La Federación de Enseñanza de CCOO participó en la "Tercera Conferencia de Educación Superior e Investigación de la Internacional de la Educación (IE)", celebrada en Canadá y que contó con la presencia de 37 sindicatos de 27 países (fundamentalmente de Europa y América del Norte).

Un punto destacado en la Conferencia ha sido la defensa de una visión de la educación (incluida la superior) como un bien público, frente a las tendencias que en política global están realizando diversas agencias (Banco Mundial, OCDE, UNESCO, OIT, ...) sobre liberalización, privatización y comercialización de la educación.

Aspectos claves en esta lucha contra la comercialización son el aseguramiento de la calidad y los sistemas de acreditación, así como el reconocimiento de la importancia del profesorado y de las instituciones de enseñanza superior en la construcción de los sistemas educativos (a través de la formación del profesorado, de la investigación pedagógica, de la promoción de la educación a lo largo de toda la vida, ...).

En cuanto al gobierno de las universidades, se constató que está cambiando según el sistema de educación superior se expande y diversifica, y las universidades entran en un mercado más competitivo, en el que la educación y la investigación son vistas como productos. Como consecuencia de la búsqueda de financiación externa, se ha producido una aproximación centrifuga hacia las empresas y administraciones (en cuanto a la cesión de poder) por parte de los gobiernos de las universidades, por lo que se plantea que la financiación debe ser una responsabilidad principal de los gobiernos, por cuanto esa inversión ha de ser considerada estratégica y no ha de orientarse por principios economicistas o de pura contabilidad. La diversidad que se estableció en el pasado en las estructuras internas de la universidad está amenazada por las presiones existentes. Para los académicos, de manera individual, ha habido una pérdida de libertad, con lo que están aún más a merced de decisiones concretas de la dirección.

Frente a estos retos, la calidad de la enseñanza y la investigación requiere que permanezca el control en manos de los propios académicos, por lo que se debe reafirmar el papel de la colegialidad académica en los niveles institucional, nacional y global y promover los intereses comunes de los profesores e investigadores y de la comunidad académica en general, y la sociedad debe suscribir el principio de libertad académica, que es más importante que el proteccionismo legal que a menudo se focaliza sobre la autonomía institucional mas que en la protección del investigador o enseñante individual

Asimismo, el estatus legal de las universidades debe ser revisado para asegurar su autonomía, y no someterse al control regulador de los gobiernos, o estar a merced de las presiones comerciales.

También se aprobó una moción de apoyo para los sindicatos españoles de educación superior e investigación en su lucha contra "una inaceptable ley".

                                                                                            SECRETARIA DE UNIVERSIDAD