(8 de Mayo de 2006)

NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES

En el Consejo de Ministros del viernes 5 de mayo se ha decidido nombrar al catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Quintanilla, como nuevo secretario de Estado de Universidades e Investigación en sustitución de Salvador Ordóñez.

El nuevo Secretario de Estado ha sido secretario general del Consejo de Universidades, entre 1991 y 1995, con los ministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Gustavo Suárez Pertierra. En esa etapa puso en marcha la primera experiencia para analizar la situación de las universidades, a través del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. También participó en la implantación de carreras universitarias, con la aprobación de 20 nuevas en 1992, impulsó la ampliación del distrito compartido universitario y el sistema de movilidad de estudiantes, y bajo su dirección se realizó el informe “La financiación del Sistema Universitario Español”.

Esperamos que la nueva ministra aclare rápidamente la incidencia de este cambio en el proceso de reforma de la LOU.

¿Podemos seguir considerando que el documento de San Segundo y Ordoñez es la propuesta del MEC? ¿Se sigue manteniendo el plazo de finales de mayo para llevar la reforma de la LOU al Consejo de Ministros o se abre un nuevo plazo para empezar a elaborar otra propuesta?

El profesorado universitario y las universidades necesitamos que el ministerio responda rápidamente a esas preguntas y que se despejen las incertidumbres para poder planificar el futuro más inmediato. Desde CC.OO. vamos a seguir exigiendo que se convoque con urgencia la Mesa Sectorial de Universidades y que el nuevo equipo nos aclare cómo piensa abordar la urgente necesidad de cambiar los aspectos más lesivos de la LOU.

LA EXPLOTACIÓN NO ES EL CAMINO PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA

Al finalizar las dos semanas de negociaciones sobre servicios la CIOSL (Internacional Sindical) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) advirtieron que si las negociaciones del AGCS (Acuerdo General sobre la Comercialización de Servicios) siguen el rumbo que han tomado, podrían tener un efecto desastroso sobre los derechos humanos básicos de los países en desarrollo y desarrollados. Con respecto a la capacidad de los países de preservar sus servicios públicos y al derecho de reglamentarlos como consideren conveniente, las actuales negociaciones también socavan el derecho humano universal de acceso a la educación, la salud y el agua.

Según la ISP: “Un gobierno democráticamente elegido debe tener derecho de brindar a su pueblo servicios públicos de calidad y de promulgar nuevas leyes para los proveedores multinacionales de servicios si fuera necesario, sin temer que a causa de tales medidas se los haga comparecer ante la OMC. Con todo lo que se ha hablado en los últimos años sobre la lucha contra la pobreza y con la creciente crisis de SIDA, buscar liberalizar y limitar los servicios públicos de esta manera pone una vez más en tela de juicio el compromiso de la OMC de hacer que los beneficios comerciales lleguen a quienes más los necesitan”

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Como ya se anunciaba en la hoja anterior, las Federaciones regionales de CC.OO. y UGT de Madrid han convocado para el próximo día 10 de mayo una manifestación en defensa de la Universidad Pública a las 19 horas en la Plza. de Colón de Madrid.

SECRETARIA DE UNIVERSIDAD