Breves reflexiones en torno a la
utilización como prueba en el proceso laboral de los medios de
reproducción de la palabra, el sonido y la imagen

María
José Rodríguez Crespo

Profesora Asociada del Departamento

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Universidad de Córdoba.

Artículo 90
LPL-. 1. Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se
encuentren regulados en la Ley, admitiéndose como tales los medios
mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen y del
sonido, salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante
procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o
libertades públicas. 2. Podrán, asimismo, solicitar, al menos con
tres días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas
que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de
citación o requerimiento.

1.- Especialidades
en la utilización de los medios de reproducción de la palabra, de
la imagen y del sonido en el proceso laboral.

La prueba en el proceso laboral se encuentra
regulada en el Título I del Libro II de la Ley de Procedimiento Laboral
(en adelante LPL), en lo que se refiere a aspectos procedimentales, a la
proposición y práctica de la misma en el acto del juicio y a
ciertas reglas específicas sobre medios de prueba. Junto a esta
regulación específica han de tenerse en cuenta la multiplicidad
de disposiciones que sobre la misma se encuentran dispersas en otros apartados
de la LPL.

En
materia de medios de prueba, la LPL, en su art.90, al decir expresamente que
“las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se
encuentren regulados en la Ley”, se está remitiendo a lo que sobre
el particular se encuentre regulado en la LEC, y, concretamente, a su art.299.
Esta remisión permite que puedan utilizarse como medios probatorios en
el proceso laboral, tanto el interrogatorio de las partes, como la prueba
documental, el dictamen de peritos, el interrogatorio de testigos y el
reconocimiento judicial. Junto a estos medios el art. 90.1 LPL reconoce
expresamente como utilizables en el proceso laboral, los medios de
reproducción de la palabra, el sonido y la imagen relevantes para el
proceso.

La utilización de ambos medios
probatorios presenta en el procedimiento laboral dos especialidades que lo
aleja de lo que acontece en la jurisdicción civil.

En primer lugar, tanto los medios de
reproducción como los instrumentos de archivo no tienen que aportarse
necesariamente con la demanda o con la contestación a la misma, dado que
se proponen y presentan en el acto de juicio. Ello determina que en el supuesto
de que se presenten dudas sobre su autenticidad y se pretenda plantear su
impugnación, deberán utilizarse para ello las diligencias para
mejor proveer (1).

En segundo lugar, no es posible
utilizarlos en los procesos sobre vulneración de los derechos
fundamentales, respecto de los que su utilización viene vetada (2).

Por lo que se refiere a su
naturaleza, los medios mecánicos de reproducción de la palabra,
de la imagen y del sonido han de ser entendidos como pruebas documentales. A
pesar de que el art. 90.1 LPL no lo recoge expresamente, la jurisprudencia
así lo viene admitiendo (3). Así, la STS de 17
de junio de 1999 expuso que:
«Aunque nuestro ordenamiento jurídico-civil básico, tanto
sustantivo, como procesal (Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil),
dada la antigüedad de su redacción, no contemplan como posibles
medios probatorios los mecanismos o elementos derivados de los importantes
avances y descubrimientos técnicos de los tiempos modernos, como son las
cintas magnéticas, vídeos y cualquier otro medio de
reproducción hablada o representación visual del pensamiento
humano, los mismos aparecen admitidos por la jurisprudencia de esta Sala
(Sentencias de 30 de noviembre de 1992 [RJ 1992, 9458] y 2 de diciembre de 1996 [RJ 1996, 8939]), debiendo ser
catalogados, dentro de la enumeración contenida en los artículos
1215 del Código Civil y 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como
prueba documental asimilable a los documentos privados, por cuanto que, al
igual que con éstos ocurre, si la parte a quien perjudiquen no los
reconoce como legítimos, habrán de ser sometidos a la
correspondiente verificación o comprobación, por medio de la
prueba pericial o, incluso de reconocimiento o inspección personal del
Juez, y siendo ello así, o sea (volvemos a decir), admitida la
conceptuación como prueba documental de tales elementos o medios
técnicos reproductores de la palabra o de la imagen, ha de regir para
ellos la misma norma procesal que para los documentos...».

En definitiva, aun cuando el material obtenido por
medio de reproducción de la imagen y del sonido no es propiamente un
documento, accede al proceso por medio de la actividad que constituye el medio
de prueba documental, dada su condición de soporte material
representativo de hechos y procede asignarle valor de prueba documental a los
efectos previstos en el art. 191 b) LPL (4).

2.  Los medios de prueba.

a)
Las
cintas de video.

Las
cintas de video son consideradas por la jurisprudencia como medio
electrónico de reproducción de la imagen, aceptado como elemento
de prueba por el artículo 230 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
condicionado a que ofrezca garantías de autenticidad, “al estar
adornado de una indudable fuerza de convicción al
permitir que el juez disponga directamente de la imagen filmada por el aparato
de video (5).

Sobre
la cuestión de si las cintas de vídeo se pueden considerar como
prueba documental y por lo tanto tener efectos revisorios según lo
dispuesto en el art. 194.3 de la LPL, debemos acudir a la LECiv
1/2000, lo que provoca una cierta incertidumbre sobre su naturaleza. A
pesar de que dicho medio de prueba como reproductor de sonido, palabra o imagen
se admite como tal por la
nueva LECiv 1/2000 en
los arts. 299.2 y 382 , sin embargo lo hace con un carácter
autónomo al de la
documental. No obstante, puede entenderse que,  en la medida en que la imagen o sonido
ha sido reproducida y consta en filmación, debe interpretarse en un
concepto amplio de «documento» identificándose con «cosa
mueble apta para la incorporación de señales expresivas de un
determinado significada» (6). Ha esta opinión
coadyuva el hecho de que el Tribunal Supremo ha admitido expresamente, en el
ámbito procesal laboral, que las cintas de vídeo “constituyen per se
un documento de examen y visión” (7), por lo que,
en consecuencia, como prueba documental las cintas de video a efectos revisorios (8).

Su
idoneidad ha sido admitida como medio de demostrar la realización de
actividades laborales por parte de los trabajadores durante el período
de incapacidad laboral transitoria (9). Asimismo, el
establecimiento de cámaras en el centro de trabajo, cuya existencia y
ubicación no tiene por qué ser conocida por los trabajadores (10), constituye un medio idóneo para el desempeño
de las facultades de vigilancia y control por parte del empresario. La
instalación por éste de una cámara fija de
grabación en el lugar de prestación de servicios de trabajador,
con la única finalidad de comprobar su conducta laboral, no puede ser
considerada como atentatorio de su derecho a la intimidad, como tuvo
ocasión de matizar la STC 186/2000, de 10 de julio. Esta
sentencia, aplicando el principio de proporcionalidad que es el que debe estar
presente para determinar la constitucionalidad de cualquier medida
restrictiva de derechos fundamentales, estableció la
viabilidad de esta conducta. Por ello, a través de las
grabaciones, el empresario, puede controlar cómo se desempeña el
trabajo, siendo por ello utilizadas como un elemento probatorio idóneo
para demostrar la procedencia del despido disciplinario (11).

b)Las cintas magnetofónicas.

Las grabaciones realizadas en
cintas magnetofónicas constituyen una modalidad más de los medios
mecánicos de reproducción del sonido permitidos como prueba por
el art. 90.1 LPL. La eficacia revisora de la prueba resulta indiscutible a
partir de su propia naturaleza intrínseca y de reiterada doctrina de
Suplicación que ha hecho hincapié en la validez y eficacia de la
prueba de cintas magnetofónicas que presente garantías de
credibilidad y obtenida de forma lícita (12).

Las circunstancias
en las que pudo tomarse la grabación en cuestión podrán
ser valoradas por la juzgadora de instancia, al igual que el restante material
probatorio, para establecer su conclusión sobre los hechos, pero no
puede erigirse en elemento obstativo a su uso como medio de prueba. Su
inadmisión sólo cabrá adoptarla cuando hayan sido
obtenidos mediante procedimientos que supongan violación de derechos
fundamentales y libertades públicas. Pero no cuando la grabación
se hubiera realizado sin el consentimiento del trabajador, pues, en tal caso,
todo medio de prueba obtenido sin el consentimiento de alguna de las partes
debería ser rechazado, lo que no resulta ni mucho menos acorde con el
tenor del art. 87.1 LPL (13).
Por ello, la inadmisión de la grabación realizada sin atentar
contra los derechos fundamentales y las libertades públicas del
trabajador afectado deberá entenderse como una violación del
derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador, en la medida en que, al
haber sido privado del derecho a practicar todas las pruebas pertinentes para
acreditar su petición o para defender sus afirmaciones (14).

c)
Las fotografías.

Respecto de las fotografías,
la doctrina se encuentra divida, división que ha puesto incluso de
manifiesto el propio Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de junio de 1996
(RJ. 5166) (15), entre los que la considera documento y los
que creen más apropiado encuadrarlas dentro del reconocimiento judicial.
No obstante independientemente de su calificación no cabe duda de que
son un medio idóneo para probar las aseveraciones en las que se
fundamenta la demanda (16).

d) Los Informes de una Agencia de
Investigación.

El
Tribunal Supremo ha admitido el valor probatorio de los informes realizados por
una Agencia de Investigación Privada, aportados la juicio por la empresa. Al
equipararlos el Alto Tribunal a un documento privado reconocido legalmente, le
es de aplicación lo dispuesto en el art.604 LECiv., el cual le reconoce
un valor probatorio similar al del documento público. No obstante, ello
no es óbice para que sea el juzgador de instancia el que deba analizar
su pertinencia e idoneidad probatorio sumado con otros medios probatorios (17).

Aplicando
la doctrina sentada por la ya mencionada STC 186/2000, la utilización de
los informes que sobre la conducta del trabajador pueda encargar la empresa o
una Mutua de Seguros, en casos control del proceso de incapacidad temporal del
trabajador, no atenta contra su derecho a la intimidad. Es
evidente que pudiendo constituir la conducta del trabajador un fraude, no
sólo dentro del esquema convencional del contrato de trabajo, sino
incluso a la Seguridad
Social, la legitimación para realizar la
investigación se encuentra en manos tanto de la empresa como de la Seguridad Social
u organismo autorizado, como puede ser la Mutua que controle el proceso de IT
del trabajador, por lo que si la misma empresa puede efectuar la
contratación de los detectives, del mismo modo puede servirse del
resultado de las investigaciones llevadas a cabo por cuenta del otro legitimado
(18).

e)  Las grabaciones digitales.

Respecto
de las grabaciones, dada la novedad de su aparición, la  cuestión que entonces se plantea
es la si tales nuevos medios probatorios, pueden ser o no considerados como
documental, y si, por lo mismo, pueden ser instrumento revisorio hábil.
En la actualidad, supliendo cierta deficiencia del art. 90 LPL/1990, que no
incluía entre los medios probatorios al soporte informático,
dispone novedosamente el art. 299 LECiv/2000 que se
admitirán como prueba «cualquier otro medio no expresamente
previsto en los apartados anteriores de este artículo [del que] pudiera
obtenerse certeza sobre hechos relevantes».

Tomando
como base la línea argumental que nos ha permitido admitir que todos los
medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen pueden
considerarse como prueba documental porque, a pesar de que no son propiamente
un documento, su condición de soporte material representativo de hechos
y procede asignarle valor de prueba documental a los efectos previstos en el
art. 191 b) LPL (19), podemos afirmar que también las
grabaciones digitales deben ser entendidas como tales. Si bien el soporte que
utilizan no es de papel o materia semejante y tampoco incorpora un pensamiento
humano o declaración de voluntad mediante signos gráficos o de
escritura, con un concepto amplio, sí podrían entenderse como
documentos, en la medida que representan en un soporte hechos que tienen valor
probatorio y son incorporables a las actuaciones (20).

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1 Memento
Práctico. Procedimiento Laboral 2004-2005. Ed. Francis
Lefebvre. Pág.426.

2  Antes de que el art. 90.1 LPL lo
prohibiera, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 114/1981, se
había manifestado contra la utilización como medio de prueba de
medios mecánicos de reproducción de la palabra, como
podían ser las cintas magnetofónicas, si ello conllevaba la
violación de un derecho fundamental o de una libertad fundamental. No
obstante, el Alto Tribunal admitió la prueba en esa ocasión,
porque la conversación había sido grabada por una de las dos
personas que intervenían en la misma, ya que la norma constitucional que
garantiza el secreto de las comunicaciones se dirige inequívocamente a
garantizar su impenetrabilidad por terceros ajenos a la comunicación
misma.

3  SSTS 8-2-1991 (RJ 817/91); 17-6-1996 (RJ
5166/96); 12-6-1999 (RJ 4735/99).

4  STSJ País Vasco de 14-3-2000 (AS. 785/00). En
la misma línea STSJ Andalucía de 28-1-2000 (AS 2184/00).

5  STS de 25-11-89 (RJ
8251/89). La utilización de este medio audiovisual como prueba ha sido
admitida posteriormente por Tribunal Supremo en los siguientes
pronunciamientos: 4-6-1990 (RJ 5012/90); 8-2-1991 (RJ 817/99).

6  Como expresamente admitió el
Tribunal Supremo en Sentencia de 5-2-1988 (RJ 857/88).

7  La STS de 8 de febrero de 1991 (RJ
817/91).

8  Así lo viene manteniendo la
doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia: STSJ de Galicia 22-10-2002
(AS. 3471/02); STSJ Murcia 15-7-2002 (AS. 227640/02); STSJ Comunidad Valenciana
4-7-2002 (AS. 2998/02).

9  STSJ Galicia de 22-10-2002 (AS.3471/02);
STSJ Valencia de 4-7-2002 (AS.4216/02).

10  STC 186/2000, de 10 de
julio.

11  STSJ La Rioja de 30-5-2002 (AS.146/02);
STSJ Galicia de 20-3-2002 (AS.3385).

12  STSJ Galicia de 4-7-2002
(AS. 194022/02), con cita de otras sentencias anteriores de la misma Sala;  STSJ
Comunidad Valenciana 12-12-2001 (AS. 3191/02): en este pronunciamiento se
admite como prueba la grabación de una conversación con el
Director Gerente de la empresa y su utilización en juicio, sin que pueda
entenderse como atentatoria del derecho a la intimidad del trabajador.

13  STSJ Comunidad Valenciana 11-12-2000
(AS. 164366/01).

14  STSJ Comunidad Valenciana 11-12-2000 (AS.
164366/01); STSJ Galicia de 4-7-2002 (AS. 194022/02).

15  Para quienes
sostienen que en la noción de documento lo fundamental es la existencia
de un objeto que incorpora una representación con posible valor
probatorio y que puede ser trasladado a presencia judicial e incorporado a las
actuaciones las fotografías serían un documento. Pero para la
tesis que considera que la noción de documento debe limitarse a las
declaraciones de voluntad manifestadas por escrito, estaríamos ante una
forma especial de reconocimiento judicial, en la que la imagen del objeto que
el Juez examina se independiza de ese objeto y puede ser presentada en el acto
de juicio, aunque lo representado, en cuanto acción pasada, haya
desaparecido.

16  SSTS 17 de junio de 1996 (RJ 5166/96);
17-7-1984 (RJ 4189/84).

17  STS
de 26 de enero de 19888 (RJ 54/1988).

18  STSJ Comunidad Valenciana 4-7-2002 (AS.
2998/02).

19  STSJ
País Vasco de 14-3-2000 (AS. 785/00). En la misma línea STSJ
Andalucía de 28-1-2000 (AS 2184/00).

20  STSJ Galicia
3-5-2002, AS.3411/02.