LAS REFORMAS EN EL RECURSO DE CASACION
LABORAL DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO

María José Mascarell Navarro

Profesora Titular de
Derecho Procesal . Universitat de Valencia

SUMARIO: I. EL ESTABLECIMIENTO
DEL RECURSO DE CASACION LABORAL.- II. LA CREACION DEL TRIBUNAL
CENTRAL DE TRABAJO Y EL RECURSO DE SUPLICACION.- III. RAZON DE LA INCIDENCIA DE LAS
REFORMAS EN EL RECURSO DE CASACION LABORAL SOBRE EL RECURSO DE SUPLICACION.-
IV. LA LEY DE
22 DE DICIEMBRE DE 1949.- V. LA
LEY DE 17 DE JULIO DE 1953.- VI. LOS DECRETOS DE 4 DE MAYO DE
1960 Y 11 DE OCTUBRE DE 1967.- VII. LOS DECRETOS DE 18 DE MAYO DE 1972 Y 16 DE
JULIO DE 1976, Y EL REAL DECRETO-LEY DE 7 DE JUNIO DE 1978.- VIII. EL TEXTO
REFUNDIDO DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 13 DE JUNIO DE 1980.-IX. LA SUPRESION DEL TRIBUNAL
CENTRAL DE TRABAJO.

I. EL ESTABLECIMIENTO DEL RECURSO
DE CASACION LABORAL

El recurso de
casación laboral se establece, por primera vez, en la Ley de Tribunales
Industriales de 22 de julio de 1912.

La Ley de
Tribunales Industriales de 1912 regulaba, en los arts. 48 a 58, el recurso de
casación por infracción de ley o de doctrina legal y el recurso
de casación por quebrantamiento de forma, y atribuía su
conocimiento a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Los recursos de
casación laboral procedían contra las sentencias de los
Tribunales Industriales (art. 48), “cualquiera que fuere la
cuantía del litigio” (art. 49), y contra las sentencias dictadas
por las Salas de lo Civil de las
Audiencias Territoriales resolviendo recursos de apelación
interpuestos contra  sentencias de
los Juzgados de Primera Instancia, en los casos en que éstos hubieren
conocido del proceso por no haberse podido constituir el Tribunal Industrial
(art. 32).

El
Código de Trabajo de 23 de agosto de 1926 incorporó la Ley de
Tribunales Industriales de 1912
a su Libro IV, “si bien –decía en su
Exposición- tendiendo a remediar las deficiencias que la práctica
ha hecho advertir”.

El recurso de
casación laboral fue objeto de dos importantes modificaciones en el
Código de Trabajo de 1926 porque: declaró procedente el recurso
tanto contra las sentencias del Tribunal Industrial como contra las sentencias
del Juez de Primera Instancia (arts. 480 y 481), y limitó las
resoluciones recurribles en casación por infracción de ley a las
que versaran sobre ciertas materias o la cuantía litigiosa excediera de
una determinada cantidad (art. 487) (1).

La
Exposición del Código de Trabajo de 1926 justificaba los
límites a la recurribilidad en casación por infracción de
ley con estas palabras: “El considerable número de recursos de
casación tramitados, en los últimos años, ante el Tribunal
Supremo, ocasionando forzoso retraso en el fallo de los mismos, y la
ampliación de la competencia de los Tribunales industriales,
forzosamente ha conducido a examinar si era llegado el momento de aplicar a la
materia criterio análogo al existente en el orden civil; y sin ir a una
equiparación, que no corresponde, por razón de la materia, y
buscando que siempre, sea cual sea la cuantía, los casos importantes,
jurídicamente, puedan examinarse por el más alto Tribunal de la
Nación, se ha aceptado la fórmula de limitar el recurso de
casación a casos específicos en Derecho y a los de cuantía
superior a 2.500 pesetas, más no sin establecer, para aquellas
sentencias del Tribunal industrial que no puedan ser recurridas en
casación, un recurso especial de revisión ante las Audiencias
territoriales, que permita decidir sobre la recta inteligencia e
interpretación del derecho aplicado por el inferior…” (2).

Las normas
sobre casación del Código de Trabajo de 1926 se aplicaron
también al recurso de casación que el art. 21 del Real
Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, de organización corporativa
nacional, declaró procedente contra determinadas resoluciones de los
Comités paritarios que creaba (3).

El
Código de Trabajo de 1926 siguió atribuyendo la competencia para
conocer de la casación laboral a la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo: “En tanto el Gobierno no cree en el Tribunal Supremo una
Sección encargada de entender especialmente en los recursos de
casación, incoados con motivo de la aplicación de las leyes
sociales” (art. 486). Fue el Decreto de 6 de mayo de 1931 el que
reorganizó el Tribunal Supremo y creó en el mismo una Sala quinta
“de Cuestiones de Derecho social” (art. 1º), con competencia
para conocer de los recursos de casación laboral (art. 2º),
“sobradamente justificada –según se puede leer en el
Preámbulo- por el número y la importancia de los asuntos que
ordinariamente se tramitan” (4).

II. LA CREACION DEL TRIBUNAL
CENTRAL DE TRABAJO Y EL RECURSO DE SUPLICACION

El
Decreto de 13 de mayo de 1938, de supresión de los Tribunales
Industriales y de los Jurados Mixtos y creación de las Magistraturas de
Trabajo, mantuvo el recurso de casación tal y como era regulado por el
Código de Trabajo de 1926 (5).

Tras el
Decreto de 13 de mayo de 1938, la Ley Orgánica de la Magistratura del
Trabajo, de 17 de octubre de 1940, vinculó esta Magistratura,
administrativa y disciplinariamente, al Ministerio de Trabajo,
haciéndola depender directamente del Director general de
Jurisdicción del Trabajo (art. 2º), y creó, en su art. 14,
un nuevo órgano judicial con competencia en el orden laboral: “Con
jurisdicción en todo el territorio nacional y para conocer de los
recursos de apelación contra las resoluciones de las Magistraturas, se
constituye el Tribunal Central del Trabajo, integrado por el Director general
del Ramo, que lo presidirá, y cuatro Magistrados del Trabajo designados
por el Ministro, a propuesta del Director general, de entre los de la primera
categoría o clase del Escalafón” (6).

No obstante,
el Decreto de 11 de julio de 1941,
que reguló la constitución y funcionamiento del Tribunal
Central de Trabajo, no le atribuyó competencia para conocer del recurso
ordinario de apelación, tal como preveía el art. 14 de la Ley Orgánica
de la Magistratura de Trabajo (7), sino de un recurso al que se denomina de
suplicación, y que recuerda al derogado recurso de revisión ante la Audiencia Territorial,  porque procede “contra los fallos
de las Magistraturas no susceptibles del de casación (8), siempre que la
cuantía de la reclamación exceda de quinientas pesetas”
(art. 2º,I) (9), y “tendrá por objeto examinar el derecho
aplicado por la resolución recurrida, a fin de ratificarla o dictar, en
su caso, aquella otra que estime más ajustada a las Leyes” (art.
1º,II).

A partir de
ese momento, y aún en la actualidad, el proceso laboral se configura
como un proceso de instancia única en el que  coexisten dos recursos extraordinarios:
el recurso de casación  y el
recurso de suplicación.

III. RAZON DE LA INCIDENCIA DE LAS
REFORMAS EN EL RECURSO DE CASACION LABORAL SOBRE EL RECURSO DE
SUPLICACIÓN

Desde el
establecimiento del recurso de casación laboral hasta nuestros
días, se han adoptado diversas medidas legislativas tendentes a
solucionar el problema del elevado número de recursos pendientes de
resolución en el Tribunal Supremo. Las medidas han abarcado: reformas en
la regulación del recurso de casación; reformas en la
organización del Tribunal Supremo, y reformas en la composición
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para aumentar el número de
los Magistrados que la integran.

Durante el funcionamiento del Tribunal Central de Trabajo la
mayoría de las medidas adoptadas consistieron en reformas en la regulación
del recurso de casación, y más concretamente, en la
modificación de las resoluciones recurribles en casación.

Como entre la regulación del recurso de casación
competencia del Tribunal Supremo y la regulación del recurso de
suplicación competencia del Tribunal Central de Trabajo existió
una gran interdependencia por razón de las resoluciones recurribles a
través de uno y otro recurso, como ya se aprecia en el art. 2º,I
del Decreto de 11 de julio de 1941, no resulta posible tratar de las
modificaciones de las resoluciones recurribles en  casación sin tratar
también de las modificaciones de las resoluciones recurribles en
suplicación.

IV. LA LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE
1949

La existencia
de 5.114 recursos de casación pendientes de resolución en la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al comienzo del año judicial 1948-49,
como consecuencia del aumento en el número de los recursos ingresados,
motivó que la Ley de 23 de diciembre de 1948, de reorganización
del Tribunal Supremo de Justicia: ampliara en tres el número de
Magistrados de la Sala de lo Social (quinta), que pasó a estar compuesta
por un Presidente y siete Magistrados (10), y permitiera al Presidente del
Tribunal Supremo, si el servicio lo exigiere, constituir en la Sala de lo
Social dos Secciones para el despacho simultáneo de los asuntos que le
competen (art. 2º).

Sin embargo,
el aumento en la plantilla de Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, llevada a cabo por Ley de 23 de diciembre de 1948, no se tradujo en un
incremento en el número de los asuntos despachados; baste observar que
en el año judicial 1948-49 se despacharon 944 asuntos en la Sala quinta
del Tribunal Supremo, frente a los 1.000 que se despacharon en el año
judicial 1947-48 (11).

Para poner fin
a la aglomeración de recursos de casación laboral pendientes ante
el Tribunal Supremo, el preámbulo de la Ley de 23 de diciembre de 1948
también proponía la adopción de medidas que impidieran el
acceso a la Sala de lo Social de cuestiones de escasa cuantía, y con este
fin se aprobó la Ley de 22 de diciembre de 1949 que modificó la
regulación de los recursos de casación y suplicación, e
introdujo el recurso en interés de la Ley en el proceso laboral (12).

La Ley de 22
de diciembre de 1949: excluyó, de entre las resoluciones recurribles en
casación por infracción de ley o doctrina legal por razón
de la cuantía, aquellas reclamaciones que no superaran las 20.000
pesetas (art. 15) (13), y limitó, por primera vez, las resoluciones
recurribles en casación por quebrantamiento de forma para hacerlas
coincidir con las resoluciones recurribles en casación por
infracción de ley o doctrina legal (art. 17) (14).

Pero la Ley de
22 de diciembre de 1949, además de impedir el acceso a la Sala quinta
del Tribunal Supremo de asuntos de escasa cuantía, también
trató de agilizar la tramitación del recurso de casación,
y para ello dispuso: que el emplazamiento de las partes para comparecer ante la
Sala quinta del Tribunal Supremo se llevaría a efecto por el
órgano judicial “a quo” una vez preparado el recurso (art.
18), y que, para el caso de preparación contra una misma sentencia de
recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal y de
recurso de casación por quebrantamiento de forma, la entrega de los
autos al recurrente para formalizar el recurso de casación por infracción
de ley se produciría de oficio una vez desestimado el recurso de
casación por quebrantamiento de forma (art. 19).

La reforma del
recurso de casación tuvo su correlativo en la reforma del recurso de
suplicación.

La Ley de 22
de diciembre de 1949 modificó las resoluciones recurribles en
casación y los motivos del recurso (15). Se declaran recurribles en
suplicación por infracción de ley las resoluciones no
susceptibles de casación cuya cuantía litigiosa supere las mil
quinientas pesetas y no exceda de veinte mil pesetas, cuantía que se
prevé que el Gobierno, oído el Consejo de Estado, pueda elevar
(art. 2º). Como motivos del recurso de suplicación se conserva el
examen del derecho aplicado en la sentencia recurrida y se añaden los de
“revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas
documentales y periciales practicadas (16), confirmando o revocando aquella en
todo o en parte, y reponer los autos al estado en que se encontrasen en el
momento de haberse cometido una falta esencial en el procedimiento” (art.
1º).

Como
consecuencia de la reforma del recurso de suplicación el Tribunal
Central de Trabajo ganaba la competencia que la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo perdía. Lo cierto es que en aquel momento había una clara
desproporción entre el número de resoluciones de las
Magistraturas de Trabajo que se recurrían ante el Tribunal Supremo y el
número de resoluciones de las Magistraturas de Trabajo que se
recurrían ante el Tribunal Central de Trabajo, así: en el
año 1948 se recurrieron 2.361 resoluciones ante el Tribunal Supremo y
sólo 897 ante el Tribunal Central de Trabajo, y en el año 1949 se
recurrieron 2.279 resoluciones ante el Tribunal Supremo y sólo 701 ante
el Tribunal Central de Trabajo (17).

Pero la Ley de
22 de diciembre de 1949 no pretendía poner fin paulatinamente al
cúmulo de recursos de casación pendientes de resolución en
la Sala quinta del Tribunal Supremo, sino resolver el problema de modo
inmediato, y para ello su disposición transitoria 4ª le
otorgó efectos retroactivos, al disponer que “Los recursos de
casación cuyas vistas estén señaladas se resolverán
con arreglo a la legislación anterior. De los demás expedientes
que radiquen en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ésta
dispondrá que, dentro del plazo de tres meses, se remitan a las
Magistraturas de procedencia todos los que, con arreglo a la presente Ley, queden
comprendidos dentro del ámbito de la suplicación”.

Ante la
previsible avalancha de recursos de casación reconvertidos en recursos
de suplicación que iban a llegar al Tribunal Central de Trabajo,
también en fecha 22 de diciembre de 1949, y asimismo por ley, se aumenta
la plantilla de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo y se divide en dos
Salas: la Sala Primera
de “Reclamaciones generales” y la Sala Segunda de
“Despidos”, cada una con un Presidente y cuatro Magistrados (art.
1º). Y, en efecto, la aplicación de la disposición
transitoria 4ª dio lugar a que 5.000 asuntos pendientes ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo pasasen a ser conocidos por el Tribunal Central de
Trabajo (18), cifra sin duda excesiva, sobre todo si se recuerda que la
existencia de 5.114 recursos de casación pendientes de resolución
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al comienzo del año
judicial 1948-49 estuvo en el origen de las Leyes de 23 de diciembre de 1948 y
22 de diciembre de 1949, y si se compara el número de Magistrados de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo con los del Tribunal Central de Trabajo.

V. LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1953

Tras la Ley de
22 de diciembre de 1949, de recursos de suplicación, casación y
en interés de la ley, y como era de prever, disminuyeron las
resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo y aumentaron las recurridas ante el Tribunal
Central de Trabajo: en 1950, de un total de 3.893 resoluciones de las
Magistraturas de Trabajo recurridas, 772 lo fueron ante el Tribunal Supremo y
3.121 ante el Tribunal Central de Trabajo; en 1951 fueron recurridas ante el
Tribunal Supremo 984 resoluciones de las Magistraturas de Trabajo y 1.835 ante
el Tribunal Central de Trabajo, y en 1952, de las 2.948 resoluciones
recurridas, 1.024 se dirigieron al Tribunal Supremo y 1.924 al Tribunal Central
de Trabajo (19).

No obstante lo
anterior, que evidencia que la carga de trabajo del Tribunal Central de Trabajo
excedía, con mucho, la del Tribunal Supremo, la Ley de 20 de diciembre
de 1952, al modificar la plantilla del Tribunal Supremo, aumentó en tres
el número de Magistrados de la Sala de lo Social (art. 7º) para
permitir la constitución de Secciones, y lo justificó en la
demora en la resolución de los recursos pendientes (20)  (21). Tras la Ley de 20 de diciembre de
1952 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo quedaba constituida por un
Presidente y diez Magistrados.

El aumento en
la dotación de Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
no se tradujo en un incremento significativo en el número de asuntos
despachados, aunque sí aumentó el número de recursos de
casación resueltos (22), y nuevamente para intentar descargar de
recursos de casación a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se
aprueba la Ley de 17 de julio de 1953, que modifica los arts. 2, 13, 15, 21 y
23 de la Ley de 22 de diciembre de 1949.

La Ley de 17
de julio de 1953: vuelve a elevar la cuantía mínima del recurso
de casación, que pasa a quedar fijada en más de 40.000 pesetas
(art. 15,5º), con lo que correlativamente se eleva la cuantía
máxima del recurso de suplicación hasta 40.000 pesetas (art.
2º,I), y reduce la competencia del Tribunal Supremo para conocer del
recurso de casación contra resoluciones de la Magistratura de Trabajo
que decidan cuestiones de competencia por razón de la materia a los
casos en que sobre el fondo del asunto corresponda el recurso de
casación (art. 15.2º), con lo que para las restantes cuestiones de
competencia por razón de la materia se establece la procedencia del
recurso de suplicación (art. 2º,V) (23) (24).

Las
consecuencias de la reforma se aprecian claramente en los siguientes datos
estadísticos: mientras en el año 1952, de un total de 2.948
resoluciones recurridas, 1.024 se recurrieron ante el Tribunal Supremo y 1.924
ante el Tribunal Central de Trabajo,
en el año 1953, de las 3.599 resoluciones de las Magistraturas de
Trabajo recurridas, 1.160 lo fueron ante el Tribunal Supremo y 2.439 ante el
Tribunal Central de Trabajo, y en el año 1954 se recurrieron 870
resoluciones de las Magistraturas de Trabajo ante el Tribunal Supremo y 2.821
ante el Tribunal Central de Trabajo (25).

No obstante la
reducción que se observa en el número de recursos de
casación, con el consiguiente aumento de los recursos de
suplicación, y a pesar de que la Ley de 17 de julio de 1953 dispuso, en
su disposición transitoria, que “Los litigios en materia laboral
cuyas demandas hubiesen sido presentadas antes de entrar en vigor esta Ley,
cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose
en todos sus trámites y recursos por las normas procesales que
regían en la fecha de su iniciación y ante los órganos
jurisdiccionales competentes, a tenor de los preceptos modificados por la presente Ley”,
la Orden de 11 de enero de 1955, dictada en cumplimiento de la
disposición transitoria de la Ley de 17 de julio de 1953, acordó,
en aplicación de la disposición transitoria 4ª de la Ley de
22 de diciembre de 1949, el pase de recursos de casación al de
suplicación (26). La aplicación de la Orden de 11 de enero de
1955 dio lugar a que 486 asuntos pendientes ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo pasaran a ser conocidos por el Tribunal Central de Trabajo
(27).

VI. LOS DECRETOS DE 4 DE MAYO DE
1960 Y 11 DE OCTUBRE DE 1967

Durante los
años 1956 a
1959 el número de resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas
ante el Tribunal Central de Trabajo superó, en más del doble, al
de las recurridas ante el Tribunal Supremo (28), y para hacer frente a la
sobrecarga de trabajo la Ley de 20 de julio de 1957 hubo de crear dos nuevas
plazas de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo, quedando su plantilla
compuesta por dos Presidentes de Sala y diez  Magistrados.

A pesar de
ello, el Decreto de 4 de mayo de 1960 modificó el texto refundido de
Procedimiento Laboral de 1958 (29) para establecer la procedencia del recurso
de casación por razón de la cuantía litigiosa de la
reclamación en más de 100.000 pesetas, aumentando
consiguientemente la competencia cuantitativa del Tribunal Central de Trabajo
hasta las 100.000 pesetas.

El incremento en el número de recursos de
suplicación, consecuencia del Decreto de 4 de mayo de 1960, hizo
necesario un nuevo aumento en el número de Magistrados del Tribunal
Central de Trabajo, como también la elevación de la
cuantía mínima que permitía el acceso al recurso de
suplicación.

La Ley de 22 de julio de 1961 creó dos plazas
de Magistrados en la dotación de la Sala Primera del
Tribunal Central de Trabajo, con lo que la plantilla de Magistrados del
Tribunal Central de Trabajo pasó a ser de dos Presidentes de Sala y doce
Magistrados (30).

El Decreto de
20 de septiembre de 1962 trató de reducir el número de recursos
de suplicación impidiendo el acceso al mismo de las reclamaciones cuya
cuantía litigiosa no excediera de 10.000 pesetas (art. 1º, 4) (31).
No obstante, el Decreto de 20 de septiembre de 1962, que atribuyó a las
Magistraturas de Trabajo competencia para conocer de los conflictos colectivos
de trabajo, también aumentó la competencia del Tribunal Central
de Trabajo al establecer un recurso de alzada, ante una Sala especial del Tribunal
Central de Trabajo, contra las decisiones de la Magistratura de Trabajo sobre
conflictos colectivos, que de este modo quedaban sustraídas a la
competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (art. 1º, 1 y 2).

En los
años siguientes el número de resoluciones de las Magistraturas de
Trabajo recurridas ante el Tribunal Central de Trabajo siguió doblando
en número a las recurridas ante el Tribunal Supremo (32), y el Tribunal
Central de Trabajo volvió a ver incrementado el número de sus
Magistrados por Ley de 31 de mayo de 1966, de aumento de las plantillas de los
Cuerpos de Magistrados y Secretarios de las Magistraturas de Trabajo (33). En
cambio, el Decreto de 30 de junio de 1966, sobre plantilla de destinos del
personal de la
Carrera Judicial, seguía fijando la plantilla de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sala sexta) en un Presidente y
diez  Magistrados.

A comienzos de año 1967 la
situación en el Tribunal Central de Trabajo y en la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo se podría resumir así: el número de
resoluciones de las Magistraturas Provinciales de Trabajo recurridas durante el
año 1966 se había incrementado hasta alcanzar la cifra de 5.120,
y el número de recursos ante el Tribunal Central de Trabajo triplicaba
al de los interpuestos ante el Tribunal Supremo – 3.856 frente a 1.264-
(34); el número de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo superaba,
pero desde luego no triplicaba, al de Magistrados de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, y, finalmente, en cuanto al rendimiento del Tribunal Central
de Trabajo y de la Sala
Sexta del Tribunal Supremo, se observa que en el año
1966 el Tribunal Central de Trabajo resolvió 2.406 recursos,
incrementando así la cifra respecto de los resueltos en años
anteriores (35), mientras que en el año judicial 1965-66 la Sala Sexta del Tribunal
Supremo despachó 1.495 asuntos, de los que 1.447 fueron recursos de
casación –se resolvieron 909 recursos de casación por
infracción de ley y 29 a
recursos de casación por quebrantamiento de forma, mientras que 509
recursos de casación laboral terminaron por desistimiento u otros
motivos- (36).

No obstante lo
anterior, un  Decreto de 11 de
octubre de 1967, con justificación en la necesidad de adaptar la
cuantía de los recursos a los incrementos salariales y a la
pérdida del valor adquisitivo de la moneda (37), modificó el
texto refundido de Procedimiento Laboral de 21 de abril de 1966 (38) y
elevó el límite máximo del recurso de suplicación
hasta las 200.000 pesetas, pasando el Tribunal Supremo a conocer, por
razón de la cuantía, de los recursos en los que la
reclamación excediera de 200.000 pesetas.

VII. LOS DECRETOS DE 18 DE MAYO
DE 1972 Y 16 DE JULIO DE 1976, Y EL REAL DECRETO-LEY DE 7 DE JUNIO DE 1978

Tras el
Decreto de 11 de octubre de 1967, el número de resoluciones de las
Magistraturas de Trabajo recurridas ante el Tribunal Supremo, que fue de 1.101
en el año 1968, aumentó progresivamente hasta llegar en el
año 1971 a
la cifra  de 1.709, en tanto que el
número de resoluciones recurridas ante el Tribunal Central de Trabajo,
que  sufrió un espectacular
aumento al llegar a 6.071 en el año 1968 –frente a las 4.729 del
año 1967-, era de 6.534 en el año 1971 (39).

Y, para poder
asumir el aumento de recursos que llegaban al Tribunal Central de Trabajo, otra
vez se volvió a incrementar el número de sus Magistrados. La Ley
de 30 de diciembre de 1969
aumentó en dos plazas la plantilla de Magistrados del Tribunal
Central de Trabajo (40) y la Ley de 30 de marzo de 1971 fijó en tres el
número de Presidentes de Sala del Tribunal Central de Trabajo y en
veintiuno el de Magistrados del mismo Tribunal (41).

Así las
cosas, el Decreto de 18 de mayo de 1972 volvió a elevar la
cuantía mínima que permitía el acceso al recurso de
casación y modificó las cuantías que determinaban la
procedencia del recurso de suplicación: estableció el recurso de
suplicación para las reclamaciones cuya cuantía litigiosa fuera
superior a 25.000 pesetas y no excediera de 300.00, y fijó en más
de 300.000 pesetas la procedencia del recurso de casación por
razón de la cuantía de la reclamación.

Las
consecuencias del Decreto de 18 de mayo de 1972 sobre el número de
recursos fueron las siguientes: en el año 1973 se recurrieron 10.864
resoluciones de las Magistraturas de Trabajo, 3.634 ante el Tribunal Supremo y
7.230 ante el Tribunal Central de Trabajo, y, comparando las cifras con las del
año anterior, se observa que
disminuyeron en 358 los recursos ante el Tribunal Central de Trabajo y
aumentaron en 701 los recursos ante el Tribunal Supremo; en 1974 las cifras
experimentaron pocas variaciones porque se recurrieron 3.662 resoluciones ante
el Tribunal Supremo y 7.308 ante el Tribunal Central de Trabajo; un año
después, en 1975, en cambio, si el número de las resoluciones
recurridas ante el Tribunal Supremo disminuyó en 137 respecto del
año anterior, cifrándose en 3.525, no ocurrió lo mismo con
las resoluciones recurridas en suplicación que experimentaron un notable
incremento, alcanzando el número de 8.233 (42).

El notable
incremento de las resoluciones recurridas ante el Tribunal Central de Trabajo,
estuvo, sin duda, en el origen de la Ley de 30 de diciembre de 1975 de
modificación de las plantillas de Magistrados y Secretarios de la
Magistratura de Trabajo (43), que dispuso que la plantilla de Magistrados del
Tribunal Central de Trabajo quedaba constituida por tres Presidentes de Sala y
veintiséis Magistrados (44).

La siguiente
reforma en la regulación de los recursos de casación y
suplicación se llevó a cabo por Decreto de 16 de julio de 1976
que modificó el texto refundido de Procedimiento Laboral de 1973 para
establecer la procedencia del recurso de casación cuando la
cuantía de la reclamación excediera de 800.000 pesetas, y la
recurribilidad en suplicación cuando la cuantía litigiosa fuera
superior a 50.000 pesetas y no excediera de 800.000 pesetas (45)
-obsérvese el aumento en las cuantías en poco menos de cuatro
años-.

El Decreto de
16 de julio de 1976 redujo el número de resoluciones recurridas ante el
Tribunal Supremo, 2.308 en el año 1977, y elevó considerablemente
los recursos ante el Tribunal Central de Trabajo, 11.890 también en 1977
(46). Sin duda por esta razón el Real Decreto-Ley de 13 de junio de 1977
volvió a modificar la plantilla de Magistrados y Secretarios de la
Magistratura de Trabajo fijando en cuatro los Presidentes de Sala del Tribunal
Central de Trabajo y en treinta y uno el número de Magistrados del
Tribunal Central de Trabajo (47), y
la Orden de 5 de agosto de 1977 dispuso la constitución en el
Tribunal Central de Trabajo de cuatro Salas de Justicia: la Primera, denominada
`Reclamaciones Generales´; la Segunda de `Despidos´, y la Tercera y
Cuarta, de `Seguridad Social´ (art. 1º).

En 1978, un Real Decreto-ley de 7
de junio, con justificación en el aumento de la litigiosidad
“particularmente notable en lo relativo a la materia de Seguridad
Social” (48), vuelve a modificar los arts. 153 y 166 de la Ley de
Procedimiento Laboral, tanto para aumentar las cuantías previstas para
recurrir en suplicación y casación –suplicación
cuando la cuantía litigiosa sea superior a cien mil y no exceda de un
millón de pesetas, y casación para reclamaciones cuya
cuantía exceda de un millón de pesetas-, como para establecer
unas cuantías mínimas para el acceso al  recurso de suplicación de las
sentencias dictadas como consecuencia de reclamaciones sobre prestaciones de la Seguridad Social
y de las Mutualidades acogidas a la Ley de 6 de diciembre de 1941 siempre que
tengan carácter de permanentes o vitalicias, y para el acceso al recurso
de casación de las sentencias que decidan reclamaciones por invalidez
absoluta y gran invalidez y por la incapacidad laboral transitoria que a ellas
se acumule.

Además,
el Real Decreto-ley de 7 de junio de 1978 también da nueva
redacción a los arts. 173 y 174 del texto refundido de Procedimiento
Laboral de 1973  para establecer
como facultativa la celebración de vista en la casación (49).

En 1978,
año en que tuvo lugar la reforma a que nos acabamos de referir, el
número de resoluciones recurridas ante la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo se redujo a 1.605 y la de resoluciones recurridas ante el Tribunal
Central de Trabajo se elevó a 15.056 (50), mientras que en el año
1979 se recurrieron ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 601
resoluciones y ante el Tribunal Central de Trabajo 15.528 (51). Y
también como consecuencia del aumento de la litigiosidad en el Tribunal
Central de Trabajo, la Orden de 21 de noviembre de 1979 dividió el
Tribunal Central de Trabajo en cinco Salas de Justicia al constituirse una Sala
Quinta, de `Conflictos Colectivos´ (art. único).

¿Cómo
podríamos resumir la situación del Tribunal Supremo y del
Tribunal Central de Trabajo, en cuanto a carga de trabajo, en el año
1979?.

Desde 1963, en
que ya disponemos de datos estadísticos sobre el Tribunal Central de
Trabajo, hasta 1979, se observa que, año tras año, aumenta el
número de los recursos interpuestos ante el Tribunal Central de Trabajo,
así como también el número de los recursos resueltos por
el Tribunal. Ello no obstante, a partir del año 1976 comienza a ser
preocupante la desproporción entre los recursos ingresados en el
Tribunal Central de Trabajo y los resueltos, y en el año 1979 el
número de asuntos ingresados superó en más de cuatro mil a
los resueltos (52).

En cuanto a la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo disponemos de cifras, ya expuestas,
sobre las resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas cada
año ante el Tribunal Supremo, y que reflejan el éxito, mayor o
menor, de las continuas reformas tendentes a limitar el acceso a la
casación laboral,  pero
carecemos de datos sobre el número de recursos efectivamente ingresados;
por otra parte, la información que se ofrece de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo corresponde a asuntos despachados por años judiciales.
Partiendo de lo anterior podemos hacernos una idea de la situación en
que se encontraba la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en 1979 diciendo
que en el año judicial 1978-79, la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo resolvió 999 recursos de casación por infracción
de ley y 20 por quebrantamiento de forma, en tanto que 3.580 recursos de
casación terminaron por desistimiento o por otros motivos (53).

VIII. EL TEXTO REFUNDIDO DE
PROCEDIMIENTO LABORAL DE 13 DE JUNIO DE 1980

La
Constitución de 1978 proclamó en su texto: el principio de unidad
jurisdiccional (art. 117.5), la existencia de un cuerpo único de Jueces
y Magistrados de carrera cuyo estatuto jurídico determinaría la Ley Orgánica
del Poder Judicial (art. 122.1), y la creación de un Consejo General del
Poder Judicial como órgano de Gobierno del Poder Judicial (art. 122.2).
Y la primera consecuencia para la Magistratura de Trabajo fue que la Ley Orgánica
de 10 de enero de 1980, del Consejo General del Poder Judicial, dispuso, en su
disposición transitoria 4ª, que “Hasta tanto se organice
definitivamente en la
Ley Orgánica del Poder Judicial el Cuerpo único
de Jueces y Magistrados de carrera, la competencia atribuida al Consejo General
en relación con el régimen estatutario de Jueces y Magistrados se
extenderá a los miembros del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, sin
perjuicio de la aplicación en lo demás del régimen
orgánico por el que actualmente se rigen en cuanto no resulte modificado
por esta Ley…”.

Poco
después, por Real Decreto legislativo de 13 de junio de 1980, se
aprobó un nuevo texto refundido de Procedimiento Laboral.

Las únicas reformas destacables
del texto refundido de Procedimiento Laboral de 1980 en la regulación de
los recursos de casación y suplicación son dos: declara
procedente el recurso de casación contra las sentencias dictadas por las
Magistraturas de Trabajo en procesos por extinción del contrato por
causas objetivas de trabajadores miembros del Comité de Empresa o
Delegados de personal y regula un recurso especial de suplicación en
conflictos colectivos que sustituye al recurso de alzada introducido por el
Decreto de 20 de septiembre de 1962.

A comienzos de
1983, el Consejo General del Poder Judicial, en uso de la facultad que le
atribuía el art. 3º de la Ley Orgánica 1/1980 de 10 de enero,
propuso al Gobierno que, haciendo uso de la autorización contenida en el
último párrafo del art. 153 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral de 1980, fijara la cuantía mínima que hacía
procedente el recurso de suplicación en doscientas mil pesetas, tanto en
atención al tiempo transcurrido desde que la misma fue fijada en cien
mil pesetas -7 de junio de 1978-, como a la carga de trabajo del Tribunal
Central de Trabajo (54), consecuencia del aumento de las resoluciones que se
recurrían ante él -17.732 en el año 1982, frente a los
1.024 recursos interpuestos ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en
la misma anualidad  (55)-.

Por Real
Decreto de 15 de junio de 1983 el Gobierno, de conformidad con la propuesta
formulada por el Consejo General del Poder Judicial, modificó el texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980 para  elevar la cuantía mínima
que permitía el acceso al recurso de suplicación a 200.000
pesetas.

IX. LA SUPRESIÓN DEL
TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO

La Ley Orgánica
del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 no incluyó al Tribunal Central
de Trabajo entre los órganos judiciales integrantes de la
organización judicial ordinaria, como tampoco incluyó entre ellos
a las Magistraturas de Trabajo (art. 26). Por el contrario, la Ley Orgánica
del Poder Judicial trataba, en las disposiciones transitorias
decimoséptima, decimoctava y decimonovena, de la desaparición del
Cuerpo de Magistrados de Trabajo y de la supresión del Tribunal Central
de Trabajo y de las Magistraturas de Trabajo.

Mientras la
disposición transitoria decimoséptima establecía normas
para la integración de los Magistrados de Trabajo en la Carrera judicial
y la disposición transitoria decimonovena contemplaba la
sustitución de las Magistraturas de Trabajo por los Juzgados de lo
Social, la disposición transitoria decimoctava preveía la
supresión del Tribunal Central de Trabajo “en la fecha en que
entren en funcionamiento las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional
y de los Tribunales Superiores de Justicia, que serán establecidas por
la Ley que fije la planta de los Tribunales”.

Prevista la
supresión del Tribunal Central de Trabajo por la Ley Orgánica
del Poder Judicial de 1985, ya no resultaba viable ni reformar el recurso de casación
para aumentar la competencia del Tribunal Central de Trabajo ni aumentar la
plantilla del Tribunal Central de Trabajo para hacer frente a los recursos de
suplicación pendientes.

Desde el
anuncio de supresión del Tribunal Central de Trabajo hasta su efectiva
desaparición, dan cuenta de la litigiosidad laboral en vía de
recurso las Memorias del Consejo General del Poder Judicial de 1986 a 1989, que reflejan:
el aumento en el número de recursos que cada año ingresaban en la
Sala sexta del Tribunal Supremo y en el Tribunal Central de Trabajo, con los
consiguientes retrasos en la resolución de los mismos (56), y  las soluciones que el Consejo General
del Poder Judicial propuso o adoptó para hacer frente a este problema.

Sobre el
funcionamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,  dice la Memoria del Consejo General del
Poder Judicial de 1986: “en la Sala Sexta del Tribunal Supremo, o Sala de lo
Social, es tal el número de asuntos que, pese a las altas cotas de
rendimiento alcanzadas, ha dado lugar a un grave y preocupante crecimiento de
los procedimientos pendientes. En el curso del período anual que ahora
se analiza, registró esta Sala 3.829 nuevos asuntos, de los que la
inmensa mayoría (concretamente 3.774) fueron recursos de
casación. Se ha producido, pues, un incremento ligeramente superior al
24% respecto de los 3.084 que tuvieron entrada en la anualidad precedente.
Durante dicho año se despacharon 2.798 asuntos (2.095 en 1984), de los
que 1.743 lo fueron por sentencia. La desarmonía o desajuste entre lo
que corresponde resolver a la Sala y su capacidad de resolución ha
originado un considerable aumento de sus índices de atraso que, valorado
en términos relativos, se sitúa por encima del 63%. En efecto, se
ha pasado desde los 1.632 procedimientos en trámite con que se
inició el año, hasta los 2.663 que subsistían a su
terminación. Esta situación de desfase es tanto más
significativa si se tiene en cuenta que los Magistrados, sin la excepción
del Presidente, dictan un número de sentencias, últimamente
incrementado, que es superior al normalmente exigible” (57).

En la Memoria
de 1988 el Consejo General del Poder Judicial vuelve a insistir en la
sobrecarga de trabajo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pero
además apunta soluciones al problema: “Considerada la
última anualidad completa, puede afirmarse que la acentuada sobrecarga
de trabajo ha vuelto a superar la normal capacidad de absorción de las
diversas Salas y de sus servicios auxiliares. Este incremento progresivo no se
refleja de una manera igual o proporcionada en las Salas correspondientes a los
distintos órdenes jurisdiccionales, pues destaca sobremanera la Sala Segunda, a la
que sigue la Sexta…La acumulación de procedimientos y actuaciones,
que todavía se advierte en algunas Salas con índices de retraso
ciertamente preocupantes, no puede en modo alguno imputarse a una falta de
interés o de rendimiento, ya que nunca se han alcanzado cotas tan altas
de productividad en la historia del Tribunal Supremo. Las causas son otras,
como la insuficiencia de los medios, pese a todo lo que se ha hecho
últimamente para mejorarlos, o la no adecuada estructuración
legal del recurso de casación y del ámbito de competencias
asignado a este alto Tribunal…Consiguientemente, hay que pensar en otros
medios o procedimientos para conseguir una adecuación y armonía
entre los asuntos que ingresan y la resolución de los mismos en un
tiempo prudencial. El aumento, sin más, de la plantilla del Tribunal
Supremo no es la fórmula pues ya este órgano judicial, por la
heterogeneidad de sus atribuciones y con su actual composición, resulta
exageradamente grande y desproporcionado si se le compara con los Tribunales
similares de los Estados miembros de la Comunidad Europea”
(58).

Sobre el
funcionamiento del Tribunal Central de Trabajo, en la Memoria del Consejo
General del Poder Judicial de 1986 puede leerse lo siguiente: “Ha estado
integrado durante 1985 por su Presidente, cinco Presidentes de Salas, 33
Magistrados titulares (uno de ellos en situación de servicios
especiales), dos destinados en comisión de servicio y dos
suplentes… Durante el último año ha crecido de modo notable
el número de los recursos promovidos, con lo que continúa en
ascenso el volumen de trabajo; así, y limitándonos al examen de
las tres últimas anualidades, encontramos que en 1983 entraron 16.348
recursos (lo que era un aumento del 24, 43% respecto de los del año
anterior); en 1984 ingresaron 19.762 (aumento del 20,88 % sobre los del
año precedente); y durante 1985 se han registrado 23.361 recursos, lo
que supone un nuevo aumento del 18, 21 % sobre la cifra de los recursos
entrados en 1984. La consecuencia es que los recursos pendientes están
en alza constante, pues de los 29.033, al terminar 1983, pasan a 36.238 al
finalizar el año 1984 y a la altísima de 49.926 al concluir el
año 1985, de los que 30.834 corresponden a la Sala Tercera. Todo
ello a pesar de que el ritmo de rendimiento es alto, habiéndose resuelto
en el último año 9.673 recursos, con un promedio de treinta y dos
ponencias mensuales por Magistrado (con excepción de la Sala Quinta, por ser
innecesario). La solución exige el reforzamiento de la plantilla de
Magistrados en las Salas Primera, Tercera y Cuarta mediante nombramientos
temporales en comisión de servicio y toda vez que un aumento definitivo
no es viable a la vista de la modificación de la jurisdicción
laboral que ha de realizar la
futura Ley de Planta. Asimismo, se precisa el aumento del
personal de Secretaría en cuantía que la Presidencia fija en
dieciocho Auxiliares y tres subalternos” (59).

Para intentar
paliar el retraso en la resolución de recursos pendientes ante el
Tribunal Central de Trabajo, el Consejo General del Poder Judicial
aprobó en 1986 un Programa de actualización, consistente en la
actuación en el Tribunal Central de Trabajo, en régimen de
comisión de servicio, de Magistrados de Trabajo (60).

La continuidad
del Programa de actualización se estima en la  Memoria del Consejo General del Poder
Judicial de 1988 “estrictamente necesaria”, como
“único mecanismo adecuado para evitar que dicho órgano
colegiado entre en una situación de auténtico colapso”. Y
la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 1989 se refiere al
Programa de actualización, y al Plan de Perfeccionamiento del mismo, en
estos términos: “Con independencia de su normal plantilla
orgánica, correspondiente a sus cinco Salas, han actuado en el Tribunal
Central de Trabajo, y como consecuencia del Programa de actualización
aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, 32 Magistrados titulares de
diversas Magistraturas, en Comisión de servicios y régimen de
compatibilidad con las funciones que habitualmente les competen. Por otra
parte, el 24 de febrero de 1.988 inició su actuación la
Comisión de Clasificación de asuntos homogéneos, constituida
como consecuencia de la aprobación por el Consejo de un Plan de
Perfeccionamiento del Plan de Actualización autorizado en 1.986. Dicha
Comisión está integrada por tres Magistrados y doce Secretarios
(reducidos estos últimos a uno por Acuerdo de la Comisión Permanente
de 28.10.88), en funcionamiento de tardes y régimen de compatibilidad
con sus tareas habituales. Los resultados obtenidos por esta Comisión
han supuesto un notable perfeccionamiento del plan de Actualización
inicialmente aprobado, de modo que, el nivel de resolución del Tribunal
Central de Trabajo ha aumentado en casi un millar de recursos con
relación al año 1.987….El balance de la labor realizada
durante 1988 es muy positivo a la vista de los niveles cronológico y
cuantitativo de resolución alcanzados, máxime si se tiene en
cuenta que el de ingreso ha aumentado mucho (de 31.276 en 1987 a 37.700 en 1988) y
que, sin embargo, el de recursos pendientes ha disminuido (de 51.014 en 1987 a 45.314 en
1988)” (61).

Finalmente, el
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 10 de mayo de 1989,
acordó la supresión del Tribunal Central de Trabajo para el
día 23 de mayo de 1989, fecha a partir de la cual la Sala de lo Social
de la Audiencia
Nacional y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid pasarían a conocer de los asuntos pendientes ante el
Tribunal Central de Trabajo en la forma establecida en la disposición
transitoria decimoctava de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el
art. 38 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y en las reglas
dispuestas por el mismo Consejo General del Poder Judicial en su reunión
de 10 de mayo de 1989.

Notas

(1) El art. 487 del
Código de Trabajo de 1926 disponía: “Habrá recurso
de casación por infracción de ley en los siguientes:

1º Cuando,
tratándose de reclamaciones a consecuencia de accidentes de trabajo, el
litigio verse sobre casos de muerte, incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo o para la profesión habitual;

2º Cuando, tratándose
de litigios relativos a contratos de trabajo, individuales o colectivos, se
alegue el incumplimiento de algún precepto legal, y

3º Cuando, cualquiera
que sea la materia litigiosa, la cuantía de ésta exceda de 2.500
pesetas”.

(2) El recurso de revisión
ante las Audiencias Territoriales se regulaba en los arts. 482 a 485 del Código
de Trabajo de 1926. El art. 482 decía así: “En los casos en
que, conforme a los artículos 487 y 488 (éste último se
remitía a los motivos de casación por infracción de ley o
doctrina legal previstos en el art. 1692
LEC 1881), no proceda el recurso de casación por
infracción de ley contra la sentencia pronunciada por el Tribunal
industrial o el Juez de primera instancia, habrá lugar al recurso de
revisión que se tramitará ante la Sala de lo civil de la
Audiencia territorial respectiva, para examinar el derecho aplicado en la
sentencia y dictar, en su caso, la que sea procedente”.

(3) El art. 21,I del Real
Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926 disponía: “Las Comisiones
mixtas del trabajo entenderán a los efectos de su aprobación y
eficacia, en todos los acuerdos de los Comités paritarios de su grupo
respecto de la reglamentación del trabajo, horario, descanso,
regulación del despido y demás condiciones que sirvan de norma a
los contratos de trabajo, teniendo en este punto las facultades que hoy
están atribuidas a los Tribunales industriales y sin perjuicio del
recurso de casación que establecen los artículos 486 y siguientes
del Código de Trabajo”.

El
art. 21,I del Real Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926 fue reproducido, con
alguna variación terminológica, por el art. 21,I del texto
refundido de organización corporativa nacional aprobado por Real
Decreto-ley de 8 de marzo de 1929.

(4) La Ley de 27 de agosto
de 1938 derogó el Decreto de 6 de mayo de 1931 y reorganizó
provisionalmente el Tribunal Supremo en cuatro Salas; la Sala cuarta, compuesta
de un Presidente y dos Magistrados, se denominó “de lo
Social” (art. 7º). La Ley de 30 de junio de 1939 aumentó la
dotación de personal del Tribunal Supremo “para que su trabajo
comience a rendir la eficacia debida ante el enorme número de asuntos de
su competencia que se han ido acumulando durante todo el tiempo de su forzada
inactividad”, correspondiendo dos Magistrados más a la Sala de lo
Social (artículo primero).

Por Ley
de 18 de marzo de 1944 se creó en el Tribunal Supremo una nueva Sala de
lo Contencioso-administrativo, que pasó a ser la Sala cuarta, mientras
que la Sala quinta se llamó de lo Social. El Decreto de 14 de junio de
1957 creó una Sala más de lo Contencioso-administrativo en el
Tribunal Supremo y  la Sala de lo
Social pasó a ser la Sala sexta.

(5) El art. 3º del
Decreto de 13 de mayo de 1938, era del siguiente tenor:

“Contra la sentencia
dictada por los Magistrados de Trabajo o Jueces de Primera Instancia en
funciones de tales sólo cabrá recurso de casación en los
casos, forma y plazo previstos en el artículo cuatrocientos ochenta y
seis y siguientes del Código de Trabajo.

“La tramitación
de los recursos se ajustará a las normas establecidas en dicho precepto
legal.

“Queda subsistente el
recurso extraordinario de revisión que previene el artículo
cuatrocientos noventa y seis del Código de Trabajo”.

(6) Fue el art. 9º de
la Ley de 31 de mayo de 1966, de reforma orgánica y adaptación de
los Cuerpos de la Jurisdicción del Trabajo a la Ley de Funcionarios
Civiles, el que modificó el sistema de designación del Presidente
del Tribunal Central de Trabajo al disponer que: “El Presidente del
Tribunal Central de Trabajo será nombrado por Decreto aprobado en
Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo, entre aquellos juristas que
en el desempeño de la Magistratura, del Ministerio Fiscal, en el
ejercicio de la Abogacía o en la cátedra gocen del  más alto prestigio y acreditada
competencia”.

(7) El art. 14 de la Ley Orgánica
de la Magistratura de Trabajo de 1940 fue derogado por la disposición
final 1ª de la Ley de 22 de diciembre de 1949 que reorganiza el Tribunal
Central de Trabajo y fija nuevas plantillas de Magistrados y Secretarios.

(8) El art. 10 del Decreto
de 11 de julio de 1941 declaraba subsistente el recurso de casación.

(9) Cuando el
Preámbulo del Decreto de 11 de julio de 1941 decía que “El
artículo 14 de la
Ley Orgánica de la Magistratura del Trabajo de 17 de
octubre de 1940, previene la creación de un Tribunal Central para
conocer de los recursos contra las sentencias de la Magistratura cuando, con
arreglo a las disposiciones vigentes, no cabe el de casación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo”, atribuía al art. 14 algo
distinto de lo que el precepto disponía.

(10) En el primer
párrafo del preámbulo de la Ley de 23 de diciembre de 1948 puede
leerse lo siguiente: “El número de asuntos ingresados y a resolver
en la Sala quinta de lo Social del Tribunal Supremo, tuvo estos últimos
años tan considerable aumento, que no obstante el esfuerzo realizado por
los Magistrados que la componen, los recursos pendientes lo son cada vez en
mayor cantidad, llegando al iniciarse este año judicial a la cifra de
5.114, por lo que, aparte de otras medidas que impidan el acceso a esta Sala de
cuestiones de escasa cuantía, es imprescindible el aumento de tres
Magistrados, quedando con una composición semejante a la de las Salas
segunda, tercera y cuarta”.

(11) Datos obtenidos del
Anuario Estadístico de España, año XXXVI.-1961, p. 1061.

(12) La Ley de 22 de
diciembre de 1949 estableció, a los únicos efectos de unificar la
jurisprudencia, el recurso en interés de la Ley, competencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en pleno, contra las sentencias dictadas en
suplicación por el Tribunal Central de Trabajo cuya doctrina se estimare
dañosa o errónea.

(13) La modificación
de las resoluciones recurribles en casación por infracción de ley
o doctrina legal tuvo, sin embargo, un mayor alcance. Según el art. 15:
“Procederá el recurso de casación por infracción de
ley y doctrina legal:

1º Contra las
sentencias dictadas por la Magistratura de Trabajo que decidan reclamaciones
por incapacidades permanentes o muerte en accidentes de trabajo industriales o
agrícolas y por incapacidades temporales acumuladas a las de naturaleza
permanente.

2º Contra las
resoluciones de la Magistratura de Trabajo que decidan cuestiones de
competencia por razón de la materia, cualquiera que sea la cuantía
litigiosa.

3º Contra las
resoluciones de la Magistratura de Trabajo que decidan cuestiones de
competencia por razón de lugar, siempre que sobre el fondo del asunto
corresponda el recurso de casación.

4º Contra las
sentencias de la Magistratura de Trabajo en el procedimiento especial por
despido de Caballeros Mutilados; y

5º Contra las
sentencias dictadas por dicha Magistratura, cualquiera que sea la materia sobre
que versen en reclamaciones cuya cuantía exceda de veinte mil
pesetas”.

(14) No obstante, el
número de recursos de casación por quebrantamiento de forma
representaban un pequeño porcentaje del total de recursos de
casación, como nos puede dar idea el dato de que en el año
judicial 1947-48 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolviera 272 recursos
de casación por infracción de ley o doctrina legal y sólo
18 recursos de casación por quebrantamiento de forma, y que en el
año judicial 1948-49 resolviera 336 recursos de casación por
infracción de ley frente a 18 recursos de casación por quebrantamiento
de forma. Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961,
p. 1061.

(15) La Ley de 22 de
diciembre de 1949 también reforma la tramitación del recurso de
suplicación.

(16) El art. 16 de la Ley de
22 de diciembre de 1949 enumeraba los motivos de casación por
infracción de ley, y su numero 5º era del siguiente tenor:
“Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de
derecho o error de hecho, si este último resulta de los elementos de
pruebas documentales o periciales que, obrantes en autos, demuestren la
equivocación evidente del juzgador”.

(17) Datos tomados del
Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 647.

(18) La cifra de 5.000
asuntos es la que figura en la Revista de Trabajo, enero  de 1950, p. 51. Sin embargo, en poco menos,
4.474 asuntos parece fijarla el Anuario Estadístico de España,
año XXXVI.-1961, p. 1061.

(19) Datos tomados del
Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 647.

(20)
El preámbulo de la Ley de 20 de diciembre de 1952 dice así:
“Para impedir el retraso de asuntos que se han producido por el excesivo
número de los ingresados en el Tribunal Supremo, se estima que, aparte
otros medios de índole procesal, también en el proyecto es
forzoso acudir al aumento de personal, aunque en reducida escala, en las Salas
Primera, Segunda y Quinta de aquel Tribunal. Se establece en la Ley la
creación de dos plazas en la Sala Primera, una en la Segunda y tres en la
Quinta, lo cual permitirá con más facilidad que ahora
constituirse con ellas Secciones, que podrán actuar
simultáneamente para lograr un mayor rendimiento de trabajo y, como
consecuencia, acelerar el despacho de los asuntos”.

(21) Aunque los datos de que
hemos dispuesto no nos han permitido conocer el número exacto de
recursos de casación interpuestos en los años judiciales 1950-51
y 51-52, no parece que durante esos años existiese desproporción
entre el número de recursos de casación ingresados y despachados
en la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo.

Se puede
llegar a la anterior conclusión comparando las cifras que se
expondrán a continuación con el número de resoluciones de
las Magistraturas de Trabajo recurridas ante el Tribunal Supremo en los
años 50, 51 y 52 que aparecen citadas en el texto.

En el año judicial 1950-51 la Sala
quinta del Tribunal Supremo despachó 1.371 asuntos –entre recursos
de casación, recursos de revisión en arrendamientos de fincas
rústicas y otras, competencias, quejas, nulidad y otros conceptos-,
resolviendo 436 recursos de casación por infracción de ley y 23
por quebrantamiento de forma, en tanto que 711 recursos de casación
terminaron por desistimiento, deserción u otros motivos, lo que hace un
total de 1.170 recursos de casación despachados. En el año
judicial 1951-52 el número de asuntos despachados por la Sala quinta del
Tribunal Supremo fue de 1.161, de los que 435 correspondían a sentencias
dictadas en recursos de casación por infracción de ley y 29 a sentencias dictadas en
recursos de casación por quebrantamiento de forma, mientras que 524
recursos de casación terminaron por desistimiento, deserción u
otros motivos, en total 988 recursos de casación despachados. Datos
obtenidos del Anuario Estadístico de España, año XXXVI.-
1961, p. 1061.

(22) La cifra de asuntos
despachados por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el año
judicial 1952-53  fue de 1.201,
decidiendo 544 recursos de casación por infracción de ley y 36
recursos de casación por quebrantamiento de forma. Datos obtenidos del Anuario
Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 1061.

(23) En la Ley de 17 de
julio de 1953 puede leerse lo siguiente:

“La índole de
las cuestiones litigiosas de carácter laboral, cuyo contenido afecta en
la mayoría de los casos a personas de modesta condición
económica, exige la posible celeridad sin merma de las necesarias
garantías procesales, en el despacho y resolución de las
pretensiones de esta naturaleza, formuladas ante los Tribunales.

“Ello puede alcanzarse
dando mayor agilidad a los procesos en que se ventilen tales cuestiones, y de
modo especial mediante la elevación de la cuantía de los asuntos
de que entiende el Tribunal Central de Trabajo, al que, por otra parte, debe
atribuirse el conocimiento, dentro de ciertos límites, de las cuestiones
de competencia, por razón de la materia, hoy deferidas con
carácter exclusivo a la
Sala Quinta del Tribunal Supremo, recargada, por este  motivo, con gran número de
asuntos que dificultan su pronta resolución”.

(24) No obstante,  la Ley de 17 de julio de 1953
también realiza una pequeña ampliación en el ámbito
del recurso de casación al declarar recurribles, por primera vez, las
sentencias de la Magistratura de Trabajo en el procedimiento especial de
despido de productores que sean enlaces sindicales o desempeñen cargos
sindicales (art. 15.4º).

(25) Datos obtenidos del
Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 647.

(26) La Orden de 11 de enero
de 1955 no tiene desperdicio, y por ello la reproducimos en su integridad, dice
así:

“La Ley de 22 de
diciembre de 1949, al regular la tramitación y resolución de los
litigios entablados ante la jurisdicción laboral, persiguió como
finalidad primordial conseguir la mayor celeridad en la decisión de
tales asuntos, que en la mayoría de los casos afectan a personas de
modesta condición económica.

“Posteriormente y para
lograr con más amplitud esa finalidad se promulgó la Ley de 17 de
julio de 1953, que modificó algunos preceptos del ordenamiento antes
citado, pero bien entendido que dejaba subsistentes todos los no modificados
expresamente por la segunda de las leyes mencionadas.

“Esto sentado, y
teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley de 22
de diciembre de 1949 ordenó que los asuntos de carácter laboral
en trámite, cuyas vistas no estuvieren señaladas en el momento de
su vigencia, se atemperaran a las normas procesales que en ella se
establecían, es lógico estimar la necesidad de aplicar
idéntico criterio a la nueva situación creada por la Ley de 17 de
julio de 1953, toda vez que su única disposición transitoria no
sólo no contradice la anterior, sino que precisamente la complementa al
determinar con toda claridad que los litigios en materia laboral, cualquiera
que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose en cuanto
a trámites y recursos por las normas procesales que regían en la
fecha de su iniciación  -la
Ley de 22 de diciembre de 1949-, pero añade que esa tramitación
será `ante los órganos jurisdiccionales competentes a tenor de
los preceptos modificados por la presente Ley´. En su consecuencia, es
necesario dar cumplimiento a lo establecido en las dos disposiciones
transitorias referidas y, por tanto, los Ministerios de Justicia y Trabajo,
haciendo uso de la facultad concedida en la tercera disposición final de
la Ley de 22 de diciembre de 1949, han tenido a bien disponer que los recursos
de casación pendientes ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo cuyas vistas no
estén señaladas, relativos a asuntos, que con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1953, queden comprendidos dentro del ámbito del recurso
de suplicación, sean remitidos, previo acuerdo de dicha Sala adoptado en
cada caso dentro del plazo de un mes a partir de la publicación de la presente Orden, a
la Magistratura de procedencia, a fin de que prosiga el trámite que
corresponda para que conozca de dichos asuntos el Tribunal Central de Trabajo”.

(27) La cifra de 486 asuntos
es la que figura en el Anuario Estadístico de España, año
XXXVI.-1961, p. 1061.

(28) En el año 1956
se recurrieron 3.436 resoluciones de las Magistraturas de Trabajo, de ellas 973
ante el Tribunal Supremo y 2.463 ante el Tribunal Central de Trabajo. En 1957,
de las 3.484 resoluciones recurridas, 1.078 se dirigieron al Tribunal Supremo y
2.406 al Tribunal Central de Trabajo. En 1958 fueron recurridas 3.414
resoluciones, 1.207 ante el Tribunal Supremo y 2.207 ante el Tribunal Central
de Trabajo. Y en el año 1959 el número de resoluciones recurridas
se elevó a 3.705, 1.140 tuvieron como destinatario al Tribunal Supremo y
2.565 al Tribunal Central de Trabajo. Datos del Anuario Estadístico de España,
año XXXVI.-1961, p. 647.

(29) El texto refundido de
Procedimiento Laboral aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958 incorpora a su
redacción la regulación de los recursos de suplicación,
casación e interés de la Ley que se encontraba en la Ley de 22 de
diciembre de 1949, con las modificaciones introducidas por la Ley de 17 de
julio de 1953, si bien también incluye la previsión del art.
5º de la Ley de 24 de abril de 1958 sobre reforma del Procedimiento
Laboral, a cuyo tenor: “La omisión del intento de
conciliación sindical se considerará como motivo de recurso de
suplicación o de casación por quebrantamiento de forma”.

(30) En el preámbulo
de la Ley de 22 de julio de 1961, párrafo primero, se puede leer lo
siguiente: “El considerable incremento que han venido experimentando los recursos
que tramita la Sala
Primera del Tribunal Central de Trabajo reclama un aumento de
los Magistrados que la componen en cuantía mínima de dos, si,
como resulta adecuado, los asuntos han de continuar resolviéndose dentro
de los plazos legales y con la celeridad indispensable en aquella
jurisdicción”.

(31) El art. 1º.4 del
Decreto de 20 de septiembre de 1962 disponía:

“Los párrafos
primero y tercero del artículo 150 del texto refundido de Procedimiento
Laboral quedan redactados en la forma respectiva siguiente:

“Procederá el
recurso de suplicación contra las sentencias no comprendidas en el
artículo 164, dictadas en reclamaciones cuya cuantía litigiosa
sea superior a 10.000 pesetas y no exceda de 100.000 pesetas.

“No obstante,
procederá el recurso de suplicación contra las sentencias
dictadas en reclamaciones cuya cuantía no exceda de 10.000 pesetas
cuando se solicite únicamente la subsanación de una falta
esencial del procedimiento”.

(32) En el año 1964,
de un total de 3.401 resoluciones de las Magistraturas Provinciales de Trabajo
recurridas, 1.290 lo fueron ante el Tribunal Supremo y 2.111 ante el Tribunal
Central de Trabajo, y en 1965 el número de resoluciones de las
Magistraturas de Trabajo recurridas fue de 4.405, de ellas 1.407 para el Tribunal
Supremo y 2.998 para el Tribunal Central de Trabajo. Datos del Anuario
Estadístico de España, año XLVI-1971, p. 302.

(33) El preámbulo de
la Ley de 31 de mayo de 1966, de aumento de las plantillas de los Cuerpos de
Magistrados y Secretarios de la Magistratura de Trabajo, dice en su
preámbulo: “El incremento de los litigios se refleja al propio
tiempo, y como es natural, en los recursos de que son objeto las resoluciones
dictadas por los Tribunales de instancia; consiguientemente, al llevarse a efecto
la ampliación de las plantillas de aquéllos se hace indispensable
incrementar proporcionalmente las del Tribunal Central de Trabajo”.  Y en el art. 1º puede leerse:
“A partir de 1 de enero de 1966 las plantillas del Cuerpo de Magistrados
de Trabajo serán las siguientes: a) Categoría Especial: 24
Magistrados. b) Magistrados de Trabajo de término: 11. c) Magistrados de
Trabajo de primera: 27. d) Magistrados de Trabajo de segunda: 26. e)
Magistrados de Trabajo de tercera: 22”.

(34) Datos del Anuario
Estadístico de España, año XLVI-1971, p. 302.

(35) A partir del año
1963 pueden encontrarse datos sobre el Tribunal Central de Trabajo en las
Estadísticas Judiciales de España.

Hay que
observar la lógica falta de coincidencia entre el número de resoluciones
de las Magistraturas de Trabajo recurridas ante el Tribunal Central de Trabajo
que aparecen en el Anuario Estadístico de España, como
también en las Estadísticas Judiciales de España,  y el número de recursos
ingresados en el Tribunal Central de Trabajo que figuran en las
Estadísticas Judiciales de España.

(36) Vid.
Estadísticas Judiciales de España, año 1968, Madrid, 1971,
pp. 164 y 165.

(37) En el preámbulo
del Decreto de 11 de octubre de 1967 puede leerse lo siguiente: “Todas
las disposiciones que han venido regulando la jurisdicción
Laboral han atribuido al Gobierno, previa audiencia del
Consejo de Estado, la facultad de modificar las cuantías fijadas en las
mismas a los efectos de los posibles recursos de suplicación o
casación, frente a las sentencias de las Magistraturas de Trabajo, como
se recoge en …En aquellas disposiciones, y merced a las autorizaciones
concedidas, se fueron elevando los límites desde los primeramente
establecidos …todo ello debido a diferentes circunstancias, entre las
cuales pueden señalarse los aumentos salariales que entonces se
produjeron y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Estas mismas
circunstancias subsisten en la actualidad, habiéndose producido desde el
último Decreto citado tres aumentos salariales…”.

(38) El texto refundido de
Procedimiento Laboral aprobado por Decreto de 21 de abril de 1966, que
sustituyó al texto refundido de Procedimiento Laboral aprobado por
Decreto de 17 de enero de 1963, no alteró la anterior regulación
del recurso de casación, pero si introdujo modificaciones en la
regulación del recurso de suplicación al ampliar las resoluciones
contra las que resultaba procedente el recurso a las siguientes: 1.
reclamaciones, acumuladas o no, que sin alcanzar 10.000 pesetas la
cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de los
beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, y 2. sentencias dictadas como
consecuencia de reclamaciones para el reconocimiento del derecho al beneficio
de prestaciones de la
Seguridad Social y de las Mutualidades acogidas a la Ley de 6
de diciembre de 1941, siempre que tengan el carácter de permanentes o
vitalicias (art. 153.1 y 2).

(39) Datos del Anuario
Estadístico de España, año XLVI-1971, p. 302, y del
Anuario Estadístico de España, año LV-1980, p. 328.

(40) La Ley de 30 de
diciembre de 1969, de modificación de la plantilla del Cuerpo de
Magistrados de Trabajo, dispuso lo siguiente: “A partir de  1 de enero de 1970 se aumentará
en dos plazas la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con lo que
ésta quedará integrada por 112 plazas” (art. 1º);
“La categoría de las dos plazas anteriores será de las
comprendidas en el apartado c) del número 1º del art. 18 de la Ley
33/1966, de 31 de mayo…” (art. 2º).

El art.
18.1º, c) de la Ley  33/1966, de
31 de mayo, comprendía: “Magistrados del Tribunal Central,
Inspectores generales y Jefes de las Secciones de Asuntos Generales,
Régimen Interior y Recursos y de Personal”.

(41) La Ley de 30 de marzo
de 1971 dice en su preámbulo: “En la actualidad sobreviene como
inevitable la necesidad de ampliar, siquiera sea con las máximas
limitaciones, las actuales plantillas de los Cuerpos de Magistrados de Trabajo
y de Secretarios de Magistraturas, a causa de que en determinadas provincias,
la litigiosidad ofrece un aumento en proporciones de cualificada
excepción, con la consiguiente repercusión en el Tribunal Central
de Trabajo, al que, por vía de recurso, le está atribuida la
función de revisión y control de las resoluciones de los
Tribunales de instancia, necesidades a las que debe atenderse con el fin de que
la jurisdicción laboral cumpla con celeridad y eficacia la
función que le es inherente de resolver contiendas con la rapidez que
los derechos cuestionados exigen y el interés social demanda”.

Conviene
reproducir los dos primeros artículos de la Ley de 30 de marzo de 1931,
que dicen así:

Artículo 1º
“A partir del 1 de enero de 1971 se aumentarán en quince plazas la
plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, y en doce plazas, la del Cuerpo de
Secretarios de Magistraturas de Trabajo”.

Artículo 2º
“La plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo a que se refiere el
artículo 4º, apartado 2º, de la Ley 33/1966, de 31 de mayo,
será la siguiente:

“Categoría b),
tres. Tres Presidentes de Sala del Tribunal Central de Trabajo.

“Categoría c),
veintiocho. Veintiún Magistrados del Tribunal Central; un Inspector
general Jefe de Magistraturas de Trabajo; dos Inspectores generales de
Magistraturas de Trabajo; dos Jefes de Sección de la Dirección General
de Jurisdicción de Trabajo; un Presidente de la
Comisión Técnica Calificadora Central y un
Presidente de la
Comisión Central de Recursos del Personal Sanitario de
la Seguridad Social.

“Categoría d),
noventa y seis. Magistrados provinciales de Trabajo”.

(42) Datos tomados del
Anuario Estadístico de España, año LV-1980, p. 328.

(43) Con anterioridad la Ley
de 22 de diciembre de 1972 aumentó en 20 plazas la plantilla de
Magistrados Provinciales de Trabajo.

(44) Reproducimos
también los dos primeros artículos de la Ley de 30 de diciembre
de 1975.

Artículo
1º: “A partir de 1 de enero de 1976, se aumentará en 20
plazas la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, y en 15 plazas, la del Cuerpo de
Secretarios de Magistratura de Trabajo”.

Artículo
2º: “La plantilla orgánica del Cuerpo de Magistrados de
Trabajo será la siguiente:

“Categoría b).
Cuatro: Tres Presidentes de Sala del Tribunal Central de Trabajo, y el
Inspector general Jefe de Magistraturas de Trabajo.

“Categoría c).
Treinta y dos. Veintiséis Magistrados del Tribunal Central, dos
Inspectores generales, dos Jefes de Sección de la Dirección General,
un Presidente de la Comisión Técnica Calificadora
Central, y un Presidente de la Comisión Central de Recursos para la
provisión de vacantes del personal sanitario de la Seguridad Social.

“Categoría d).
Ciento treinta y un Magistrados provinciales de Trabajo”.

(45) El Decreto de 16 de
julio de 1976 modificó los arts. 153 y 166 del texto refundido de
Procedimiento Laboral aprobado por Decreto de 17 de agosto de 1973 que no
introdujo modificaciones en la regulación de los recursos de
suplicación y casación respecto del Decreto de 18 de mayo de
1972.

(46) Datos tomados del
Anuario Estadístico de España, año LV-1980, p. 328.

(47) El Real Decreto-Ley de
13 de junio de 1977 dice en sus dos primeros artículos:

Art.
1º “A partir de 1 de julio de 1977, se aumentará en 24 plazas
la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo y en veinte plazas la del Cuerpo de
Secretarios de Magistraturas de Trabajo”.

Art.
2º “La plantilla orgánica del Cuerpo de Magistrados de
Trabajo será la siguiente:

Categoría
b), Cinco.- Cuatro Presidentes de Sala y un Inspector general Jefe de
Magistraturas de Trabajo.

Categoría
c), Treinta y ocho.- Treinta y un Magistrados del Tribunal Central de Trabajo,
tres Inspectores generales, dos Jefes de Sección de la Dirección General,
un Presidente de la Comisión Técnica Calificadora
Central y un Presidente de la Comisión Central de Recursos para la
provisión de vacantes del personal sanitario de la Seguridad Social.

Categoría
d) .- Ciento cuarenta y ocho Magistrados Provinciales de Trabajo”.

(48) El preámbulo del
Real Decreto-Ley de 7 de junio de 1978 justifica la reforma por el aumento de
la litigiosidad:  “…con
la consecuencia de que si no se pone pronto el adecuado remedio, los
pronunciamientos judiciales devendrán ineficaces por tardíos y se
correrá un grave riesgo de colapso. Es de subrayar que el incremento de
asuntos resulta particularmente notable en lo relativo a la materia de
Seguridad Social, lo que ha provocado una acumulación muy elevada de
recursos pendientes de resolver en la Sala VI del Tribunal Supremo y en el Tribunal
Central de Trabajo, porque tanto a uno como a otro Tribunal se accede en dicha
materia mas fácilmente que en otras, al venir determinada la competencia
por razón de la naturaleza objetiva de la reclamación, sin tener
en cuenta la cuantía o importe que la misma significa. Aunque la
solución común a los anteriores problemas podría ser
aumentar la dotación de Magistrados, Secretarios y personal auxiliar,
tal remedio parece preferible reservarlo exclusivamente para la
instancia…En cuanto a los procesos de impugnación se reforma el trámite
en un doble sentido: para la casación y suplicación se condiciona
el acceso a ambos recursos a la conjunción de materia y cuantía;
y respecto de la casación, se aligera el procedimiento, regulando como
facultad del Tribunal la celebración de vista. Estas modestas reformas
de la Ley de Procedimiento Laboral (citada) responden a la exigencia de
disminuir el número de recursos sin restringir la creación de
criterios interpretativos o jurisprudenciales. Además se redactan los
artículos 153 y 166 de la Ley de Procedimiento Laboral, acomodándolos
a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 17/1977 de 4 de
marzo, dejando para una posterior y más amplia reforma de la citada Ley aquellos
puntos cuyo cambio venga impuesto por las modificaciones legislativas
operadas”.

(49) El Real Decreto-ley de
7 de junio de 1978 también modifica el art. 130 de la Ley de
Procedimiento Laboral .

(50) Datos obtenidos
del  Anuario Estadístico de
España, año LV-1980, p. 328.

(51) Datos obtenidos del
Anuario Estadístico de España, año LX-1985, p. 328.

(52) Estadísticas
Judiciales de España año 1968, Madrid, 1971, p. 164 y
Estadísticas Judiciales de España año 1979, Madrid, 1983,
p. 96.

(53) Estadísticas
Judiciales de España, año 1979, Madrid, 1983, p. 96.

(54) A juicio del Consejo
General del Poder Judicial: “El tiempo transcurrido desde el momento en
que la cuantía mínima que abre el recurso de suplicación
fue fijada en cien mil pesetas, lo que tuvo lugar mediante el Real Decreto Ley
14/1978 de 7 de Junio, ha determinado que la significación
económica de dicha cifra comprenda un número de supuestos
litigiosos mucho más elevado que el inicialmente correspondiente a la misma. A esta
circunstancia se une la situación de acumulación de recursos
pendientes de resolver por la que atraviesa el Tribunal Central de Trabajo, que
entre otros motivos está conectada al referido incremento de las
cuestiones que acceden al recurso en virtud de la pérdida de
significación económica de la cuantía mínima
establecida…para determinar el grado de elevación de que dicha cifra
debe ser objeto, estima el Consejo General como módulo objetivo
más apropiado, entre los diversos posibles, el de la elevación
experimentada por las cuantías del salario mínimo
interprofesional desde junio de 1978 hasta el presente. El salario
mínimo interprofesional al tiempo de establecerse el límite
cuantitativo de las cien mil pesetas, estaba fijado por el Real Decreto de 30
de marzo de 1978 que lo concretó en 548 pesetas diarias. En el momento
actual el salario mínimo interprofesional se encuentra establecido por
el Real Decreto de 19 de Enero de 1983 que lo fija en 1.720- ptas. diarias,
habiéndose producido prácticamente una duplicación de
dicho salario desde la fecha de 1978 contemplada. En consecuencia, se estima
que la cuantía mínima para acceder al recurso de
suplicación, actualmente fijada en cien mil pesetas, debe establecerse
en la de doscientas  mil”,
Boletín de Información del Consejo General del Poder Judicial, Año
III, núm. 12, Marzo 1983, pp.
8 y 9.

(55) Datos obtenidos del
Anuario Estadístico de España, año LX-1985, p. 328.

(56) A las Memorias del
Consejo General del Poder Judicial se acompañan unos completos cuadros
estadísticos.

(57) Consejo General del
Poder Judicial, Memoria. Anexo, Madrid, 1986, p. 19.

(58) Consejo General del
Poder Judicial, Memoria. Anexo II, Madrid, 1988, p. 22.

(59) Consejo General del
Poder Judicial, Memoria. Anexo, Madrid, 1986, p. 29.

(60) Ya a mediados del mes
de marzo de 1983, y con el fin de que disminuyera el número de recursos
de suplicación pendientes, el Consejo General del Poder Judicial
acordó la incorporación al Tribunal Central de Trabajo, en
comisión de servicio, de seis Magistrados. Consecuencia de ello fue la
resolución de 13.361 recursos de suplicación en el año
1983, frente a los 9.024 resueltos en el año 1982.

(61) Consejo General del
Poder Judicial. Memoria. Anexo II, Madrid, 1989, pp. 63 y 64.