PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN SOBRE EL PROCESO DE BOLONIA
AL
COMITÉ FEDERAL DEL PCE
Las Universidades Públicas del conjunto del España y el resto de Europa, se encuentran inmersas en un proceso de cambio en la configuración de sus estudios en el marco de la construcción del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Dicho proceso ha provocado diversas esperanzas, inquietudes y rechazos frontales en sectores diversos de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.
Nada resulta objetable en la mera idea de un espacio europeo de educación superior que conciba la educación como servicio público, abierta por tanto a toda la ciudadanía y que tenga por objetivo la formación permanente tanto para el desarrollo personal como para el de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la cerrazón del Gobierno del PSOE, persistiendo en su empeño de desarrollar el llamado proceso de Bolonia en un marco de absoluta precariedad financiera y de ausencia del necesario consenso social, impregnado de políticas neoliberales, puede llevar a la Universidad Pública a un callejón sin salida de consecuencias imprevisibles.
Esta situación puede convertir la puestra el práctica del proceso de Bolonia en un intento de mera adaptación de la Universidad pública a los intereses del mercado, poniendo en peligro la esencia misma de la institución universitaria, concebida como servicio público, no mercantilizado, para una formación académica rigurosa y crítica, que ofrezca una capacitación profesional adecuada.Las supuestas ventajas que la reforma pretende perseguir, (homologación de titulaciones, su intertraducibilidad, mayor movilidad de estudiantes, personas investigadoras y profesoras y profesores a nivel interestatal, son las más publicitadas) no justifican la puesta en marcha de cualquier tipo de políticas.
La desproporcionada subida de tasas para Másters con la consiguiente elitización del acceso a los posgrados, la nueva regulación de préstamos para los Másters que empeora sus condiciones al no respetar el criterio de supeditar su devolución a que se haya superado la renta media existente (limitándolo por el contrario a un período inicial de carencia ), la insuficiencia de la financiación para hacer viable la renovación pedagógica, la subordinación de la Secretaría de Estado de Universidades a políticas económicas de I+D+i en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, las amenazas de un cambio no democrático de la gobernabilidad de las universidades, etc… no pueden aplicarse, explicarse ni justificarse apelando simplemente al supuesto bien final que el Gobierno dice perseguir.
La mayor reforma de la historia que la Universidad europea afronta desde que ésta abriera sus puertas a la sociedad de “masas”, no puede despacharse sin un necesario debate social previo en el que participe el conjunto de la comunidad universitaria y de la ciudadanía.
Paradójicamente, la puesta en marcha de las medidas concretas adoptadas en el marco de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia) contradicen claramente declaraciones de intenciones como la establecida en la Conferencia de Ministros y Ministras responsables de Educación Superior de Londres de 2007. “La educación superior debería jugar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. Las políticas de educación superior deberían enfocarse a maximizar el potencial de las personas en cuanto a su desarrollo personal y su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada en el conocimiento. Compartimos la aspiración social de que el conjunto de estudiantes que ingresan, participan y culminan la educación superior en todos sus niveles debería reflejar la diversidad de nuestros pueblos. Reafirmamos la importancia de que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su situación socioeconómica. Por tanto, continuaremos con nuestros esfuerzos para facilitar servicios adecuados a los estudiantes, crear itinerarios de aprendizaje más flexibles, tanto para acceder como una vez dentro de la ecuación superior, y ampliar la participación a todos los niveles sobre la base de la igualdad de oportunidades”.
Rechazamos que se utilice la crisis como excusa para restricciones presupuestarias que harían inviable la implantación de los nuevos Planes de Estudio en condiciones adecuadas, agravando los problemas anteriormente descritos.
Por todos estos motivos, el Comité Federal del PCE exige:
1. Aplicar en el conjunto del Estado un plan de financiación público de las Universidades que nos acerque en términos reales al objetivo de gasto del 2% del PIB y posibilite una convergencia en un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que esté efectivamente centrada en la renovación pedagógica y la mejora de la calidad de las Universidades y no en la subordinación a los intereses del mercado.