El artículo de Juan Francisco Martín Seco publicado en el Mundo Obrero de noviembre contiene una mezcla de planteamientos razonables desde una perspectiva de izquierdas con otros que si no conociéramos a su autor pensaríamos que es una expresión de nacionalismo español atávico. Nacionalismo singular en cuanto que se ignoraría a sí mismo, llegando al extremo de calificar como "nacionalismos españoles" a los diversos nacionalismos no españoles que se dan en el marco del Estado Español. Ciertamente Martín Seco, que no es ni dirigente ni siquiera miembro del PCE, escribe a título personal, pero su publicación en Mundo Obrero y la diseminación de tesis nacionalistas en un discurso "de izquierdas" puede provocar confusiones que vale la pena intentar desvelar.

Singularmente, Martín Seco construye su artículo comenzando y terminando con un discurso descalificador de Zapatero. Singularmente, dado que las posiciones de Zapatero en relación con el Estatuto de Catalunya a debate (aprobar su toma en consideración y negociar diversas modificaciones, incluyendo las del sistema de financiación eliminando la bilateralidad) son más próximas a las posiciones del PCE que incluso a las del grupo parlamentario de IV-IU-ICV (sic). Y singularmente también, dada la extraña similitud de tales descalificaciones con las que desde las antípodas realiza el PP. Uno y otro parecen olvidar que la aprobación del proyecto de Reforma por el Parlamento de Catalunya requería necesariamente del acuerdo con CiU, transaccionando cambios del proyecto original del tripartito que no excluyen sino que posibilitan la posterior negociación en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Sólo quienes de entrada se oponían a la Reforma del Estatuto pueden lamentar que ésta haya llegado a dicha Comisión.

Martín Seco, después de declarar que el Estatuto es "inasumible" y vaticinar el desastre si se generalizara, añade "y su mantenimiento exclusivamente para Cataluña sería sancionar una situación de privilegio incompatible con un Estado moderno". Singular afirmación, dado que a continuación recuerda que tal situación (se supone que en cuanto al sistema de financiación por concierto) se da ya en el País Vasco, pero ello no le hace llegar a la conclusión lógica: que el Estado Español no es un "Estado moderno". Y no sólo, por cierto, por los "privilegios" forales, sino principalmente por la existencia de la Monarquía al margen de todo control democrático.

Y yendo al fondo de la cuestión, habrá que declarar que la modernización del Estado requiere eliminar los residuos feudales, estableciendo una República Federal en la que no caben ni Dios, ni Rey ni Fueros, ni por supuesto otorgar al Ejército el papel de garante de la "unidad", pero sí el moderno derecho de autodeterminación, que no concebimos únicamente para la resolución de los conflictos nacionales, sino como componente de la construcción de un Estado profundamente democrático que pueda ser la antesala de su disolución, junto a las clases sociales, en una sociedad comunista autoorganizada. Pero que, como señalara Lenin, es también la única vía democrática para la plena resolución de la "cuestión nacional", consiguiendo así que deje de enmascarar los conflictos sociales derivados de la explotación de clase. Pues la "cuestión nacional" sigue sin resolverse en el Estado Español, aunque Martín Seco no quiera asumirlo y se dedique a frivolizar sobre el tema, adobándolo con extrañas afirmaciones como que en el Estatuto se plantean "imposiciones y abusos" en materia de idioma, supongo que por extender al catalán los derechos y deberes que la Constitución Española establece para el castellano.

Pero lo referente a la modernidad del Estado no es la única contradicción del artículo de Martín Seco. Después de haber desmontado la tesis de la "generosidad" de Catalunya explicando correctamente que los que tributan son los ciudadanos, y lo deben hacer en función de su renta, concluye lapidariamente que "Cataluña pretende expoliar al resto de España". Curiosa congruencia: quien tributa no es Catalunya, sino los ciudadanos vivan donde vivan, pero quien expolia o pretende expoliar sí es Catalunya, y no los miembros de la oligarquía y alta burguesía vivan donde vivan. Poco importa que el artículo 209 de la propuesta de Estatuto ordene que la Generalitat aporte recursos a los mecanismos de solidaridad que establece la Constitución y el artículo siguiente contemple mecanismos de nivelación para cumplir precisamente la función redistributiva del Estado que correctamente defiende Martín Seco. Si no conociéramos al autor, se diría que todo vale para azuzar al "resto de España" contra Catalunya. Pero es que previamente se diría que pretende azuzar también a los catalanes (junto a los madrileños, por cierto) contra el resto de España, cuando propugna que por tener una renta per capita mayor no sólo deben tributar más por término medio, sino también recibir menores prestaciones. Curiosa manera de entender el expolio. Y curiosa manera de entender la función social del Estado, que parece estar pensada en términos de beneficencia y no en términos de proporcionar servicios públicos de calidad (en educación, sanidad, transporte, etc.) para todo el mundo. Ciertamente, en tanto haya situaciones de exclusión social deberán arbitrarse medidas específicas de asistencia social, pero éstas deben entenderse como medidas transitorias hasta conseguir eliminar tales situaciones, no como el núcleo permanente del Estado social y democrático de derecho. ¿Habrá que entender que los ricos catalanes no necesitan transporte público, por ejemplo, porque pueden circular en sus coches privados contaminando a gusto?

Desde una perspectiva de izquierdas hay que hacer lo contrario, claro. En vez de azuzar a unos pueblos contra otros potenciando agravios comparativos, propugnar que se de a cada uno lo suyo: a las comunidades nacionales sus derechos nacionales, a todos los pueblos su derecho a la autodeterminación, incluyendo su derecho a la soberanía y a federarse libremente. Y a un moderno Estado democrático constituido desde la libre voluntad de sus diversos pueblos, la capacidad de redistribuir solidariamente los recursos en aras de la igualdad.