Hoja del Lunes Nº 203
Sobre profesorado universidad (11–II-2002)


PROBLEMAS CON LOS CONTRATOS ANTERIORES A LA LOU

Las convocatorias de plazas de profesores contratados realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LOU (aunque su resolución haya sido posterior) deben regirse por la LRU, tanto en las figuras contractuales como en el régimen de contratación. Sin embargo, las Universidades tienen dificultades para cubrir las plazas que se han resuelto después de la LOU ya que en el Registro de Personal de la Función Pública no se admite la inscripción de contratos administrativos posteriores al 13 de enero. CCOO entiende que esta iniciativa va encaminada a impedir el fraude que pretenden realizar algunas CCAA con la nueva contratación (v. hoja 202), pero al mismo tiempo considera que debe aclararse que ello no afecta a las convocatorias anteriores por lo que deben buscarse los mecanismos que permitan inscribir dichos contratos sin perjuicio de que se mantenga la prohibición para las convocatorias realizadas tras la entrada en vigor de la LOU.

NUEVA LEY DE LA CIENCIA

De acuerdo con fuentes del MCYT, el Gobierno está preparando una nueva Ley de Ciencia cuya tramitación se efectuaría a finales del presente año. La ley se centraría en los siguientes ejes:

Se trataría de lanzar una política integral de la innovación, buscando una mayor implicación de la política tecnológica en la política industrial, con el objetivo de evitar convertirnos en un país de servicios. Para ello, el Plan Nacional debería pasar de ser un Plan orientado hacia la financiación de proyectos a ser un Plan más orientado hacia programas y proyectos integrados

Un borrador de la ley está ya circulando entre los niveles directivos del ministerio y de los OPIs incluidos en el mismo

CC.OO planteará en la reunión prevista para hoy con el Secretario de Estado, Ramón Marimón, la apertura de un proceso de debate y negociación del modelo que el MCYT planea para el sistema público de investigación.

A la espera de poder disponer de un documento de trabajo, un primer análisis indicaría que el gobierno, ante el fracaso de una mayor implicación del sector empresarial en las actividades de I+D, intentaría reforzar todos los mecanismos para facilitar una trasferencia masiva de recursos económicos, humanos y de conocimientos desde el sector público al sector empresarial. Se trataría en definitiva de lanzar una ley de ciencia cuyo centro de gravedad se situaría en el sector empresarial y cuyos objetivos estarían definidos por el mercado.

                                                                        SECRETARIA DE UNIVERSIDAD