EL PROCESO MONITORIO.

María García Sánchez.

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I .INTRODUCCIÓN: 1. Concepto. 2. Origen. 3.
Naturaleza Juridica.

II. TÉCNICA MONITORIA.

III.DESARROLLO PROCEDIMENTAL: 1. Petición
inicial. 2. Competencia.

3. Documentación. 4.
Admisión.Requerimiento de pago. Posiciones del deudor.

IV. ESPECIAL REFERENCIA AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.

I.
INTRODUCCIÓN.

1. CONCEPTO.

La Ley 1/200 de
7 de Enero de Enjuiciamiento Civil, en el Libro IV, dedicado a los procesos
especiales, regula en su Título IV, Capítulo 1º el proceso
monitorio (arts. 812 a
818).

Joaquín Silguero afirma que con esta
regulación se admite con carácter general, y siguiendo el
precedente marcado por la Ley de Propiedad Horizontal en 1999, una vía
procesal pretendidamente ágil para la tutela de determinados créditos;
esta  finalidad de tutela crediticia
eficaz, mediante la instauración de un procedimiento rápido y
poco costoso, aúna el proceso monitorio con el denominado juicio
cambiario, que la misma LECiv regula en sus artículos 819 a 827.

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección
21ª) en Auto de 18 de Diciembre de 2001, resolviendo el recurso de
apelación número 679/2001, en su Fundamento de Derecho I
establece “que el proceso monitorio se concibe como una vía de
protección de determinados créditos, en especial, de los
créditos dinerarios líquidos de profesionales y empresarios
medianos y pequeños.”
Así pues, con el proceso monitorio se trata de dar
solución a una serie de problemas económicos y sociales, derivados
de la existencia de pequeñas deudas dinerarias no atendidas por sus
deudores, obligando a los titulares de estos créditos a acudir a largos
y costosos procesos declarativos.

Con el
proceso monitorio se facilita por el legislador la creación
rápida de un título ejecutivo, mediante la invocación y
proclamación del propio derecho de crédito, asentado incluso en
meros documentos privados unilaterales, y a través de la
conminación judicial se obliga al deudor a posicionarse, de manera que
la Ley sancionará rígidamente las consecuencias de las diferentes
posturas que adopte el deudor: si paga, fina el procedimiento (art. 817 de la
L.E.Civ); si se opone han de acudir al contradictorio ( art. 818.1), mientras
que la pasividad y silencio del deudor desembocará en el proceso de
ejecución . Así lo indica la Audiencia Provincial de Zaragoza
(Sección 5ª) en Auto de 22 de Marzo de 2001).

En
palabras de Gómez Amigo, se puede definir el proceso monitorio como un
procedimiento sencillo y ágil, al que pueden acudir los acreedores que
dispongan de un principio de prueba documental de su crédito; siendo
especialmente eficaz para los supuestos en que el deudor no tiene nada serio
que oponer a la existencia y exigibilidad del crédito, sino que pretende
demorar el cumplimiento de su obligación hasta que le sea impuesto coactivamente
a través de la ejecución forzosa; de esta  forma, se permite al acreedor obtener
rápidamente un título ejecutivo para acceder de modo inmediato a
dicha ejecución.

2.
ORIGEN.

Es  situado por la mayoría de la
doctrina en el siglo XIII, y concretamente en la Península
Itálica, donde se desarrolló, como manifiesta el profesor
Tomás y Valiente,  un proceso
sumario conocido como “mandatum de solvendo cum clausula iustificativa”,
mediante el cual, el acreedor insatisfecho que no poseyese un título
ejecutivo, se presentaba ante el Juez, y solicitaba de él la
emisión del referido mandato.

Su
evolución ha sido diferente en cada uno de los países de nuestro
entorno, resultando ser un proceso arraigado y consolidado en  Alemania, Italia y Francia.

La
introducción del  juicio
monitorio viene exigida por la Directiva 2000/35 CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 29 de Junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, obligando a los Estados
miembros a establecer un procedimiento de cobro acelerado de las deudas no
impugnadas.

Delimitado
el tema a tratar, en las líneas siguientes se analizará de forma
más pormenorizada la regulación que de este proceso ha hecho la
LECiv.

3.
NATURALEZA JURÍDICA.

El Auto de
la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de Febrero de 2002, dictado por la
Sección 1ª, resolviendo el recurso de apelación
número 1/2002, establece en su Fundamento de Derecho Primero que”
el proceso monitorio regulado en la L.E.Civ, es un proceso ESPECIAL, PLENARIO Y
RÁPIDO,que tiende, mediante la inversión de la iniciativa del
contradictorio, a la rápida creación de un título
ejecutivo, con plenos efectos de cosa juzgada, en los casos determinados por
ley; casos en los que el Legislador por el carácter aparentemente
incontrovertido de la deuda, presume
que la resolución dictada “inaudita parte”, no
será contestada por el deudor. El monitorio no es un juicio ejecutivo,
sino un declarativo, que lo que pretende es la obtención de un
título ejecutivo con plenos efectos de cosa juzgada”.

La
Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de 18 de febrero de 2002, pone de
manifiesto que el proceso monitorio es ESPECIAL POR LA MATERIA, con
independencia de si su naturaleza jurídica es la de un juicio
declarativo, o si se sitúa a mitad de camino entre el juicio ejecutivo y
el declarativo, como mantiene parte de la doctrina.

En este sentido,
Gómez Colomer mantiene que la naturaleza del proceso monitorio es mixta;
en una  primera fase es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de
declaración previa antes de poder dar satisfacción a la
pretensión de creación del título ejecutivo, en la que se
dicta una resolución judicial que sanciona la validez  y eficacia del documento presentado,
transformándolo en título ejecutivo y permitiendo así
iniciar la ejecución (arts. 814 y 815 L.E.Civ); en una segunda fase,  si cumple sus fines, es un proceso de ejecución,
también especial; el proceso
monitorio deja  de ser proceso
declarativo especial, convirtiéndose en una ejecución especial,
si el demandado no comparece, ya que si éste se opone a la
pretensión monitoria del acreedor, la conducta del deudor transforma el
proceso  declarativo especial de la
primera fase del monitorio en un juicio ordinario.

I.
TÉCNICA MONITORIA.

De
la lectura de la Ley de Enjuiciamiento Civil se deduce que la misma ha querido
instaurar un juicio monitorio de carácter mixto, como bien apunta
Gómez Amigo, a mitad de camino entre el proceso monitorio puro y el
documental; pues el proceso monitorio es
especial y sumario con dos variantes importantes: PROCESO MONITORIO
PURO, dirigido a crear un título de ejecución basado en la
afirmación unilateral y no probada del titular del crédito; y el
PROCESO MONITORIO DOCUMENTAL, que como nota distintiva establece que la
petición de proceso monitorio se acompañe de un documento que
acredite “prima facie” el crédito del demandante.

La
Audiencia Provincial de Segovia, en Sentencia de 29 de Septiembre de 2001, establece
que “entre esta dualidad de juicios monitorios (puro y documental, el
primero seguido en Alemania y el segundo en Italia), el Legislador ha optado
por un juicio monitorio documentado, pero matiza esta afirmación
señalando que, para la admisión judicial del procedimiento
monitorio, se exige el examen del juzgador sobre si, por la documental
aportada, queda demostrada a primera vista la deuda; sin esta valoración
se discriminaría al deudor, a quien el legislador, una vez incoado el
proceso monitorio,coloca en una posición procesal generadora de
obligaciones para el mismo. “

II.
DESARROLLO PROCEDIMENTAL.

1.   PETICIÓN INICIAL.

Este
proceso se inicia, de acuerdo al art. 814 de la L.E.Civ, con la petición
formulada por el acreedor, en la que se expresará la identidad del
deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en que
residiese  o pudiese ser hallado, el
origen y la cuantía de la deuda, acompañándose el
documento o documentos a que se refiere el art. 812 de la L.E.Civ.

La petición
podrá extenderse en impreso o formulario que facilite la
expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior.

Para la
presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio
no será preciso valerse de Procurador y Abogado.

La Ley
habla de petición  y no de
escrito de demanda; petición de inicio de este  proceso que podrá hacerse por
impreso o formulario que facilite la expresión de los extremos que debe
incluir; a este respecto, cabe señalar  que en el artículo 437.2 de la
L.E.Civ, en relación a los juicios verbales de cuantía inferior a
los 900 Euros, se permite formular la demanda mediante impresos normalizados,
encontrándose a disposición de los interesados en el tribunal
correspondiente, lo cual se entiende también de aplicación al
monitorio.

Para la
petición inicial del  proceso
monitorio, en cualquier caso, y por tanto independientemente de la
cuantía, incluso si supera la cantidad de 900 Euros, no es necesario
Procurador (art. 814 en relación art  23.2 apartado 1) ni de Abogado ( art.
814 en relación art. 31.2 apartado 1), pudiendo acreedor y deudor
comparecer por sí mismo. En este sentido, el Auto de 27 de Septiembre de
2001, de la Audiencia Provincial de Albacete ( Sección 1ª) recoge
lo siguiente: “ la cuestión a resolver es si la mercantil x puede
comparecer en juicio monitorio en el que se reclaman 63.163 pesetas por medio
de una Letrada con poderes procesales conferidos por el representante legal de
la referida marcantil, que entre otros estaba facultado para conferir poderes
para comparecer  ante los Juzgados y
Tribunales en los más amplios términos o sustituir en todo o en
parte las facultades que se le conferían así como revocarlos o
hacerlos de nuevo. Lo cierto es que la nueva L.E.Civ, no exige en la primera
fase  del proceso monitorio ni la
intervención de Abogado ni Procurador (art 814.2) y de otra parte, del
apartado 1º del número 2 del art. 23 , sin que exista
prohibición específica de apoderar a otra persona que no sea
Procurador , no cabe imponer al particular la carga de hacerlo en persona que
tenga tal condición.”

Si no
existe oposición, la fase de ejecución forzosa del título
requiere completar la capacidad de postulación de la parte ejecutante
mediante Abogado y Procurador, siempre que la cuantía por la que se
despache ejecución supere los 900 Euros (art. 539.1 II). Existiendo
oposición del deudor, y dando lugar al juicio que corresponda, es
necesario complementar la capacidad de postulación procesal mediante la
concurrencia de estos profesionales si la cuantía, igualmente supera los
900 Euros (art 818.1 II).

2.
COMPETENCIA.

El
artículo 813 de la L.E.Civ , dispone que será exclusivamente
competente para el proceso monitorio el Juez de Primera Instancia del domicilio
o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el
deudor pudiera ser hallado a efectos de requerimiento de pago por el Tribunal,
salvo que se trate de   la
reclamación de la deuda a que se refiere  el número 2 del apartado 2 del artículo
812, en cuyo caso será también competente el Tribunal del lugar
en donde se halle la finca a elección del solicitante.

En todo caso no
serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o
tácita contenidas en la Sección 2ª del Capítulo II
del Título II del Libro I.

El
conocimiento de proceso monitorio se atribuye al Juez de Primera Instancia,
cualquiera que sea la cuantía reclamada; al tratarse de una competencia
objetiva de ius cogens habrá de ser apreciada de oficio por el propio
Juez. Se prevé la no aplicabilidad, a efectos de fijación de la
competencia territorial, de las reglas generales de sumisión expresa o
tácita contenidas en la Ley, por lo que se impone al Jez la
obligación de examinar y declarar de oficio su propia competencia.

En el
supuesto de fijar la competencia del Juez ante una acumulación de
acciones, la Audiencia Provincial de Valencia, en Auto de 25 de Junio de 2001,
estima el recurso de apelación interpuesto contra la resolución
de inadmisión a trámite de la demanda de proceso monitorio,
promovido por la recurrente
contra cuatro demandados, por no considerarse competente
territorialmente el juzgador de la instancia, ya que dos de los demandados  tenían su domicilio en
Valencia  y otros dos en Torrent,
aunque se desconocía cuál era el de estos últimos;
entendía la existencia de una obligación mancomunada, por lo que
no se podía proceder conforme al artículo 815 de la L.E.Civ,
salvo para los demandados residentes en Valencia, y para ello  sería preciso conocer los pactos
de distribución de la cuota de responsabilidad patrimonial de los
deudores. Interpuesto el recurso de apelación por la demandante, la
Sección 6ª de la Audiencia estimó dicho recurso y
consideró que “el art. 813 de la L.E.Civ. establece que
será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juez de la
Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fuesen
conocidos, el del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos de
requerimiento de pago por el Tribunal, pero afirma que en el presente  caso, existe una acumulación
subjetiva de acciones y pluralidad de demandados, y dado que la L.E.Civ no
contiene previsión alguna respecto a la acumulación en el proceso
monitorio, se aplicarán  los
arts. 72 y 53.2 de la L.E.Civ , y la demanda puede presentarse ante cualquiera
de los domicilios de los demandados, a elección del demandante.”

En los
casos en que es parte el Estado, los organismos públicos y los
órganos constitucionales, la Audiencia Provincial de Castellón,
en Auto de fecha 19 de Febrero de 2002, en su Fundamento de Derecho II
establece que”la norma competencial del art. 813 de la L.E.Civ. en el
juicio monitorio cede en los supuestos en que es parte un organismo
público, por disponer el art. 15 de la Ley de Asistencia Jurídica
del Estado e Instituciones Públicas la competencia de los Juzgados de la
capital de provincia”.

Examinada
la competencia objetiva y territorial, respecto de la funcional, siguiendo a
Gómez Amigo,diremos que es competente para despachar ejecución
contra el deudor que no paga ni se opone en plazo, el mismo Juez que
emitió el mandato de pago devenido ejecutivo.

También
corresponde el conocimiento del juicio verbal en que se convierte el proceso
monitorio por oposición del deudor,al Juez que haya emitido el
correspondiente mandato de pago.

Son normas de
competencia funcional las que señalan el Tribunal competente para
conocer de los recursos; no obstante, en la tramitación del proceso
monitorio en sentido estricto,no se prevé recurso alguno; en cambio,
contra la sentencia que decide el juicio verbal posterior al monitorio caben
los recursos de apelación ( ante   la Audiencia Provincial), y en su
caso, los extraordinarios por infracción procesal y de casación (
ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la
Sala 1ª del Tribunal Supremo, respectivamente) .

3.      ACREDITACIÓN
DOCUMENTAL.

La
petición inicial de juicio monitorio, como hemos visto, debe  plantearse ante el Juzgado que resulte
competente, pero para que pueda dar lugar a la admisión de este
procedimiento y posterior emisión del mandato de pago solicitado, debe
acreditarse documentalmente la existencia de la deuda reclamada , y ésta
debe cumplir las condiciones que por Ley se exigen.

Así el art. 812
de la L.E.Civ. establece:

1.
Podrá acudir al proceso monitorio
quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria, vencida y exigible, de
cantidad determinada que no exceda de cinco millones de pesetas ( 30.050
Euros), cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:

-
mediante documentos, cualquiera que sea
su forma y clase  o  el soporte  físico en que se encuentren, que
aparezcan firmados por el deudor o con su sello , impronta o marca o con
cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente
del deudor.

-
Mediante facturas, albaranes de entrega,
certificaciones, telegramas, telefax, o cualesquiera otros documentos que, aun
unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente
documentan los créditos y deudas
en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y
deudor.

2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos
establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso
monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:

-
cuando, junto al documento en que conste
la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación
comercial duradera.

-
Cuando la deuda se acredite mediante
certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes
de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Este
artículo exige, como hemos visto, que se trate de una deuda dineraria, vencida y exigible de
cantidad determinada, que no exceda de
cinco millones de pesetas ( 30.000 Euros).

De la
lectura de este artículo se deduce que únicamente cabe acudir al
proceso monitorio para reclamar el cumplimiento de deudas dinerarias, por lo que la acción de condena tendrá
entonces su fundamento en un derecho de crédito.

No
puede utilizarse el monitorio para reclamar la entrega de un inmueble  o de un bien mueble determinado, con
fundamento en un derecho real, pero tampoco cuando la obligación derive
de un derecho de crédito. No puede pretenderse por este cauce procesal
el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer.

La deuda
cuyo cumplimiento se exige a través de este proceso debe ser
además de dineraria, vencida y
exigible; por tanto la exigibilidad de la deuda dineraria lleva consigo la
efectividad de la misma, al quedar constituída como una deuda real y
verdadera. Se hace igualmente necesario que la deuda dineraria sea determinada,
lo que debe entenderse como sinónimo de líquida.

Las
diferentes Audiencias Provinciales se han pronunciado en relación a
estos caracteres de la deuda que puede reclamarse  a través del proceso monitorio,
así la Audiencia Provincial de Lérida (Sección 2ª),
por Auto de 3 de Diciembre de 2001, en el Fundamento de Derecho I, pone de
manifiesto que “ “esta situación de liquidez no concurre
cuando se acciona con fundamento en un incumplimiento contractual por haberse
efectuado de forma incorrecta o inadecuada la prestación comprometida,
pretendiéndose como consecuencia
la restitución del pago realizado, pues para ello se hace
necesario que exista previamente un pronunciamiento declarativo sobre la
realidad del incumplimiento y de la correlativa consecuencia de
restitución de la prestación; y por idénticos motivos
falta también el requisito de vencimiento de la deuda”. Esta argumentación
no es más que una reiteración de la ya expuesta por esta Sala en
Auto de 12 de Septiembre de 2001.

La
Audiencia Provincial de Valladolid en Auto de 26 de Marzo de 2001, establece en
el Fundamento de Derecho III que “ en el presente supuesto se ha
producido una resolución desestimatoria de la admisión de la
demanda de proceso monitorio, por entender que la cantidad que se reclama en la
misma no es determinada.En el Fundamento de Derecho IV, manifiesta que “
desde luego la Ley exige que la cantidad que se reclama sea determinada,
previsión esta paralela  a la
establecida en el art. 520 de la L.E.Civ. que, cuando se trata de los
títulos ejecutivos a que se refieren los números 4,5,6 y 7
sólo permite despachar ejecución por cantidad determinada; debe
interpretarse como sinónimo de líquida, que será toda
aquella cantidad que se exprese en el título con letras, cifras o
guarismos comprensibles; y a ello no es obstáculo que el documento sea
de los que se mencionan en la segunda norma del apartado 1 del art. 812  (creado unilateralmente por el
acreedor), pues la minuta de Abogado es un documento que habitualmente
documenta los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparece
existente entre deudor y acreedor”.

La
Audiencia Provincial de Gerona en la Sentencia de 20 de Marzo de 2002,
resolviendo el recurso de apelación que dio lugar al rollo
número  140/2002, en su
Fundamento de Derecho II, recoge lo siguiente: “ en el presente caso, la reclamación
se basa en un contrato de préstamo.De forma reiterada, las Audiencias
Provinciales, normalmente aplicando el antiguo art. 1435 de la derogada
L.E.Civ., habían reiterado que en estos contratos la obtención
del saldo no reviste ninguna dificultad, considerándolos líquidos
“ab initio”.

La
Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4ª), en Auto de 15 de
Enero de 2002, dice que “ por deuda vencida se entiende , de conformidad
con el art.1125 del C.C., aquélla cuyo día de vencimiento ha
llegado.” Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Auto
de 17 de Octubre de 2001 establece que la claúsula que permite al
prestamista dar por vencido anticipadamente el préstamo por
incumplimiento del prestatario de su obligación de pago es válida
y admisible, sin que la eventual decisión judicial al respecto, en caso
de controversia, tenga carácter constitutivo sino meramente
declarativo.  Además la
cantidad reclamada es determinada, porque nos hallamos ante un contrato de
préstamo y no de crédito, por lo que la liquidez de la deuda
resulta, según doctrina reiterada de los Tribunales, avalada por el
Tribunal Constitucional, de simples operaciones aritméticas”.

La
cuantía de la deuda no excederá de 30.000 Euros, entendiendo que
en aquellos casos en que el mismo acreedor tenga varias deudas contra un mismo
deudor, no procederá su acumulación, de forma que sería
conveniente instar diferentes procesos monitorios por la facilidad
procedimental que implica su articulación, poco amiga de complicaciones.

Por
otro lado, la división en dos o más partes de una deuda
única superior a 30.000 Euros, a efectos de poderla tramitar en un
proceso monitorio, constituiría un fraude procesal, por lo que la
partición no sería admisible en ningún caso; otra cosa
sería que el acreedor renuciase a la cantidad que excede del
límite cuantitativo de los 30.000 Euros.

Siguiendo
con el análisis del art. 812, se precisa de la aportación de los
documentos que acrediten la deuda reclamada, y en este punto diremos que
“rige la libertad de forma, si bien, es preceptiva la aportación
documental, no estando permitida la acreditación por simples
manifestaciones del acreedor. La Ley ha excluído de la tutela  que el proceso monitorio proporciona
aquellas reclamaciones dinerarias en las que el actor no puede proporcionar ni
un mínimo de prueba documental de su derecho de crédito. La
L.E.Civ. para admitir la petición inicial del monitorio no ha exigido un
principio de prueba de todos  o
algunos de los hechos constitutivos de la obligación del deudor, ya que
basta la acreditación de cualquier hecho del que pueda deducirse la
existencia de una relación jurídica  obligacional entre el sujeto que insta
el proceso monitorio y aquel otro de quien se reclama el pago de una cantidad
de dinero”; así lo manifiesta la Audiencia Provincial  de Soria (Sección 1ª), en Auto
de 28 de Julio de 2001.

Por tanto
y como establece la Audiencia Provincial de Zaragoza, en Auto de 20 de Marzo de
2002, “con el proceso monitorio se pretende la protección
rápida y eficaz del crédito dinerario líquido, en especial
de profesionales y empresarios. Para ello, se le dota de una primigenia
agilidad, basada en la condición y estructura de los documentos que se
aportan con la demanda. A tal efecto, el art. 812 regula dos tipos de
documentos:

-
los del apartado  2º que llevan aparejados de forma
casi automática la decisión judicial de requerimiento de pago
jurisdiccional.

-
Los del apartado 1º, que exigen un
juicio crítico más profundo por parte del órgano
jurisdiccional.

Sigue señalando
esta Audiencia que “ en el presente caso, estamos ante un documento
unilateral creado por la acreedora, que habrá de ser analizado a la
vista de lo expuesto en su petición inicial, como dispone el art. 815.
Se trata de documentos que configuran la transcripción a soporte papel
del sistema de banda magnética utilizado por la aseguradora para el
cobro de las primas de sus seguros y la copia de una carta de un despacho de
Abogados reclamando el importe de la prima. Este Tribunal entiende suficiente
documentación la transcripción a soporte papel de lo recogido en la
banda magnética”.

Una
cuestión que se plantea en la práctica es determinar si  puede acudir al proceso monitorio el
tenedor de una letra de cambio, existiendo en la L.E.Civ un juicio cambiario
perfectamente regulado.

La Audiencia
Provincial de Toledo (Sección 1ª), en Auto de 20 de Febrero de
2002,mantine que la L.E.Civ. regula un juicio cambiario, caracterizado por un
mecanismo procedimental similar al del monitorio, pero que a diferencia de
éste, no produce los efectos de cosa juzgada, y previsto exclusivamente
para la tramitación de las letras de cambio, cheques y pagarés.
Sigue argumentando esta Sala que, el acreedor podrá acudir  al proceso monitorio cuando acredite la
deuda mediante cualesquiera documentos que aparezcan firmados por el deudor (
entre los que puede incluirse las letras de cambio, cheques y pagarés).
El art. 819 nos dice que sólo procederá el cambiario si al
incoarlo se presenta la letra de cambio, cheque o pagaré que
reúna los requisitos previstos en la LC CH., pero no nos dice que estos
títulos en todo caso, hayan de ser ejercitados  mediante ese juicio cambiario.

El art. 49 de la LCCH
dice que el tenedor tiene accion directa para reclamar tanto en la vía
ordinaria como a través del proceso especial cambiario, lo que parece
indicar que puede ir tanto al proceso monitorio y por tanto al declarativo, si
el deudor se opone, como al cambiario. Por último el art.66 establece
que la letra de cambio lleva aparejada ejecución a través del
proceso especial cambiario, pero, sin embargo en el monitorio la letra de
cambio no es título que lleva aparejada ejecución, pues no es un
juicio ejecutivo, sino un juicio que lo que pretende es la obtención de
un título ejecutivo.

El principio general
del derecho de que el que puede lo más puede lo menos permite, que si
los documentos justificativos del crédito están comprendidos
tanto en el precepto amplio del art. 812 como en el art.819, muchísimo
más restringido, que el acreedor puede optar entre acudir a uno u otro.

También es
posible argumentar, que el tenedor de la letra, estando ésta perjudicada
por faltar algún requisito formal de los que rígidamente exige la
LCCH o incluso habiendo prescrito la acción cambiaria, podría
acudir a la vía ordinaria para reclamar la deuda acreditándolo
documentalmente con una letra carente de fuerza ejecutiva; en estos casos, nada
impediría accionar por medio del proceso monitorio y sólo ante la
oposición  del demandado
hacerlo en el declarativo correspondiente.

Siendo posible el
ejercicio de la acción cambiaria en un proceso declarativo,
también   será
posible el ejercicio de la acción personal, en el que lo que se
reclama  es el cumplimiento  de una obligación personal
derivada de relaciones comerciales habidas entre las partes, documentada en
letra de cambio; se reclama el cumplimiento de la obligación de pago
asumida por el demandado, documentada en unos instrumentos (letra de cambio),
suscritos por éste y por ello comprendidos en el art. 812 de
L.E.Civ”.

Esta posibilidad de
acudir al proceso monitorio con fundamento en letras de cambio también
ha sido admitida por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección
6ª), en el Auto de 29 de Julio de 2002. Sin embargo, Gómez Colomer
es contrario a esta doble posibilidad de acudir al monitorio y al cambiario,
alegando la propia esencia  del
proceso especial.

En el
supuesto de acompañar la petición de proceso monitorio con
documentos no originales sino por copias, la Audiencia Provincial de Alicante
en Auto de 16 de Mayo de 2002 establece que “con la petición
inicial se aportarán los documentos de los que resulte una buena
apariencia jurídica de la deuda. En el caso enjuiciado, afirma que el
documento aportado por la demandante es un contrato suscrito por el demandado,
con suministro de material didáctico, para la matriculación en el
curso de Técnico de construcción, el cual aparece debidamente
firmado por aquél en dos ocasiones, como alumno  y como receptor del curso, conteniendo
todos los datos relativos a sus circunstancias personales, con inclusión
de su D.N.I., así como las cantidades aplazadas a satisfacer en
veinticuatro mensualidades. El documento en cuestión se aporta por fotocopia, pero también es
verdad que la Ley no impone la necesidad de su presentación  por original, ni ha sido el
propósito del Legislador negar “limine litis” la eficacia de
los documentos aportados por copia simple, tal y como se deduce de las
disposiciones contenidas en los artículos 267 y 268 de la L.E.Civ.,
donde expresamente se autoriza esa forma de presentación, con
idéntica eficacia que el documento original, siempre que su conformidad
no sea cuestionada por cualquiera de las partes. Por tanto, ninguna
indefensión puede irrogarse al demandado con la admisión a
trámite de la presente demanda, ya que tiene a su alcance todos los
medios de defensa compareciendo ante el Tribunal y oponiéndose, en todo
o en  parte a la reclamación,
si le asistiesen motivos para ello.”

La
Audiencia Provincial de Zaragoza, en la Sentencia de 11 de Mayo de 2001,
señala lo siguiente: “ en el caso  a que se contraen los autos, se
acompaña por la mercantil actora las copias de las facturas por ella
emitidas, y cuyos originales deben obrar en poder de la deudora demandada,
documentos que reflejan pormenorizadamente la mercancía suministrada a
la misma, los precios de venta, albaranes de entrega y sus fechas, forma de
pago, abonos contabilizados a la actora como consecuencia de la
devolución de parte de dicha mercancía, documentos que
según la Sala son suficientes a los efectos de tener por cumplido el
requisito exigido por el art. 812 para dar curso a la petición inicial
deducida por la actora.”

Sin
embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en Auto de 18 de
Febrero de 2002, establece que “habiéndose aportado por fotocopia
un documento que se denomina contrato, el cual contiene una descripción
de  trabajos a realizar con su
precio, otra fotocopia en parte mecanografiada y en parte manuscrita que
contiene lo que indica como conformidad a la oferta presentada para la obra y
otra fotocopia que se denomina factura por importe de 888.830 pesetas, que es
la cantidad que se reclama. Tales documentos estarían incardinados  en la previsión que se contiene
en el art.812.1 ap.2 de la LECiv, pero ninguno se aporta por original,
tratándose de meras fotocopias, y solicitada la subsanación de
este defecto, ésta no se ha
producido, alegando la parte que el art. 812 de la L.E.Civ permite la
presentación de fotocopias. La Sala señala que el indicado
precepto no establece que puedan presentarse fotocopias de los documentos que
indica, y la factura impagada es de creación unilateral por la empresa
actora, pudiendo presentar original.”

Parece que
este proceso también está indicado para que los Letrados reclamen
sus honorarios de sus clientes, así la Audiencia Provincial de Palencia
en Auto de 13 de Febrero de 2002 establece que en la relación de
arrendamiento de servicios o de obra en que se enmarca  la prestación de asesoramiento
jurídico por el Abogado a su cliente, el documento en el que, no
sólo habitual sino con expreso reconocimiento legal, se plasma el precio
u honorarios devengados  es la
minuta detallada y comprensiva de
los distintos conceptos del servicio prestado, firmada por el Letrado
acreedor; se trata de un documento unilateralmente creado por aquél,
debiéndose incluir entre los que el art. 812 contempla como
legitimadores “ab initio” para promover el proceso monitorio. Lo
contrario, conduciría a reputar de peor condición a tales
Letrados respecto al resto de profesionales, y a negar el “fumus boni
iuris”  a un documento al que
la propia Ley se lo reconoce en su art. 35, como base legitimadora del
procedimiento privilegiado que el mismo contempla para la reclamación de
honorarios, procedimiento de jura de cuentas, al que es facultativo y no
obligatorio acudir al Letrado.”

En
principio, cabe señalar que la enumeración contenida en el art.
812 de la L.E.Civ no constituye un “numerus clausus”, pudiendo
instarse este proceso monitorio con la presentación de cualquier
documento que alcance el calificativo de principio de prueba exigido por el
art. 815.1, a efectos de admisión de dicha petición.

4. ADMISIÓN
DE LA PETICIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO. OPOSICIÓN.

Formulada
la petición de juicio monitorio debidamente acreditada, el art. 815
dispone que se requerirá
mediante providencia al
deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario,
acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue
sucintamente, en escrito de oposición las razones por las que, a su
entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.

El
requerimiento se notificará en la forma prevista en el art. 161 de esta
Ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de
la negativa al pago, se despachará contra él ejecución
según lo prevenido en el artículo siguiente.

Sorprende
la parquedad de este artículo en una fase tan importante, puesto que la
eficacia del proceso monitorio dependerá de la técnica que se
utilice en la elaboración del mandato de pago.

Pese a que la
redacción del art. 815 de la L.E.Civ  pudiera llevar a engaño, no debe
el Juez, en esta fase, limitarse al examen de si los documentos constituyen un
principio de prueba, sino que debe examinar la concurrencia de todos los
presupuestos generales y especiales del proceso; incidirá sobre su
propia competencia objetiva y territorial, la capacidad procesal  de quien solicita la tutela
jurisdiccional,  y si la
petición se ajusta a los requisitos que exige el art. 814 de la
L.E.Civ.(debe  comprobar que la
deuda reclamada por el acreedor se encuentra dentro del ámbito objetivo
del proceso monitorio y valorará, a continuación, si los
documentos constituyen un principio de prueba del derecho del peticionario).

Así, la Audiencia Provincial de Segovia, en Sentencia de 29 de
Septiembre de 2001,establece que “la admisión judicial del proceso
monitorio exige el examen del juzgador acerca de que entienda, por la
documental aportada, demostrada a primera vista la deuda. Sigue señalando  que en esta fase no habrá un
enjuiciamiento definitivo sobre el fondo, en la medida en que el órgano
jurisdiccional lo único que debe hacer es constatar “prima facie”,
si la petición inicial constituye el supuesto de hecho que le obliga a
emitir un requerimiento de pago. Esto determina que, aunque el órgano
judicial puede y debe contemplar si en el supuesto de hecho concurren los
requisitos básicos que el art. 812 de la L.E.Civ. establece para la
posibilidad de admitir la petición inicial, ello no puede suponer que
deba llevarse a cabo un análisis de los documentos  más allá de lo que la Ley
requiere porque el deudor puede oponerse a la  ejecución despachada, por lo que
cualquier indicio de indefensión queda desvanecido.”

Como
afirma Gómez Colomer nada dice la L.E.Civ. sobre la resolución
que deba dictarse para admitir o no a trámite la demanda monitoria. En
la práctica, se está utilizando la providencia a que se
refiere  el art. 815 con un doble
contenido, el previsto en ese precepto expresamente, el de requerimiento de
pago, y previamente el de admitir a trámite la demanda. A juicio de este
autor, se trata de una resolución equivocada, porque para admitir o
inadmitir la demanda se exige la forma de auto, y también para
rechazarla por falta de presupuestos procesales.

En el caso
de no admitirse a trámite la petición de proceso monitorio,
“se dictará auto, y dado que se está denegando la
prosecución de un proceso, por razón de lo previsto en el art.
455.1 de la L.E.Civ.,es directamente recurrible en apelación”. (
Así se pronuncia la Audiencia Provincial de Navarra ,Sección
2ª, en Auto de fecha 21 de Mayo de 2001). Se dictará auto de
inadmisión cuando se aprecie por el Juez   la falta de algún
presupuesto procesal de carácter general no subsanable o cuando la
petición inicial carezca de alguna de las menciones que necesariamente
deba contener de acuerdo al art. 814 de la L.E.Civ.

Una
cuestión que puede plantearse es si se  puede pedir la adopción de
medidas cautelares en el seno de este proceso monitorio. Gómez Colomer
entiende que no es posible, porque desde el punto de vista  formal, este proceso es lo
suficientemente rápido como para que el peligro por el retraso no sea presupuesto
a considerar. Desde el punto de vista material, la demanda monitoria persigue
que la deuda motive un título ejecutivo, que de ser incumplido permita
entrar directamente en la ejecución.

Siguiendo con la
dicción del art. 815 de la Ley, y una vez comprobados por el Juez todos
los requisitos procesales generales y especiales del proceso monitorio de
dictará el mandato de pago correspondiente.

El citado
artículo dice que “ se requerirá por providencia”, lo
cual induce a error, porque el requerimiento en el art. 149 de la L.E.Civ. se
configura como un acto de comunicación, que además de notificar
una resolución, se utiliza para “ordenar, conforme a Ley, una
conducta o inactividad”. Lo lógico sería que el Juez
dictase una orden en una resolución y, posteriormente, por el Secretario
o funcionario que designe, se comunique dicha orden con el requerimiento a su
destinatario.

“ La
providencia de requerimiento de pago
ha de concretarse en la cantidad líquida vencida y exigible
documentalmente determinada, habida cuenta de que el presente proceso especial
no produce efectos de cosa juzgada más allá de la cuantía
líquida de la suma por la que ha de ser requerido el pago (art.816.2
L.E.Civ.)”.(Así lo establece la Audiencia Provincial de Navarra,
Sección 2ª, por Auto de 21 de Mayo de 2001).

El art.
815 se remite, a efectos de notificaciones, a las reglas generales contenidas
en el art. 161 de la L.E.Civ., pero una cuestión que se suscita en la
práctica de los Juzgados es si
cabe acudir a los edictos, en los casos en que el deudor no pueda ser
localizado; a tal efecto la Audiencia Provincial de Bilbao (en Auto de 20 de
Junio de 2001) manifiesta que “ la doctrina interpretativa del novedoso
juicio monitorio no es unánime a propósito de si cabe practicar
el requerimiento de pago por medio de edictos, aunque muy mayoritariamente se
desaprueba”. Manifiesta que “el juicio monitorio significa una
inversión del principio
procesal tradicionalísimo de los juicios declarativos, conforme
al cual el silencio del demandado representaba el mero incumplimiento de una
carga, y se presumía de Derecho que el citado o emplazado
resistía la pretensión, de modo que no había allanamiento
por rebeldía ni tampoco conformidad con los hechos por los que se
pedía tutela judicial. La inversión del principio presume de  Derecho en el juicio monitorio que el
demandado reconoce el crédito que se le enarbola por su silencio, una
vez requerido de pago y con aportación de un principio de prueba
documental. Esta ficción legal no puede congeniar con el núcleo
esencial de efectiva tutela judicial si, a su vez, se edifica sobre otra
ficción legal, que resulta ser la comunicación edictal; se
fingiría que el requerido ha leído el requerimiento en el
tablón de anuncios del Juzgado, o en su caso,  el B.O. o periódico que fuera. El
título ejecutivo  en el
monitorio es un complejo que forma la afirmación del crédito
documentado, la providencia de admisión judicial de la petición y
requerimiento de pago y el silencio del requerido, que se  configura como consentimiento
tácito , y no se puede admitir que este consentimiento se produzca con
un requerimiento por edictos. Sin embargo,
el art. 815.2 prevé expresamente la posibilidad de
requerimiento  de pago por medio de
edictos para las reclamaciones de las comunidades de propietarios, respecto de
gastos comunes, por lo que la falta de previsión expresa para el proceso
monitorio genérico, según el principio, si la Ley calla no
quiere, porque cuando quiere lo dice, debe determinar un rechazo a la
posibilidad del requerimiento de pago por edictos en el proceso monitorio”.

En el
requerimiento que se efectúa al deudor, se le advierte de que en el
plazo de veinte días, tiene que oponerse a la pretensión del
actor o pagar, pues en caso contrario, se despachará ejecución
contra él.

Como hemos
visto anteriormente, el deudor recibido el requerimiento de pago puede pagar,
guardar silencio u oponerse a la reclamación del acreedor.

En el caso
de OPOSICIÓN, el art. 818 de
la L.E.Civ, establece que si el deudor presentare escrito de oposición
dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio que
corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.

El escrito
de oposición deberá ir firmado por Abogado y Procurador cuando su
intervención fuese necesaria por razón de la cuantía,
según las reglas generales.

Si la
oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición,
se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo
que dispone el apartado segundo del artículo 21 de la presente Ley.

2. Cuando
la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio
verbal, el tribunal procederá de inmediato a convocar la vista. Cuando
el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad , si el
peticionario no interpusiera  la demanda
correspondiente  dentro del plazo de
un mes desde el traslado del escrito de oposición , se
sobreseerán las actuaciones, y se condenará en costas al
acreedor. Si presentare la demanda, se dará traslado de ella al
demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes de la
presente Ley.

En el
escrito de oposición el deudor debe alegar sucintamente las razones por
las que, a su entender, no debe la cantidad reclamada. Tal exigencia,
según afirma la Sentencia de 25 de Abril de 2002, dictada por la
Audiencia Provincial de Valencia (Sección 12ª),”responde al
principio de buena fe procesal ( art. 11 de la L.O.P.J.. y art. 247.1 L.E.Civ.), que impone
a las partes el deber de no ocultar a la contraria los fundamentos de su
pretensión, de modo que no le es dado reservarse las
“razones”, sino que debe exponerlas , aunque de manera sucinta. En
el caso de que en el escrito de oposición se aleguen unas razones  y en el juicio posterior se expongan
otras, el art. 136 L.E.Civ.
contempla el efecto preclusivo del transcurso del término
señalado para la realización de los actos procesales, de modo que
la conjunción de buena fe y preclusión, nos llevan a
concluir  que, sólo pueden
ser desarrolladas en el juicio posterior las razones  que hubiesen sido alegadas en el escrito
de oposición, y no aquéllas otras que conocidas  ya entonces por el deudor ,no las
hubiese desvelado.”

A
través de la oposición, el deudor puede ejercitar su derecho
constitucional de introducir el contradictorio en el proceso y obtener una
resolución de fondo sobre el asunto. Debe presentar el escrito en el
plazo de veinte días ante el Juzgado de Primera Instancia que
esté conociendo del proceso en curso, escrito que deberá ir
firmado por Abogado y Procurador cuando la cantidad que se reclame supere los
900 Euros, prevención ésta que deberá hacerse al
deudor  al tiempo de la
notificación y requerimiento de pago.

El escrito
de oposición traerá consigo que el Tribunal proceda de inmediato
a convocar vista cuando la deuda reclamada sea inferior  a 3000 Euros, siendo necesario dar
traslado del escrito del deudor  al
acreedor, llegando a la conclusión, como dice Vicente Marino de la Llana,
de que en estos casos recae sobre el deudor la carga de la prueba que sustenta
la contradicción. Sin embargo, cuando el proceso verse sobre
reclamación de una deuda por importe superior a 3000 Euros, la
oposición del deudor tralada al acreedor la obligación de
formular la correspondiente demanda en el plazo de un mes ( plazo que se
computará en los términos del art. 133.3 y 130.2 de la L.E.Civ.,
como indica la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife en Auto de 4 de Febrero de 2002).

Respecto
del Auto en que el Juez  acuerda el
sobreseimiento por no interponerse la demanda en el plazo de un mes,
Gómez Colomer afirma que debe gozar de los efectos de cosa juzgada, por
ello el acreedor deberá intentar con fundamento en la misma deuda no
prescrita, justificada en el mismo documento y  contra el mismo deudor, un nuevo proceso
monitorio, no pudiendo presentar la demanda en el juicio ordinario partiendo de
la primera oposición del deudor.

Siguiendo a
este autor vamos a hacer referencia a una serie de actitudes de
oposición del deudor no resueltas legalmente:

-
en
el caso de oposición totalmente infundada, debería continuar el
proceso monitorio, dictando el Juez el auto despachando ejecución,
considerando esa conducta como equivalente a la incomparecencia (art 816 de la
L.E.Civ).

-
si
el deudor se opone sin dar razones, la consecuencia debería ser tenerle
por no  opuesto y, en consecuencia,
se dictaría auto despachando ejecución.

-
Si
el deudor comparece pero realiza conductas que no son propiamente de
oposición, como por ejemplo formula reconvención. Estas posibilidades,
según el referido autor, deben descartarse de plano, no sólo por
razones formales, ya que en el monitorio no existe escrito de
contestación a la demanda, sino también porque su tratamiento es
absolutamente inadecuado en este proceso, sólo previsto para lograr que
un Juez dicte una resolución que dé naturaleza ejecutiva a una
deuda acreditada documentalmente, faltando el requisito esencial de
homogeneidad de procedimientos ( art. 406 L.E.Civ).

En
el supuesto de AUSENCIA DE
OPOSICIÓN DEL DEUDOR, el art 816 de la L.E.Civ. dispone:

1.      Que el Tribunal dictará auto en
que se despachará ejecución por la cantidad

adeudada.

2.      Despachada ejecución,
proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias
judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en estos casos,
pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no
podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad
reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la
ejecución se obtuviere.

Una de las
opciones del deudor ante el requerimiento de pago que se le ha efectuado es
mantenerse pasivo sin dar razón alguna. Transcurrido el plazo de veinte
días que le fue otorgado, el Juez dictará auto por el que se
despachará ejecución contra aquél por la cantidad
adeudada; deduciéndose del art. 816, que dicha resolución
habrá de dictarse  de oficio,
en contraste con lo establecido en el art. 549 de la L.E.Civ. que señala
que “  1. Sólo se
despachará ejecución a petición de parte...”

Marino
de la Llana Vicente opina que el auto declarando la ejecutoriedad del mandato
de pago debería ser dictado
a instancia del acreedor, solución más adecuada a su
entender pues evitaría que el Juez dictase resolución en los
casos en los que el deudor hubiese pagado y ni éste ni el acreedor lo
hubiesen puesto en su conocimiento.

Según se desprende del apartado segundo de este artículo
al ser considerado el auto despachando ejecución en el sentido
establecido por la Ley para la ejecución forzosa, y conforme al
art.551.2 L.E.Civ., dicha resolución no será susceptible de
recurso alguno y sí de una posible oposición por parte del deudor
ejecutado, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 556 y ss de la L.E.Civ.

Ante la
cuestión de si el auto que crea el título ejecutivo por la
incomparecencia o no oposición del deudor goza de la eficacia de cosa
juzgada, Gómez Colomer señala que si el solicitante del proceso
monitorio y el deudor ejecutado no pueden pretender ulteriormente en proceso
ordinario la cantidad reclamada en el ordinario o la devolución de la
que con la ejecución se obtuviese, la conclusión tiene que ser
que el auto por el que se despacha ejecución, una vez constatado el
silencio del deudor, sí produce los efectos de cosa juzgada material.

Este auto
no es ejecutable provisionalmente, ya que es una resolución irrecurrible
y la ejecución provisional sólo tiene sentido si hay un recurso
interpuesto y porque se entra directamente en ejecución, lo que implica
la inutilidad de pedir provisionalmente lo que va a tener lugar de inmediato de
forma forzosa y definitiva.

El deudor
ante el requerimiento de pago también puede PAGAR el importe de la deuda reclamada. Por ello el articulo 817 establece
que si el deudor atendiese el requerimiento de pago, tan pronto como lo
acredite, se le hará entrega de justificante de pago y se
archivarán las actuaciones.

El propio
precepto exige que sea el deudor quien acredite ante el órgano judicial
el pago, haciendo entrega este último del correspondiente justificante
de pago. El pago debe efectuarse en los veinte días siguientes al
requerimiento hecho al deudor. Éste puede pagar al acreedor, en cuyo
caso, como manifiesta Marino de la Llana, sería este último quien
le entregaría el justificante de pago, con el cual el deudor  justificaría el pago ante el
Juzgado, no resultando necesario que éste emitiese un nuevo
justificante. La otra posiblidad es que el deudor comparezca en el propio
Juzgado y consigne el importe de la deuda, en cuyo caso sería
éste quien le entregase el justificante, y posteriormente ofreciese al
acreedor la cantidad abonada. Si el deudor pagase al acreedor y no lo
acreditase ante el Juzgado, despachándose ejecución, en
opinión de este autor, el deudor acreditaría el pago (requisito
subsanable) y podría ser contrarrestado el auto que despachó
ejecución.

Cuando por
el deudor  se haya pagado el total
de la deuda reclamada y lo hubiese justificado ante el Juzgado, se
archivarán las actuaciones; en la Ley no se recoge el tipo de
resolución que haya de dictarse, siendo lo más prudente
decantarse por un Auto, que debe declarar cancelada la obligación.

5. COSTAS.

La
Audiencia Provincial  de Zaragoza
(Sección 4ª), en Auto de 30 de Octubre de 2001, se ha pronunciado
en relación a las costas, señalando que el art. 817 de la
L.E.Civ. no prevé la imposición de costas a los deudores cuando
atiendan al requerimiento de pago, mientras que este mismo cuerpo legal para la
ejcución dineraria y el proceso cambiario sí lo establece. Esta
Misma Audiencia , pero la Sección 5ª, en Auto de 22 de Marzo de
2002 también establece que “ puesto que la invocación del
crédito realizado por el acreedor obliga al deudor a posicionarse frente
a aquella reclamación, dadas las drásticas consecuencias que el
legislador anuda a las diferentes posturas del demandado, no tolera que de
oponerse este último pueda el demandante eludir seguir el cauce del
contradictorio, imponiéndole la carga de promoverlo y asociando al hecho
de no hacerlo la obligación de
soportar las costas (art. 818.2), evitándose un uso abusivo de
este proceso monitorio.”

En el caso
de allanamiento del deudor en el contradictorio, como consecuencia de la
oposición esgrimida por aquél  tras el requerimiento de pago que se le
hizo en el proceso monitorio, la Audiencia Provincial de Albacete en Sentencia
de 16 de Abril de 2002, aplica de forma automática la condena en costas,
equiparando requerimiento fehaciente de pago a mala fe; aplicando un criterio
objetivo, entiende que “el simple hecho de haber mediado un requerimiento
de pago  (a través del
proceso monitorio) integra un supuesto de mala fe, pues el demandado conocía
la existencia de la reclamación, y obligó al actor a  acudir a los Tribunales  y por ello a realizar unos gastos, para
luego allanarse al iniciarse el proceso. Mantiene  el pronunciamiento de condena en costas
al demandado   realizado por el
Tribunal de la instancia.”

La
Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de 18 de Febrero de 2002 se
pronuncia en el siguiente sentido: “ en el proceso monitorio, si el
deudor atendiese al requerimiento de pago, dice el art. 817 de la L.E.Civ. que
tan pronto como lo acredite, se le hará entrega del justificante, y se
archivarán las actuaciones, sin que nada se establezca sobre una posible
condena en costas del demandado, que sí está prevista cuando el
procedimiento se sobresee por las razones
contempladas en el art. 818.2 de la L.E.Civ. Sigue diciendo que el
monitorio es un proceso especial por razón de la materia, pero con
independencia de su naturaleza jurídica, lo cierto es que no puede
entenderse aplicable el art. 394 LECiv, a los efectos de imposición de
costas en la fase inicial. En los procesos declarativos, las costas de la
primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas
todas sus pretensiones, lo que en puridad no ocurre en el monitorio, que se
archiva por pago en su fase inicial, donde ninguna pretensión ha
formulado el demandado, que se ha limitado a atender el requerimiento.
Sólo cuando el deudor no atienda el requerimiento se sustanciará
como juicio declarativo, en el caso en que haya habido oposición,
resultando de aplicación las normas sobre costas específicamente
previstas para cada uno de estos procedimientos. Cuando no se da ninguna de
estas circunstancias , porque el demandado paga, ningún precepto
autoriza la imposición de costas.”

III.
ESPECIAL
REFERENCIA AL ARTICULO 21 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

Con la Ley
8/1999 de 6 de Abril se introdujo una importante reforma en la Ley de Propiedad
Horizontal ( art. 21) para la tramitación de las reclamaciones de las
comunidades de propietarios derivadas del impago de los gastos comunes por
parte de alguno de los comuneros, se aprovechaba así, el denominado
procedimiento monitorio que, ya por entonces, se barajaba como proceso a
introducir en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Con la
promulgación de esta última , en su Disposición Final
Primera, se da una nueva redacción al art. 21 de la Ley de Propiedad
Horizontal, quedando en los siguientes términos:

1.      Las obligaciones a que se refieren los
apartados e) y f) del art. 9 deberán cumplirse por el propietario de la
vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso
contrario el Presidente o Administrador , si así lo acordase la Junta de
Propietarios , podrá exigirlo judicialmente a través del proceso
monitorio.

2.       La utilización del  procedimiento monitorio requerirá
la previa certificación del acuerdo de la  junta aprobando la liquidación de
la deuda con la Comunidad por quién actúe como Secretario de la
misma, con el visto bueno del Presidente, siempre que tal acuerdo haya sido
notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el art. 9.

3.      A la cantidad que se reclame en virtud de
lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse  la derivada de los gastos de
requerimiento previo de pago,siempre que conste documentalmente la realización
de éste, y se acompañe a la solicitud el justificante de tales
gastos.

4.      Cuando el propietario anterior de la
vivienda o local deba responder solidariamente del pago de la deuda,
podrá dirigirse contra él la petición inicial , sin
perjuicio de su derecho a repetir
contra el actual propietario. Así mismo se podrá dirigir
la reclamación  contra el
titular registral, que gozará del mismo derecho mencionado
anteriormente.

En
todos estos casos, la petición inicial podrá formularse  contra cualquiera de los obligados  o contra todos ellos conjuntamente.

5.      Cuando el deudor se oponga a la
petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá
solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, para
hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y costas.

El
Tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de
que el acreedor preste caución. No obstante, el deudor podrá
enervar el embargo prestando aval bancario
por la cuantía por la que hubiese sido decretado.

6.      Cuando en la solicitud inicial del
proceso monitorio se utilicen los servicios profesionales  de Abogado y Procurador  para reclamar las cantidades debidas a
la Comunidad ,  el deudor deberá
pagar , con sujeción en todo caso a los límites  establecidos en el apartado tercero  del art. 394 de la L.E.Civ., los honorarios
y derechos que devenguen ambos  por
su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de
pago como si no compareciere ante el Tribunal. En los casos en que exista
oposición , se seguirán las raglas generales en materia de
costas, aunque si el acreedor obtuviese
una sentencia totalmente favorable
a su pretensión, se deberán incluir en ella  los honorarios  de Abogado y los derechos de Procurador
derivados de su intervención, aunque no hubiese sido preceptiva.

La Ley
permite acudir al juicio monitorio para “reclamar los gastos generales
del inmueble, los servicios, cargas y las responsabilidades  que no sean susceptibles de
individualización, no diferenciando la Ley entre gastos ordinarios y
gastos extraordinarios”. ( Sentencia de 8 de Mayo de 2001 de la Audiencia
Provincial de Burgos, Sección 2ª).

La sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid, (Sección 10ª) de 12 de Septiembre de 2001, en su
Fundamento de Derecho V establece que “también cabe acudir al
proceso monitorio para reclamar las obligaciones que provengan de gastos no
satisfechos para la dotación
del fondo de reserva, que tendrá  que constituirse en cada finca, para
atender las obras de reparación y conservación de la
misma”.

Parece
deducirse que puede instarse este proceso en casos de multipropied, ya que  la Audiencia Provincial de Baleares
(Sección 4ª), en Auto de 16 de Mayo de 2001, en su Fundamento  de Derecho II señala que “
pese a que la Ley 42/1998 de 15 de Diciembre, sobre derechos de aprovechamiento
por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, en
su art. 13 prevé que, salvo pacto en contrario, el propietario
tendrá una facultad resolutoria en caso de que el adquirente titular del
derecho de aprovechamiento por turno, una vez requerido, no atienda al pago de
las cuotas debidas por razón de los servicios prestados durante, al
menos, un año; ello no impide que pueda ejercitarse  la reclamación del pago contra
los titulares morosos  por la
vía del procedimiento monitorio de reclamación de gastos y
servicios comunes, ya que el llamamiento estatutario que con carácter
subsidiario se realiza a la normativa de la Ley de Propiedad Horizontal, siendo
coherente con la previsión legal y con la identidad de razón
informadora del supuesto de autos con la reclamación de gastos
comunitarios devengados por una comunidad de propietarios ordinaria,
hallándose en ambos supuestos en juego un idéntico bien
jurídico merecedor de protección, cual es la obtención de agilidad
recaudatoria del pago del pago de los gastos comunes.”

La Ley
exige que la petición se acompañe de la certificación a
que se refiere el art. 21, y a este respecto la Sección 13ª de  la Audiencia Provincial de Madrid en su
Sentencia de 23 de Marzo de 2002 señala “ que la
utilización del proceso monitorio requerirá la previa
certificación  del acuerdo de
la Junta aprobando la liquidación de la deuda.... sin concretar  cual sea esta Junta, que será la
competente en cada caso, la de Propietarios cuando la LPH es la directamente
aplicable, o aquélla otra a la que le esté atribuída tal
función por los estatutos o normas que rijan el organismo o comunidad de
que se trate, respecto de las que la L.P.H tiene sólo carácter
supletorio; y que la decisión en torno a las posibles deficiencias competenciales
del órgano que adopte el acuerdo cuando estatutariamente es el
idóneo, excede del examen inicial de la solicitud del procedimiento que
regulan los artículos 812 y ss. de la L.E.Civ.”

El
Legislador  cuando lo ha estimado
equitativo ha dispuesto una regulación  específica ( y por ende  distinta) a la que resulta del
régimen genera, así
lo establece la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de
Zaragoza  en Auto de 22 de Marzo de
2002: existen normas específicas en relación a este tipo de reclamaciones
en el propio desarrollo del art. 21 de la LPH dada por la Disposición
Final Primera de la L.E.Civ. ( necesidad de que la petición inicial se
acompañe de certificación del acuerdo que apruebe la
liquidación de la deuda con la comunidad, imposición de costas al
deudor si la contraparte se valió de los servicios de Abogado y
Procurador, posibilidad de acordar embargo preventivo sin que el acreedor
preste fianza) y en los propios artículos de la LECiv  y en los propios artículos de
esta última, en el art. 813 (relativo a la competencia), art. 815 (
requerimiento de pago y su notificación).

BIBLIOGARAFÍA:

Gómez Amigo, Luis. “La introducción del proceso
monitorio en el sistema procesal español”. Actualidad Civil.

Gómez
Colomer, José Luis. “El proceso monitorio: algunos problemas
prácticos en su aplicación inicial”. Tirant on Line.

Marino de
la Llana , Vicente. “El proceso monitorio. Su regulación en la Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil”. La Ley 2000-4.

Silguero Estagnan,
Joaquín. ”El proceso monitorio y el proceso cambiario en la Ley de
7 de Enero de 2000”.
La ley 2001-6.

La
jurisprudencia se ha consultado en la base de datos de Aranzadi, El Derecho, La
Ley y Tirant on Line.

EL
PROCESO MONITORIO.

MARÍA
GARCÍA SÁNCHEZ.