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Mediante un artículo doctrinal, Todolí expone que, si desde la política económica no se pone fin a la devaluación salarial, en España nos enfrentaremos a una profunda recesión.
El profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universitat de València (UV), Adrián Todolí, analiza en una investigación la necesidad de la intervención pública a la hora de adoptar medidas para poner fin a la devaluación salarial y afrontar el problema inflacionario.
El estudio “La devaluación salarial se mantiene: análisis de la reforma laboral de 2021 desde la perspectiva salarial en un contexto de inflación desbocada y propuestas de cambio” analiza la problemática de la inflación y los salarios llegando a cuatro conclusiones.
Todolí explica que en los últimos 30 años no se ha registrado un dato sobre el IPC tan preocupante como el actual y, precisamente, esta relativa estabilidad de los precios de las últimas décadas ha provocado que la negociación colectiva esté, actualmente, pobremente preparada para este fenómeno.
“La última vez que la inflación se encontró en niveles tan alarmantes como los actuales se acometieron los llamados pactos de la Moncloa de 1977, donde los principales partidos políticos –Gobierno y oposición–, con la aquiescencia de patronal y sindicatos, consiguieron, de forma muy exitosa, reducir la inflación sin provocar un hundimiento del crecimiento económico. Pero, en el clima político actual esta situación parece irrepetible”, cuenta.
Con estos datos, la primera conclusión que expone Todolí es que, si desde la política económica no se pone fin a la devaluación salarial, en España nos enfrentaremos a una profunda recesión y es por ello que, seguidamente, defiende que la intervención pública es necesaria.
“La negociación colectiva está paralizada y las medidas de la reforma laboral de 2021 que tenían por objetivo empoderar a los agentes sociales serán insuficientes en un contexto inflacionario y sin cláusulas de revisión salarial pactadas”, agrega el estudio. Además, estos cambios normativos deben ser diseñados para empoderar a los agentes sociales.
Como cuarta conclusión, Todolí apunta que se debe tener paciencia porque para evitar la inflación de segunda vuelta, y conseguir un equilibro de intereses, los pactos o cambios legislativos deberían entrar en vigor pasado lo peor de la inflación.
En definitiva, la investigación expone que con las medidas adoptadas por la reforma laboral de 2021 no se conseguirá frenar la devaluación salarial y mucho menos recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos diez años en un contexto inflacionario.
Por esta razón, en este trabajo se defienden los cambios legislativos para alcanzar un triple objetivo: la recuperación adquisitiva de las personas trabajadoras para impedir el hundimiento del consumo interno; reducir la competencia en costes entre las empresas para que se pase a competir en calidad y productividad; y que estos aumentos salariales no acaben generando una inflación de segunda vuelta.
