LA LEY CALIDAD Y LA ESCUELA RURAL
Hace unos día encontré un artículo de opinión en una publicación comarcal: “El Rolde”. Esta revista se edita mensualmente, o cuando es posible, en la comarca en los Serranos, una de las comarcas valencianas más “abandonadas”. Además de parecerme interesante el comentario que se hace sobre la ley, creo que abre interrogantes nuevos sobre este tema: ¿cómo va afectar la Ley de Calidad a la educación en el ámbito rural?, ¿será la escuela rural y pública capaz de enfrentarse a la eminente privatización de la educación? ¿cómo afectará a la despoblación del medio rural?. Por todo ello, presento aquí este artículo e invito a los lectores a que reflexionen sobre el tema de la escuela rural.
“¿Ley de calidad, para una educación de calidad?
Araceli López Ródenas
La Ley de Calidad (no existe ningún capítulo que hable de financiación para su implantación) plantea una reforma integral de la enseñanza obligatoria y postobligatoria para paliar “el fracaso escolar” producido por la implantación de la LOGSE en nuestro país, todavía no finalizada.
Una parte de los pocos recursos públicos destinados a educación (5,6% del PIB) se dedican a financiar la enseñanza privada en régimen concertado, una enseñanza que cada vez acoge a más centros de élite con auténticas barreras para impedir el acceso al alumnado con necesidades especiales de naturaleza económica, étnica o física. En cuanto a la inversión en educación de nuestro país resulta que, ocupamos el undécimo lugar de los 15 de la UE. ¿Cómo se puede hacer responsable del “fracaso escolar” a un sistema educativo que no invierte en él la financiación necesaria para paliar sus deficiencias?.
Toda reforma que pretenda ser eficaz debe ir acompañada de una ley de presupuestos que asegure la mejora del estado de los centros públicos dotándolos de recursos humanos y materiales y una infraestructura (edificios) digna para todo el alumnado español, sea cual sea su ubicación geográfica o social.
En educación infantil se rompe la estructura de esta etapa separando y diferenciando entre “educación preescolar” (hasta los 3 años) a la que define como asistencial y educativa y no determina ni condiciones de los centros, ni titulaciones necesarias, deduciéndose que, cualquier persona podrá abrir una guardería y convertirla en un negocio, y educación infantil (de 3 a 6 años) definida como un periodo educativo gratuito en centros sostenidos por fondos públicos (colegios públicos y privados). Padres, administraciones y alumnado pasan a ser un elemento sólo presencial del Consejo Escolar, acabando con la participación de la comunidad educativa en el proceso de gestión y control democrático de los centros.
La reválida seleccionará al alumnado en función de su destino final. El alumnado de familias acomodadas y conciertas aspiraciones irá colocándose desde los primeros años en aquellos centros de Primaria de “mayor nivel” y mejor relacionados con los de Secundaria (con una mayor oferta de optativas), que le permita a su vez cursar un bachillerato de calidad y optar a carreras universitarias de primera categoría. Al grupo de centros de “nivel superior” no podrán acceder más que unos pocos centros públicos; el resto serán privados concertados.
En Secundaria se crean los “grupos de refuerzo”, que es otra forma de decir que el alumnado con dificultades pasará a formar parte de un gueto educativo sin posibilidades de promocionarse hacia estudios superiores. Cada vez habrá menos alumnado en el segundo ciclo de la ESO y en los bachilleratos. Se culpabiliza de todos los males a la permisiva ley anterior . Se busca un título pomposo para la nueva legislación. Pero ni una sola de las medidas que propone la Ley de Calidad tiende a solucionar los problemas que se achaca al actual Sistema Educativo. Se limita a exponerlos y a establecer un sistema evaluador, pero no en un sistema preventivo. Más bien se trata de aprovechar la coyuntura para introducir un paquete de medidas reaccionarias y jerarquizantes que poco a nada tiene que ver con los objetivos definidos por el propio ministerio. ¿Cómo un gobierno hace un cambio tan drástico en función de su ideología e intereses? ¿Puede la economía de todos y todas las españolas permitirse este gasto?.
No se ha de hacer un gran esfuerzo mental para deducir que en nuestra comarca no podremos suplir toda la oferta educativa y posiblemente la falta de recursos que padecemos no nos llegará a ser centros de “nivel”, favoreciendo la emigración a los centros urbanos con más ofertas. Así, nuestros educandos estarán en franca desventaja con los educandos de zonas con más posibilidades educativas y seguirán nuestros jóvenes en aulas prefabricadas, en institutos con aulas dispersas y sin patio escolar. Y nuestras escuelas seguirán disponiendo de una miseria para gastos de funcionamiento y una instalaciones carentes de casi todo. ¿Ésta es la mejora que nos impone el PP? ¿Son estas las medidas justas y adecuadas para conseguir en nuestra comarca adultos en igualdad de condiciones educativas, formativas y laborales? ¿Es esto calidad? ¿Para quiénes?.”