LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD
FRENTE A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. INICIO DEL
“DIES A QUO” PARA COMPUTO DEL PLAZO CUATRIENAL.

José Rico de la Cruz

Dada la
época en la que nos encontramos, en la que las empresas se articulan en
Sociedades de capital y los pagos suelen aplazarse en varios vencimientos,  nos podemos topar con la
situación de que siendo acreedores de una determinada sociedad, por
negocios jurídicos diversos, está desaparezca “de
facto” del tráfico mercantil, esto es “cierre sus
persianas”, dejando una deuda que numerosas ocasiones
calificaríamos de incobrable. Es pues el objeto del presente, no ya los
supuestos en que opera la reclamación de responsabilidad a los
administradores societarios, ni quien está legitimado a ello, si no que
nos centraremos únicamente en la acción que tiene un tercero
ajeno a la sociedad para exigir los cobros de deudas pendientes (daño
sufrido por el tercero) en aquellos supuestos de desaparición de facto
de la sociedad del tráfico jurídico y mercantil.

El
legislador, en algunos casos excelente previsor, como en el que nos ocupa,
creó los medios jurídicos necesarios para combatir estas
situaciones, con la implantación de la responsabilidad de los
administradores de las sociedades de capital, por sus actuaciones contrarias a
la diligencia media exigible y que causen daño a socios o a
terceros.  Así el
artículo 949 del Código de Comercio recoge que el plazo para el
ejercicio de la acción contra los administradores terminará a los
cuatro años a contar desde que cesaren en el ejercicio de la
administración.

No es objeto
del presente ni pretende serlo, el estudio tanto de lo que se entiende por el
concepto jurídico indeterminado actuación conforme a la
diligencia media, ni por el daño causado, sino más bien, y desde
un punto de vista estrictamente de la práctica procesal, cuando
prescribe la posibilidad de ejercitar tales acciones frente a los
administradores, acciones a entablar por terceros acreedores de una sociedad
“desaparecida” que han visto como sus deudas no pueden ser
reclamadas a la misma, precisamente por los escasos o nulos visos de cobro .

En principio
y realizando una interpretación estricta y literal del artículo
949 del Código de Comercio, entenderíamos prescrita la
acción con el transcurso de cuatro años desde el cese, si bien,
es a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21-V-1992, cuando hay un
criterio uniforme y pacífico sobre la cuestión de la
responsabilidad de los administradores, tal criterio interpretativo reconoce a
la responsabilidad de los administradores, una naturaleza de índole
contractual, dimanante del propio contrato societario concretándose, por
tanto, en 4 años el plazo de vigencia y ejercicio de dicha acción
de responsabilidad, así recogido también en Sentencia del
Tribunal Supremo de 11-III-1999. Dicho plazo de prescripción de esta
acción comenzará a contar desde el cese del administrador, esto
es, el “dies a quo”  para el cómputo del plazo ha de
fijarse en la fecha en la que el actor ha tenido conocimiento del cese de hecho
de los administradores, porque el daño deriva de su pasividad, y por
consiguiente será a partir de esa fecha cuando el actor podrá
ejercitar sus acciones. Tal conocimiento ha de presumirse “iuris et de iure” desde el
momento en que dicho cese se anote en el Registro Mercantil en base al
principio de fe pública registral y oponibilidad frente a terceros de las actuaciones
válidamente inscritas. Fuera de ese caso el conocimiento del cese por
parte del actor habrá de ser cumplidamente acreditado por la parte que
alega la prescripción.

La sentencia
del Tribunal Supremo de 11-III-1999 señala que si una mercantil mantiene
aunque sea ficticiamente, una vida social, sin que conste que se haya procedido
a la liquidación  y disolución
de la misma, y sin que conste que sus responsables hayan cesado en el ejercicio
de sus funciones administradoras, no es posible señalar el “dies a quo”, a la vista de ello deberá
entenderse que tal plazo prescriptivo comienza a
contar desde el momento en que el actor fue sabedor del cese “de
facto” del administrador en su cargo, dejando pues clara la postura de
que no comienza el plazo en el momento del cese sino en el momento de
conocimiento del mismo. Por otro lado la Sentencia del Tribunal Supremo de
11-XII-1998 señala que “... no puede estimarse prescrita la
acción ejercitada ya que a falta de constancia registral
sobre la fecha del cese de los administradores en su cargo, el “dies a quo” ha de ponerse en relación con el
momento en que el acreedor pudo tener conocimiento de ello...”.

Es claro que la
inscripción Registro Mercantil del cese de los
administradores en su cargo en el es obligatoria y así es como lo
entiende la doctrina mayoritaria como por ejemplo en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 21-V-1998 en la cual se recoge que “... la inscripción
del cese del cargo de administrador es obligatoria  y hasta el momento en que se produce la
inscripción del cese, de acuerdo con los principios de exactitud registral y de inoponibilidad a
terceros de actos sujetos a inscripción la renuncia o separación
no producen efectos frente a terceros, por lo que al no haberse inscrito el
cese de los hoy demandados, deberán responder frente a
terceros...”.

Aplicando la
disposición contenida en el artículo 125 de la Ley de Sociedades Anónimas
y el artículo 148 del reglamento del Registro Mercantil, que contempla
específicamente la inscripción del cese de los administradores,
así como el artículo 4 del mismo Reglamento, que determina que la
inscripción en el Registro Mercantil tendrá carácter
obligatorio, se ha de entender que hasta que no se inscriba, el plazo de
prescripción no empieza a contar, debido a que no se puede  determinar el “dies
a quo” o día inicial del cómputo, con la salvedad del
conocimiento por parte del acreedor. Existen por tanto dos posibles situaciones
para el inicio del cómputo cuatrienal; la primera de ellas y de
fácil solución no situará en el inicio del plazo a partir
de la fecha de inscripción del cese en el cargo de administrador en el
Registro Mercantil, y la segunda más controvertida, al faltar tal
inscripción, desde que el actor tuviera conocimiento del cese por
cualesquiera medios.