RESPONSABILIDAD
PENAL DE LOS MENORES:

PECULIARIDADES DE LA LEY ORGANICA 5/2000
DE 12 DE ENERO.

Mª DEL CARMEN BUENDIA RUBIO

JUEZ
SUSTITUTA

ALUMNA
DE DOCTORADO, CATEDRA DE Dº PROCESAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La nueva Ley reguladora de la Responsabilidad Penal
del Menor, L.O. 5/2000 de 12 de Enero, supone la
culminación de un proceso de actualización de la
legislación existente en relación con los niños y
jóvenes.

La actual
regulación constituía una exigencia impuesta por la Ley 4/92 de 5
de Junio y el artículo 19 del Código Penal de 1.995 que
estableció la mayoría de edad penal a los dieciocho años,
exigiendo la promulgación de una ley reguladora de la responsabilidad
penal de los menores de dicha edad.

Los
criterios orientadores de la actual regulación sobre menores han sido
los de  PREVALENCIA DEL SUPERIOR
INTERES DEL MENOR sobre cualquier otro, así como la doctrina del
Tribunal Constitucional, sobre todo la contenida en las sentencias 36/1.991 de
14 de Febrero y  60/1.995 de17 de Marzo,
sobre las GARANTIAS Y RESPETO A LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES que, necesariamente deben imperar
en el procedimiento seguido ante los Juzgados de menores; de igual forma, se ha
considerado las normas contenidas en el Derecho Internacional, en particular,
la Convención de Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1.989.

PECULIARIDADES
DE LA LEY PENAL DEL
MENOR

A) AMBITO DE APLICACION DE LA LEY

Esta Ley es aplicable para exigir la responsabilidad
penal de los mayores de catorce
años y menores de dieciocho, por la comisión de hechos
tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o leyes penales
especiales.

Asímismo, se
aplicará a personas mayores de
dieciocho años y menores de veintiuno, imputados en la
comisión de hechos delictivos, cuando el Juez de Instrucción
competente, oídos el Ministerio Fiscal, el Letrado del imputado y el
equipo técnico al que se refiere el art. 27 de
ésta Ley, así lo declare mediante auto, siendo necesario que:

- el imputado
haya cometido alguna falta o delito menos grave sin violencia e
intimidación en las personas, ni grave peligro para la vida e integridad
física de las mismas, tipificadas en el Código Penal o leyes
penales especiales.

- el imputado
no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una
vez cumplidos los dieciocho años.

- las
circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la
aplicación de la
presente Ley, especialmente cuando así lo haya
recomendado el equipo técnico en su informe.

No obstante, respecto de los mayores de dieciocho y
menores de veintiun años que se encuentren en
las circunstancias anteriores y por tanto les sea aplicable ésta Ley, la
L.O. 9/2000 de 22 de Diciembre (B.O.E.
de 23  de Diciembre de 2000),
dispone una moratoria  hasta Enero
de 2.003, para su aplicación.

Los Jueces de Menores serán competentes para
conocer de los hechos cometidos por las personas anteriormente referenciadas,
así como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las
facultades atribuídas por ésta Ley a las
Comunidades Autónomas, respecto de la protección y reforma de
menores; de igual forma, son competentes para resolver sobre las
responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por los menores a
los que se les aplica ésta Ley.

La competencia corresponderá al Juez de menores
del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, salvo el caso en que los
delitos atribuídos al menor expedientado
hubieran sido cometidos en diferentes territorios, entonces, la
determinación del órgano judicial competente para el
enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente, así como de las
entidades públicas competentes par la ejecución de las medidas
que se apliquen, se hará teniendo en cuenta el lugar del domicilio del
menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el art. 18 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Respecto de los menores
de catorce años, no se les exigirá responsabilidad penal con
arreglo a ésta Ley sino que se les aplicará lo dispuesto en las
normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y
demás disposiciones vigentes.El Ministerio Fical
deberá remitir a la entidad pública de protección de
menores, testimonio de los particulares que considere precisos respecto al
menor, a fin de valorar su situación y dicha entidad habrá de
promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de
aquél conforme a lo dispuesto en la L.O.
1/1996 de 15 de Enero.

Las edades indicadas en el articulado de ésta Ley,
deben entenderse siempre referidas al momento de la comisión de los
hechos, sin que la circunstancia de haberse rebasado las mismas antes  del comienzo del  procedimiento o durante su
tramitación, tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuída por ésta Ley a los Jueces y
Fiscales de Menores.

Respecto del cómputo
de la edad, tanto la mayoría de la Doctrina como la Jurisprudencia,
consideran que debe computarse de momento
a momento.La
cuestión es sencilla  cuando
consta la hora de nacimiento en la partida de nacimiento pero en caso
contrario, incluso si no constare dicha partida, si se sabe el día de
nacimiento, se considera que el delito se ha cometido antes de la hora en que
el sujeto hubiere alcanzado la mayoría de edad, aunque aquélla se
desconozca; a veces, puede existir dudas acerca del día de nacimiento,
en ése caso será el Médico Forense quien determine la edad
aproximada de la persona.

Los Jueces de Menores serán competentes para
conocer de los hechos cometidos por las personas anteeriormente
referenciadas, así como para ejecutar sus sentencias

Todos los intervinientes en el poceso penal de menores han de ser especialistas en
ésta materia (Jueces, Abogados, Fiscales, Policía,
Psicólogos, etc.)

B)
APLICACION DE MEDIDAS CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MENOR

Constituye una de las novedades más importantes de
la Ley, y a su vez, una de las diferencias fundamentales con la
legislación prevista en el Código Penal en la que a una misma
conducta se aplica, con independencia de la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, una misma pena, sin embargo, en
la L.O. 5/2000, la aplicación de una medida
concreta no sigue  el mismo
principio de igualdad, sino que aquélla se impone en atención no
sólo a la entidad del hecho delictivo cometido sino también ,
atendiendo a la edad del menor y a las circunstancias personales, familiares,
sociales y al interés de dicho menor.

Rigen los mismos principios constitucionales que en el
orden penal: presunción de inocencia, proporcionalidad,
contradicción, etc., no obstante, materialmente se trata de un proceso sancionador-educativo que ante todo
persigue la reinsercción del menor en la
sociedad.

Para determinar cúal de
las medidas debe adoptarse en interés del menor así como su
duración, el Ministerio Fiscal viene obligado a solicitar del Equipo
Técnico, un informe sobre la situación psicológica,
educativa y familiar del menor, al igual que sobre su entorno social y sobre
cualquier otra circunstancia relevante para dicha adopción.

Las medidas vienen recogidas en el art. 7 de la Ley:

- Internamiento en régimen cerrado

- Internamiento en régimen semiabierto

- Internamiento en régimen abierto

- Internamiento terapeútico

- Tratamiento ambulatorio

- Asistencia a un centro de día

- Permanencia de fin de semana

- Libertad vigilada.

- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo

- Prestaciones en beneficio de la comunidad

- Realización de tareas socio-educativas

- Amosestación

- Privación del permiso de conducir ciclomotores o
vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias
administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.Esta
medida puede imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere
cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor o un arma,
respectivamente.

El Juez, de
oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del Letrado del menor, previa
audiencia de éstos e informe del Equipo Técnico y, en su caso, de
la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá en cualquier momento, mediante
auto que será recurrible, dejar
sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por
otra, siempre que la modificación redunde en interés del menor y
se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta.

Rige el
principio de Legalidad respecto de la ejecución de las medidas acordadas,
así, no podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en
ésta Ley sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el
procedimiento regulado en la misma.

La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces
de menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades
Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla donde se ubique el
Juzgado de menores que haya dictado la sentencia, dichas entidades
públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus  respectivas normas de
organización, la creación, dirección, organización
y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para
garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en ésta
Ley.

La ejecucióbn de las
medidas  previstas en ésta
Ley se realizará bajo el control del Juez de menores que haya dictado la
sentencia correspondiente, el cual, resolverá por auto motivado,
oídos el Ministerio Fiscal, el Letrado del menor y la
representación de la entidad pública que ejecute aquélla,
sobre las incidencias que se puedan producir durante su transcurso.

C)  INSTRUCCION DEL EXPEDIENTE POR EL
MINISTERIO FISCAL

Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de
los procedimientos por los hechos a los que se refiere ésta Ley; ello
supone una gran innovación en nuestro sistema procesal.

Así, el art. 16 de la Ley Penal del Menor
dispone: "Quienes tuvieren noticia de algún hecho de los indicados
en el apartado anterior (hecho delictivo), presuntamente cometido por un menor
de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio
Fiscal, el cual admitirá o no la denuncia, según que los hechos
sean a o no indiciariamente constitutivos de delito;
custodiará las piezas, documentos y efectos que le hayan sido remitidos
y practicará, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para la
comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor en su
comisión, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuando los
hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido.La
resolución recaída sobre la denuncia deberá notificarse a
quienes hubieran formulado la misma.

Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el
apartado anterior, el Ministerio Fiscal dará cuenta de la
incoación del expediente al Juez de Menores quien iniciará las diligencias
de trámite correspondientes."

Una vez detenido el menor, dicha detención se
pondrá en conocimiento de los representantes legales del mismo y del
Ministerio Fiscal.

Toda declaración del detenido se hará en
presencia de su Letrado  y de
aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor,
salvo que las circunstancias, en éste último caso, aconsejen lo
contrario; en defecto de éstos últimos la declaración se efectauará en presencia del Ministerio Fiscal,
representado por persona distinta del instructor del expediente.

La detención del menor por funcionarios de
policía no podrá durar más tiempo del estrictamente
necesario para la realización de las averiguaaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo
máximo de 24 horas, el menor detenido deberá ser puesto en
libertad o a disposición del Ministerio Fiscal, en cuyo caso,
éste deberá resolver dentro de las 48 horas a partir de la
detención, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento
o sobre la incoacción del expediente, poniendo
a aquél a disposición del Juez de menores competente e instando
del mismo las oportunas medidas cautelares.

En definitiva, la actuación instructora del
Ministerio Fiscal tiene por objeto la valoración de la participación
del menor en los hechos, para expresarle el reproche que merece su conducta,
así como la proposición de concretas medidas de contenido
educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor
y, sobre todo, al interés del propio menor valorado en la causa.

El Ministerio Fiscal deberá dar vista del
expediente al Letrado del menor, en un plazo no superior a las 24 horas, tantas
veces como aquél lo solicite.

El Ministerio Fiscal no puede practicar por sí
mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que habrá
de solicitar del Juzgado la práctica de las que sean precisas para el
buen fin de las investigaciones; el Juez resolverá sobre ésta
petición en auto motivado.

La práctica de éstas diligencias se
tramitará en pieza separada.

Los autos y providencias que se dicten durante la
tramitación del procedimiento son susceptibles de Recurso de Reforma

D) FASE
DE AUDIENCIA

Finalizada la instrucción, si el Ministerio Fiscal
considera que, por ser los hechos constitutivos de delito, debe continuar el procedimeiento, remitirá el expediente al Juez de
menores con un escrito de alegaciones, similar al escrito de acusación;
el Juez, dará traslado del mismo al Letrado a fin de que en el plazo de
cinco días formule escrito de alegaciones, comprensivo de los mismos
extremos que el del Ministerio Fiscal y proponga la prueba que considere
oportuna.

Salvo que exista sentencia de conformidad, para el caso
en que la medida solicitada por el Ministerio Fiscal fuere cualquiera a excepción
de la de internamiento, y dicha conformidad fuere expresada en una
comparecencia ante el Juez de menores con la aceptación del menor y de
su Letrado, el Juez, adoptará alguna de las siguientes decisiones:

- Celebración de audiencia

- Sobreseimiento

-
Remisión de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de
menores considere que   no le
compete el conocimiento del asunto.

- Practicar
por sí las pruebas propuestas por el Letrado del menor que hubieren sido
denegadas por el Ministerio Fiscal durante la instrucción y que no
puedan celebrarse en el transcurso de la audiencia, siempre que considere que
son relevantes a los efectos del proceso.

Si se celebra la audiencia, se señalará
día para la misma, asistiendo el menor (pudiendo estar acompañado
de sus padres o tutores, salvo que el Juez, oído el Fiscal y el Letrado
considere que no es aconsejable), su Letrado, el Fiscal, el Equipo
Técnico y en su caso, el perjudicado que se haya personado.

Existe una excepción al principio de publicidad,
puesto que el Juez puede acordar, en interés del menor o perjudicado,
que las sesiones no sean públicas y, en ningún caso, se
permitirá que los medios de comunicación social obtengan o
difundan imágenes del menor ni datos que permitan su
identificación.

Asímismo, el
Juez podrá acordar, si el interés del menor lo aconseja, que
éste abandone la sala durante la celebración de las sesiones.

La celebración de la audiencia es igual que la de
un juicio ordinario en el que el Juez invitará al Ministerio Fiscal y al
Letrado para que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre la
práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún
derecho fundamental en la tramitación del procedimiento, o, en su caso,
les pondrá de manifiesto la posibilidad de aplicar una distinta
calificación o una medida distinta de las que hubieren solicitado, en el
caso de continuar la audiencia, se practicará la prueba propuesta y
admitida y la que previa declaración de su pertinencia, ofrezcan las
partes en el acto para su práctica, oyendo asímismo
al Equipo Técnico sobre las circunstancias del menor; a
continuación, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al Letrado del
menor sobre la valoración de la prueba, su calificación
jurídica y la procedencia de las medidas prpuestas,
oyendo también sobre éste último punto al equipo
técnico, por último, el Juez oirá al menor, dejando la
causa vista para sentencia que se dictará en el plazo de cinco
días, siendo recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial
correspondiente.Cabe recurso de casación para
la unificación de doctrina, ante la sala segunda del Tribunal Supremo.

E)  MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD

- DESISTIMIENTO DE LA INCOACION DEL EXPEDIENTE,
por parte del Ministerio Fiscal, cuando los hechos denunciados constituyan delitos
menos graves sin violencia o intimidación en las personas o faltas,
tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

- SOBRESEIMIENTO DEL EXPEDIENTE POR CONCILIACION O REPARACION ENTRE EL
MENOR Y LA VICTIMA, sólo cabe cuando el hecho imputado al menor
constituye delito menos grave o falta; el Ministerio Fiscal deberá
atender a la falta  de violencia o intidación graves en la comisión de los
hechos y a la circunstancia de que el menor se haya conciliado con la
víctima o haya asumido el compromiso de de reparar el daño
causado a aquélla o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido
a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su
informe.

- MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA IMPUESTA (ya referido anteriormente)

- SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL FALLO : El Juez de menores, de
oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del Letrado del menor, y
oídos en todo caso éstos, así como el representante del
equipo técnico y de la entidad pública de protección o
reforma de menores, podrá acordar motivadamente la suspensión de
la ejecución del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida
impuesta no sea superior a dos años de duración, durante un
tiempo determinado y hasta un máximo de dos años; dicha
suspensión se acordará en la sentencia o por auto motivado cuando
aquélla sea firme, debiendoexpresar, en todo
caso, las condiciones de la misma.

F)
PARTICIPACION DEL PERJUDICADO

En éste procedimiento no cabe el ejercicio de
acciones por particulares, salvo lo previsto para el ejercicio de accciones civiles.

No obstante, cuando los hechos tipificados como delitos
se atribuyen a personas que hayan cumplido los dieciseis
años en el momento de la comisión de los hechos, con violencia e
intimidación o con grave riesgo para la vida o integridad física
de las personas, el perjudicado podrá personarse en el procedimiento,
tanto en la fase instructora como en la fase de audiencia, con las siguientes
facultades:

- Tener vista
de loa actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y
acuerden.

- Proponer
pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su
comisión, salvo en lo referente a la situación
psicológica, educativa, familiar y social del menor.

- Participar
en la práctica de las pruebas, en la fase de instrucción o en la
de audiencia.

Contra la denegación por el Fiscal de la
personación del perjudicado en la fase instructora, éste
podrá reiterar su petición ante el Juzgado de menores en el plazo
de cinco días, y contra la denegación de la práctica de
una prueba por el Fiscal no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la
posibilidad de volver a solicitarla en el escrito de alegaciones o en la fase
de audiencia.

Con carácter previo a la remisión por el
Fiscal del escrito de alegaciones con el expediente al Juzgado de menores, el
Ministerio Fiscal concederá al perjudicado que se hubiera personado, un
plazo de cinco días para que valore el conjunto de la prueba practicada
y, en su caso, proponga aquellas que debieran ralizarse
en la fase de audiencia.

Cuando proceda la celebración de la audiencia, el
Juez invitará al perjudicado personado en la causa para que manifieste
lo que tenga por conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas,
oyéndole en relación con los hechos probados resultantes de las
mismas y la participación del menor, sin que en ningún caso pueda
realizar manifestación algauna sobre la
procedencia de las medidas propuestas.

Contra la sentencia dictada por el Juez de menores, el
perjudicado podrá interponer recurso de apelación fundamentado en
la incompetencia del Juzgado, la inadecuación del procedimiento, el
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio que haya producido
indefensión al perjudicado o la falta de apreciación de
algún elemento de prueba esencial para la calificación de los
hechos, pudiendo, si fuere necesario, solicitar su práctica.

G)
RESPONSABILIDAD CIVIL

Otra de las novedades de ésta Ley es la
creación de un procedimiento específico para la depuración
de responsabilidades civiles derivadas de los actos ilícitos cometidos
por los menores de edad.

Se tramita en pieza separada por cada uno de los hechos
imputados, ante el Juez de menores correspondiente.

La acción para exigir la responsbilidad
civil se ejercitará por el Ministaerio Fiscal,
salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el
plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de
responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional
civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un
menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él
de los daños y perjuicios causados sus padres, tutors,
acogedores y guardadores legales o de hecho, por éste orden.

Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las
responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los que
se refiere la presente
Ley, serán responsables civiles directos hasta el
límite de la indemnización legalmente establecida o
convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición
contra quien corresponda.

La extensión de la responsabilidad civil
será la fijada en el Código Penal vigente.

Tan pronto como el Juez de menores reciba el parte de la
incoación del expediente por el Ministerio Fiscal, procederá a
abrir una pieza separada de responsabilidad civil, notificando a quienes
aparecen como perjudicados su derecho a ser parte en la misma, estableciendo el
plazo límite para el ejercicio de la acción.

El Juez de menores notificará al menor y a sus
representantes legales, en su caso, su condición de posibles
responsables civiles.

Una vez personados los presuntos perjudicados y
responsables civiles, el Juez de menores dictará un auto acorfdando el inicio del procedimiento, en el que se
señalarán las partes actoras y demandadas, concediendo un plazo
de diez días a los demandanttes para que
presenten un escrito con sus pretensiones y propongan la prueba que sonsideren necesaria, incluída
la confesión en juicio y la de testigos, de dicho escrito se dará
traslado a los demandados, quienes contarán con un plazo igual para
contestar la demanda y proponer prueba, a continuación, sew convocará a ambas partes a una vista oral en la
que demandantes y demandados expondrán sus pretensiones, realizando las
alegaciones que estimen oportunas, en el mismo acto se admitirán las
pruebas pertinentes y se ppracticarán las
pruebas propuestas, no se puede rechazar la confesión en juicio o la
prueba testifical por el hecho de haber sido ya practicadas en el expedeiente principal.De oficio,
el Juez mandará unir a los autos los particulares del expediente del
procedimiento de menores y de las actas de la audiencia que considere
relevantes para su decisión.

Una vez celebrada la audiencia en el procedimiento de
menores y dictada sentencia o, recaída otra resolución
definitiva, el Juez dictará sentencia civilabsolviendo
a los demandados o declarandoles responsables
civiles, con el contenido del art. 115 del vigente Código Penal,  dicha sentencia no producirá
fuerza de cosa juzgada, quedando a salvo el derecho de las partes para promover
el juicio ordinario sobre la misma cuestión, en el que se
considerarán probados los hechos que el Juez de menores haya estimado
acreditados, así como la participación del menor, contra la misma
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

En la pieza de responsabilidad civil no se precisa de
letrado ni procurador, pero si lo solicitare, se designará letrado de
oficio al presunto responsable.Los representantes
legales del menor podrán ser defendidos por el Letrado designado al
menor en el procedimiento principal, si así se aceptare por
aquél.