UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
Las elecciones autonómicas de 2011 se realizan en
un contexto general de cuestionamiento del "estado del bienestar" y en
particular de los servicios públicos, que en el caso de la Universidad
se concreta en presiones para someterla a los intereses de los
mercados, en prejuicio de su obligación de atender, desde la autonomía
académica y la capacidad de critica, a todas las necesidades sociales.
Al mismo tiempo, las Universidades españolas se ven sumergidas en el Proceso de Bolonia, después de que el
Gobierno desoyó la petición de IU y amplios sectores universitarios de
paralizar la implantación forzosa de las nuevas titulaciones para
permitir que las reformas se hicieran en condiciones adecuadas y tras
un amplio debate en la Universidad y en la sociedad. Con ello, dicha
implantación, que ni homogeneiza en el ámbito europeo (4+1 versus 3+2...) ni racionaliza el mapa de Grados, se está realizando en el marco de unos recortes
presupuestarios que dificultan tanto la renovación pedagógica para un
aprendizaje centrado en el estudiantado como la dimensión social del
proceso que debería garantizar que nadie encontrara obstáculos para
iniciar o completar las estudios universitarios por razones derivadas
de su origen socioeconómico.
En estas condiciones, la política gubernamental pretende asignar a las
Universidades una tercera función, la "transferencia de conocimiento",
que se añadiría a las funciones docente e investigadora y claramente desviada hacia los sectores productivos privados. Asimismo, en
vez de una financiación suficiente para una docencia e investigación de
calidad en todas las Universidades Públicas, se promueve la
"diferenciación" entre ellas, privilegiando a los llamados "Campus de
Excelencia Internacional", para la consideración de los cuales se daría
una importancia relevante a dicha "transferencia de conocimiento",
entendida como la aplicación de los resultados de la investigación
universitaria en empresas privadas.
Dicha política elitista y mercantilista distorsiona el funcionamiento
de las Universidades Públicas, en las que la "transferencia de
conocimiento" debería considerarse incluida en la función docente, en
vez de entenderse como un servicio directo a empresas privadas que, en
el marco de un recorte de la subvención pública a las Universidades,
puede conducir a su supeditación a dichas empresas.
La opción mercantilista se acompaña de la pretensión de gobernar la
Universidad como si fuera una empresa privada, proponiendo bajo el
nombre de "gobernanza" una supuesta "profesionalización" no sólo de la
gestión sino también del gobierno de las Universidades, pretendiendo
burlar así el ejercicio democrático de la autonomía universitaria que
prevén la Constitución y la misma LOU.
Y esa política de transvase de recursos a empresas privadas no se
plantea sólo en las Universidades, sino para todos los centros públicos
de Investigación, favoreciendo el paso de miembros de su plantilla a
dichas empresas.
Es necesario darle la vuelta a dichas políticas, deslindando claramente
los ámbitos público y privado y potenciando desde los poderes públicos
la docencia y la investigación como un servicio público generalizado de
calidad. En ese sentido, hacemos nuestra la afirmación de la
Declaración de Lovaina de Ministros Europeos de Educación Superior
según la cual "el
Espacio Europeo de Educación Superior (...) es un espacio en el que la
educación superior es una responsabilidad pública (...) consideramos que
la inversión pública en la educación superior es una prioridad crucial.
(...) Dentro de un marco de responsabilidad pública confirmamos que la
financiación pública sigue siendo la principal prioridad para
garantizar el acceso equitativo y el desarrollo sostenible de las
instituciones de educación superior autónomas".
Y exigimos a los gobiernos tanto central como autonómicos actuar en
consonancia con ello. Y teniendo en cuenta que la responsabilidad
directa de la financiación de las Universidades Públicas es una
competencia de las Comunidades Autónomas, el papel de éstas, y el
resultado de las elecciones autonómicas, resulta crucial al respecto.
La financiación pública de las Universidades Públicas debe orientarse
en primer lugar a facilitar el acceso a las mismas sin trabas
económicas. Nuestro objetivo es la gratuidad de las enseñanzas
universitarias, y en tanto normas de ámbito estatal impongan una
horquilla de tasas académicas, defenderemos que éstas se fijen en el
extremo inferior de la horquilla, y nos opondremos con energía a
incrementos superiores al del coste de la vida como los que se han
venido produciendo. Por otra parte, el acceso desde los sectores
económicamente desfavorecidos únicamente podrá garantizarse con un
sistema generalizado de becas-salario que permita el mantenimiento del
estudiantado sin depender de su familia. Además, para un modelo
alternativo de desarrollo sostenible compatible con el decrecimiento en el consumo de recursos naturales, que debe descansar sobre la
investigación y la formación, el estudio debe considerarse como una
actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con
sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño.
Dicha financiación debe posibilitar asimismo que la docencia se realice
en condiciones adecuadas para una renovación pedagógica con métodos
activos y participativos, única forma de conseguir un aprendizaje
centrado en el estudiantado, que requiere grupos
no masificados con un tamaño adecuado al tipo de docencia y nunca de más de 50 estudiantes. Dicha docencia requiere también
de una formación pedagógica adecuada del profesorado: ser un buen
investigador o investigadora es una condición necesaria, pero no suficiente, para ser
un buen profesor o profesora de Universidad. Parece por tanto razonable que la
exigencia de 60 créditos de formación pedagógica sea también un
requisito para la formación del profesorado universitario.
Naturalmente, entre dichos créditos deberían contarse los créditos
prácticos de la docencia impartida por el profesorado en formación, y
no debería plantearse una exigencia adicional a quienes ya hayan
impartido un mínimo de 60 créditos de docencia, aunque sí recomendarse
la formación en metodologías activas para posibilitar un aprendizaje
centrado en el estudiantado, la cual debería ser tenida en cuenta en
los procesos de promoción.
Siendo esencial la formación de investigadores para un modelo
alternativo de desarrollo sostenible, ésta es también un componente
esencial de la función docente de las Universidades Públicas, a través
de los estudios de Postgrado, que deben ser fomentados en vez de
obstaculizarlos con tasas elevadas. Naturalmente, los resultados de la
investigación universitaria deben vertirse también en los estudios de
Postgrado, que deberían también poder ser organizados por los demás
Centros Públicos de Investigación en cooperación con las Universidades, naturalmente con los mismos
requisitos de formación pedagógica que el del profesorado
universitario. Ésta es la vía adecuada para la transferencia del
conocimiento a la actividad económica, que debe hacerse a través dels
estudiantado de Postgrado y de la publicación de dichos resultados, no
transfiriendo profesorado a empresas privadas ni conviertiendo
Departamentos universitarios en gabinetes de investigación de empresas
privadas. El necesario carácter público de los resultados de las
investigaciones realizadas con fondos públicos debe facilitar el
desarrollo de dicha transferencia, evitando las trabas derivadas del
sistema de patentes y de la privatización del conocimiento en nombre de
la llamada "propiedad intelectual".
Dicho proceso de formación de investigadores debe permitir superar el
déficit de investigación extrauniversitaria, cosa que requiere también
un cambio de la cultura empresarial. Las empresas públicas deben jugar
un papel de vanguardia en ello, impulsando que la investigación
aplicada, y más todavía la innovación, se haga en el seno de las
empresas por sus propios trabajadores y trabajadoras, no descargando su
responsabilidad sobre las Universidades. Para fomentarlos habría que
crear o desarrollar Institutos Tecnológicos, de carácter
público, fuera de las Universidades pero que deberían servir de puente entre las empresas y las
Universidades y otros centros públicos de investigación, evitando entre
otras cosas que la intervención directa de las empresas en la
Universidad lleve a su mercantilización. El funcionamiento de
dichos Institutos se debería basar en el principio de la libre difusión
del conocimiento, prestarían un servicio libre de asesoramiento a
las empresas para el desarrollo tecnológico, y fomentarían, en
cooperación con las Universidades y Centros de Formación Profesional,
la formación de trabajadores y trabajadoras con capacidad de
innovación, con especial incidencia en la formación en el puesto de
trabajo, en el marco de "el aprendizaje a lo largo de toda la vida",
que complemente la formación inicial que se desarrollaría en las
Universidades y Centros de Formación Profesional. Dichos Institutos
potenciarían también el desarrollo de redes de intercambio de
información tecnológica, a través de la cual las empresas compartan sus
avances tecnológicos, cosa más eficiente que el secretismo de la
"cultura de patentes". En el marco de dichos Institutos deberían
desarrollarse Centros de Investigación Tecnológica, en redes
territorializadas, generando sinergias al posibilitar tareas de
investigación que empresas pequeñas tienen mucho más difícil de llevar
a cabo en solitario, aunque cada empresa habría de asumir la
responsabilidad de la innovación a través de la creatividad de sus
trabajadores y trabajadoras formados al respecto. Naturalmente, la
contrapartida sería la libre difusión de los resultados de tal
investigación.
Evitar la supeditación mercantilista de las Universidades es también
una condición necesaria para hacer posible su autonomía y su gestión
democrática, recordando que, como decía la Carta Magna de las
Universidades Europeas de 1988, "La
Universidad, en el seno de sociedades organizadas de forma diversa
debido a las diferentes condiciones geográficas e históricas, es una
institución autónoma que, de manera crítica, produce y transmite la
cultura por medio de la investigación y la enseñanza. Para abrirse a
las necesidades del mundo contemporáneo, debe lograr, en su esfuerzo de
investigación y enseñanza, una independencia moral y científica de todo
poder político y económico".
PROPUESTAS:
- Paralizar la aplicación de la “Estrategia Universidad 2015” y debatir con toda la comunidad universitaria para construir una universidad pública al servicio de la sociedad y no de los intereses del mercado.
- Garantizar una financiación pública de las Universidades Públicas
que posibilite una docencia en grupos reducidos para un aprendizaje
centrado en el estudiantado.
- En el gobierno de la universidad, respetar su autonomía potenciando
la participación y la corresponsabilidad de sus miembros,
mediante la colegialidad en la toma de decisiones y la electividad de
sus cargos representativos y ejecutores.
- Promover la formación pedagógica como un requisito para la
formación de un profesorado capaz de impulsar una renovación
pedagógica para un aprendizaje centrado en el estudiantado en la docencia de Grado y Posgrado.
- Fijar las mínimas tasas académicas para los estudios universitarios.
- Complementar las becas-salario que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario.
- Asegurar el carácter público de los resultados de toda investigación financiada con fondos públicos.
- Impulsar la formación de Posgrado de investigadores en Universidades y demás Centros Públicos de Investigación.
- Desarrollar Institutos y Centros de Investigación Tecnológica
para impulsar la investigación aplicada, la formación y la innovación
en los centros de trabajo.
- Propugnar Campus Interuniversitarios Integradores que articulen a todas las Universidades Públicas en cada Comunidad Autónoma.
(propuesta a la Permanente del Área de Formación de IU para el Programa Marco para las Elecciones Autonómicas de 2011)