Pero no es ya que Garzón se haya extralimitado. Lo que ha hecho es corroborar el principio lógico de "ex falso sequiotur": que a partir de una premisa aberrante puede llegarse a cualquier conclusión absurda. Garzón partía, en efecto, de la premisa que precisamente serviría de base para la Ley de Partidos: que quienes tienen los mismos o similares objetivos son lo mismo, y en consecuencia que Batasuna=ETA. Pero ni Batasuna es ETA, ni el Sinn Fein es el IRA, ni el PC Colombiano es las FARC, ni las CC.OO. bajo el franquismo eran el PCE, aunque en algún momento todos los dirigentes de CC.OO fueran miembros del PCE: quienes decidían incorporarse a CC.OO. no asumían el compromiso de ingresar en el Partido Comunista, cosa entonces bastante más arriesgada. Y aunque los dirigentes de Batasuna sean unos impresentables que votan en contra del recurso contra la Ley de Partidos, quizá porque en el mismo había una mención contra ETA, los ciudadanos y ciudadanas que se incorporaban a Batasuna, fueran cuales fueran sus simpatías, no estaban aceptando incorporarse a una organización terrorista. Como canta Juan Luis Guerra, "ni es lo mismo, ni es igual". Lo de "todos son lo mismo" puede sonar demagógicamente bien, pero como razonamiento jurídico es aberrante. Y por ese camino, claro, se llega al colmo de negar a unos ciudadanos el derecho a convocar una manifestación, vulnerando directamente el artículo 21 de la Constitución, porque un informe policial vincule a algunos de ellos con un organismo cuyos dirigentes están procesados por el mismo Garzón. No es de extrañar que el Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo aconsejara al Gobierno Vasco querellarse por prevaricación contra Garzón. Y sabiendo esto, debería haber habido por parte de alguna persona más prudencia y más solidaridad federal con Eusker Batua en vez de descalificarla por su apoyo a una querella que como mínimo tiene sólidos fundamentos jurídicos. Aunque reconozco que yo no tengo tan claro que lo de Garzón sea prevaricación: no puede descartarse la enajenación mental, que sería lo que yo alegaría si fuera su abogado. Pero ya no a cualquier comunista, sino a cualquier persona de izquierdas o simplemente demócrata, debería preocuparle más la participación en un Gobierno que ha enviado a la Ertzaintza a reprimir una manifestación que hasta ese momento era pacífica, aunque lo hiciera coaccionado por Garzón. Con todo, sería precisamente la posibilidad de que el Gobierno Vasco actúe como una trinchera en defensa de las libertades lo que justificaría continuar participando en el mismo. Por todo ello, expreso mi acuerdo con el informe escrito con la simple permuta de 2 palabras:

Ante el auto judicial de Garzón: desacuerdo. Actitud ante el gobierno vasco de querella por prevaricación: prudencia.

Porque Bertold Brecht nos enseñó que las libertades son indivisibles, y las actuaciones en Euskadi no son más que la punta de lanza de una ofensiva global contra las mismas, en las actuales circunstancias el primer deber de los comunistas es la defensa de las libertades. Y el primer deber de un revolucionario es la defensa de la Constitución. Naturalmente, debemos defender con dientes y uñas los derechos sociales de la clase trabajadora, que sería en definitiva la principal víctima de un recorte de las libertades constitucionales, y debemos poner toda la carne en el asador para la movilización del 5 de octubre. Pero si defendiéramos únicamente tales derechos sociales, y no los derechos políticos del conjunto de la ciudadanía, estaríamos oscilando entre la inanidad reformista y la traición de clase. Sin duda nuestro Partido, que se ganó el título de glorioso en su defensa de la República y lo reafirmó en la lucha contra el franquismo, sabrá cumplir con su deber frente a la ofensiva que desde el eje Bush-Blair-Aznar, y con la añagaza de la "guerra contra el terrorismo", pretende embarcarnos en una aventura militar y autoritaria cuyo destino sería la anulación del Derecho y las Libertades.

Razones de una abstención El secretario general del PCE, Paco Frutos, separó para la votación del Informe el punto 4, referido a Euskadi. El resto del Informe fue aprobado por 68 votos a favor y 5 abstenciones. El punto 4 fue aprobado por 41 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones. Yo voté a favor del punto 4 y me abstuve en el resto. Voté a favor del punto 4 porque aunque no se explicitaba un desacuerdo con el auto judicial de Garzón, en él se recogía que "La defensa del derecho de expresión y manifestación, o la colisión de competencias entre instituciones, debe defenderse con la Constitución en la mano" y "Sobre competencias y libertad de expresión: estricto respeto a los derechos constitucionales", y porque en el resumen se recogían cuestiones que después no se han visto reflejadas en el texto, como una crítica al centralismo del PP y que el Estado Federal no era ni centrípeto ni centrífugo, sino que tenía una parte unitaria (como la caja común de la Seguridad Social) y competencias exclusivas de las partes, o que a fuer de demócratas defendíamos el derecho de autodeterminación. Por el contrario, me abstuve en el resto por considerar que no se analizaba correctamente la situación política en el Estado Español, en particular por lo que se refiere a la amenaza a las libertades democráticas que supone la política del PP, en el marco de la guerra de Bush "contra el terrorismo". El informe contiene incluso la frase "Que defiendan para la solución de los problemas del mundo las mismas formas democráticas que utilizamos aquí", claramente acrítico respecto a la situación aquí de las libertades democráticas. Hay que reseñar que, por el contrario, en la Resolución del Consejo Político Federal de IU del 6 de octubre se destaca que "Al amparo de la emoción suscitada por los atentados del 11-S, los EEUU y sus aliados europeos han forzado un grave retroceso de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de los ciudadanos", poniendo para ello varios ejemplos de la política del PP en el Estado Español, y subrayando más adelante que "No debiéramos considerar como una casualidad libre de sospechas que el modo como se está conduciendo la lucha contra el terrorismo en España esté al margen del modo como se está abordando en el ámbito internacional". Hay que señalar que Paco Frutos votó también a favor de esta formulación que a diferencia de la anterior destaca las repercusiones en el plano interno de las dinámicas autoritarias en el plano internacional. Aunque no está de más recordar que el gobierno del PP venía mostrando un creciente autoritarismo desde bastante antes del 11 de septiembre de 2001, como explicaba en mi intervención en el Comité Federal del PCE del 17 de marzo de ese año. Pero el problema está en que, dado el procedimiento unipersonal de elaboración de los Informes, la falta de comprensión del secretario general del PCE sobre la situación política en el Estado Español puede dificultar gravemente que el PCE juegue el papel de orientación política que debería jugar hacia IU y los movimientos sociales. Rafael Pla López