TUTELA EFECTIVA Y ARBITRAJE DE
CONSUMO .

MARIA DOLORES BESES MIGUEL

Licenciada en Derecho

1.- La Crisis del proceso:
2.-Jurisdicción y métodos alternativos:    3. - Las ADR
“Alternative Dispute Resolution”  4.- Las ADR como métodos
alternativos de resolución de conflictos en el ámbito del consumo
en la
Unión Europea.5. El arbitraje de consumo en
España 6 El convenio arbitral :7 Del procedimiento arbitral    8 El laudo arbitral.
Conclusiones..

1.- La
Crisis del proceso:

En los
últimos tiempos hemos podido observar como han llovido las
críticas desde todos los ámbitos hacia la administración
de la justicia. Tanto
desde los medios de comunicación, como de asociaciones y del propio
gobierno se reconoce que  la
administración de justicia , a través del proceso se presenta
como insuficiente para dar  una
respuesta justa a los ciudadanos,
tanto la necesidad de afrontar reformas procesales como dotar de mejores
y más medios a la administración de justicia son temas a la orden
del día. (1)

Con la masificacion, la
globalización, y la velocidad de vértigo en los cambios tanto
económicos, sociales y tecnológicos que nos han venido
acompañando en los últimos tiempos,  unido a una tendencia a la
privatización del proceso enmarcada en la  disminución de roles a cargo del
Estado,  han  puesto de manifiesto la incapacidad  para dar una respuesta  rápida y eficaz a la demanda de
tutela judicial, provocando un descrédito de la resolución
judicial  de conflictos.

Sin embargo la falta de rapidez y eficacia, la carestía del
proceso y la especial querulencia de nuestro pueblo  como denota  PEDRAZ  (2)
ya fue puesta de manifiesto hace 400 años, y ya entonces se
dirigían las miradas hacia búsqueda de equivalentes . Esta
crítica no debe servir para eximir al Estado de ofrecer un proceso
justo, con sucedáneos carentes de garantías, al contrario  cualquier otra alternativa distinta al
proceso exige del Estado que “esté y pase por ella, aun con todas
las consecuencias” , debiendo respetarse en cualquier sistema alternativo
al proceso que se ofrezca al ciudadano los principios de audiencia,
contradicción e igualdad de partes.

2.-Jurisdicción
y métodos alternativos:

Con la constitucionalización de los principios procesales y  el derecho a la tutela judicial
efectiva, el Poder Judicial se convierte en  controlador de los otros poderes,  así como en  protector del ciudadano; sin embargo  la proliferación de asuntos ante
los diversos ordenes jurisdiccionales, sin una respuesta adecuada a las
circunstancias tanto de orden procesal como material  ha contribuido a  la
merma de tal poder, que unido a otras causas ,  así como la exigencia al proceso
debido  reconocido en el Art. 24 de
la Constitución, en cuanto derecho a la tutela judicial efectiva, ha
abierto una camino motivado por criterios economicistas  hacia la utilización de
vías alternativas a la jurisdiccional , basados en la autonomía
de la voluntad,  como paso previo o
complementario a la vía jurisdiccional.

La creciente complejidad en las relaciones
humanas y la celeridad en el cambio, unido a la nueva era tecnológica
,  las nuevas figuras financieras,
operaciones de mercado transnacionales,
etc. aumentan en progresión tanto la cantidad de conflictos como
la variedad de los mismos, y ello requiere
opciones diferentes y alternativas para la resolución  de las disputas. Ante la necesidad
social y empresarial de solucionar los conflictos jurídicos , se
proponen diferentes alternativas por los operadores jurídicos como
métodos más adecuados y eficientes.  Barona Vilar (5)  agrupa en tres direcciones la
búsqueda de estas soluciones:

a)Aquellos
que afirman que la vía de solución de esta crisis viene por el
camino del aumento de medios materiales y personales de la
Administración de Justicia

b)Los que desde posiciones políticas más poderosas
mantienen la proliferación legislativa procesal como única
vía de introducir soluciones, que, por otra parte y en muchas ocasiones,
obedecen a parches, búsquedas apresuradas, como si trasladando del derecho
comparado instituciones no aplicables en nuestro país se alcanzar la
solución a nuestra tan denostada Administración de Justicia.

c)Los que buscan fuera del Poder Judicial la solución de los
conflictos o controversias jurídicas. Estos caminos fuera del Poder
Judicial  son alternativos a los
largos procesos  que, según
la naturaleza del conflicto en su caso, concluyen en sentencias que por su
dilación en el tiempo terminan siendo injustas.

Aunque habría que destacar   que no es tan cierto como se
pretende el aforismo de que una justicia tardía supone una
denegación de justicia, por cuanto una justicia acelerada pueda suponer
asimismo la máxima injusticia. (6)

Por ello , sin dejar de lado el Poder Judicial que se erige en
garantía del orden público, se promueve la búsqueda de la
solución del conflicto a través del camino de la
mediación, conciliación,   negociación y arbitraje,...

La garantía
jurisdiccional no puede pasar desapercibida en un Estado que
constitucionalmente está considerado como social, democrático y
de derecho. Guardar silencio ante ello, sería convalidar el inicio de
una futura y peligrosa propuesta de mercantilización de la
administración de justicia .

Garantía
que asimismo contempla el Convenio Europeo (  para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 195[1]
en su  Artículo 6.1
“ Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída
equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal
independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los
litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil “

Por
ello cualquier vía que busquemos para solucionar de forma no violenta
los conflictos en nuestra sociedad, puede resultar  tan válida como la organizada
desde el

Estado y mediante la jurisdicción, pero por el momento el
derecho a ser “oída....por un Tribunal independiente ....
establecido por la Ley..”  , actualmente es entendido como que
sólo puede ser eludible de forma voluntaria y por opción de la
parte, no por imperativo del Poder Ejecutivo.

3. - Las ADR “Alternative Dispute
Resolution”

3.1 Generalidades

Como destaca BARONA VILAR ( 8 ) ,   la aparición de las ADR
hace tres décadas en el sistema anglosajón surge de una corriente
de pensamiento denominada Critical Legal Studies  en la Universidad de Harvard, supone una
respuesta negativa frente al normativismo.
Las ADR  son la consecuencia
de la creación del estado del bienestar, y con él de un intento
de alcanzar solución a los problemas de acceso a la justicia. Al igual
que en su momento el Poder Judicial supuso la necesidad de articular desde el
Estado  con las garantías de
igual y de justicia que la tutela pretendida por los ciudadanos requiere, una
vía o mejor unos instrumentos necesarios para resolver las disputas y
para conseguir el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos,
también debe asumirse hoy que éste, configurado como verdadero
Poder no es operante  para alcanzar
esa tutela eficaz entendiendo por eficacia la que comporta una solución
justa en tiempo y forma.

El
término Resolución alternativa de conflictos proviene de
algunos sectores de profesionales de la mediación, pero es poco
frecuente. En resolución de conflictos no se proponen alternativas a las
instituciones sociales como la justicia o la política, sino una
transformación de éstas, volviendo al sentido primero de las  mismas. En todo caso, la
transformación de los conflictos de cara a su resolución
podría significar la búsqueda de alternativas no violentas.

Los cauces de las ADR no pueden
plantearse como una fórmula contra los tribunales, ni puede pensarse en
las mismas como cauces exclusivamente privados de solución de los
conflictos. La colaboración de los tribunales es punto esencial en aras
a esa efectiva tutela pretendida, y la configuración desde o en la
Administración puede ser un punto esencial para que efectivamente el
sistema de las ADR funcione.

Cada
vez más huyendo del normativismo, y procurando facilitar el acceso a la justicia,
se trata de dar eficacia a aquellos mecanismos que bien se denominen:
conciliación, mediación o algún otro sentido equivalente
en el que las partes soliciten a un tercero o terceros (“El
conciliador”), que les preste asistencia en su intento por llegar a un
arreglo amistoso de una controversia que se derive de una relación
contractual u otro tipo de relación jurídica o esté
vinculada a ellas.

3.2 El
arbitraje

El arbitraje, es un procedimiento
heterocompositivo por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las
partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta
una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes.
Contrariamente a la mediación, una vez que las partes han acordado
libremente someter una controversia a arbitraje, una parte no puede retirarse
unilateralmente del arbitraje .

El
arbitraje, como medio alternativo a la justicia ordinaria, es actualmente
objeto de gran impulso y se promueve su utilización, difundiendo sus
ventajas frente a esta última..(12)

El
arbitraje y la mediación, son medios alternativos de
administración de justicia, que si bien no aparecen expresamente
recogidos en la Constitución,
su objetivo es permitir la resolución de conflictos de una manera
tan valida, aplicable, oportuna y justa, como la que se esperaría de los
jueces ordinarios. Al tratarse de una alternativa, implica poder escogerla, en
detrimento de la otra opción, y hacerlo por alguna ventaja apreciable,
ya que ambas  vías llevan al
mismo resultado. Bajo la anterior premisa, debemos cuestionarnos  cuales serían las razones por las
que no  acudiríamos a la
justicia ordinaria en caso de un conflicto.

3.2.1 Ventajas del Arbitraje

Ya En la Ley de Madrid de 1502 se
recogían los motivos por los cuales las partes optaban por el arbitraje
“Porque acaece, que las partes por bien de paz y concordia y por
evitar costas y pleytos y contiendas...acuerdan poner y comprometen los tales
pleytos y contiendas en manos de jueces árbitros...” . (13)

Las
razones de fondo siguen siendo las mismas, los pleitos son caros, largos.

El Libro Blanco  sobre Mecanismos Extrajudiciales de
Solución de Conflictos en España . Diciembre de 2002   (14) contempla, entre otras,  las siguientes:

Celeridad
: El 80% de las sentencias que se pronuncian en España son  desestimatorias. Esto demuestra que se
litiga para retrasar el cumplimiento de los compromisos asumidos, lo que
provoca que los pleitos se dilaten por la sobrecarga de asuntos judiciales.

Agilidad. Las partes  pueden establecer el plazo máximo
dentro del cual el laudo debe ser dictado, al estar previamente establecido en
las normas de funcionamiento del tribunal. El procedimiento arbitral es
más expedito que el judicial y el laudo arbitral no está sujeto
al recurso de apelación.

Según los resultados reflejados en
el Libro Blanco de la Justicia , se calcula aproximadamente un tiempo de un
once meses  para un proceso
planteado ante un tribunal de justicia, un año para la apelación,
tres años para un proceso de casación ante el Tribunal Supremo y
finalmente un año para su ejecución.

Economía. El coste total de los procesos arbitrales es
inferior al de los procesos judiciales estatales. Minimizan tiempo y dinero.

Especialización
en la materia Las partes pueden
escoger árbitros que, en razón de su profesión o de las
actividades que realizan, conozcan a fondo la materia en la que se ha originado
la controversia. No
ocurre lo mismo en la justicia ordinaria, porque los conflictos son resueltos
por jueces que tienen una buena preparación legal, pero no
específica en los diferentes campos o materias donde se mueven los
negocios. Aunque en el ámbito jurisdiccional también se tiende
cada vez más a la especialización.

Control de las
partes

Estas mantienen en
todo momento el control del proceso, pueden suspenderlo por un plazo cierto y
determinado o darlo por finalizado
por cualquier motivo, evitando que los árbitros dicten el laudo.

La
obligatoriedad de la decisión final

El laudo es de
obligado cumplimiento para las partes
y en caso de incumplimiento
se procederá a la ejecución forzosa vía tribunales
de justicia.

El
Reconocimiento internacional del laudo arbitral  es
superior al que poseen las sentencias nacionales , más de 130
países han firmado la Convención para el Reconocimiento y
Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, conocida como
Convención de Nueva York.

Privacidad,
confidencialidad y ausencia de publicidad   son entre otras  las ventajas que el arbitraje nos
ofrece.

4.- Las ADR como métodos alternativos de
resolución de conflictos en el ámbito del consumo en la Unión Europea.

Las
distintas transformaciones
económicas, sociales, tecnológicas han incidido  al igual  que en otros muchos  ámbitos de nuestra sociedad , en
el mundo de los consumidores el cual ha evolucionado tanto cualitativa como
cuantitativamente. Durante
mucho tiempo han sido característicos los conflictos  ante los tribunales principalmente
relacionados con la propiedad y con las personas físicas. Sin embargo
con  el tiempo se ha puesto de
manifiesto un trasvase de lo privado hacia lo público, de lo individual
a lo colectivo. La sociedad presenta unos litigios más complejos .El
continuo desarrollo de nuevas prácticas comerciales que implican
la intervención de los consumidores, como el comercio
electrónico, así como el previsible aumento de las transacciones
transfronterizas, requieren especial atención para ganar la confianza de
los consumidores, en particular facilitando el acceso, incluido por medios
electrónicos, a medios prácticos, eficaces y poco onerosos para
obtener indemnización.

En el campo del Derecho mercantil
la evolución que iba a tener el consumo era inimaginable
así como también el correlativo  desarrollo de la tutela de los
consumidores, potenciándose todos aquellos mecanismos que facilitan el
acceso a la justicia al consumidor.

El consumo de masas, fenómeno
nuevo impensable hace cien años, presenta una serie de
características  (17)  , que hacen específicos los conflictos   sobre esta materia.

Debido
a su naturaleza, la mayoría de los litigios en materia de consumo se
caracterizan por una desproporción entre el valor económico del
asunto y el coste de su solución por vía  judicial , ello favorece que el consumidor se convierta en un operador
pasivo  ante la posibilidad de hacer
efectivo su derecho ante los Tribunales.
Hay que decir no obstante que si bien lo que un consumidor reclama puede ser
insignificante, no lo es ya tanto la suma de las cuantías de las
reclamaciones  de muchos
consumidores afectados, jugando en este aspecto un papel muy importante las
asociaciones de consumidores que han canalizado e impulsado la efectividad de
los derechos como consumidores.

Independientemente
del objeto y del valor del pleito, el consumidor en la relación contractual  es
considerada  la parte
económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada. La
desigualdad de fuerzas en la relación jurídica contractual  en el ámbito del consumo  es palpable por ello  el consumidor  se ve obligado, frecuentemente,  a adherirse a las condiciones impuestas
por la empresa, poniéndose de manifiesto la desigualdad real cuando
surge el conflicto entre el empresario
y el consumidor, pueda necesitar la asistencia y los servicios jurídicos de
una tercera persona para defender y proteger mejor sus derechos. De ahí que hayan surgido las asociaciones
de consumidores para garantizar una verdadera tutela tanto a nivel individual
como colectivo.;

La tipologia material es otra de las
cuestiones que BARONA VILAR destaca. Junto a las reclamaciones de bagatela  (bien en estado defectuoso)  , en ocasiones la pretensión del
consumidor ya no es la indemnización por el defecto en el bien, sino la
obtención en especie del objeto de consumo,  o en aquellos supuestos en que  por defectos de fabricación  en una pieza de un bien de consumo  muy generalizado como pueda ser el
automóvil (por ejemplo los frenos de un modelo concreto de una marca de
automóviles)  el
número de consumidores afectados puede resultar considerable. Ello ha
provocado que se comience a tutelar desde esta perspectiva del consumo los
intereses colectivos, así como los difusos.

No hay que olvidar que las nuevas
tecnologías han provocado el crecimiento geométrico del
mercado  y el desarrollo  del consumo a nivel transnacional  favorecido en gran medida por la red de
redes. En
el caso de los conflictos transfronterizos, las posibles dificultades ligadas a
los procedimientos judiciales pueden disuadir al consumidor de hacer valer
efectivamente sus derechos.

Desde hace varios años y en el
marco de un programa destinado a mejorar el acceso  del consumidor a la justicia  se han realizado varios estudios en el
ámbito de los conflictos, relacionados con el consumo,  tanto nacionales como
transfronterizos,  vinculados o no a
Internet.

La Comisión dentro de este
programa  adoptó dos Recomendaciones por las
que se establecen determinados principios aplicables a los procedimientos
extrajudiciales  en materia de
consumo.  Estas Recomendaciones
acompañadas cada una de ellas por una comunicación de la
Comisión, venían acompañadas  asimismo para su publicación de
un formulario de reclamación europeo para el consumidor.

4.1  La Recomendación 98/257/CE .-

Siguiendo con   el deseo de aumentar la confianza
de los consumidores en el funcionamiento del mercado interior y su capacidad
para beneficiarse de las posibilidades que éste les ofrece contempla la
posibilidad de que los consumidores puedan resolver sus litigios de forma
eficaz y adecuada por la vía de procedimientos extrajudiciales u otros
procedimientos comparables considerando necesario que dichos procedimientos
satisfagan unos criterios mínimos que garanticen la imparcialidad del
órgano, la eficacia del procedimiento, la publicidad y la
transparencia de la actuación, por cuanto el establecimiento de
tales principios,  habida cuenta de
los conflictos transfronterizos, facilitará que los prestadores de
servicios extrajudiciales establecidos en un Estado miembro puedan ofrecer sus servicios en otro Estado miembro.

La
recomendación enuncia los siete requisitos mínimos relativos a la
creación y funcionamiento de las ADR, no refiriéndose a los
procedimientos que simplemente

pretenden acercar a las partes para convencerlas de
que busquen una solución de común acuerdo y que frecuentemente
son designados con la apelación de “mediación”.

Se
recomienda que todo órgano
existente o que pueda crearse, que tenga como competencia la solución
extrajudicial de litigios en materia de consumo, sea persona física o
jurídica responsable de
la creación o el funcionamiento de tales órganos, y a los Estados
miembros cuando participen en ellos que  respeten los siguientes principios:

I. Principio de independencia

La independencia del órgano
responsable de la toma de la decisión estará asegurada, de forma
que se garantice la imparcialidad de su acción.

Cuando la decisión se adopte de
forma individual, esta independencia estará garantizada por las
siguientes medidas:

- la persona designada tendrá la capacidad, la experiencia y la
competencia, en particular en materia jurídica, necesarias para la
función;

-  la duración del mandato de la persona designada
deberá ser suficiente para garantizar la independencia de su
acción, sin que ésta pueda ser destituida sin motivo justificado;

-  cuando la persona designada sea nombrada o remunerada por una
asociación profesional o por una empresa, no deberá haber
trabajado para dicha asociación profesional, ni para uno de sus
miembros, ni para la empresa en cuestión, durante los tres años
anteriores a su entrada en funciones.

Cuando la decisión se adopte de forma
colegial, la independencia del órgano responsable de ella puede
garantizarse mediante la representación paritaria de los consumidores y
de los profesionales o por el respeto de los criterios antes enunciados.

II. Principio de transparencia

Se adoptarán las medidas convenientes
para garantizar la transparencia del procedimiento. Entre dichas medidas se
incluirán:

1) la comunicación por escrito, o
en cualquier otra forma apropiada, a cualquier persona que lo solicite, de la
información siguiente:

-  una descripción precisa
de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano, así como
los límites que puedan existir en relación con la cobertura
territorial y el valor del objeto de los litigios;

-  las normas relativas a la consulta del órgano, incluidas,
en su caso, las gestiones previas impuestas al consumidor, así como
otras normas de procedimiento, en particular las relativas al carácter
escrito u oral del procedimiento, a la comparecencia personal y a las lenguas
del procedimiento;

-  el posible coste del procedimiento para
las partes, incluidas las normas relativas al reparto de los costes con
posterioridad al procedimiento;

-  el tipo de normas en las que se basan
las decisiones del órgano (disposiciones legales, equidad,
códigos de conducta, etc.);

-  las modalidades de toma de
decisión en el órgano;

-  el valor jurídico de la
decisión, precisando claramente si es o no de carácter
obligatorio, para el profesional o para las dos partes. Si la decisión
tuviera carácter obligatorio, deberán precisarse las sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de la decisión. Lo
mismo se aplica a las vías de recurso que puedan existir para la parte
que no obtenga satisfacción.

2) La publicación, por el órgano
competente, de un informe anual relativo a las decisiones dictadas, que permita
evaluar los resultados obtenidos y determinar la naturaleza de los litigios
presentados.

III. Principio de contradicción

El procedimiento que habrá de seguirse
implicará la posibilidad de que todas las partes interesadas den a
conocer su punto de vista a la institución competente y que tengan
conocimiento de todas las posturas y de todos los hechos expuestos por la otra
parte, así como, en su caso, de las declaraciones de los expertos.

IV. Principio de eficacia

La eficacia del procedimiento estará
asegurada por medidas que garanticen:

a)  el acceso del consumidor al
procedimiento, sin estar obligado a utilizar un representante legal ;

b) la gratuidad del procedimiento o la
fijación de costes moderados;

c) la fijación de plazos cortos entre la
consulta presentada ante el órgano y la toma de la decisión;

d) la atribución de un papel activo al
órgano competente, que le permita tener en cuenta todo elemento
útil para la solución del litigio.

V. Principio de legalidad

La decisión del órgano no
podrá tener como resultado privar al consumidor de la protección
que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado en el que
esté establecido el órgano. En caso de litigios transfronterizos,
la decisión del órgano no podrá tener como resultado
privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposiciones
imperativas de la ley del Estado miembro en el cual el consumidor tenga su
residencia habitual, en los asuntos previstos en el artículo 5 del
Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales Toda decisión se justificará y comunicará
por escrito, o de cualquier otra forma apropiada, a las partes interesadas, en
el menor plazo posible.

VI. Principio de libertad

La decisión del órgano
sólo podrá ser obligatoria para las partes cuando éstas
hayan sido previamente informadas y la hayan aceptado expresamente.

La adhesión del consumidor al
procedimiento extrajudicial no podrá ser resultado de un compromiso
anterior al surgimiento de un desacuerdo , cuando dicho compromiso tenga por
efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a los órganos
jurisdiccionales competentes para la solución judicial del litigio.

VII. Principio de representación

El
procedimiento no podrá privar a las partes del derecho a hacerse
representar o acompañar por un tercero en toda las etapas del
procedimiento.

4.2 La Segunda Recomendación
de la Comisión , de 4 de abril de 2001

La  Recomendación
se aplicará a los órganos responsables de procedimientos  que se limitan a una simple tentativa de
acercamiento de las partes  en
materia de consumo, con el fin de convencerlas, de que busquen una
solución de común acuerdo, no obstante, puede suceder que el
tercero en cuestión tenga que proponer, de manera informal, una
solución. La especialidad consiste en el empleo del correo
electrónico en las prácticas comerciales de los consumidores,
recomendándose la búsqueda de mecanismos prácticos ,
eficaces y onerosos para que éstos puedan obtener una rápida
reparación y/o indemnización, facilitando el acceso a la justicia
incluso por medios electrónicos.

Las
recomendaciones que realiza la Comisión se insertan dentro de las ya
efectuadas en la Recomendación 98/257/CE , volviendo a hacer
hincapié sobre los siguientes
Principios:

A. Imparcialidad.-Para garantizar la imparcialidad de un procedimiento, las personas
responsables del mismo: a) serán nombradas por un período de
tiempo determinado y no podrán ser destituidas sin causa justificada; b)
no tendrán ningún conflicto de interés aparente o real con
ninguna de las partes; c) facilitarán a ambas partes información
sobre su imparcialidad y competencia antes de que comience el procedimiento.

B. Transparencia 1. Se garantizará la
transparencia del procedimiento.2. Las partes deberán tener acceso a
información clara y sencilla, que recoja los datos de las personas de
contacto, así como el funcionamiento y la disponibilidad del
procedimiento, para que puedan consultarla y recordarla antes de plantear una
reclamación.3. En particular, se facilitarán los datos
siguientes: a) cómo se desarrollará el procedimiento, ...b) las normas
relativas a cualquier requisito previo que deban cumplir las partes, así
como otras normas de procedimiento, en particular las relativas al desarrollo
del procedimiento y las lenguas que se utilizarán; c) los posibles
costes que deberán asumir las partes

C. Eficacia  1.
Deberá garantizarse la eficacia del procedimiento.2. Ambas partes
deberán tener acceso al procedimiento y poder utilizarlo con facilidad,
por ejemplo, a través de medios electrónicos, independientemente
del lugar en que residan.3. El procedimiento deberá ser gratuito para
los consumidores, o los posibles costes deberán ser moderados y
proporcionales a la cantidad en litigio. 4. Las partes podrán recurrir
al procedimiento sin necesidad de un representante legal y, no obstante, no
serán privadas del derecho de hacerse representar o acompañar por
un tercero durante todo el procedimiento o parte del mismo.5. Una vez
planteado, el litigio se tramitará en el plazo de tiempo más
breve posible que permita la naturaleza del mismo. El órgano responsable
del procedimiento deberá efectuar un control periódico de su
evolución para cerciorarse de que la tramitación del litigio de
las partes se realice de forma rápida y adecuada.6. El órgano
responsable del procedimiento incluirá el control del comportamiento de
las partes para asegurarse de que respetan su compromiso de buscar una
solución adecuada, justa y oportuna al litigio. Si el comportamiento de
una de las partes no es satisfactorio, se informará a ambas partes para
que estudien si conviene seguir buscando una solución al litigio por esa
vía.

D. Equidad

1. Deberá garantizarse la equidad
del procedimiento. En particular: a) las partes estarán informadas de su
derecho de no aceptar o de abandonar el procedimiento en cualquier momento, y
recurrir al sistema judicial o a cualquier otro mecanismo extrajudicial, si no
están satisfechas con el resultado o el desarrollo del mismo; b) ambas
partes podrán presentar libremente y con facilidad argumentos,
información o pruebas pertinentes a su favor de forma confidencial, a no
ser que cada parte haya acordado que se transmitan estos datos a la parte
contraria; si en un momento dado, el órgano presenta una solución
posible para resolver el litigio, ambas partes podrán exponer sus puntos
de vista, así como efectuar comentarios ante cualquier argumento,
información o prueba que presente una de las partes; c) se
animará a ambas partes a que cooperen con el procedimiento, en
particular aportando la información necesaria para encontrar una
solución equitativa al litigio; d) antes de que las partes decidan si
aceptan la solución que se propone para resolver el litigio
dispondrán de un período de tiempo razonable para estudiarla.2.
Antes de que el consumidor decida si acepta la solución que se propone
para resolver el litigio deberá ser informado de forma clara y en un
lenguaje comprensible de lo siguiente: a) puede aceptar o rechazar la
solución propuesta; b) la solución propuesta puede ser menos
beneficiosa que la que imponga un órgano judicial en aplicación
de las normas legales; c) antes de aceptar o rechazar la solución
propuesta tiene derecho a consultar a un asesor independiente; d) la
utilización del procedimiento no impide que intente solucionar un
litigio no resuelto ante otro mecanismo extrajudicial, como los cubiertos por la
Recomendación 98/257/CE, o que solicite indemnización a
través de su propio sistema judicial; e) el valor de la solución
aceptada.

4.3 la creación de una red
extrajudicial europea

A iniciativa de la Comisión
corresponde también  la
creación de la Red EJE,
cuyo objetivo consiste en facilitar el acceso de los consumidores a los
procedimientos extrajudiciales de solución de litigios
transfronterizos,  cuando el
profesional en cuestión  se
halle establecido en un estado distinto del Estado miembro de residencia del
consumidor.

La Red Extrajudicial Europea,
cuya fase experimental comenzó el 16 de Octubre de 2001 tiene como
finalidad la solución extrajudicial de conflictos transfronterizos en
materia de consumo, facilitando a los consumidores de los países
miembros de la
Unión Europea, así como de Noruega e Islandia,
el acceso a la justicia, al posibilitar la resolución de un conflicto
con un proveedor de otro país diferente al de su lugar de residencia.

Cada país participante
establecerá un punto de contacto central o "centro de intercambio
de información que prestará a los consumidores con residencia en
ese Estado, información y asesoramiento para acceder a los sistemas
extrajudiciales de resolución de conflictos pertinentes (19)..

En los diferentes países existe
ya una amplia gama de sistemas extrajudiciales para atender las reclamaciones
de los consumidores. Así como centros europeos del consumidor que
ofrecen asesoramiento y asistencia en cuestiones transfronterizas dentro de la Unión Europea.

La Red EJE
garantizará que los órganos extrajudiciales de resolución
de conflictos de los diferentes países, respeten  los principios de funcionamiento que
figuran en la Recomendación 98/257/CE. Estos órganos son
notificados a la Comisión europea por los diferentes Estados una vez verificado
el cumplimiento de los siete principios a que se refiere la
Recomendación 98/257/CE .

5. El arbitraje de consumo en
España

5.1 Consideraciones previas:  En este
marco europeo de fomentar el acceso a la tutela efectiva de los ciudadanos, y
por ende a los consumidores, la Administración del Estado ha puesto
todos los medios a su alcance para promover e impulsar el arbitraje de consumo,
como el medio más idóneo para la resolución de las quejas
y reclamaciones que pudieran efectuar los consumidores y usuarios.

Uno de los
acicates para conseguir atraer
a  empresas y consumidores
hacia este medio de resolución de conflictos extrajurisdiccional , ha
sido la gratuidad aunque también han realzado  la rapidez, sencillez procedimental,
así como otras características que también se predican del
arbitraje de consumo de las que mencionaremos a continuación las
más interesantes.

5.2 características del
arbitraje de consumo

Voluntariedad: Aparece recogida expresamente en el apartado 2 del articulo 31 de la Ley 26/1984
“El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario
y deberá constar expresamente por escrito”

Rapidez y
simplicidad    El arbitraje se desarrolla
sin formalidades especiales y se tramita en un corto espacio de tiempo, que
como máximo, será de 4 meses desde la constitución del
Colegio Arbitral.

Gratuidad: Fue establecida en principio, en el
número 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley
36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, según el cual : “Los arbitrajes
a que se refiere el párrafo anterior –entre los que figura el
establecido por la Ley 26/1984- son gratuitos”.

Así
como en el artículo 10.1 del Real Decreto 636/93,regulador del Sistema
Arbitral de consumo:  “El
procedimiento arbitral de consumo comenzará con la designación
del Colegio Arbitral, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en este
Real Decreto, con sujeción a los principios de audiencia,
contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad”. No obstante
este principio general de gratuidad, tiene sus limitación, las pruebas
practicadas a instancia de parte corren a cargo de la proponente; son gratis
las practicadas de oficio.

Carácter vinculante y ejecutivo  El Art. 17 del RD 63/1993, contempla que
“El laudo arbitral tendrá carácter vinculante y
producirá efectos idénticos a la cosa juzgada” (20)

Ello
significa, de acuerdo con lo establecido en el art. 11 de la Ley 36/1988 que
“obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá
a los tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje en
el convenio, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante
declinatoria”  ( 21)

Equilibrio entre las partes.

La
composición tripartita de los colegios Arbitrales (un representante de
la Administración que será el Presidente, otro que
representará a los empresarios y otro a los consumidores) garantiza el
equilibrio y la igualdad entre las partes.

No protocolizacion del laudo.

Es una de las cuestiones
que se viene demandando desde distintos sectores para el arbitraje
común. (22)  . La
eliminación del requisito de protocolización notarial del laudo
supone  un trámite
innecesario e incompatible con la simplificación procedimental que se
predica del arbitraje. Por dicho motivo habría que plantearse si es
realmente básico este requisito de protocolización o no.  (23) .La exigencia de
protocolización supone un requisito no acorde con el principio de
flexibilidad del procedimiento arbitral, pero a la vez esa necesidad de
formalización del mismo es una garantía para las partes en cuanto
la decisión adoptada está respaldada por un fedatario
público.

5.3 Regulación
Jurídica

La Constitución Española en su  Art. 51.1
establece que "los poderes públicos garantizarán la defensa
de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la
salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos".

Este
mandato constitucional de crear procedimientos eficaces tuvo su
plasmación con la promulgación de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU)
en la que en su  Art. 31 define el
Sistema Arbitral de Consumo y encomienda su establecimiento al Gobierno de la
Nación en los siguientes términos:1. Previa audiencia de los
sectores interesados y de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, el
Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y
resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las
quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que no concurra
intoxicación, lesión o muerte, y no existan indicios racionales
de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y de
la judicial, de acuerdo con lo establecido en el Art. 24 de la Constitución.

2. El sometimiento
de las partes al Sistema Arbitral de Consumo será voluntario y
deberá constar expresamente por escrito.

3. Los órganos de arbitraje estarán
integrados por representantes de los sectores interesados, de las
organizaciones de consumidores y usuarios y de las Administraciones
públicas dentro del ámbito de sus competencias.

Ley
36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje en las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda recogen
expresamente los supuestos de arbitraje de consumo.

Primera 1. La presente Ley será de aplicación a
los arbitrajes a que se refieren la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; el Art. 34.2 de la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado; la Ley 16/1987, de 30
de junio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y el Art. 143 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual, en todo lo no previsto en las mismas y en las disposiciones que
las desarrollan. No obstante, no será precisa la protocolización
notarial del laudo, que se dictará por los órganos arbitrales
previstos en dichas normas.

2. Los
arbitrajes a que se refiere el párrafo anterior son gratuitos.

Segunda

1. El Gobierno
establecerá reglamentariamente la denominación,
composición,

carácter,
forma de designación y ámbito territorial de los órganos
arbitrales y

demás
especialidades del procedimiento y del régimen jurídico del
Sistema

Arbitral que
prevé, en sus características básicas, el Art. 31 de la
Ley 26/1984.

2. Se
adiciona un párrafo final en el Art. 10.1 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio,

General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con la siguiente

redacción:

"Los
convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere
este artículo serán eficaces si, además de reunir los
requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La
negativa del consumidor o usuario a someterse a un convenio arbitral distinto
del previsto en el artículo 31 de esta Ley no podrá
impedir por sí misma la celebración del contrato  principal".

El Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo dictado en cumplimiento del Art. 31 de la
LGDCU y de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de
Arbitraje, establece en su artículo 1º que el Sistema Arbitral de
Consumo se regirá por sus normas y, en lo no previsto en él, por
la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. En concreto, el Real Decreto
regula detalladamente estas materias:

Capítulo I. Objeto del arbitraje.

Capítulo II. Constitución y
funciones de las Juntas Arbitrales.

Capítulo III. Formalización
del convenio arbitral.

Capítulo IV. Procedimiento
arbitral de consumo.

Capítulo V. El laudo arbitral.

ANEXO que
describe el anagrama del Sistema Arbitral

5.4 Objeto
del arbitraje de consumo

Tras establecerse la supletoriedad de la
Ley 36/1988 de 5 de diciembre de Arbitraje en el Art.1, no encontramos en todo
el capítulo ningún atisbo
que delimite positivamente el objeto del arbitraje de consumo , por lo
que  siguiendo la supletoriedad
predicada  en principio y conforme
el art. 1 de la Ley de Arbitraje del 88 tendremos que  basarnos en las materias de libre
disposición para las partes conforme a derecho parra
delimitar su ámbito.
Tras señalarse cual es la finalidad del sistema  el Art. 2.1.2 establece una serie de
cuestiones que no podrán  ser
objeto de arbitraje de consumo, que son reproducción del  (Art. 2.1 de la Ley 36/1988), con
inclusión del Art.. 31.1 de la Ley 26/1984 : tampoco podrán ser
objeto de arbitraje “Aquéllas en las que concurran
intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de
delito” . (24)

5.5 Sujetos

Los sujetos del sistema arbitral de consumo son los empresarios
o profesionales y los consumidores,
elementos subjetivos de este arbitraje sectorial, pero con tal
afirmación  el término
consumidor es demasiado genérico, como indica ALVAREZ ALARCÓN
(25)
refiriéndose al Art. 1ª de la LGDCU  , y como el artículo indica se
refiere  al  consumidor final, considerando que una
adecuada delimitación del concepto de consumidor exige considerar
diferentes aspecto, tales como la adquisición del bien o servicio, de
quién procede el bien o servicio que se adquiere, qué destino se
le otorga, qué bienes o servicios se adquieren y el acto mismo de
adquisición.

Como señala CUÑAT EDO (26) a efectos de las relaciones
de consumo , la contraparte del consumidor debe estar dedicándose
profesionalmente  a ofrecer esos
servicios o productos, quedando fuera
de ese ámbito las relaciones entre particulares. Por tanto
relación de consumo
quedaría definida “como  aquella en la que el receptor de la
prestación es consumidor, y su contraparte una persona dedicada
habitualmente a obtener lucro con prestaciones iguales o semejantes. “

El consumidor no
necesariamente debe ser persona física, puede serlo también
una  persona jurídica, ya que
también pueden ser destinatarias finales de bienes o servicios.

5.6 El
Sistema Arbitral de Consumo Español:

El sistema arbitral de
consumo  se nuclea en  torno a las Juntas Arbitrales de Consumo
y los colegios arbitrales.  Las
Juntas tiene carácter permanente
y se dedican entre otras a la administración del arbitraje y
designación de los árbitros, por el contrario los colegios se
forman para resolver la cuestión litigiosa que se les va a someter,
encargándose de dictar el laudo.

5.6.1
Constitución
de Juntas Arbitrales de Consumo.

El Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, establece en el Art.
3.1  la constitución de una
Junta Arbitral de Consumo de ámbito nacional, que conocerá
exclusivamente de las solicitudes de arbitraje que le sean presentadas a
través de las Asociaciones de consumidores y Usuarios cuyo ámbito
territorial exceda del de una Comunidad Autónoma, por los consumidores y
usuarios que estén afectados por controversias que superen dicho
ámbito.

El Art. 3.2 señala
que las Juntas Arbitrales  de
Consumo, de ámbito municipal, de mancomunidad de municipios, provincial
y autonómica, se establecerán por la Administración
General del Estado mediante acuerdos suscritos a
través del Instituto Nacional del Consumo, con las correspondientes
Administraciones Publicas.

Dos asignaturas pendientes teníamos en la  constitución de Juntas
Arbitrales  eran Ceuta y Melilla,
actualmente ya están creadas, si bien la de Ceuta a diciembre de
2002 no había recibido ninguna oferta pública de sometimiento por
empresas o profesionales , Melilla ofrecía 13.

Compartimos  con  CUÑAT EDO  (27)  que aunque  la iniciativa  es exclusiva en el ámbito
estatal,  la Junta Arbitral
está siempre sometida a un órgano administrativo que será
bien la Administración del Estado, bien el municipio, la mancomunidad o
la Autonomía, en definitiva a quien corresponda, pero no será un
sistema que jerárquicamente dependa ni del Instituto Nacional de
consumo, que es quien toma la iniciativa, ni tampoco de la
Administración del Estado. Hay pues, iniciativa única pero la
organización puede estar descentralizada.

La existencia de Juntas Arbitrales de distinto ámbito
territorial  no implica una superposición
de la
función. En los acuerdos de constitución de
Juntas se fija el ámbito funcional y territorial  de las mismas de acuerdo con los
siguientes criterios: (Art. 3.3)

a)      Otorgar preferencia al domicilio del
consumidor

b)       Otorgar
preferencia al a Junta de inferior ámbito territorial.

c)      Salvaguardar la libertad de elección
de la Junta por las partes.

5.6.2 Competencia para su creación

La competencia exclusiva
para establecer el Sistema y crear los correspondientes órganos
arbitrales corresponde al  Gobierno
de la Nación . El Tribunal Constitucional en la Sentencia  62/1991  (28)  , de 22 de marzo ,frente a la
distribución de competencias en materia de protección al
consumidor, alegada por las Comunidades Autónomas, afirmó en
el  FJ 5 :” no cabe
duda que el establecimiento de un sistema de arbitraje, como dijimos en
la STC 15/1989, F.J. 9 b, es
materia atribuida a la competencia del Estado por los títulos
competenciales del art. 149.1, 5 y 6, pues, siendo el arbitraje un «equivalente
jurisdiccional»,
mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la
jurisdicción civil (esto es, la obtención de una decisión
que ponga fin al
conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada), es evidente que la
creación de órganos de naturaleza arbitral y el establecimiento
de dicho procedimiento heterocompositivo es materia propia de la
legislación procesal civil, relacionada, en cuanto a los efectos del laudo arbitral y al sistema
de recursos, con la Administración de Justicia, tal y como lo confirma
la supletoriedad que respecto del Art. 31 de la Ley 26/1984 establece la disposición
adicional primera de la Ley estatal 36/1988, de 5 de diciembre (RCL 1988\2430 y
RCL 1989\1783), de arbitraje..”

5.6.3 Composición

Las Juntas Arbitrales de Consumo estarán compuestas por
un Presidente y un Secretario  (29)
, cargos que deberán recaer en personal al servicio de las
Administraciones Públicas y serán  designados por la Administración
de la que dependa la Junta, publicándose su nombramiento en el Diario
Oficial correspondiente.

5.6.4 Funciones de
las Juntas Arbitrales

Vienen contempladas en el
art 4 del RD 63/1993 de 3 de mayo
siendo las siguientes:

a) El fomento y formalización de convenios
arbitrales entre consumidores y usuarios y quienes produzcan, importen o
suministren o les faciliten bienes o servicios.

b) Actuaciones de mediación  (30 ) respecto de las controversias
derivadas de las quejas o reclamaciones de consumidores y  usuarios.

c) Confeccionar y
actualizar el censo de las empresas que hayan realizado las ofertas
públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, en su
ámbito territorial, con expresión del ámbito de la oferta. Este censo
será público.

d)La elaboración y puesta a
disposición de los interesados de los modelos de Convenio Arbitral, en
los que se reflejarán las cuestiones que no puedan ser sometidas al
Sistema Arbitral de consumo.

La
misión fundamental de las Juntas Arbitrales de Consumo es asegurar los
derechos del consumidor facilitando y acelerando sus reclamaciones frente al
empresario, fabricante etc.

El
arbitraje de consumo es un arbitraje institucional gestionado por  la
Administración Pública. Como señala
CORDÓN MORENO (31)  el que
las partes puedan encomendar la administración del arbitraje a una
institución especializada no quiere decir más que eso que se le
encomienda la administración del procedimiento arbitral, pero no la
realización del arbitraje.

Convenimos con CUÑAT EDO (32)  que
las normas que configuran estas Juntas Arbitrales de consumo, que se
constituyen en el eje del sistema, permiten entender que es un arbitraje
administrado, no un arbitraje administrativo, ni de derecho administrativo  pero sí administrado y fomentado.

La especialidad de este arbitraje institucional consiste en que
La Administración pública está presente en las Juntas
Arbitrales. (33) La naturaleza de las Juntas Arbitrales es pública en
tanto que se encuentran situadas en el seno de la Administración
pública. Asimismo, tienen carácter orgánico e institucional,
ya que se encuentran integradas por representantes de los sectores
profesionales interesados, asociaciones de consumidores y Administraciones
públicas.

El
arbitraje de consumo español es paradigma  de configuración de tutela  desde o en la Administración,  las diversas Comunidades
Autónomas han impulsado la consagración de este sistema de
resolución de conflictos jurídicos en materia de consumo y como
veremos por las estadísticas el sistema funciona cada vez mejor. La
Administración ha sido el punto de apoyo y el sustento de su puesta en
marcha y de su desarrollo (34) .

6 .- El convenio arbitral :

El convenio arbitral  es la fuente común del arbitraje,
sin convenio sería impensable la celebración del mismo. El
convenio requiere   forma escrita
que contenga la voluntad de las partes de someterse al arbitraje como contempla
el Art. 6 dela LA  36/1988 de 7 de
diciembre, forma escrita que no requiere unidad de acto. Podrá
concertarse como cláusula incorporada a un contrato principal o por
acuerdo independiente  del mismo, o
dentro de un contrato de adhesión., o bien como señala MARTINEZ
VAZQUEZ DE CASTRO cuando la cláusula compromisoria no aparece
directamente en el contrato principal , pero sí en facturas o documentos
similares que una de las partes envía a otra, sería conveniente
que mediante la firma se expresara
la voluntad inequívoca de las partes de someterse al arbitraje.

Por el consumidor

La solicitud
de arbitraje puede  efectuarla el
consumidor de tres formas ante la Junta Arbitral de consumo que corresponda:

1º En
forma personal y por escrito .

2º A
través de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

3º Por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre
que se garantice su autenticidad.

Por el Reclamado

El
reclamado puede formalizar el convenio en dos momentos:

1.-
Supuesto en el que sí hay oferta publica de sometimiento  .Cuando realiza oferta pública de
sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo, respecto de futuros conflictos con
consumidores o usuarios, el convenio arbitral queda perfeccionado cuando se
presenta la solicitud de arbitraje por el consumidor, es entonces cuando se
produce la unión de voluntades, sin necesidad de una nueva
declaración de voluntad del empresario

2.-
No hay oferta publica y, la acepta expresamente , en el plazo de
quince días, al serle notificada por la  Junta Arbitral,  la solicitud de arbitraje efectuada por
el consumidor,

Como
afirma ALVAREZ ALARCÓN
estas  dos posibilidades que
tiene el reclamado son  propias del
convenio arbitral en materia de consumo,
como dos variantes del convenio por intercambio de documentos.

Las
OPS (Ofertas Públicas de Sometimiento)  Dentro de las campañas que las
Juntas Arbitrales de Consumo deben realizar para el fomento y
formalización de los convenios arbitrales entre consumidores y
empresarios quedarían
enmarcadas  las OPS.   Mediante el ofrecimiento y
difusión del sistema arbitral a los empresarios y consumidores,
directamente o a través de sus organizaciones representativas, se
pretende dar la impresión de que si una empresa ha ofrecido
públicamente someterse al
sistema arbitral de consumo contratar con ella  es garantía de una
solución más rápida en caso de que surja algún
problema .

Las  Ofertas Públicas de Sometimiento
deberán contener (38)
el ámbito de la oferta, el sometimiento expreso al Real
Decreto  regular del Sistema
Arbitral de Consumo, el compromiso de cumplimiento del laudo arbitral,
así como el ámbito temporal, entendiéndose que será
indefinido en caso de no consignarlo.

Como se contempla en la Memoria del
Año 2001 del Sistema Arbitral de Consumo, editada por el Instituto
Nacional de Consumo ,el empresario o profesional puede delimitar el
ámbito de la oferta en el momento de realizarla. La limitación
más frecuente suele ser territorial, expresando su adhesión para
las reclamaciones a una Junta Arbitral para que  conozca del asunto.

Las
entidades aseguradoras, suelen ser el tipo de empresa que realizan su
adhesión para la resolución de controversias que pertenezcan a un
ramo concreto y con una limitación económica determinada.

Las Juntas
Arbitrales de Consumo otorgarán un Distintivo  a quienes acrediten haber realizado
oferta pública de sometimiento, consignándose en Cada Junta
Arbitral de Consumo en un libro debidamente numerado, los datos de las empresas
o entidades que disponen dicho Distintivo,. El otorgamiento de los Distintivos
se fijará en el Diario Oficial que corresponda a dicha Junta.

El
distintivo  que se otorga
supone para el industrial o profesional una etiqueta  de calidad que redunda en una mayor
confianza en la calidad de sus servicios o productos por parte del consumidor.
que puede así discriminar positivamente, lo que en definitiva hace al
empresario mejorar su competitividad.

La
renuncia de la oferta se comunicará
a la misma Junta
que se haya realizado la oferta, por escrito o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos,
conllevará la pérdida del derecho a ostentar el
Distintivo. En 2001 las empresas
y profesionales, que a nivel nacional,
han retirado su  OPS al
Sistema Arbitral de Consumo, son 118
debiéndose fundamentalmente al cese de actividad o cambio de
titularidad de éstas.

La Comunidad
Autónoma Valenciana  va a la cabeza    en cuanto a  empresas adheridas al Sistema Arbitral
de Consumo , elevándose el número de adhesiones a 31.12.02
a  9.561 empresas, seguida de
País Vasco con 9.068, Castilla-La Mancha 8.656, Madrid con 7.553,
Murcia  6.087, Galicia 5.585 ,
Alicante/ Benidorm  2.086/1.684.

En
cuanto a las  Ofertas
Públicas de Sometimiento, a nivel nacional habría que destacar
que el crecimiento ha sido vertiginoso en los últimos años:

O.P.S. DE EMPRESAS
Y PROFESIONALES

Año 1998
…………….....................................................46.747

Año 1999
........……….
...................................................53.074

Año
2000…...…………..................................................
63.809

Año 2001
........……….................................................
...72.498

Año
2002..........................................................................86.705

Como
podemos observar en cuatro años se ha duplicado el número de
Ofertas Públicas, ello significa que la confianza del mundo empresarial
cada vez es mayor en un  sistemas de
resolución de conflictos, no jurisdiccional.

En
la distribución por Comunidades Autónomas de OPS  efectuadas por empresas y profesionales
a 31/12/202, la
Comunidad Valenciana descuella en importancia numérica
respecto al resto de Comunidades,
elevándose el número de la OFS a 14.259, le siguen Madrid
y País Vasco. Estas cifras pergeñan la labor que desde la Junta Arbitral de
Consumo de nuestra Comunidad  se
está  desempeñando en
aras a la difusión y promoción del arbitraje de consumo.

Como
anexo al final del Trabajo se acompañan cuatro folios que corresponden a
estadísticas de las Juntas Arbitrales de consumo de  la Comunidad Valenciana  referidas al año 2002.

Sin
embargo en una intervención sobre las Juntas Arbitrales de consumo en la
Comisión de Sanidad y Consumo el 12 de junio de 2002 se denunciaba que
tras haberse aprobado hacía casa un año una resolución por
la que se instaba al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para impulsar
la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de las empresas prestadoras
de sevicio de interés general, como las empresas de telecomunicaciones,
suministro de electricidad, gas petróleo y derivados , se
reconocía que, a diferencia de varias empresas de telecomunicaciones y
salvo FECSA , las grandes empresas del sector energético como REPSOL,
ENDESA, IBERDROLA, e
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO no participaban en este
sistema de solución de conflictos, y se habían negado a someterse
voluntariamente a un laudo o solución extrajudicial cuando algunos
usuarios disconformes con el resultado de la resolución de contratos
habían presentado reclamaciones. El Gobierno justificó  la ausencia en el escaso número
de reclamaciones que presentaban.

7 Del procedimiento arbitral

En el capítulo IV del RD 636/1993 bajo la denominación
“DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL DE CONSUMO” se pergeña la forma
de proceder, una vez se ha perfeccionado el convenio, encontrándonos con
una serie de  prescripciones
relativas propiamente a la administración del arbitraje: la
constitución del Colegio arbitral, el nombramiento de los
árbitros y otras referidas a las   partes y al procedimiento
propiamente.

El
procedimiento, nos dice el Art. 10
del Real Decreto que se comenta,
se iniciará con la designación del Colegio Arbitral,
designación que viene regulada en el propio Real Decreto . Este
será tripartito con representación de la Administración de
la que dependa la Junta  y
ostentará el cargo de Presidente, nombrado al efecto por  dicha Administración ;
otro arbitro  representará a
los empresarios  y otro a los
consumidores.

Las
Asociaciones tanto de empresarios como de consumidores en este momento juegan
un importante papel pues participan en cierta medida en la elección de
los árbitros en el siguiente sentido:

-     Si  el reclamado forma parte de una
Organización adherida al Sistema Arbitral , el árbitro
representante del sector empresarial será el designado por éstos
en la Junta Arbitral.

-     En el resto de casos será
designado de oficio entre los propuestos previamente por las Organizaciones
empresariales que se hayan adherido a la misma.

E n el caso
del nombramiento de árbitro que represente a los consumidores (43)  cuando la reclamación se formula
a través de una Organización de consumidores, es esta misma quien
designará a su representante en la Junta Arbitral.  Si la
reclamación se efectúa directamente ante la Junta Arbitral la
designación al igual que en el supuesto de los empresarios, se
realizará de oficio entre los representantes propuestos previamente por
las Asociaciones de  Consumidores y
Usuarios .

La norma general es que el representante de la Administración
sea el Presidente del Colegio Arbitral, salvo cuando la reclamación se
dirija contra una entidad pública, vinculada a la
Administración Pública de la que dependa la Junta Arbitral, en
este supuesto las partes podrán designar como Presidente y de mutuo
acuerdo a una persona ajena a la Administración.
Otro requisito respecto al Colegio Arbitral es que en el
supuesto de optarse por un arbitraje de derecho  los miembros de dicho colegio
deberán ser abogados  En
cuanto a la forma de
designación   se
produce una fusión  al
combinarse  dos de las formas que
contempla la Ley 36/1988 para la designación de los árbitros  es decir : la de confiar a un tercero el
nombramiento de los árbitros y la de apoderar a una Corporación o
institución de Derecho Público para que los designe.

La importancia de la fijación del día en que comienza
el Procedimiento arbitral, no es baladí,  el cómputo del mismo nos va a
servir para empezar a contar el plazo en el que los árbitros
deberán dictar el laudo. En el arbitraje de consumo el Art. 10.1 nos
decía que “ comenzará con la designación del
Colegio Arbitral”  a
diferencia del arbitraje común en el que el “díes a
quo” no comienza hasta que a las partes no se les ha sido notificado la
aceptación  de todos los
árbitros , en plazo hábil. En el arbitraje de consumo para
abreviar trámites la declaración de existencia de convenio
arbitral y la designación de los árbitros puede efectuarse en un
mismo acto y notificarse a las vez a las partes. (44)

7.1 Los principios esenciales del procedimiento

Aparecen
contemplados en el art. 10
“con sujeción a los principios de audiencia,
contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad.”   Que es reproducción del
Art. 21 de la L.A.,  estos
principios esenciales (45)
permite a las partes, en caso de inobservancia solicitar de la Audiencia Provincial
la anulación del laudo dictado
(Art. 45.2 LA)

No compartimos la apreciación que
Badenes Carpio, refiriéndose a las partes y citando a Lorca Navarrete,
nos ofrece como aclaración previa
“en el arbitraje no existen partes procesales propiamente
dichas. En el arbitraje no hay partes que se enfrentan mediante
posturas encontradas entre actores y demandados, sino más bien sujetos
que se comprometen a resolver sus controversias, acudiendo a una o más
personas designadas, directa o indirectamente, por ellos mismos, de la forma
más amistosa posible.”
No existen partes, existen personas.

Tanto en el proceso judicial como en el
proceso arbitral las posturas de las partes están encontradas, si no
hubiera controversia o enconamiento , no sería necesario, ni siquiera la
existencia de ese  proceso arbitral.
Si se acude al arbitraje es porque hay conflicto.

Entre el proceso judicial y el proceso
arbitral lo que varía es el ritual procedimental,  libertad de procedimiento para el
arbitraje  con los mínimos
contemplados en la Ley pero en definitiva
un tercero, revestido no solamente
de “autoritas” por las partes al designarlos como
árbitros,  sino por la propia Ley que permite
su existencia y que dicte la resolución que crea  justa conforme a equidad o derecho
con  “efectos
idénticos a la cosa juzgada”

Con
independencia de que el laudo sea dictado con base en la equidad o el derecho,
el procedimiento arbitral deberá respetar esas mínimas
garantías de todo proceso, que como ya mencionamos en su momento
adquirieron fundamento constitucional,
para evitar en todo momento y fundamentalmente la indefensión ,
por eso tanto la Ley de Arbitraje común como el Real Decreto que
desarrollo el arbitraje sectorial de consumo  las contemplan “audiencia,
contradicción e igualdad “ ,.

Tanto
el principio de audiencia como el de contradicción constituyen derechos,
no obligaciones de los litigantes,
así debe entenderse el Art. 22.2 LA que dispone “La
inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le
privará de eficacia”. (45)   El principio de
contradicción se materializará a través del principio de
igualdad, ello implica que las reglas sobre el desenvolvimiento del
procedimiento arbitral deben conceder el mismo trato a los litigantes en orden
a su defensa.

7.2 La
Audiencia

Una vez constituido el Colegio Arbitral, ésta deberá
ser convocada en el plazo máximo de tres meses.  Esta audiencia podrá ser verbal o
por escrito , pudiendo las partes presentar los documentos y hacer las
alegaciones que consideren necesarias para la mejor defensa de sus intereses.

En esta  Audiencia  el Colegio Arbitral podrá
intentar  la conciliación
entre las partes, y en el supuesto de
lograrse se consignará en el laudo. No se trata de una
obligación, sino de una facultad . Pero en el supuesto de lograrse la
conciliación se recogerá en el laudo.

8 El laudo arbitral

Entre
las especialidades en materia de consumo figura el plazo máximo de su
dictado, que será cuatro meses desde la designación del Colegio
Arbitral. Dicho Plazo sólo podrá ser prorrogado por acuerdo
expreso de las partes y previa notificación al Colegio Arbitral antes de
la expiración del plazo inicial .

Deberá
decidirse por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto del
Presidente.  De los laudos dictados
en la Comunidad
Valenciana el pasado año 2002 el 98 % lo fueron por
unanimidad.

Importante
porque abarata y agiliza el tramite es la no protocolización del laudo
dictado en el arbitraje de consumo. (46)

El laudo
deberá dictarse por escrito y deberá expresar todos los
contenidos que se mencionan en el Art. 16 del RD 636/1993,  el Art. 16.2 dice “El laudo
será motivado cuando el Colegio Arbitral decida la cuestión
litigiosa con sujeción a derecho”  .

Consideramos
que la motivación no sólo debería realizarse cuando se
decida con sujeción a derecho, también cuando se decida en
equidad , por cuanto  en una
sociedad racional y civilizada las decisiones se deben justificar para  saber que la solución dada al
caso  no  es
fruto de la arbitrariedad, sino de la lógica y la razón. La
motivación ha de ser la conclusión de una argumentación
ajustada al tema o temas en litigio.

CONCLUSIONES

Frente
a la actual crisis   de la
administración de justicia, prácticamente generalizada,  allá donde dirijamos la vista nos
encontramos con que los procedimientos no son eficaces, la justicia es
tardía  lenta y por ende
injusta, y surgen por todas partes movimientos alternativos con el fin de
resolver los conflictos de la forma más rápida y justa posible.

Las
nuevas sociedades, tecnificadas, masificadas, necesitan nuevos métodos y
formas para resolver sus diferencias. Si en el siglo XIX los problemas del
derecho se centran en la propiedad privada individual , hoy en día la
naturaleza de los conflictos ha cambiado , así como también
nuevas  vías para afrontarlos
conocidos como ADR, ya han empezado a dar sus frutos en otros países del
entorno anglosajón,

El
arbitraje, si bien no es una vía nueva, permite  que se obtenga justicia con mayor
rapidez que acudiendo a la jurisdicción  ordinaria.  El arbitraje lo podemos englobar dentro
de las ADR en cuanto suponen una vía distinta a la jurisdicción
para resolver los conflictos y mantener la paz social, sin recurrir a la
fuerza.

Estas
vías alternativas no hay que abordarlas como enfrentadas a la justicia
tradicional sino como alternativa y/o complementaria de aquella.

Desde
la Unión Europea
se pretende que la instauración de estos métodos alternativos o
complementarios se desarrollen, si no con todas las garantías que rodean
el proceso judicial,  sí con  esas garantías mínimas que
permitan obtener a la vez un resultado satisfactorio , en tiempo y forma
debida. De ahí la importancia que en el ámbito del consumo la
Comisión haya efectuado dos recomendaciones de inexcusable
mención la 98/257/CE y la de 4 de abril de 2001.

Para
afrontar la problemática derivada del fenómeno del consumo de
masas, en España se ha optado por el arbitraje de consumo, que desde su
implantación ha venido creciendo de una manera espectacular. Cada vez
son más las solicitudes de arbitraje que se realizan a las Juntas
Arbitrales de Consumo, ello demuestra la eficacia del sistema de lo contrario,
los consumidores acudirían a los tribunales.

Evidentemente
esto ha supuesto un esfuerzo importante económico para promover e
impulsar el sistema, esfuerzo que se ve recompensado desde el momento que una
Junta Arbitral de Consumo, puede dictar 4 veces más resoluciones .

NOTAS

(1) En el Pacto de Estado para la Justicia   se expresa: “ Se persigue
que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y, calidad, con
métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que
cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en
tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad
jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión
previsibles”  .

( 2)  PEDRAZ
PENALVA E.“El proceso y sus alternativa”, Arbitraje,
Mediación y Conciliación.. Cuadernos de Derecho Judicial.
1995  Pág. 18 y siguientes

(3 )   MEJIAS GOMEZ, Juan Francisco
“ Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos”
Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid 1998, Pág. 304  señala como motivos por los que
los ciudadanos acuden con frecuencia a los tribunales par dirimir sus disputas:
a)  Ausencia de cultura de la
transacción, b) Tendencia a que todos los problemas de los ciudadanos
sean resueltos por los poderes públicos.

c) Complejidad cada vez mayor de la vida social d) Exigencia por parte
de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
E)Creciente protagonismo social, político, jurídico y
económico del Poder Judicial f) excesivo protagonismo del Estado y
ausencia de regulación jurídica que  invite a los ciudadanos a acudir a
vías alternativas de resolución de conflictos g) Se produce
también, con cierta frecuencia, la utilización del proceso como
forma de “vindicta social”, con la intención de
“enquistar el conflicto” y hacer durar eternamente

( 4)   BARONA VILAR, Silvia.
“Solución extrajdurisdiccional de conflictos” . Editorial
Tirant Lo Blanch.Valencia 1999, Pág. .34

(5) BARONA VILAR, S.
Solución extrajurisdiccional de conflictos,  cit pág 15

( 6 ) PEDRAZ PENALVA E.   “El proceso y sus
alternativaS” cit pág 24

(7)  Ratificado por España mediante
Instrumento de fecha 26 de septiembre de 1979, y publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 10 de octubre de 1979.

(8) BARONA VILAR, S. Solución extrajurisdiccional
de conflictos,  cit pág 45 y
siguientes en donde podemos encontrar las distintas formulas que se
están utilizando en Europa y
América , unas totalmente al margen del Poder judicial, otras en
colaboración con dicho Poder.

(9) VINYAMATA E. “ Manual de Prevención
y resolución de conflictos”
Editorial Ariel S.A., Barcelona 1ª reimpresión  abril 2002 .El término
Resolución de disputas es utilizado con bastante frecuencia en Estados
Unidos para designar el ámbito de los conflictos mercantiles. Puede ser
sinónimo de transformación y resolución de conflictos, o
designar, simplemente, a las técnicas jurídicas que
tradicionalmente se usan .

(10) BARONA VILAR Silvia  “La tutela de los consumidores y
usuarios en la nueva Ley
de Enjuiciamiento civil”, Tirant lo Blanch, 2002 , pag. 31

(11) Vid  . Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional adoptada
el 28-6-2002.

(12)   En cuanto a la potenciación
del arbitraje  CALVO SÁNCHEZ
C en “El proceso penal y sus alternativas: El procedimiento
arbitral”
Arbitraje, Mediación, Conciliación   AAVV Cuadernos de Derecho
Judicial. Madrid 1995 Pág 220 nos dice que esta potenciación es
claramente cíclica  y se
corresponde con épocas de agudización de la crisis que padece la
administración de la justicia...entonces se vuelven los ojos hacia esta
vía alternativa (el arbitraje) queriendo ver en ella la panacea que no
es, ya que la bondad del arbitraje no puede asentarse únicamente en
descargar de trabajo a los órganos jurisdiccionales. .

(13) Cita tomada de MERCHAN ALVAREZ, A. “El Arbitraje
estudio histórico jurídico”.  Edita Publicaciones de la Universidad de
Sevilla 1981, Pág.45

(14) http://www.e-global.es/confianza/libro_blanco_arbitraje.pdf

(15) Libro Blanco de la Justicia, Consejo del Poder
Judicial,  Madrid 1997.Pág.
157

(16) Pedraz Penal E, realiza una crítica a las
bondades del arbitraje en .
“El proceso y sus alternativas” cit págs 18 y siguientes.

(17 ) BARONA VILAR,
S.  “La tutela de los
consumidores y usuarios ....”cit   pag .26

(18)   En el
marco de este programa hay que mencionar
el Libro Verde de la Comisión de 16 de noviembre de 1993 sobre el
acceso de los consumidores a  la
justicia y la solución de litigios relacionados con el consumo en el
mercado único, COM (93) 576 final; la Comunicación de la
Comisión de 14 de febrero de 1996 relativa a un plan de acción
sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de
litigios de consumo en el mercado interior COM (96) 13 final ; la
comunicación de la comisión de 30 de marzo de 1998 sobre la
solución extrajudicial de conflictos de consumo COM (1998) 198 final y
la Comunicación de la Comisión de 4 de abril de 2101 relativa a
la extensión del acceso de los consumidores a los demás sistemas
de solución de litigios COM (2001) 161 final.

(19) En España el  Centro de Intercambio de
Información es el  Instituto
Nacional del Consumo en Madrid.

(20 ) Llama la atención BARONA
VILAR S. En “Comentario Breve a la Ley de
Arbitraje” Comentario al Art. 37
AAVV (Dirección
Montero Aroca, J. ) Editorial Civiltas S.A. Madrid 199, pag. 190  respecto a los términos tan
confusos que emplea el legislador en lo referente a los efectos de la cosa
juzgada que produce el laudo, al denominarlos “idénticos”
subraya la autora que es como si el legislador hubiera tenido miedo de
establecer la identidad, en cuanto a los efectos, entre el laudo y la
sentencia.

(21)  [1] La introducción de la
declinatoria  en la LEC 1/2000 ,
responde por un lado a una demanda que la doctrina venía reclamando para
solucionar los problemas que la excepción de arbitraje, configurada como
dilatoria en el Art. 533 de la LEC 1881, planteaba  en aquellos juicios en los que no existía
trámite previo para su discusión, ya que   cualquier gestión que
realizara el demandado que no fuera estrictamente la de oposición, se
entendía como sumisión tácita a los órganos
jurisdiccionales del Estado por prescripción del Artº 58.2 de la
referida ley. Supone también la superación de una jurisprudencia
contradictoria como pone de manifiesto MARTINEZ GARCIA, E. “El Arbitraje
en el marco de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil”. Editorial Tirant
Lo Blanch. Valencia 2002  pag. 121

(22) ALBANÉS MEMBRILLO, A “La evitación
del Proceso”  en
Evitación del Proceso.
Cuadernos de Derecho Judicial
AAVV . Madrid 1998, Pág. 33

( 23 )   BARONA VILAR S. En
“Comentario Breve a la Ley de Arbitraje” Comentario al Art. 33,
cit. Pág 174

(24) Al respecto
llamar la atención como lo hace CUÑAT EDO V. “Las Juntas
Arbitrales de Consumo.” en Perspectiva jurídica del arbitraje de
consumo , AA.VV., Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanitat i Consum),
1ª Edición , 1995, pág. 26. que a lo que se está
refiriendo  este  último inciso Art. 2.2.d) del
Real Decreto 636/1993 de 3 de mayo es una reiteración de la no
disponibilidad de la responsabilidad penal, y evitar que mediante el arbitraje
de consumo puedan eludirse. Sin embargo se lamenta de que sobre la responsabilidad
civil derivada de delito se pacte todos los días, existiendo la
posibilidad del Arbitraje común,
y se mantenga la prohibición en el arbitraje de consumo , por la
dicción literal del art. 31.1 de la Ley 26/1984. Se sugería por
dicho autor que el proyecto de Real Decreto hiciera alguna referencia a la
posibilidad de que la responsabilidad civil sí que fuera susceptible de
arbitraje.

(25) ALVAREZ ALARCÓN, A El Sistema Español de
Arbitraje de Consumo  MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO Instituto Nacional de Consumo  . Madrid 1999., Pág. 100

(26) CUÑAT EDO, V. “Las Juntas Arbitrales de
consumo” en  Perspectiva
Jurídica del Arbitraje de Consumo
AAVV Generalitat Valenciana (Consellería de Sanitat i Consum)
1ª Edición 1995, Pág

(27) CUÑAT EDO, V. “Las Juntas Arbitrales de
consumo” en  Perspectiva
Jurídica del Arbitraje de Consumo
AAVV Generalitat Valenciana (Consellería de Sanitat i Consum)
1ª Edición, 1995 pag 16-17

(28)  Base de
Datos Aranzadi  marginal RTC 1991\62
Sentencia Tribunal Constitucional núm. 62/1991(Pleno), de 22 marzo
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 376/1985 y Conflicto positivo de
competencia núm. 763/1985.

(29) El Secretario de la Junta Arbitral
será el Secretario del Colegio Arbitral que se forme,  con voz pero sin voto y deberá
facilitar el soporte administrativo , siendo responsable de las notificaciones.
En caso necesario  , La Junta Arbirral
podrá designar Secretario, entre personal al servicio de las
Administraciones Públicas previamente nombrados al efecto por la Administración
Pública de la que dependa dicha Junta.  (Art. 11.4  RD 636/1993 )

(30)
Al no disponerse de Unidades de Mediación, este servicio no puede
hacerse efectivo. Únicamente tiene la
mediación  Cataluña  donde se da un solo proceso con dos
estructuras mediación y arbitraje, se trata de un procedimiento similar
al Portugués  donde en el
Centro de Arbitraje y Consumo el proceso se estructura en varias  fases : Información,
Mediación y Arbitraje. Si en la mediación se llega a un acuerdo
éste es elevado a Laudo con efectos de cosa juzgada. La Ley procesal
portuguesa lo posibilita, el árbitro es un Juez de la carrera
judicial.  (Conferencia ofrecida
por   Don Luis  Abellán Tolosa,  Cap de Servei d’Arbitratge i
Consum  de la Generalitat Valenciana
, en 2003 Universidad de Valencia, Departamento de Derecho Procesal )

(31) CORDÓN MORENO, F. En “Comentario Breve a
la Ley de Arbitraje” Comentario al Art. 10  AAVV (Dirección   Montero Aroca, J. ) Editorial
Civiltas S.A. Madrid 1990 pág. 65

(32) CUÑAT EDO, V. “Las Juntas Arbitrales de
consumo” en  Perspectiva
Jurídica del  ... cit  Pág .14

(33) ACOSTA ESTÉVEZ JB “Tutela procesal de los
consumidores”  Pág.
163  J.M. BOSCH EDITOR, S.A.  Barcelona 1995 Pág.163

(34) BARONA VILAR, S.
“La tutela de los consumidores y usuarios ....”cit  Pag. 32

(35) En cuanto al alcance de la forma escrita  la doctrina no es pacífica
mientras para unos tiene
carácter constitutivo entre otros CORDÓN MORENO, F
“Comentario Breve a la Ley de Arbitraje” cit Pág.52  ,
MARTINEZ VAZQUEZ DE CASTRO, L. “El convenio arbitral: especialidad
en materia de consumo” Perspectiva Jurídica del Arbitraje de
Consumo   cit. Pág. 51
ALVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN P “La anulación del
laudo arbitral”  Editorial
Comares. Granada  1996  Págs 178  y siguientes. LORCA NAVARRETE A.M.
“Tratado de Derecho de Arbitraje. “ Edita Instituto Vasco de
Derecho Procesal, San Sebastián 2002, Pág. 87 . Para otros la
forma escrita tiene simple valor probatorio  CHILLON MEDINA J.M.  y MERINO MERCHAN  JF “ Tratado de Arbitraje privado
interno e internacional”
Editorial Civitas,  Madrid
1991, pag. 164 y siguientes.

(36) MARTINEZ VAZQUEZ DE CASTRO, L “El convenio
arbitral: especialidades en amteria de consumo”  en Perspectiva Jurídica ......cit
Pág. 49

(37) ALVAREZ ALARCÓN, A El Sistema Español de
arbirtraje..... cit Pág. 177

(38) Art. 6.2 RD 636/1993  de 3 de mayo  regulador del Sistema Arbitral de
Consumo.

(39) Me remito a la memora del año 2001,
http://www.consumo-inc.es

(40) Datos consignados en la Memoria  del Sistema Arbitral de Consumo 2002 del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

(41) Datos obtenidos de la Memoria del año 2001 y
2002 del I.N.C

(42) http://www.congreso.es/Garcia-Arias

(43) como señala BÁDENAS CARPIO , JM “El
procedimiento arbitral de consumo”
en  Perspectiva
Jurídica del Arbitraje de Consumo   cit. Pág. 85 “Cuando
actúan como vocales de la Junta Arbitral de Consumo no lo hacen en calidad
de representantes procesales de las partes, sino en la condición de
verdaderos jueces del litigio, esto es, en
la de árbitros. Por mucho que cualquiera de los litigantes
esté asociado a la organización que los ha designado en la
Junta  (a los vocales) no por ello
pierden su condición de árbitros imparciales  estando sujetos a la responsabilidad que
establece el artículo 16 LA. ...La representación que ostentan no
es una representación procesal, sino institucional, dirigida a
constituir los órganos arbitrales.”

(44) ALVAREZ ALARCÓN, A “El Sistema
Español de Arbitraje ...... cit. Pag.  219

(45) LORCA NAVARRETE, A. Mª en  “Tratado de Derecho de
Arbitraje”   cit.
Pág 280  considera que
“ la formulación del art. 21.1 no es procedimental o la propia de
un principio de legalidad procedimental de inexcusable aplicación. Es en
cambio procesal.... La esencialidad sustantiva de los principios procesales
supone a convergencia procedimental una vez respetada esa esencialidad
sustantiva, ya que la esencialidad de esos principios es de derecho imperativo
(ius cogens). Su inobservancia provoca la anulación del laudo arbitral.“

(46) Respecto al laudo arbitral vid BARONA VILAR, S  “Comentario Breve ..... Comentario
al Art. 30  y ss cit. Pág.
159 y ss

BIBLIOGRAFÍA

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Breve a la Ley de Arbitraje” Comentario al Art. 37  AAVV (Dirección   Montero Aroca, J. ) Editorial
Civiltas S.A. Madrid 1990

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exclusión”  Editorial
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Juntas Arbitrales de consumo” en
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(Consellería de Sanitat i Consum) 1ª Edición 1995

LORCA NAVARRETE, A. Mª “Tratado
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