El lema que da título a este artículo se hizo popular en el movimiento 15M. Fundamentalmente hacía referencia al hecho de que el poder de decisión real descansaba no sobre la ciudadanía o sus representantes electos, sino sobre entidades no elegidas, principalmente el capital financiero o el Banco Central Europeo, una de las tres patas de la Troika junto a la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Pero desde el Gobierno del PP con mayoría absoluta de José María Aznar se han sucedido restricciones de las libertades democráticas que impactan contra la línea de flotación del "pacto constitucional" de 1978. Entonces, en efecto, la izquierda, y singularmente el PCE, aplazó la lucha por sus objetivos básicos (la República, el socialismo...) a cambio de obtener la garantía constitucional de unas libertades democráticas que debían permitir a los sectores sociales oprimidos y explotados organizarse y movilizarse legalmente para defender sus derechos.

Así, en 2002 el PP aprobó con el apoyo del PSOE una Ley de Partidos diseñada para privar de su capacidad de representación política a una parte significativa del electorado vasco, posibilitando ilegalizar un partido por sus silencios, ideas o simpatías, e incluso por el sentido del voto de sus representantes en instituciones democráticas. Frente a ello publicamos un Manifest en defensa de la democràcia que puede leerse en http://alteritat.net/democracia/

Y posteriormente, sobre todo a raíz de la entronización del nuevo Gobierno del PP encabezado por Mariano Rajoy, ha abundado la persecución judicial de delitos de opinión, utilizando habitualmente figuras jurídicas caracterizadas por su vaguedad, como la ofensa a la Corona, a los sentimientos religiosos (podemos preguntarnos si actualmente en España podría filmarse "Viridiana" o estrenarse "La brújula dorada"; eso sí, a nadie le preocupa que la profusión de símbolos religiosos pueda ofender los sentimientos ateos) o a las víctimas del terrorismo, o el enaltecimiento del terrorismo, figura que singularmente se ha utilizado con profusión tras el fin de la violencia de ETA. Se diría que, a falta de comandos terroristas de ETA que desarticular, se han dedicado a perseguir twiteros por supuesto enaltecimiento de hechos del pasado, incluyendo el homicidio del tiránico Carrero Blanco al final del franquismo. No se persigue, en cambio, el enaltecimiento del franquismo, sino que por el contrario se subvenciona a asociaciones dedicadas a dicho enaltecimiento, ni tampoco la ofensa a las víctimas del franquismo como las declaraciones de los dirigentes del PP Pablo Casado y Rafael Hernando.

Asimismo, centenares de sindicalistas han sido procesados y algunos condenados por aplicación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal que prevé penas de cárcel a quienes "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". También aquí, la vaguedad del concepto de coacción facilita la arbitrariedad en la persecución de los piquetes de huelga, aplicando una norma procedente del franquismo que se mantuvo en barbecho durante años pero recientemente fue reactivada, y cuya derogación está tramitándose actualmente en el Congreso con la oposición del PP y la abstención de C's.

Se alcanzó una nueva cota en el ataque a las libertades democráticas con la promulgación de la Ley Mordaza, falsamente llamada de "Seguridad Ciudadana", dado que no pretende proteger a la ciudadanía, sino proteger la brutalidad policial de las denuncias de la ciudadanía, incluso prohibiendo la difusión de vídeos de actuaciones policiales. Igualmente, contempla desmesuradas sanciones administrativas mediante multas sin control judicial por el ejercicio de libertades democráticas como la de manifestación. Actualmente, tras haber perdido el PP su mayoría absoluta, su derogación se encuentra también en trámite en el Congreso de los Diputados.

Pero la represión de las libertades democráticas ha alcanzado un nivel superior a raíz del conflicto de Catalunya, llegándose a imponer la prisión incondicional de los Jordis, presidentes de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, y de consellers del Govern de la Generalitat cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acusados de sedición y de rebelión a pesar de haber impulsado únicamente movilizaciones pacíficas, y que la única violencia ha sido la de los llamados Cuerpos de Orden del Estado para reprimirlas.

La arbitrariedad de las resoluciones judiciales al respecto se hace especialmente patente por el recurso a la acusación de rebelión, cuya tipificación en el Código Penal requiere la práctica de una violencia que en este caso no ha existido por parte de los acusados. Se diría que en vez de recurrir a dicha tipificación se ha usado la definición del diccionario como "Sublevación o resistencia ante alguien o algo", suficientemente ambigua como para usarse ampliamente. Pero en el sentido amplio del diccionario, no sólo el 15M fue una rebelión mayoritariamente juvenil contra la privación de derechos sociales, sino que en los años 60 del siglo pasado la rebelión de la juventud se expresaba dejándose el pelo largo los chicos o llevando pantalones las chicas. Incluso (mirad cómo han cambiado las cosas) el llevar barba no era un símbolo de masculinidad sino de rebeldía. Pero el uso de ese sentido amplio por fiscales y jueces es notoriamente antijurídico. En el Tribunal Supremo, ante la notoria ausencia de violencia por parte de los independentistas acusados, se ha intentado endulzarlo hablando de "conspiración para la rebelión". Pero sólo podría hablarse propiamente de tal "conspiración" si se hubiera procedido al acopio de arrmas o al planeamiento de una sublevación armada. En su ausencia, y aunque el juez del Supremo no haya dictado prisión incondicional para los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya, su actuación imponiendo fianzas para eludir la prisión es también una arbitrariedad jurídica.

Todo ello nos ha retrotraído a los tiempos del franquismo poniendo en primer plano la exigencia de libertad a los presos políticos. Y ante ello algunos han querido fomentar la confusión dudando de la condición de "presos políticos" de los encausados, lo cual supone una incomprensión de lo que es un preso político, que viene definido por la motivación política de los actos por los que se le acusa. Yo cuando pienso en un preso político puedo pensar en mi mismo, pero ello no me autoriza a menospreciar a otros. Así, bajo el franquismo los presos de ETA con quienes los militantes del PCE compartíamos prisión eran también presos políticos, y no se nos hubiera ocurrido negarles tal condición. Y siguieron siendo presos políticos tras el fin nominal del franquismo y la promulgación de la Constitución de 1978. Como también es un preso político Leopoldo López, condenado por promover la violencia para intentar derrocar al Gobierno de Venezuela. Lo que no son es "presos de conciencia", para lo que según la definición de Amnistía Internacional se requiere no haber practicado la violencia ni abogado por ella.

En cambio, sí era no sólo preso político sino preso de conciencia Arnaldo Otegi, al margen de los hechos de su pasado por los que no estaba encausado, sino, en aplicación de la antidemocrática Ley de Partidos, por el intento de reorganizar Batasuna precisamente para poner fin a la violencia de ETA. Y naturalmente, también lo son actualmente los Jordis y los consellers catalanes.

Hay que dejar claro que en un Estado Democrático puede haber presos políticos. Lo que no puede haber son presos de conciencia: no puede encarcelarse a nadie por rebelarse pacíficamente. Y en la actualidad, aunque su Constitución vigente sea en buena parte democrática, podemos afirmar que España no es un Estado Democrático. Y si algunos, como hace el PCE, propugnamos una ruptura democrática, es precisamente para restaurar la democracia. Y tras el inequívoco paso de Felipe VI al lado oscuro de la fuerza, dicha restauración deberá ser republicana, restituyendo la legalidad democrática de la República vulnerada por la rebelión, esa sí violenta, del general Franco.