Pensiones
En la
actualidad más de cuatro millones de pensionistas
viven por debajo del umbral de la pobreza, de los cuales tres millones
cobran
menos de 420 euros al mes. Hay ciertos colectivos más afectados (por
ejemplo,
muchas mujeres cuyo trabajo en la casa se ha invisibilizado y se ven
condenadas
a pensiones “no-contributivas”). Una sociedad, no ya de orientación
socialista
sino sencillamente decente, no puede negar a las personas mayores el
derecho a
una vida digna mientras permite que unos tahúres saque pingües
beneficios de la
especulación y reciben prejubilaciones millonarias.
Periódicamente
grupos de “economistas”, con vínculos con el
sistema bancario que quiere promocionar los planes privados de
pensiones,
afirman inciertamente que el sistema público de pensiones es
insostenible.
Ante
esta situación, Unidad Popular propone:
Sistema final:
Cuando esté completamente implantado, el sistema será el
siguiente:
Derogación inmediata de
todas las leyes involucionistas aprobadas por el PP
(LOMCE; LOU, ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
acreditación del profesorado universitario, creación de centros
universitarios privados) y de las leyes insuficientes aprobadas por el
PSOE (LOE, LOMLOU) y paralización de la aplicación de la “Estrategia
Universidad 2015".
2.
Aprobación
de una nueva ley de
educación
consensuada entre toda la comunidad educativa como
propuesta colectiva para una educación pública al servicio de la
sociedad y no
de intereses privados, garantizando asimismo una educación plurilingüe
que
cuente con la lengua propia de las comunidades y del Marco Común
Europeo de
Referencia para las lenguas.
3.
Promoción de una educación
básica, integral y polivalente, laica y científica que impulse el
pensamiento crítico e incluya materias sobre educación en valores
cívicos. Eliminación de la asignatura de religión en los centros de
enseñanza y derogación del concordato con el Vaticano. Promoción
de una educación democrática, co-educativa, inclusiva e intercultural y
permanente, impulsando la cooperación y la emulación en lugar de la
competitividad elitista y mercantilista y fomentando el carácter social
y colectivo de la investigación. Extensión de la red pública, vinculada
al ministerio de Educación, a la Educación de Personas Adultas.
4.
Gratuidad
total de la educación,
incluidos todos los materiales curriculares. Hasta la consecución de la
desaparición
de las tasas, limitación de las mismas a precios públicos.
Establecimiento de
un sistema generalizado de becas salario para el estudiantado
universitario y
de ciclos formativos de grado medio y
superior vinculado a un trabajo garantizado, regulando la continuidad
de los
estudios.
5.
Generalización de la
educación infantil
(de 0 a 6 años) ampliando la red de centros públicos para satisfacer
las necesidades educativas y formativas. Promoción de
medidas de protección y promoción social, organizativas y curriculares
contra el absentismo y de medidas de apoyo y de refuerzo educativo a
quienes muestren necesidades específicas de aprendizaje.
Defensa del acceso universal a la formación
universitaria, suprimiendo las pruebas
de acceso generalizadas de carácter selectivo y planificando la oferta
de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales. Revisión
del sistema de titulaciones del proceso de Bolonia y articulación de la
formación profesional y la universitaria. Promoción de la
generalización de la educación retribuída tras los 16 años.
6.
Reducción
progresiva de los
conciertos hasta su total eliminación
en la enseñanza
obligatoria e inmediata en la postobligatoria. No a la cesión de suelo
público
a los centros privados o concertados, Eliminación de las subvenciones
públicas
a universidades privadas y auditoría de las mismas.
7.
Gestión y organización
democrática,
representativa, participativa y autónoma de los centros
educativos, modificando la composición de los Consejos Escolares y de
los Consejos Sociales y fomentando la corresponsabilidad de sus
miembros, mediante la toma de decisiones colegiada al servicio de un
modelo social educativo.
8.
Establecimiento
de un cuerpo único de
profesorado, tanto en la educación no universitaria como en la
universitaria, y
de un cuerpo de investigador universitario, desarrollando a tal fin
Estatutos del
PDI, del PAS y del PI. Negociación de un
convenio específico para el personal laboral (PDI y PI)
que reduzca su precariedad
e inestabilidad.
9.
Establecimiento
de un plan de formación
permanente
del profesorado, tanto en la educación no
universitaria como en la universitaria, del personal de administración
y
servicios universitario y del personal investigador (Personal Técnico y
de
Gestión) que responda adecuadamente a los nuevos retos y cambios
sociales.
10.
Financiación pública y
suficiente del
sistema educativo (7% no universitaria y 3% universitaria e
investigación del PIB) basada en criterios formativos, científicos y de
utilidad social, frente a la financiación de base competitiva o de
pretendida “excelencia”, así como de una investigación contextualizada
con finalidades sociales y para el desarrollo de tejido industrial,
promoviendo el uso común de recursos y resultados de investigación y
crear una red colaborativa Universidad-Pymes. Establecimiento de un
Fondo de Compensación Educativa para superar las desigualdades de
medios entre los distintos territorios.
11.
Reducción
de las ratios alumnado-profesorado,
tanto en la educación no universitaria como en la universitaria, y
profesorado-personal
de administración y servicios en la
educación universitaria, que
permita impulsar una metodología docente
activa participativa, en pequeños grupos y seminarios para una mejor
atención
al alumnado.
12.
Reconocimiento
del derecho de
asambleas de estudiantes y del derecho al paro académico
del estudiantado mediante un procedimiento de garantías.
13.
Apoyo
a la UNED
en su papel social, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, incrementando su
financiación.
14.
Orientación
de los recursos de I+D a aplicaciones civiles,
descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar.
15. Uso social de las patentes evitando cualquier utilización de las mismas para restringir el libre uso del resultado de las investigaciones financiadas con fondos públicos