No sé si Antonio Rodríguez Torrijos, concejal de IU de Sevilla imputado por la jueza Mercedes Alaya Rodríguez que instruye el llamado "caso Mercasevilla", se verá forzado a dimitir para detener la campaña mediática que proclama que "todos son iguales" frente a la corrupción. Pero si hay algo turbio en este asunto no es la actuación de Torrijos.

Comienza resultando extraño que el auto de imputación se difunda en la prensa y en Internet antes de haber sido entregado al imputado. Es posible que yo mismo lo haya leido antes que él. Pero es que además la lectura del mismo, en http://www.martinezabarca.net/wp-content/uploads/autotorrijos.pdf , no permite enterarse de qué delito se le acusa. Sólo hay una referencia genérica a la "responsabilidad y activa participación" en "el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de [Mercasevilla] a Sanma", y la existencia de una denuncia. Pero en ningún momento se indica en qué podía ser delictiva dicha participación, por otra parta compartida por todos los miembros de los órganos colegiados a los que pertenecía Torrijos como concejal. Todo ello me ha recordado intensamente "El proceso" de Kafka, brillantemente llevada al cine con la dirección de Orson Wells y la interpretación de Anthony Perkins.

Según la nota hecha pública por IU de Sevilla ciudad ( http://www.iusevillaciudad.org/boletines/boletin1738.pdf ), la raiz del conflicto parece estar en que la adjudicación de los terrenos no se hizo por subasta al mejor postor, lo que hubiera redundado en un elevado precio de las viviendas a construir, sino mediante "un concurso público con criterios no únicamente económicos sino también sociales" para evitar la especulación urbanística, posición política colectiva de IU que fue defendida por Torrijos.

Todo ello me ha traído a mientes un proceso de adjudicación hace años de la cafetería del Campus universitario de Burjassot, donde un solicitante que no la obtuvo protestó alegando que sus precios eran los más bajos, pasando por alto la variedad y calidad de las comidas ofrecidas cuya consideración fue decisiva en la resolución. Supongo que si hubiera presentado una denuncia ante una jueza o juez que actuara con el mismo criterio economicista que Alaya podríamos haber sido también imputados, aunque era patente que nuestro único interés era comer bien.

Si nos atenemos a la primera acepción del término "corrupción" como "soborno o cohecho", es decir dar a alguien "dinero o regalos para conseguir de él una cosa, generalmente ilegal o inmoral", no hay ningún indicio de que ello se haya producido en el caso de Torrijos, y posiblemente es por ello que el auto de Alaya no lo menciona, por lo que esta "imputación" no encajaría en modo alguno en lo que prevé el Compromiso Ético por la Regeneración Democrática de IU, que propugna "Asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística" (ver http://www.izquierda-unida.es/node/8531 ).

Pero el problema es conseguir que la opinión pública supere la confusión mediática entre quienes están imputados por corrupción urbanística y quienes lo están por luchar contra la especulación urbanística o por denunciarla. Lo cuál es esencial para evitar que la izquierda honesta que lucha contra la corrupción quede inerme ante campañas maccarthistas.