COGE EL DINERO Y MIENTE
(PRESUNTOS LATROCINIOS Y NOTORIAS MENTIRAS EN EL PP VALENCIANO)

Rafael Pla López

El "¡Vamos a forrarnos!" exclamado por un dirigente del PP valenciano cuando ganaron por primera vez las Elecciones Autonómicas ya desvelaba cuáles eran sus intenciones. Ya entonces se abrió el primer proceso judicial por corrupción, el llamado "caso Naseiro", que quedó en agua de borrajas por un tecnicismo judicial. Después vendrían el "caso Cartagena", condenado por apropiarse de donaciones a unas monjitas, y el "caso Fabra", cuya pelota se han ido pasando sospechosamente de unos jueces a otros y que todavía colea. Y ahora les ha estallado el "caso Gurtel".

La política del PP valenciano se ha venido basando por una parte en promover "grandes eventos", como una competición náutica (la llamada Copa del América), el circuito urbano de Fórmula 1 o la visita del Papa, todos ellos sumideros de inversiones astronómicas de dinero público que aumentaban un endeudamiento también astronómico, mientras los servicios públicos básicos adolecían de graves deficiencias. Y por otra parte en potenciar grandes proyectos urbanísticos que generaban una grave degradación ambiental y el progresivo desplazamiento de la agricultura, al tiempo que exigían grandes transvases para atender a sus necesidades de agua.

Y lo cierto es que EUPV, junto con el movimiento ecologista y diversos colectivos locales, se ha venido oponiendo a dicha política casi en solitario, mientras otros, desde la dirección del PSOE a amplios sectores de la población, se dejaban obnubilar por los oropeles de los "grandes eventos", como en el caso de la "Copa del América". EUPV no cayó en un ilusorio "otra Copa del América es posible", sino que se opuso directamente a proyectos de ese tipo, denunciando sus consecuencias ambientales y el despilfarro de dinero público. Pero no sabíamos hasta qué punto dicho despilfarro iba a ser lucrativo para algunos, dando un perverso significado a lo que llamaban "Eje de la prosperidad". Porque, como dijera alguno de los implicados, lo interesante de tales eventos era precisamente que había "pastuqui" (pasta gansa) en cantidad.

Los sucesivos informes policiales del "caso Gurtel" han sacado a la luz el "modus operandi" de la trama que en el conjunto de España encabezaba Francisco Correa y en el País Valenciano Álvaro Pérez "El Bigotes": a través de la empresa de éste, Orange Market, con una escasa plantilla de media docena de trabajadores, por una parte se obtenían concesiones multimillonarias por adjudicación directa de obras públicas, fragmentándolas en muchos casos para evitar tener que recurrir a concursos públicos, y haciendo frecuentemente de intermediarios con grandes empresas urbanísticas. Y por otra parte organizaban diversos actos públicos del PP a través de diversas campañas electorales... cuyas facturas eran abonadas "en negro" por dichas empresas urbanísticas. Y con los "flecos" del dinero público circulante se hacían "regalos" de miles de euros (trajes, relojes, coches...) a dirigentes del PP, presuntamente entre otros a Francisco Camps, Ricardo Costa, José Víctor Campos y Rafael Betoret.

Como una muestra de la magnitud del presunto latrocinio, se ha evaluado en 3 millones de euros el coste de la visita del Papa, pero en 6 millones el total de dinero público desembolsado. Y hay que recordar que el dinero proviene en última instancia, en todos los casos, del bolsillo de los contribuyentes... y que según los informes policiales y judiciales que se han hecho públicos se ha repartido, por uno u otro camino, entre las empresas concesionarias, los responsables de la trama, las finanzas (en particular, electorales) del PP y algunos dirigentes del mismo PP (en metálico o en "especies"), todos los cuáles se habrían apropiado así finalmente del dinero de los contribuyentes.

Hasta aquí lo que se ha sabido hasta ahora. Pero tan relevante como el presunto latrocinio han sido los notorios embustes de los dirigentes del PP, encabezados por Francisco Campos, presidente del PP y de la Generalitat Valenciana. Camps comenzó negando que conociera a los responsables de la trama, y posteriormente se ha sabido por una grabación telefónica que llamaba a "El Bigotes" su "amiguito del alma". Afirmó que se pagaba sus trajes, y han menudeado las pruebas de que han sido abonados por dichos responsables. Y finalmente ha terminado queriendo engañar a su propio Partido, primero haciendo creer a Rajoy que ya había destituido a Costa, y posteriormente, cuando aparentemente Rajoy y Cospedal montaron en cólera al ver frustrado su plan de usar a Costa como cabeza de turco, queriendo hacer creer que el Comité Ejecutivo del PP valenciano había tomado unos acuerdos que nunca tomó sobre dicha destitución, ante el estupor y el proclamado desconcierto de otros dirigentes del PP como José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia de Alicante.

Dicho desconcierto deriva también de un efecto colateral del conflicto: la comprobación de la ausencia de democracia interna en el PP, cuyo centralismo anula las competencia de los órganos "autonómicos". Parece que Camps pretendía guardar las apariencias haciendo que fuera el Comité Ejecutivo valenciano quien tomara formalmente la decisión de cesar a Costa como su secretario general, pero todo indica que Costa amenazó con "tirar de la manta" (dijo públicamente en relación al caso Gurtel que él se había limitado a cumplir órdenes), por lo que Camps se amedrentó e impidió el debate y consiguiente decisión de dicho Comité Ejecutivo, para posteriormente plegarse sin más trámites ante la insistencia de Rajoy.

Y uno de los aspectos más oscuros de la historia es el papel jugado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, encabezado por Juan Luis de la Rúa, que se había congratulado anteriormente en público de que Camps proclamara que su relación íntima iba más allá de la amistad. Cuando la Audiencia Nacional le transfirió la causa contra los aforados valencianos como Camps y Costa por haber presuntamente aceptado trajes como "regalos" de la trama "Gurtel", se negó a investigar también, como pedía la fiscalía, a los responsable de la trama. Y se negó también a investigar los contratos públicos concedidos a las empresas de la trama. Con dichas negativas, renunciaba de antemano a aclarar si los "regalos" lo habían sido a cambio del favoritismo en dichas concesiones, con lo que sólo se podía acusar a Camps y compañía de cohecho "impropio", que es la figura jurídica aplicable a un funcionario que acepta regalos en función de su cargo sin contrapartidas demostradas. Y efectivamente el juez instructor José Flors concluyó que se debía imputar a Camps y otros aforados por tal cohecho impropio.

Y cuando los imputados recurrieron ante el Tribunal presidido por de la Rúa, éste, en vez de abstenerse por su proclamada más que íntima amistad con Camps, como establece la legalidad vigente, terminó encabezando una grotesca cabriola para sobreseer la causa alegando falta de pruebas de las contrapartidas que previamente se había negado a investigar. Claro que si se hubiera demostrado que los regalos eran a cambio de favores no se estaría ante un cohecho "impropio", sino ante un cohecho "propio", un soborno puro y duro que se castiga con penas más elevadas. Al haber ignorado que precisamente la falta de contrapartidas demostradas es lo que caracteriza al cohecho "impropio", como sabía cualquier estudiante de Derecho y actualmente sabe cualquier lector de prensa, de la Rúa se ha convertido en el hazmerreir de los juristas. Aunque dicha actuación ha sido atribuida a su amistad con Camps, los verdaderos motivos de la misma permanecen en la oscuridad.

Todo lo anterior demuestra, no sólo que la salud democrática requiere de la inmediata dimisión de todos los cargos públicos implicados, sino que EUPV acertó al poner en primer plano la honestidad política como requisito necesario para construir una alternativa en el País Valenciano, honestidad política que se opone tanto a la corrupción crematística como al transfuguismo. Naturalmente, las ladronas de escaños no tienen ninguna legitimidad para hacer denuncias éticas, pero los y las comunistas y el conjunto de EUPV tenemos toda la legitimidad, desde la coherencia política y ética, para impulsar una Convocatoria Ciudadana para sacar al País Valenciano del cenagal en que nos han metido ladrones y embusteros.