DECLARACIÓN DEL
SEMINARIO MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN
organizado dentro del marco del
Foro Social Mundial
Porto Alegre, febrero de 2002
Los delegados y delegadas al Seminario Mundial Sobre Educación, representando a organizaciones educativas y sociales de diversas regiones del mundo, nos sentimos indignados por las consecuencias injustas e inhumanas de las políticas neoliberales sobre el desarrollo de las naciones y de las personas.
Tenemos la convicción que otro mundo y otra educación son posibles y necesarias. El acceso universal, la repartición y el intercambio del saber al nivel mundial son hoy en día cuestiones centrales. Esto exige que el saber sea reconocido como bien común de la humanidad.
1. Las desigualdades que observamos entre las naciones y dentro de cada una de ellas son escandalosas. La pobreza se conjuga a menudo en femenino, y también con el color de la piel y el origen étnico. Exigimos, con toda urgencia, medidas concretas para eliminar la pobreza y la miseria que sufren centenares de millones de niñas y niños en el mundo. 250 millones de ellos deben trabajar para sobrevivir. Niños y niñas explotados, que viven en la calle son arrastrados a la prostitución, esclavizados o militarizados.
2. Constatamos que, en los países del Sur, más de cien millones de niños, en su mayoría niñas, no tienen acceso a ninguna educación escolar. Novecientos millones de personas en el mundo, casi uno de cada tres adultos, viven con el peso del analfabetismo. La inmensa mayoría no tiene acceso a la enseñanza secundaria y mucho menos a la enseñanza superior sin embargo necesaria para el desarrollo. La gran mayoría de la población indígena no tiene acceso a una educación que respete su lengua y su cultura.
3. Con nuestra mayor preocupación, vemos que, ni las políticas sociales y educativas ni las inversiones están a la altura de las dificultades existentes ni de los compromisos suscritos en estos últimos años por los gobiernos en diversos foros mundiales o regionales. En muchos países, la educación esta estancada, las infraestructuras educativas se deterioran, la educación se privatiza. « Clientes, productos, competencia, rendimiento » son hoy en día palabras de un proyecto peligroso para el porvenir de la educación pública.
4. En primer lugar, rechazamos los tratados o proyectos que no respeten los intereses y la participación de los pueblos, como es el caso del ALCA. Reafirmamos que la educación no es una mercancía; nos oponemos enérgicamente a la comercialización en curso de la educación y a que se incluyan tanto la educación, la cultura, la salud y los servicios públicos en general en los acuerdos sobre liberalización del comercio.
5. Tenemos la convicción de que otra educación es necesaria. La educación es un derecho social universal fundamental de los pueblos y de las personas, que se debe asegurar mediante un servicio público financiado y bajo responsabilidad del Estado. Este derecho comprende no sólo la formación general sino también la formación profesional y técnica.
6. Reclamamos una educación pública gratuita y de calidad para todas y todos que sea plenamente accesible durante toda la vida. Exigimos de los gobiernos que, lo más pronto posible, mejoren el acceso a la educación infantil (0 a 6 años), ofrezcan una educación básica obligatoria de un mínimo de nueve años y adopten políticas para reducir radicalmente las desigualdades frente a la educación.
7. Afirmamos que se necesita una enseñanza superior pública con una financiación adecuada del estado, gratuita, de calidad y mayor cobertura. Debe respetar la libertad académica, la autonomía institucional (sin competencia entre universidades) y garantizar que la investigación esté al servicio del desarrollo de la sociedad y no subordinada a la necesidades e imposiciones de las empresas privadas.
8. Apoyamos una visión de la educación de adultos que garantice el derecho a la educación pública para el conjunto de la población adulta, favoreciendo la creación de condiciones igualitarias para una cultura de la educación a lo largo de la vida. Reivindicamos una acción concertada urgente para eliminar el analfabetismo. Reconocemos la importancia de las actividades de educación popular ligadas al sector non mercantil.
9. Proclamamos que una educación integral de calidad debe formar personas libres y críticas, ciudadanas y ciudadanos activos y comprometidos, respetuosos de la diversidad, de la democracia y de los derechos humanos, abiertos al mundo y preocupados por el porvenir del planeta. Defendemos una educación que desarrolle el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza, que sea un instrumento de justicia social y de emancipación de las personas y de los pueblos, que promueva la igualdad entre las mujeres y los hombres y entre las personas de diferentes orígenes y generaciones.
10. Afirmamos que los alumnos discapacitados o con dificultades de adaptación o de aprendizaje, los niños y niñas de la calle, trabajadores o itinerantes, los niños y niñas víctimas de la guerra deben tener acceso a servicios especiales que les permita la inclusión en el sistema educativo. Pedimos acciones concretas para prevenir el SIDA y garantizar asistencia integral a los afectados.
11. Apoyamos la lucha de las naciones autóctonas y de los pueblos indígenas que reivindican un control de sus instituciones educativas para asegurar el respeto y el fomento de su lengua, cultura y patrimonio. Exigimos que se preste una atención especial a la enseñanza rural y el respeto de la cultura campesina.
12. Exigimos establecimientos y aulas que respeten normas de higiene y seguridad que garanticen la protección del personal y de los alumnos y que ofrezcan una acogida y equipamientos de calidad (libros de textos, bibliotecas, etc.). Afirmamos que una utilización eficaz de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para fines educativos debe responder a las necesidades y a las prioridades de las comunidades y no a los intereses mercantiles. Se necesita desarrollar un acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y establecer la participación de los educadores en la elaboración y diseño de los programas educativos.
13. Estamos a favor de una gestión democrática de las instituciones educativas basada en la participación de los educadores, los alumnos y la comunidad, en el marco de la educación pública. Consideramos que las políticas educativas deben ser ampliamente debatidas y acordadas con la participación de las organizaciones sindicales de la educación y la comunidad y sujetas a un proceso de evaluación.
14. Exigimos que se respeten los derechos humanos y sindicales, entre ellos el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Seguiremos luchando por la profesionalización del personal educativo, por una sólida formación inicial y continua de nivel superior por un número de plazas adaptadas a las necesidades, por un salario justo y por un mejoramiento de sus condiciones de trabajo. en conformidad con las convenciones y recomendaciones de la UNESCO y de la OIT referentes a la situación del personal educativo.
15. Exigimos que se ponga fin al trabajo infantil y pedimos en consecuencia a los gobiernos que hagan que se respeten todas las declaraciones, pactos y convenios que hayan firmado, particularmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sobre todo en lo referente a la eliminación del trabajo infantil. Debe desarrollarse una política de pleno empleo, de atención social y de salud pública que impacte positivamente en la escolarización de niños y niñas.
16. Para asegurar una educación de calidad para todos a lo largo de la vida, reclamamos un financiamiento de la educación pública de parte del Estado que alcance al 8% del producto interno bruto. Para eso, pedimos:
· el cese de las políticas de ajuste estructural impuestas por las organizaciones financieras internacionales;
· un aumento de la ayuda internacional al desarrollo de la educación, sin condición;
· la adopción de un impuesto sobre las transacciones financieras y la utilización de los recursos así recuperados para las prioridades sociales, particularmente la educación y la salud; que estos fondos sean invertidos en planes de acción concretos para realizar la educación para todas y todos, bajo un control democrático;
· la condonación de la deuda externa ilegítima de numerosos países,
· la reducción de los presupuestos dedicados a gastos militares.
17. Exigimos de los gobiernos que se doten inmediatamente de un plan de acción trienal que incluya objetivos y plazos precisos en cuanto al mejoramiento del acceso a los diversos niveles de educación, a la reducción de las desigualdades y a un financiamiento adecuado y justo. Exigimos también que inviertan en diversos programas para los niños y niñas de 0 a 6 años y para sus familias.
18. Reconocemos la importancia de acrecentar la solidaridad nacional e internacional en educación y afirmamos nuestra voluntad de colaborar con todas las organizaciones, fuerzas y personas que actúan en el sentido de la presente declaración. Nos comprometemos a:
· exigir, como prioridad al estado, una financiación adecuada y suficiente para la educación pública, al menos el 6% del PIB;
· promover en la opinión pública la escolarización de niñas y niños;
· presionar a los estados y gobiernos del Norte para que respeten el compromiso de dedicar al menos 0,7% de su PIB a la ayuda al desarrollo;
· apoyar las decisiones de acción de cooperación y de solidaridad enfocadas a reforzar los sindicatos de la educación y aumentar los lazos entre sindicatos, movimiento asociativo en torno a la educación con énfasis hacia las organizaciones de mujeres;
· facilitar una amplia participación de todos los actores en la definición y la aplicación de las políticas educativas;
· oponernos a la mundialización neoliberal y a la dominación del capital financiero;
· actuar en favor de una regulación democrática de los flujos financieros;
· continuar las acciones acordadas con formas apropiadas en cada país.
19. Persistiremos en las campañas en desarrollo para:
· poner fin al trabajo infantil;
· alcanzar los objetivos de la Campaña mundial para una educación pública, gratuita de calidad para todas y todos;
· reforzar las movilizaciones en el marco del llamamiento del Foro Social Mundial, y particularmente por las campañas contra el AGCS, el ALCA, la ofensiva de la OCM y por la condonación de la deuda externa;
· impedir la privatización y la comercialización de la educación y de los otros servicios fundamentales.