yo me someto, desde luego, a la decisión de la Presidencia, porque es mi deber, por el respeto que le debo. Ahora, esas palabras, que en el Diario de Sesiones no figurarán, el país las conocerá, y nos dirá a todos si es legítima o no la violencia. (Rumores.—El Sr. Presidente agita la campanilla reclamando orden.)

Una vez más nos encontramos cómo los diputados de izquierdas pierden toda la razón que podrían tener al denunciar las injusticias sociales al evidenciar su falta de respeto a la democracia. Podría argumentarse que es lícito asesinar a un dictador, es decir, a alguien al que una voluntad popular mayoritaria no puede destituir legalmente, pero, por muy insensible que pudiera ser Calvo Sotelo a los problemas del proletariado español, lo cierto es que estaba en minoría en el Parlamento. El Frente Popular tenía una mayoría para gobernar a su antojo. Si realmente la doctrina de Calvo Sotelo era tan nefasta para la mayoría de los españoles, lo único que tenía que hacer el Frente Popular para perpetuarse en el poder era impulsar una política sobre la que nunca habló (ni la derecha tampoco): tomar las medidas que fueran necesarias para asegurar la limpieza de las elecciones y el carácter secreto del voto. No había ninguna necesidad de asesinar a Calvo Sotelo. Bastaba con garantizar que la gente pudiera votar secretamente. Claro que, si media España tenía motivos para pensar que los socialistas y los comunistas podrían usar una mayoría absoluta para sovietizar España, o simplemente para hacer la vida imposible a los católicos, es posible que necesitaran recurrir al fraude electoral o al asesinato de sus rivales, entre otros medios inmorales, para lograr el triunfo. Y por eso mismo no era de extrañar que la idea de que se podía emplear la violencia para instaurar una dictadura fascista que reprimiera a quienes se jactaban de trabajar para implantar una dictadura comunista estuviera cuajando en un sector cada vez mayor de la sociedad Española, como había sucedido ya en otros países donde el comunismo había sido una amenaza en algún momento. Un Partido Socialista inequívocamente socialdemócrata, sin sesgos filocomunistas, ni anticlericales, en ausencia de agitación social anarco-comunista, con la colaboración de los republicanos, habría defendido mucho más eficientemente las necesidades de las clases humildes y posiblemente habría mantenido al fascismo en España en una posición minoritaria hasta la insignificancia.

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Mije tiene la palabra.

El Sr. MIJE: Al intervenir, en nombre de la minoría comunista, en este debate quiero hacer, en primer lugar, dos afirmaciones categóricas. La primera es que estas interpelaciones explanadas por las derechas vienen coincidiendo, no por una casualidad, con determinados movimientos de espuelas y de sables en ciertos cuartos de banderas. En segundo lugar, que es muy cómodo provocar una situación de violencia en el campo y venir después a la Cámara en sentido de protesta. Nosotros coincidimos con el Sr. Cid en que hay en el campo una situación grave, de verdadera gravedad, y que hay que terminar rápidamente con ella. Ahora bien: nosotros discrepamos totalmente en el fondo, primero, acerca de quién produce esta situación; segundo, sobre los métodos que hay que utilizar para terminar con ella.

Para nosotros, Sr. Cid, Sr. Calvo Sotelo y señores de la derecha, la situación que se produce en el campo, en todo el país, es imputable a la actitud de los grandes terratenientes y de los grandes propietarios. El Sr. Cid no ha dicho en toda su intervención una palabra del comportamiento de los patronos, de los grandes propietarios. Ha dado la idea de que los grandes propietarios del campo son tan buenos señores, que, en realidad, no tienen la culpa de nada de lo que ocurre hoy en el campo; no ha dicho tampoco el Sr. Cid, por consiguiente, cuál ha sido la actitud de los grandes propietarios en la discusión de las Bases de trabajo en Málaga, en Jaén, en Badajoz, en Sevilla. No ha dicho el Sr. Cid nada de esto; tampoco ha dicho cuál es la actitud de esta clase patronal con respecto a las Bases o laudos dados por el Consejo de Trabajo; sin embargo, nos consta que hay una rebeldía permanente por parte de todos estos señores contra las Bases y también contra las disposiciones del Consejo de Trabajo. La prueba la tenemos en que en la provincia de Sevilla se ha empezado a perder la avena, igual que en la provincia de Badajoz, donde el mismo Gobernador se ha visto obligado a dar disposiciones terminantes que, en realidad, demuestran no ya que hay una anarquía en el campo producida por la actitud de los obreros que quieren trabajar, sino que hay una rebeldía latente producida por estos grandes propietarios, alimentadas en todas sus partes por la actitud de los señores de la derecha y de su Prensa, como nos vamos a encargar de demostrar después. Es conveniente, Sr. Cid, que refresquemos un poco la memoria. Es muy cómodo venir a esta Cámara a protestar de la anarquía en el campo, olvidándose de lo que durante todo el periodo en el que permanecieron los radicales y cedistas en el Poder se ha hecho; es cuestión, a pesar de que es tarde, de que veamos un poco cuál ha sido el comportamiento que esas minorías de derecha han tenido con los obreros agrícolas, con los mismos pequeños arrendatarios que S. S. dice defender, durante el periodo del Gobierno radicalcedista. Diremos algo sobre ello, porque a nosotros nos interesa destacar esto con toda la claridad necesaria. Por ejemplo, las Bases del Jurado mixto de la Industria Rural en Almería, en 1933, fijan los salarios para la siega y hortalizas en 7.50 pesetas, y en 1934 en 4.50; para las podas, talas e injertos, de 7.50 en 1933, y de 4.50 en 1934. Jurados mixtos del Trabajo Rural en Ávila: los segadores del heno cobraron 10 pesetas en 1933, y 5 en 1934; es decir, el 50 por 100 menos que en 1933. Jurados mixtos de Badajoz: mozos de labor, contratados por año, 5.50 en 1933, y en 4.50 en 1934; mozos de labor eventual, 4.75 en 1933, y 3.50 en 1934. Igual resultado arrojan otras cifras que daré, con permiso de la Presidencia, para su publicación en el Diario de Sesiones, Jurado mixto de Burriana: arar con caballería menor, cuatro pesetas en 1933, y tres pesetas en 1934. Jurado Mixto del Trabajo Rural en Manzanares: vendimiadores, 4.75 en 1933, y 3.50 en 1934; es decir, ejemplos bien concretos de la rebaja que sufren los salarios en el periodo de Poder radicalcedista. Pero siquiera se hubieran cumplido las Bases de trabajo, Sr. Cid, las cosas serían muy otras. Vamos a remitirnos después al comportamiento de estos grandes propietarios, de estos grandes terratenientes. Mirad. En Granada un patrono de Puebla de Don Fadrique, llamado José Antonio Guijarro, quiso abonar a sus obreros los jornales atrasados a razón de 75 céntimos, y, al mismo tiempo, por otras faenas del campo, con 11 pesetas mensuales. En un informe dado el 7 de julio de 1935 por el Gobernador de Badajoz, D. José Carlos de Luna, se dice lo siguiente: "Ha sido multado un patrono de Alburquerque porque tenía contratada una cuadrilla de cien segadores portugueses a los que no pagaba jornal." Esos cien obreros han segado de sol a sol, trabajando casi dieciséis horas diarias, a cambio de la manutención.

Yo quisiera, Sres. Diputados, que ese "economista moderno" que se llama Calvo Sotelo, nos dijera si con salarios de 0.75, y sin pago de salario alguno, pueden los trabajadores de Extremadura y de otros puntos de España hacer pedidos a los viajantes de la industria catalana. ¡Qué sarcasmo, señores de la derecha! ¡Qué manera de plantear las cosas! ¡Después de proceder así en el periodo en que habéis estado en el Poder, venir ahora a decir que la industria catalana este año tiene una cantidad de pedidos muy inferior a la que tuvo en años anteriores, porque en el campo se están concertando ahora bases de trabajo con jornales de ocho y diez pesetas! No, al contrario: los pedidos serían aún mucho más inferiores si no se hubiera puesto remedio a los jornales de hambre, si esos abusos no se hubieran corregido. Esas bases de trabajo que os he citado constituyen un baldón para vuestro periodo de gobierno; son una infamia cometida por vosotros desde el Poder, y a ella se debe que se hiciera figurar en el pacto del Frente Popular una cláusula diciendo que había que luchar contra el envilecimiento de los salarios. ¡A tal extremo habíais llegado vosotros en este punto de los jornales para los trabajadores del campo!

El Sr. Cid decía en el cursos de su intervención que el 90 por 100 de sus electores, en la provincia de Zamora, son pequeños agricultores. Yo voy a apelar, no al testimonio de elementos de juicio que tenemos en nuestros archivos, sino al de persona que está hoy en la cima del Poder en España, el Excmo. Sr. D. Manuel Azaña, que decía el 13 de febrero en León: "Gracias a la ley de Arrendamientos han sido expulsados de sus tenencias de cultivo 80.000 arrendatarios españoles con sus familias; y el ensañamiento de los que han usado el arma de esta ley para vengar resentimientos políticos ha sido tal, que yo conozco un término de Andalucía donde, después de expulsar en masa a 800 arrendatarios, han ido los dueños y han demolido las casas donde aquéllos vivían, para darse la ilusión de que éstos no volverán jamás a ocuparlas".

Señor Cid, ¡vaya un apoyo a los pequeños arrendatarios! Puede S. S. hablar mucho de que el 90 por 100 de sus electores son pequeños arrendatarios, de que S. S. está dispuesto a condenar toda injusticia contra la pequeña propiedad y los modestos arrendatarios del campo (El Sr. Cid: Y lo condeno siempre.); pero nosotros, ante ejemplos de esta naturaleza, tenemos derecho a dudar y desconfiar en toda su extensión de su palabra. Ahí está el sello de vuestra obra: 80.000 campesinos arrendatarios expulsados de sus tierras, e incluso demolición de posesiones para impedir que las vuelvan a ocupar los obreros. Es muy cómodo, Sr. Cid, venir a la Cámara en estos momentos a querer aparecer aquí como un padrecito de los pequeños arrendatarios; eso no puede admitirse de ninguna manera.

Más datos: El 28 de noviembre de 1935 llegan a nuestro poder informes de Puertollano, en que se nos dice: "Notifican de San Lorenzo de Calatrava que la situación de los trabajadores agrícolas de aquel pueblo es angustiosa: atraviesan un periodo de hambre tal, que la inmensa mayoría se ven obligados a alimentarse exclusivamente de bellotas cocidas. Los elementos dirigentes del pueblo han cursado telegramas al Gobierno y a los Diputados de la provincia, solicitando el rápido comienzo de obras públicas en aquel término."

Señor Cid: ¿Es esto ser un hombre que apoya los intereses de estas pequeñas capas del campo, de estas modestas capas del campo? No, Sr. Cid.

Pero, por si no tuviera S. S. bastante, en un solo día, el 26 de junio de 1935, vea todos los desahucios que se operaron en el campo: La Coronada, de la provincia de Badajoz, 200 arrendatarios expulsados de sus tierras; Cártama (Málaga), seis desahucios, entre los que hay uno sangrante, un arrendatario que lleva treinta y siete años en su tierra, plantó numerosos árboles y ha producido tanto beneficio que ha quintuplicado el valor de las fincas; Castronuevo (Zamora), ocho desahucios de arrendatarios que llevan en la tierra más de catorce años. ¡Quizá no sean éstos los que han votado a S. S. y no serán éstos los que S. S. defiende, como decía en el curso de su intervención! Tendilla (Guadalajara), 25 desahucios; Tarazona (Zaragoza), 85 desahucios.

Señor Cid: podría continuar dando lectura a la lista de desahucios operados ese día, pero me conformo con remitirla al Diario de Sesiones. Ahora, me parece que son prueba elocuente para que quede bien claro que no basta con venir aquí a decirse defensor de los intereses de estas clases, cuando en realidad, teniendo el Poder en sus manos, teniendo todo lo que se puede tener para poder cortar esos abusos, S. S. no los ha cortado, y no conocemos que haya habido en la Prensa siquiera una nota en la cual S. S., si no podía impedirlos, por lo menos condenara estos hechos.

Y nosotros decimos con claridad a la Cámara entera, y muy particularmente al Sr. Cid: cuando desde el Poder se han tolerado y se han amparado estos hechos, consideramos que no se tiene la autoridad moral para venir ahora a la Cámara a decir que en el campo español hay anarquía, porque la levadura de la anarquía ahí la tiene su señoría. Además, no es anarquía, no es más que una reivindicación, es la exigencia de un justo derecho a la vida, que indiscutiblemente nosotros sostenemos y defendemos por todos los medios, porque consideramos que a ello tienen derecho los campesinos españoles y las masas obreras agrícolas.

Pero yo creo, Sr. Cid, que S. S. ha sido bastante tímido en su interpelación; el Sr. Calvo Sotelo ha ido un poco más lejos y ha descubierto más las intenciones, y esta noche, aunque sea tarde, conviene que hablemos claro, porque ya, por la Prensa, circulan documentos, circulan acuerdos que indiscutiblemente nos dan la idea de la trascendencia que tiene la interpelación que S. S. ha explanado esta tarde y de los propósitos que animan a los grandes terratenientes, a los grandes propietarios de la tierra. Porque si cogemos "Informaciones", periódico reaccionario de la noche, de Madrid, veremos que, cuando conoce un acuerdo de la Confederación Patronal Española Agrícola —que supongo no estará dirigida por los comunistas y por los socialistas; S. S. sabe por quién está dirigida—, dice, entre otras cosas, refiriéndose a un acuerdo de la reunión del día 20: "También se puso de manifiesto que con bases de trabajo sin rendimiento, con jornada de seis y media y siete horas y prohibición del empleo de la máquina, es de todo punto imposible segar". Pero "Informaciones" lleva más lejos su imprudencia y descubre más sus propósitos. Dice en el editorial del día 24: "De seguir las cosas así, los labradores estarían dispuestos a entregar las tierras al Gobierno para que sea él quien peche con las consecuencias, sólo imputables al bárbaro y caótico desorden que arruinará, si no se adoptan rápidas y tajantes decisiones, la fuente principal de la economía española". Aquí está lo que decía el señor Calvo Sotelo para fines de septiembre o para primeros de octubre: el boicot cerrado a la siembra, el boicot cerrado a poner las tierras en rendimiento. Esto es lo que se persigue: amenazar o intentar amenazar al Gobierno para que hoy fije cuadros de rendimiento por medio de las Juntas provinciales agronómicas o por medio de laudos, en los cuales las bases de trabajo queden muy por debajo de su propio valor, y al obrero agrícola se le obligue a dar un rendimiento que, indiscutiblemente, no puede dar, como ya hoy parece que se fija en los cuadros establecidos en la provincia de Toledo.

Es conveniente, Sr. Cid, que hablemos claro en este sentido. La rebeldía de los grandes propietarios del campo no hay duda que encierra el propósito de dejar perder la cosecha; síntomas alarmantes de este problema los tenemos en el caso de la provincia de Sevilla y en el de la de Badajoz; intentan dejar perder la cosecha para llevar a España a la ruina. Me parece que esos señores que se dicen tan patriotas, esos señores que venís aquí a defender, no van a poder salirse con la suya, porque, en primer lugar, pedimos y exigimos al Gobierno que declare esa cosecha sagrada para que no se pierda. Y decimos más: que las Comisiones de policía rural en los pueblos, esos Ayuntamientos de los cuales S. S. ha citado algunos que os producen tanto pánico, se encarguen de recogerla, para que el trigo en España no se pierda por obra criminal —así la llamo— de unos cuantos terratenientes, que con ello no hacen más que declararse incompatibles con la República y con el Frente Popular, y enemigos abiertos y encarnizados de la masa trabajadora española. Que se recoja la cosecha, porque, indiscutiblemente, no es sólo propiedad de esos grandes terratenientes, sino que debe ser considerada de utilidad social; porque así como ése que figuraba en el Gobierno en el año 1934, en junio, llamado Salazar Alonso, proclamaba la cosecha sagrada enviando millares y millares de guardias civiles a los pueblos para maltratar a los obreros y cerraba las Casas del Pueblo porque los trabajadores pedían una peseta más de salario, así hoy se debe declarar la cosecha sagrada, no contra los obreros, sino contra los grandes propietarios que tratan de provocar en España una situación de hambre insostenible, situación de hambre que el Gobierno no debe consentir y que nosotros no estamos dispuestos a que se tolere.

Hablaba el Sr. Cid de muchos desmanes cometidos en el campo; no hay que asustarse tanto; sabe S. S., y también el Sr. Calvo Sotelo, como todos los señores de la derecha, que hoy en el campo no se realiza ni el 5 por 100 de los desmanes que podrían producirse respondiendo a la actitud de las derechas; que el pueblo trabajador del campo se conduce con una cordura enorme. Ahora bien; primero, el Gobierno que se entere, y después, sabedlo bien, señores de las derechas: esta cordura tiene un límite; no dar lugar a que se llegue a la desesperación, porque si se llega en el campo a la desesperación, seguramente no se preguntará al Gobierno como se está preguntando hoy y con la misma tranquilidad, porque las cosas van a cambiar la faz de España de arriba abajo. No perderlo de vista.

Pero hay todavía más en este orden de cosas: se intenta coaccionar al Gobierno con una gran demostración en Madrid convocada por esa misma Confederación Española Patronal Agrícola. Ya se han hecho algunos intentos parciales trayendo 800 propietarios de Jaén, de Badajoz, de Toledo y de otros puntos; pero, según "El Debate", que me parece es un órgano que os ofrecerá garantías, para la primera quincena de julio se intenta celebrar una gran concentración de grandes propietarios en Madrid para coaccionar al Gobierno, que no pueden seguir así y que no pueden cumplir las bases de trabajo que hoy están estipuladas en el campo. Pues, sabedlo bien: pedimos que se prohíba esa concentración, esa demostración de tipo fascista, y si el Gobierno no la prohíbe, recordad lo sucedido el 8 de septiembre de 1934, cuando los grandes terratenientes catalanes intentaron tomar por asalto a Madrid para protestar contra la ley de cultivos elaborada por el Sr. Comorera en el Parlamento catalán.

Ese día se convocó una huelga que paralizó la capital. Se produjeron numerosos incidentes: apedreamientos de tiendas y autobuses que no respetaban la huelga, enfrentamientos con la policía, etc. Hubo 7 muertos, 40 heridos y unos 400 detenidos. Una muestra más del espíritu dictatorial de los comunistas que los equipara a los fascistas: tiene que permitirse cualquier manifestación comunista, pero una manifestación, no ya fascista, sino meramente de los terratenientes en defensa de sus intereses (por irrazonables que puedan ser sus demandas) tiene que prohibirse.

Señor Cid y señores de la derecha: no tardará mucho tiempo en que podamos ver cómo procedéis, Está presentada a la Cámara una proposición de ley de esta minoría y de la socialista pidiendo para los pequeños arrendatarios la rebaja del 33, del 50 y hasta la condonación del pago de la renta, si en realidad se demuestra que el estado de la cosecha no les permite pagarla. Veremos entonces cómo procedéis. Yo tengo la seguridad de que estaréis en contra de esa propuesta. ¡Ya lo creo! Porque todo lo que venís aquí diciendo de que defendéis a los pequeños arrendatarios y a los pequeños propietarios yo afirmo que es una farsa. Cuando llegue el momento a que aludo veremos cómo votáis en contra de esa petición, porque en realidad no estáis por la defensa de los intereses de esa clase social, ni mucho menos; son móviles más altos e intereses más elevados los que os inducen a formulas en esta Cámara interpelaciones como la de esta tarde.

Y quiero terminar, vista la hora en que nos encontramos y el cansancio de la Cámara, como ha dicho otro Sr. Diputado; pero me conviene dejar esclarecido que la minoría comunista opina, en realidad, que tratáis con esta interpelación, como con toda la obra que estáis realizando en el campo, de llevar al convencimiento, no sólo de muchos españoles, sino incluso de parte del extranjero, porque ya sabemos la repercusión que tienen estas campañas en la Prensa reaccionaria extranjera, de que no se puede vivir en una situación de izquierda, en una situación de Frente Popular; que el Frente Popular ha fracasado. No hay más que ver con qué dolor el Sr. Calvo Sotelo comentaba las palabras del discurso del señor Martínez Barrio; pero sepa el Sr. Calvo Sotelo y sepan los señores de la derecha que por ahí no conseguirán nada. El Frente Popular, más unido que nunca, estará al lado del Gobierno para cumplir todas las condiciones que tenemos firmadas en el pacto, para dar de comer a esos pobres agricultores, para quitar la tierra a todos los grandes de España y dársela a esos pequeños campesinos, aunque al Sr. Florensa no le parezca bien eso, y es lástima que se muestre en estos momentos tan angustiado y no lo estuviera cuando el general Batet expulsaba de la tierra a más de 2.000 "rabassaires" con motivo del movimiento de octubre.

Nosotros afirmamos desde esta tribuna el criterio de que el Frente Popular debe seguir adelante y debe ser reforzado para hacer cumplir todas las bases de trabajo y todas las condiciones que tenemos pactadas rápidamente, obligando por la violencia, si fuera necesario, a entrar en cintura a esos grandes propietarios, porque muchos señores del Frente Popular, no sólo obreros, sino republicanos, saben muy bien cómo procedíais vosotros cuando estabais en el Poder, y no tuvisteis inconveniente en encerrar en Barcelona, en el "Uruguay", el 9 de octubre, al que hoy en Presidente de la República. Pues bien; la misma conducta habremos de seguir nosotros con vosotros si intentáis llevar a España a la ruina. Ahora que me parece que os equivocáis: no iremos a la desesperación. Si queréis demostrar que España es un caos os equivocaréis también, porque nosotros vamos con el Frente Popular a robustecer a la Nación, a darle más impulso, a imprimir nuevos rumbos a la economía española, con daño y perjuicio de los grandes propietarios, no hay duda, los beneficiarios de toda la vida. De esta forma veréis cómo a la vuelta de unos años España ha cambiado su característica de tipo feudal que parece que la separa del resto de los países civilizados de Europa.

Y ahora dos palabras, para que quede constancia de que, si hemos protestado airadamente de la actitud del Sr. Calvo Sotelo, es porque, indiscutiblemente, se ha permitido, desde esos escaños, desafiarnos. Y si el Sr. Calvo Sotelo ha dicho que no pasaremos (El Sr. Presidente agita la campanilla.) —permítame la Presidencia que conteste en este sentido—, sí pasaremos; hoy con la república democrática, y mañana con algo más, aunque al Sr. Calvo Sotelo le pese, y tenga, indiscutiblemente, que tragar todo el veneno que están tragando aquellos que, como él, defienden intereses seculares en España. (Aplausos.)

El sentido de ese "algo más" era inequívoco, y declaraciones como ésa eran la principal cosecha que Calvo Sotelo trataba de recoger con su discursos. Cada declaración de ese tipo era una legitimación para el golpe de Estado que se estaba fraguando.