Fundaciones Públicas

La contratación de las fundaciones, en general, se rige por lo establecido en sus estatutos y en la normativa privada y no existe ninguna regulación específica para las fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana.

No obstante, dado que constituyen un “poder público”, independientemente de su configuración orgánico-formal, entendemos que al menos son de aplicación los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios, en línea con lo exigido a las empresas públicas.

Este criterio ha sido reforzado por la Ley 50/2002 de Fundaciones, que regula en su capítulo XI las fundaciones del sector público estatal y en particular el artículo 46 trata tres cuestiones que, aunque no sean de aplicación directa a las fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana, las consideraremos como criterios generales de buena gestión pública al no ser contrarios a la normativa valenciana y además el punto 5 de dicho artículo es básicamente coincidente con la disposición adicional sexta de la LCAP. Los apartados 4 a 6 del citado artículo son:

“4. La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria.

5. Asimismo, su contratación se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.

6. Cuando la actividad exclusiva o principal de la fundación sea la disposición dineraria de fondos, sin contraprestación directa de los beneficiarios, para la ejecución de actuaciones o proyectos específicos, dicha actividad se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, siempre que tales recursos provengan del sector público estatal.”

Empresas Públicas y Entidades Autónomas. 


La importancia de la empresa pública como instrumento del que debe servirse la Administración es reconocida por el Estatuto de autonomía, que autoriza a la Generalidad a constituir empresas públicas como medios de ejecución de las funciones de su competencia.

La empresa pública valenciana se fundamenta en tres principios básicos:

1. La empresa pública pertenecerá a la Generalidad como ente público territorial; se constata, por tanto, la necesaria relación entre finalidades de las empresas públicas y finalidades de la Generalidad, según la cual la gestión de servicios públicos o la realización de operaciones económicas propias de las empresas lo son a la vez de la propia Generalidad.

2. Control de los poderes públicos sobre la actividad económica prestada por las empresas, como instrumento decisivo para la calificación de éstas como públicas.

3. La definición concreta de la empresa pública alrededor de dos elementos básicos: uno de carácter material, es decir, la gestión de servicios de contenido económico, industrial o financiero; y otro de carácter formal, consistente en la utilización de formas de derecho privado.

Ambos elementos actúan a la vez como marco de distinción respecto a los organismos autónomos administrativos que desarrollan actividades estrictamente administrativas, que componen la citada administración institucional y a los que es de aplicación la legislación propia de la actividad de la Administración pública..

Son empresas de la Generalidad:

Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia sometidas a la Generalidad, debiendo ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado. La creación de dichas entidades deberá ser autorizada por ley del Parlamento, la cual determinará sus funciones, recursos y bases de su organización. En caso de disolución, dada la naturaleza de tales entidades, sus activos deberán incorporarse, bien al dominio público, bien al dominio privado de la Generalidad.

Las sociedades civiles o mercantiles con participación mayoritaria de la Generalidad, de las entidades autónomas dependientes de la misma o de las sociedades en que la Generalidad o dichas entidades posean también una participación mayoritaria en su capital social.

En otras ocasiones, la realización de operaciones económicas relacionadas con las funciones de la Generalidad se llevarán a cabo mediante la constitución de entidades autónomas que presten servicios de carácter principalmente comercial, económico o financiero, o bien mediante las llamadas sociedades vinculadas.

Las entidades autónomas de la Generalidad que realicen operaciones de carácter comercial, industrial o financiero se constituyen por ley del Parlamento, por la que se determinarán sus funciones, los recursos económicos que les sean asignados y las bases de su organización y régimen jurídico, mientras que incumbirá al Consejo de Gobierno, por decreto, desarrollar su organización y régimen jurídico, aprobar sus estatutos y determinar el departamento al que serán adscritas.

Por otra parte, son sociedades vinculadas a la Generalidad aquellas sociedades civiles o mercantiles gestoras de servicios públicos cuyo titular la Generalidad, así como aquellas sociedades que hayan suscrito convenios con la Generalidad y en las que ésta tenga la facultad de designar todos o parte de sus órganos de dirección o cuya participación en el capital social de las mismas sea, por lo menos, de un diez por ciento.

En cualquier caso, la actuación de las entidades y empresas públicas a que hemos hecho referencia en este apartado deberá inspirarse en criterios de rentabilidad, economía y productividad, aplicados conforme a los objetivos que hayan sido fijados por los órganos correspondientes y bajo el principio de no discriminación respecto al sector privado. Asimismo, deberán procurar contribuir al fomento del empleo y al desarrollo tecnológico.

Páginas relacionadas:

Empresas y entidades de titularidad pública

Revisión- JOAQUIN SELVA PEREZ [ Act. 2008 ]