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Uno de los más interesantes vectores de transformación del moderno Derecho público es el que afecta a su tradicional actividad de prestación y garantías de servicios públicos. De un modelo en el que la gestión directa o indirecta del mismo dependía de la propia Administración hemos pasado a un entorno en el que los cambios sociales, económicos y tecnológicos han obligado a la intervención pública a resituarse. En la actualidad, y aunque sigue siendo una obligación pública la garantía de un cierto nivel de servicios públicos, ésta se asegura por mecanismos diferentes a los tradicionales, cobrando un mayor protagonismo la regulación y la policía administrativa respecto de los participantes privados en estos mercados.
De entre las muchas implicaciones de este proceso de cambio,
merece la pena destacar las importantísimas implicaciones que para
la cohesión social y territorial puede suponer el mismo, en la medida
en que éstas dependen en gran proporción de actuaciones públicas
a las que no son ajenas la prestación de servicios públicos
con base en criterios diferentes a los impuestos por la lógica del
mercado. El estudio de las implicaciones jurídicas de estos procesos
y de las exigencias constitucionales que, atendidos estos factores, han
de respetar constituye otra de mis principales líneas de investigación.