Prólogo:

La idea fuerza central para desarrollar un programa alternativo frente al capitalismo en crisis debe ser el trabajo. Poner el énfasis en el trabajo nos llevará a proponer el cultivo de la fuerza de trabajo mediante la formación, la salud y las condiciones laborales, a destacar que la innovación ha de serlo en el trabajo, y la creatividad del trabajador y trabajadora, y a exigir que la igualdad, el respeto al medio ambiente y la democracia no se queden de puertas afuera de los centros de trabajo.

Centrarse en el trabajo apuntará a la relación y posesión de los medios de producción, que afecta no sólo a la esfera de la producción sino también a la reproductiva, desarrollando y abarcando todas las explotaciones a las que las personas trabajadoras tenemos que hacer frente en un sistema capitalista que está en contra de la vida, sosteniendo el patriarcado y conduciendo a la destrucción ecológica. Apunta, en definitiva, a la superación del sistema capitalista en las esferas productiva, reproductiva y ecológica.


1. Por un desarrollo sostenible basado en el trabajo:

No es sostenible un crecimiento cuantitativo consistente en producir más consumiendo más recursos naturales. El único desarrollo sostenible es el cualitativo, basado en producir y consumir mejor mediante la Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación en el trabajo, evitando el despilfarro consumista y vinculando la calidad de vida a la satisfacción de las necesidades humanas. Dicho desarrollo descansa sobre la creatividad de los trabajadores y trabajadoras, que depende de su formación y sus condiciones laborales y de vida, y debe basarse en la cooperación y no en una competencia insolidaria.

1.1. Movilizar a los 5 millones en paro:

Los 5 millones de parados y paradas, número que sería mayor si se contaran todas las mujeres que son consideradas “no trabajadoras” desde la óptica reduccionista que identifica  trabajo con trabajo asalariado, son el principal problema económico de España, tanto por el sufrimiento de quienes padecen el paro como por el desperdicio de su capacidad de trabajo. Por tanto, una tarea central debe ser la movilización de su fuerza de trabajo desde el sector público o el trabajo asociado, sin supeditarse a que sean contratados por empresarios capitalistas en condiciones cada vez más precarias y con menores derechos.

1.1.1. Un salario social vinculado al servicio público y eventualmente a la formación:
Con carácter inmediato, debe asignarse un salario social por un monto igual al salario mínimo (la cantidad que debe permitir la subsistencia) y cotizando a la Seguridad Social a quienes no estén cobrando el subsidio de paro, incluyendo a quienes hayan retornado de la emigración. Como contraprestación, deberán prestar, con control sindical, servicios públicos de acuerdo a su formación y/o, en su caso, realizar actividades de formación, en el marco de un Plan Extraordinario de Ocupación Pública. Cuanto más jóvenes sean deberá priorizarse más la formación, en España o en el exterior, y cuanta mayor experiencia laboral tengan, especialmente en edades próximas a la de jubilación, podrá priorizarse más la prestación de servicios para los que estén capacitados.

1.1.2. Utilizar el sector público como instrumento movilizador de la fuerza de trabajo:
Un sector público fuerte y ampliado a nuevos servicios, superando el sistema capitalista-patriarcal que asigna el cuidado a las mujeres en el ámbito patriarcal, permitirá aprovechar la fuerza de trabajo actualmente desperdiciada de buena parte de quienes actualmente se encuentran en el paro o supuestamente inactivos, previa en su caso una adecuada formación, y que pasarán así a generar riqueza social desde puestos de trabajo públicos.

1.1.3. Fomentar el trabajo asociado:
Se establecerá un sistema de microcréditos (por una Banca Pública) y asesoramiento empresarial para que quienes estén en paro, en España o en el exterior, y tengan o hayan adquirido la formación necesaria puedan asociarse para formar cooperativas, fomentándose asimismo su intercooperación. Igualmente, si una empresa privada recibe ayuda pública para el mantenimiento de puestos de trabajo o reducción de jornada laboral, ésta se hará en forma de participación en su capital y consecuentemente en su gestión, que en el caso de empresas no estratégicas podrá delegarse en la representación laboral.

1.1.4. Fortalecer una industria de calidad:
La industria juega un papel fundamental para el desarrollo socioeconómico a través de la generación de riqueza real, transformando las materias primas en todo tipo de productos necesarios para el desarrollo social, y debe impulsarse:
1.1.4.1. Con un verdadero Plan Industrial a largo plazo que se centre en productos de calidad, socialmente útiles y respetuosos con el medio ambiente.
1.1.4.2. A través de la innovación en el trabajo vinculada a un Desarrollo tecnológico que aplique los resultados de la Investigación científica, invertiendo recursos públicos en la investigación de carácter público, a través de las universidades y de los centros públicos de investigación, como el CSIC, y que se retroalimente con el tejido productivo del territorio, tanto público como privado, orientándose siempre hacia un desarrollo social y medioambientalmente sostenible sin someterse a los intereses del capital privado, y fomentando también la inversión privada en I+D+i vinculada a una producción de calidad.
1.1.4.3. Mediante un trabajo estable y de calidad.

1.1.5. Defender los derechos laborales:
El reforzamiento del trabajo industrial y la superación de la espada de Damocles que supone el paro sobre los trabajadores y trabajadoras en activo generarán unas mejores condiciones para que puedan defender sus derechos, y neutralizará el chantaje del empresariado para anularlos. A su vez, impedir despidos arbitrarios evitará que el paro se reproduzca y aumente. Para ello, habrá que revertir las contrarreformas laborales, estableciendo:
1.1.5.1. Causalidad de la contratación:
Hay que combatir la precariedad eliminando la temporalidad injustificada de los puestos de trabajo, garantizando su estabilidad para toda ocupación estable y eliminando las Empresas de Trabajo Temporal abiertas o encubiertas, que se lucran con la precariedad. Se controlará estrictamente la subcontratación impidiendo la cesión ilegal de trabajadores.
1.1.5.2. Causalidad del despido:
En todo despido improcedente, la elección entre readmisión o indemnización debe corresponder al trabajador o trabajadora. Sólo deben admitirse despidos por causas objetivas en caso de pérdidas durante un período suficientemente largo, y sólo en tal caso podría darse una cobertura de la indemnización, que será de 45 días por año trabajado, por el Fondo de Garantía Salarial.
1.1.5.3. Reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación laboral:
Reforzar la Inspección de Trabajo, prestando atención especial a las personas inmigrantes, garantizando los derechos laborales del personal del servicio exterior y ratificando la Convención Internacional de 1990 sobre la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migratorios y sus familias.
1.1.5.4. Se penalizará la temporalidad y la siniestralidad en las cláusulas de contratación pública.
1.1.5.5. La formación de titulados en el puesto de trabajo se hará a través de contratos en prácticas, no de becas.
1.1.5.6. Se incentivará fiscalmente la responsabilidad social de de las empresas, y especialmente la conciliación de la vida laboral y familiar, con participación sindical, y se penalizará la falta de las mismas y la temporalidad no justificada por el tipo de actividad.
1.1.5.7. Se equipararán las prestaciones sociales y la cotización a la seguridad social por el trabajo autónomo y el asalariado.
1.1.5.8. Se trabajará por la redistribución salarial, reduciendo las diferencias salariales. Se eliminarán las horas extras y se primará el reparto del trabajo remunerado.
1.1.5.9. Se perseguirá y penalizará fiscalmente la discriminación salarial, y en particular la que se produce contra las mujeres.
1.1.5.10. Ampliación de la baja paternal e igualación con la maternal, sin afecciones salariales.


1.2. Educar para un trabajo crítico y creativo:

Hay que priorizar la inversión pública en educación como requisito para un desarrollo sostenible frente a la crisis capitalista.

1.2.1. La educación, servicio público esencial:
Asegurar el papel central de la escuela pública en el sistema educativo, reduciendo los conciertos a un papel subsidiario, temporal y en extinción y mejorando y garantizando la oferta pública educativa, incluida la etapa de 0 a 3 años, desde la red de centros de titularidad pública.

1.2.2. Exclusión de dogmas en la enseñanza:
Garantizar la laicidad del sistema educativo, excluyendo la religión del curriculum. El adoctrinamiento religioso debe salir de la Escuela y para ello se debe derogar el Concordato con el Estado Vaticano y las leyes que confieren a la iglesia católica un papel que no le corresponde en un estado democrático.

1.2.3. Garantizar una educación no discriminatoria:
1.2.3.1. Proporcionar medios adecuados para compensar las desigualdades y combatir cualquier práctica discriminatoria en los centros educativos, y en particular por razón de sexo, opción sexual o procedencia, la cual sería causa de exclusión para recibir cualquier subvención pública.
1.2.3.2. Revisar y ampliar los conocimientos impartidos para reconocer el papel de las mujeres en la creación y construcción social a lo largo de la historia.
1.2.3.3. Establecer medidas que favorezcan la educación sexual y emocional.

1.2.4. Hacer efectivo el derecho a la educación superior:
Implantar la gratuidad y generalizar las becas-salario, vinculadas a la realización de las tareas requeridas para los estudios cursados, desde la comprensión de que el estudio es una actividad socialmente útil que debe ser retribuida, aumentando los recursos para la participación de emigrantes en la UNED, y con becas de estudio y prácticas en el exterior.

1.2.5. Impulsar una renovación pedagógica para la formación de una ciudadanía crítica y creativa:
Hay que dotar a los centros educativos de los medios materiales y humanos necesarios para la implementación de métodos activos para un aprendizaje centrado en el estudiantado:
1.2.5.1. Disminución de las ratios por aula, aumentando la contratación de personal docente y mejorando la atención al alumnado, a 15 personas por aula en Educación Infantil, 20 en Educación Primaria y secundaria, y 50 como máximo en Educación Superior.
1.2.5.2. Será obligatoria la formación permanente del profesorado, y se adecuarán los métodos selectivos a la misma.
1.2.5.3. Revisión del sistema de titulaciones evitando en todo caso la supeditación a empresas privadas.

1.2.6. Establecer Campus Interuniversitarios integradores que engloben a todo el sistema universitario público garantizando su calidad:
La relación entre las distintas Universidades debe basarse en la cooperación, no en una competitividad elitista y mercantilista.

1.2.7. Articular la formación profesional y la universitaria:
En la perspectiva de generalizar la educación superior como condición para un desarrollo sostenible, habrá que fomentar el aumento de la ocupación de plazas tanto en Formación Profesional media y superior como en la Universidad, facilitando la transición entre ellas e impulsando su convergencia, de modo que la Formación Profesional incluya el estudio crítico de las teorías científicas subyacentes a la práctica profesional y los estudios universitarios incluyan prácticas profesionales retribuidas o por cuenta propia, fomentando el aprendizaje durante toda la vida.

1.2.9. Impulsar la gestión democrática de todas las instituciones educativas:
Una gestión democrática y autónoma de las instituciones educativas es una condición tanto para la formación democrática de la ciudadanía como para garantizar el desarrollo de un pensamiento crítico que permita hacer avanzar el conocimiento e impulsar la innovación.



1.3. Una Cultura libre y pública:

La cultura adquiere una función muy importante como elemento de cohesión social, construcción de ciudadanía y configuración de una política democrática a partir de su intervención en la vida social. Además, las actividades relacionadas con la producción y distribución de información, que incluyen todo el ámbito de la cultura, tienen un peso creciente en el conjunto de la vida social. Y el desarrollo de dichas actividades no se encuentra sometido a las mismas restricciones que limitan el consumo de los recursos naturales de materia y energía, lo que les permite jugar un papel crucial para un desarrollo socio-económico sostenible asentado en la creatividad humana. Pero precisamente la facilidad de reproducción de la información hace muy difícil encorsetar las actividades culturales e informativas en las reglas de la economía de mercado. Y frente a los intentos de forzar su mercantilización con acciones represivas, nuestra alternativa es la defensa de la libertad y del carácter público de la información y la cultura, condición  necesaria para el impulso de un pensamiento crítico y solidario y la superación de los prejuicios sociales.

1.3.1. Libertad de expresión y comunicación:
Aplicar plenamente, aprovechando las posibilidades brindadas por el uso de Internet, el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." Para hacer efectivo ese derecho hay que:
1.3.1.1. Generalizar la disponibilidad del uso de Internet como un derecho básico, en vez de introducir restricciones y controles sobre dicho uso, derogando por tanto la llamada "Ley Sinde".
1.3.1.2. Regular el derecho de acceso a los medios masivos de comunicación por personas y asociaciones, especialmente los de titularidad pública, haciendo que se cumpla la Ley de Medios Audiovisuales.

1.3.2. Salvaguardar la investigación como servicio público, rechazando la apropiación privativa de recursos públicos:
Los resultados de la investigación científica y tecnológica, subvencionada con fondos públicos, deben ser de libre utilización y difusión. La pretensión de derechos exclusivos para el uso del conocimiento ha sido un factor insolidario y retardatario del desarrollo tecnológico desde la misma invención de la máquina de vapor, pero ese efecto es mucho más grave en un mundo en el que las técnicas utilizadas derivan en una gran proporción del uso directo de las ciencias.

1.3.3. Retribuir el trabajo cultural, no la propiedad:
Quienes dedican su tiempo de trabajo a la producción cultural con resultados satisfactorios deben poder vivir de dicho trabajo. Es necesario por tanto arbitrar procedimientos para la retribución de su trabajo, que no pueden basarse en restricciones inviables del uso de los resultados del mismo, ni confiarse a la intermediación de los mercaderes de la cultura, que no pueden sustituir la función cultural de las instituciones públicas. A tal efecto, es necesario:
1.3.3.1. Abolición de la propiedad intelectual:
Rechazar la extensión de la propiedad sobre las cosas a la propiedad sobre las ideas, palabras, sonidos o formas es una exigencia para la defensa tanto de la libertad de comunicación como del derecho de los pueblos de todo el mundo al libre uso de la tecnología en favor de sus condiciones de vida y salud.
1.3.3.2. Abolición del canon digital:
Dicho canon grava de forma indiscriminada soportes informáticos con independencia del uso de los mismos, repercutiendo además no en el erario público, sino en entidades privadas faltas de garantías democráticas.
1.3.3.3. Asignación de un presupuesto público para recompensar la satisfacción social producida por el trabajo cultural:
Para su distribución se establecería un procedimiento de valoración del disfrute de las obras de arte descargadas gratuitamente en Internet.
1.3.3.4. Promoción pública de la producción cultural:
El Estado se encargará de crear un entorno que incite y facilite a las personas y a los grupos a crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas, creando un nuevo régimen laboral de artistas intermitentes, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y fomentando y creando redes entre las distintas opciones de cultura alternativa, promocionando así los espacios libres de creación y las propuestas de la ciudadanía organizada que interviene en la difusión de la cultura.

1.3.4. Liberar tiempo de trabajo para la creatividad, la participación política y las tareas de cuidado:
En una economía basada en la creatividad del trabajo ésta no está restringida a una élite de artistas y científicos, sino que impregna la innovación cotidiana en cada puesto de trabajo. Y ya actualmente una gran parte de la información que circula por Internet ha sido generada al margen de circuitos comerciales, como resultado de una actividad voluntaria y libre de ocio creativo, que debe ser estimulada y facilitada:
1.3.4.1. Jornada laboral de 35 horas semanales:
El ocio creativo, la participación política y la asunción general del trabajo de cuidado no remunerado se facilitará si el incremento de la productividad material junto con las limitaciones al crecimiento material lleva al resultado lógico de reducir la jornada de trabajo forzoso, sin pérdida de salario, de manera que todas las personas trabajemos menos para que podamos trabajar todas.
1.3.4.1. Jubilación normativa a los 65 años, y voluntaria a los 60, especialmente indicada en ocupaciones cuyo desgaste físico así lo aconseje:
El fin de la vida laboral retribuida no tiene por qué suponer el fin de una vida activa y socialmente útil: si en los próximos lustros aumenta la proporción de personas jubiladas, en buena medida procedentes de las primeras generaciones de usuarios de Internet, ello, lejos de ser una catástrofe económica, puede suponer una notable expansión de la creatividad humana. Por ello, impedir el retraso forzoso de la edad de jubilación no sólo es socialmente justo, sino económicamente positivo y deberá revocarse inmediatamente la última reforma de las pensiones.

1.3.5. Recuperar el carácter público de las telecomunicaciones:
Para garantizar la libertad de expresión y comunicación son necesarios operadores públicos de telecomunicaciones, tanto de Internet como de telefonía fija y móvil, y garantizar de forma efectiva el servicio público de radio y televisión, evitando su control por el capital. A tal efecto:
1.3.5.1. Telefónica debe ser renacionalizada.
1.3.5.2. La Ley General de la Comunicación Audiovisual debe garantizar el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal, impidiendo en todos los ámbitos la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos, y facilitando las iniciativas sociales.
1.3.5.3. Establecimiento de un modelo definitivo de financiación para RTVE con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con una ciudadanía bien informada.
1.3.5.4. Constitución inmediata del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que la Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento sobre los medios facilite que la ciudadanía los utilicen para controlar al poder económico y político.
1.3.5.5. Garantizar buena formación universitaria, autonomía profesional y dignas condiciones laborales de los trabajadores de la  comunicación impedirá que su precariedad contribuya a la desinformación de la ciudadanía.

1.3.6. Fomento del software libre:
El soporte informático de la administración del Estado y el sector público no puede estar en manos de una multinacional. Hay que impulsar una infraestructura informática basada en el software libre y siguiendo los estándares internacionales.

1.3.7. Lucha contra el racismo y la xenofobia:
1.3.7.1. Plena aplicación de todos los tratados internacionales de derechos humanos y de lucha contra el racismo y la xenofobia, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias y la que equipara a quienes trabajan en el servicio doméstico.
1.3.7.2. Respeto del derecho a emigrar y cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. No a la expulsión por estancia irregular.
1.3.7.3. Derogación de la actual Ley de Extranjería y pleno reconocimiento de los derechos humanos de la población inmigrante, facilitando el acceso a la nacionalidad española, que deberá reconocerse a toda persona nacida en el territorio del Estado Español.
1.3.7.4. Propiciar y promover el entendimiento de la importancia de la protección y fomento de la diversidad de las expresiones culturales mediante, entre otros medios, programas de educación y sensibilización.

1.3.8. Lucha contra el patriarcado y la violencia machista:
1.3.8.1. Establecer un protocolo de tratamiento mediático sobre la violencia machista, impidiendo el morbo y el sensacionalismo en su tratamiento.
1.3.8.2. Establecer mecanismos de control sobre la publicidad sexista, dado que una sociedad igualitaria no puede construirse sobre un modelo de publicidad en el que las mujeres sigan siendo tratadas como objetos sexuales.
1.3.8.3. Prohibir los anuncios de prostitución en medios televisivos y prensa escrita.
1.3.8.4. Potenciar la concienciación social sobre la lacra de la violencia patriarcal, buscando que todas las personas se hagan corresponsables de la existencia de la misma y actúen contra ella.


1.4. Salud pública:

Para un desarrollo sostenible basado en el trabajo es un factor esencial el cuidado de los seres humanos, y por ende unas condiciones saludables de vida y trabajo, debiendo hacerse mayor énfasis en la atención primaria y en la promoción de estilos de vida saludables, buscando la prevención de enfermedades y no únicamente su curación.

1.4.1. Universalidad de la sanidad pública:
La atención sanitaria debe estar al margen del mercado, y para ello debe garantizarse su gratuidad para todas las personas y la universalidad de su cobertura con titularidad y gestión pública y con independencia de la nacionalidad, prestada por una red de centros sanitarios de atención integral a la salud, de titularidad, gestión, prestación y provisión publicas en un único Sistema General de Salud, rescindiendo cualquier concierto o convenio con entidades privadas o mixtas de gestión, que convierten el derecho a la salud en un negocio privado, derogándose en consecuencia la Ley 15.97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión sanitaria. Deberán reincorarse al sistema público los servicios sanitarios privatizados, incluyendo los servicios auxiliares, las mutuas laborales y las contratas privadas, previa revisión de las mismas.

1.4.2. Salud laboral:
Hay que garantizar las condiciones de seguridad en el trabajo, y un ambiente laboral saludable tanto en los aspectos físicos como en los psicosociales, condición necesaria para un trabajo creativo y de calidad.

1.4.3. Tratamiento de las mujeres:
Las ramas sanitarias específicas de las mujeres están menos desarrolladas y por ello existe menos prevención y peor atención, generándose muertes innecesarias que derivan directamente de un modelo patriarcal que atiende de manera discriminatoria a hombres y mujeres. Frente a ello es necesario:
1.4.3.1. Mayor inversión y atención a las mujeres como pacientes.
1.4.3.2. Nueva ley del aborto que establezca un aborto libre y gratuito.

1.4.4. Vivienda digna:
La posibilidad de un descanso laboral, necesario para la salud y la calidad del trabajo, requiere de la disponibilidad de una vivienda digna. A tal efecto hay que garantizar:
1.4.4.1. Un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles acordes con los ingresos, incluyendo la intervención gestión y eventual expropiación pública de las viviendas que permanezcan deshabitadas durante un período de un año, facilitando el acceso de las personas retornadas de la emigración. Se desbloquearán las medidas que impiden a los municipios gravar la vivienda vacía, implementándose un recargo del IBI tanto sobre éstas como sobre las segundas residencias.
1.4.4.2. Limitación a un porcentaje del ingreso de la cuota hipotecaria cuando se trate de vivienda habitual; es decir, un programa de refinanciación automática.
1.4.4.3. La ejecución de una hipoteca cancelará la deuda, y en caso de tratarse del domicilio habitual se podrá seguir ocupando en régimen de alquiler a un precio asequible, previa intervención o expropiación en su caso.

1.4.5. Medio ambiente saludable:
Unas buenas condiciones de salud requieren también la salubridad del medio ambiente, en el marco de una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, no buscando el crecimiento sino la satisfacción de las necesidades, con una gestión eficaz, ahorradora, sostenible, pública y participativa de los recursos naturales, reduciendo su consumo y limitando drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero como el anhídrido carbónico para mitigar el cambio climático, además de prever la adaptación a los cambios que puedan producirse. Para ello es necesario:
1.4.5.1. Asegurar una gestión sostenible de la energía:
1.4.5.1.1. Medidas de ahorro y aumento de la eficiencia energética a través de la I+D+i en todos los ámbitos de la producción y de la vida social, considerando a las ciudades también como productoras de energía, cosa que permitirá reducir la importación de energía y aumentar su exportación, disminuyendo también los costes energéticos de las empresas, lo que favorecerá la exportación de sus productos y su inversión en contratación de fuerza de trabajo, asegurando la soberanía energética.
1.4.5.1.2. Creación de empresas públicas de producción de energía que permitan avanzar hacia el autoabastecimiento energético de las comunidades.
1.4.5.1.3. Investigación y potenciación del uso de energías renovables y lo más limpias posible a gran y pequeña escola, en fábricas y viviendas, y cierre progresivo de las centrales nucleares en un plazo de tiempo no superior al 2050, excluyendo prórrogas de su funcionamiento. Financiación de cursos de formación en energías renovables, fomentando el reciclaje laboral al respecto.
1.4.5.2. Asegurar una gestión sostenible del agua, en el marco de la Nueva Cultura del Agua:
1.4.5.2.1. Garantizar el acceso a un mínimo exento universal de agua, y a partir de ahí gravar de manera progresiva y atendiendo a la renta y número de miembros el sobreconsumo, recuperando los costes ambientales.
1.4.5.2.2. Planificación de la demanda priorizando el interés global.
1.4.5.2.3. Gestión de acuerdo con los principios de unidad de cuenca, garantizando el agua necesaria para la vida y la salud.
1.4.5.2.4. Implantación y ejecución de planes de gestión integral de recursos hídricos que contemplen la gestión conjunta del ciclo integral del agua, las medidas necesarias para las situaciones de escasez y sequía y la gestión del riesgo de posibles avenidas e inundaciones.
1.4.5.2.5. Impedir la ampliación de la superficie regable actual, y contemplar su reducción donde no sea sostenible.
1.4.5.2.6. Creación de consejos consultivos de la gestión del agua integrados en los órganos autonómicos para la gestión del agua con participación de entidades sociales y en especial de los sindicatos.
1.4.5.2.7. Elaborar y desarrollar un plan para el tratamiento y depuración de las aguas residuales y el control de la contaminación difusa agraria y ganadera.
1.4.5.2.8. Potenciar el consumo de agua de grifo adecuadamente potabilizada en vez de agua embotellada.
1.4.5.3. Reorientación de la construcción hacia la rehabilitación y la sostenibilidad:
1.4.5.3.1. Ocupando a muchas personas paradas procedentes de dicho sector, creando una empresa pública a tal efecto.
1.4.5.3.2. Impulsando la rehabilitación energética de edificios, reformando viviendas para asegurar su habitabilidad y mejorar su confort.
1.4.5.3.3. Dinamizando zonas residenciales ubicadas en la ciudad consolidada, permitiendo así a la juventud vivir en el barro donde crecieron, ahorrando en costes de urbanización, nuevos servicios y transporte y reduciendo así el impacto ambiental al mejorar la movilidad con desplazamientos más cortos, en una ciudad compacta con descentralización de servicios.
1.4.5.3.4. Evitando la parcelación de la ciudad en zonas de trabajo, ocio, servicios administrativos, etc., insertando actividades productivas que no comprometan el bienestar social o ambiental como forma de desarrollar tejido industrial blando, y con ocio de carácter público y con vocación ambiental.
1.4.5.3.5. Municipalizando el suelo urbano empezando por el generado por el planeamiento mediante reservas de terreno, sustituyendo la propiedad privada del mismo por un derecho de superficie transmisible bajo determinados supuestos.
1.4.5.4. Plan de transporte sostenible, promoviendo la máxima accesibilidad con la mínima movilidad:
1.4.5.4.1. Potenciación del transporte colectivo, especialmente el ferrocarril para distancias medias y largas, y del uso de la bicicleta y el desplazamiento a pie para distancias urbanas.
1.4.5.4.2. Estabilizar, y posteriormente disminuir, el volumen de tráfico motorizado actual. Restricción del uso de vehículos con motor de combustión, y potenciación de vehículos eléctricos. Se impulsarán únicamente las infraestructuras viarias que sean necesarias para la integración del territorio, estableciendo una moratoria en la creación de nuevas infraestructuras viarias de alta capacidad, y un sistema de peajes progresivos y discriminados en las mismas, a partir de un determinado quilometraje, vinculados a la renta, con exenciones por necesidades laborales justificadas y con tarifas que hagan asumir a la carretera todos los costes que genera.
1.4.5.4.3. Abaratamiento del transporte público y creación de modalidades de pago específicas para jóvenes, parados y pensionistas, así como para familias monoparentales con límite de renta.
1.4.5.5. Defensa de la biodiversidad y protección de los espacios naturales, y para ello:
1.4.5.5.1. Asegurar la defensa del medio rural:
1.4.5.5.1.1. Reforestación con especies autóctonas y prevención efectiva de los incendios forestales. Desarrollo de políticas de compra pública responsable de madera y suministro de papel y mobiliario de oficina o equipamiento procedente de madera certificada FSC con etiquetas ecológicas y de eficiencia energética.
1.4.5.5.1.2. Mejorar la participación social y sindical en la gestión de los parques naturales.
1.4.5.5.1.3. Incrementar las actuaciones de protección al medio ambiente rural contando con las guarderías fluviales y forestales.
1.4.5.5.1.4. Mejorar la participación institucional y social en los órganos previstos en la Ley: Consejo para el Medio Rural y Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
1.4.5.5.1.5. Incluir a los municipios rurales en zonas periurbanas como prioritarios para las actuaciones incluidas en la Ley. Proponer la limitación del tamaño de las ciudades y el uso de su entorno para producción de productos agrícolas.
1.4.5.5.1.6. Excluir de la declaración de interés general a los proyectos urbanísticos, turísticos y deportivos, para que no puedan eludir los procedimientos de autorización y evaluación preceptivos, congelando con carácter general todas las operaciones de recalificación y generación de nuevos suelos urbanos.
1.4.5.5.1.7. Desarrollo de la ley de protección animal, incluyendo la caza, espectáculos con animales, explotaciones ganaderas intensivas, industria peletera, compra-venta de animales exóticos y abandono de animales.
1.4.5.5.2. Apoyar la producción y comercialización de agricultura familiar y ecológica, promoviendo una Reforma Agraria integral y asegurando la soberanía alimentaria:
1.4.5.5.2.1. Aclarar la definición de profesional de la agricultura considerando la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
1.4.5.5.2.2. Apoyo a la creación de entidades y empresas que presten servicios de sustitución en las explotaciones agrarias.
1.4.5.5.2.3. Definir la forma jurídica de titularidad compartida a fin de hacer efectiva la igualdad  entre mujeres y hombres en el sector agrario.
1.4.5.5.2.4. Posibilitar que la figura del arrendamiento rústico pueda ser utilizada como una opción de custodia del territorio.
1.4.5.5.2.5. Promover el consumo de alimentos de proximidad.
1.4.5.5.2.6. Suministros para instalaciones y servicios públicos de productos de alimentación procedentes de agricultura ecológica y productores locales.
1.4.5.5.3. Por una España libre de transgénicos. Garantizar la segregación, trazabilidad y etiquetado de los cultivos transgénicos, aplicando el principio de precaución para prohibir cultivos que puedan suponer riesgos de contaminación o para la salud y asegurando la protección de los consumidores. En la medida en que la segregación sea inviable se prohibirán los transgénicos y su importación.
1.4.5.6. Asegurar una gestión pesquera sostenible.
1.4.5.7. Impulsar la reducción, reutilización y reciclaje de residuos:
1.4.5.7.1. Penalizando fiscalmente la incineración, los vertidos, el sobreenvasado y las bolsas de plástico de un sólo uso.
1.4.5.7.2. Con planes de minimización de residuos peligrosos y  no peligrosos con participación en su seguimiento de centros para la producción limpia.
1.4.5.7.3. Con el establecimiento obligatorio de la recogida selectiva de materia orgánica de los residuos municipales para su posterior compostaje de calidad o biometanización, fomentando asimismo el compostaje doméstico y comunitario.
1.4.5.7.4. Con criterios ambientales en la definición de las tasas de residuos, estableciéndolas en función de los residuos generados, especialmente para actividades comerciales e industriales y  garantizando la plena cobertura de costes de los servicios prestados a los sujetos pasivos de naturaleza no domiciliaria.
1.4.5.7.5. Evitando la contaminación lumínica, electromagnética, acústica, atmosférica, nuclear o química.
1.4.5.8. Evitar la difusión de sustancias tóxicas y contaminantes, y para ello:
1.4.5.8.1. Articular la sustitución de la producción y el uso de sustancias tóxicas, fomentando la investigación al respecto.
1.4.5.8.2. Garantizar la información, la prevención, el diagnóstico precoz y una adecuada atención sanitaria de las personas que pueden estar afectadas por sustancias tóxicas, tanto en el trabajo como fuera de él, con especial atención a mujeres y niños.
1.4.5.8.3. Evitar la compra de productos para limpieza o consumo humano que contengan sustancias tóxicas y particularmente disruptores endocrinos, cancerígenos y productos tóxicos para la reproducción.
1.4.5.8.4. Dotar de suficientes medios técnicos y humanos para el cumplimiento de la normativa y de los planes existentes, asegurando la coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones con competencias al respecto.

1.4.6. Asistencia social:
El cuidado de las personas, y particularmente ante situaciones de dependencia, debe ir destinado a la persona y no a la unidad familiar, y ser asumido como una responsabilidad pública colectiva, al margen del mercado, y no delegado al ámbito privado y familiar:
1.4.6.1. Las personas mayores deben disponer de residencias, centros de día y pisos tutelados públicos y asistencia domiciliaria, tanto en España, incluyendo a las personas retornadas de la emigración, como en otros países donde residan.
1.4.6.2. Debe garantizarse la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, tanto en España como en otros países de residencia, no limitándose a las personas ancianas sino incluyendo otros colectivos de personas dependientes como aquellas con patología mental y psicosocial. Además se debe sustituir el dinero en metálico a la familia por contrataciones laborales y ayudas para adaptaciones domiciliarias (eliminando el artículo 18 de la Ley).
1.4.6.3. Portal del Retorno con información actualizada en Internet, y Oficina del Retorno con ventanilla única para las gestiones administrativas en colaboración con las asociaciones de emigrantes y personas retornadas.
1.4.6.4. Reincorporación inmediata de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, la mal llamada ley de la dependencia, al sistema público de la Seguridad Social, y de los servicios sociosanitarios públicos, adecuando las plantillas a la nueva realidad, con una financiación suficiente. Reincorporación de las mutuas laborales al sistema público nacional de salud.

1.4.7. Mejora del gasto farmacéutico, potenciando la prescripción por genéricos o por principio activo y mejorando el perfil prioritario de prescripción, potenciando, a igual efectividad, las alternativas más económicas. Reimpulsar la industria farmacéutica estatal como sector estratégico para controlar el gasto farmacéutico. Ampliar la cobertura fisioterapéutica y osteopática. Integración de lo más válido de las llamadas “terapias alternativas” y otras formas de atención sanitaria (como la cobertura domiciliaria del parto en casa). Eliminación progresiva del enfoque exclusivamente sintomatológico de las consultas y de las facultades.

1.4.8. Potenciación de la Atención Primaria:
La atención sanitaria de proximidad deberá garantizar la accesibilidad, la longitudinalidad, su papel de puerta de entrada en el sistema sanitario, la continuidad y la integralidad en el proceso asistencial, el hábil manejo de la incertidumbre, la polivalencia de sus profesionales y la capacidad anticipatoria, asegurándose una dotación adecuada de medios materiales y humanos.

1.4.9. Mejorar la atención sociosanitaria de corta-media estancia:
 Frente al aumento de patologías crónicas vinculadas al envejecimiento de la población, la articulación de una estructura de atención de media estancia reducirá el gasto sanitario al reducir la media de frecuentación y de estancia en Hospitales y unidades de corta estancia y se incorporarían al sistema público toda una serie de disciplinas y de prestaciones que actualmente son ofertadas por centros privados o concertados.

1.4.10. Planificación de la carrera profesional sanitaria:
Se organizará la promoción por criterios objetivos en la sanidad pública, con plantillas estables adecuadas a las necesidades reales del sistema, convocándose concursos de acceso a plazas estables suficientes para conseguir que no haya carencias de atención sanitaria o listas de espera disuasorias, y garantizándose la transparencia y accesibilidad de las bolsas de trabajo, así como una formación reglada y continuada con libertad de itinerario y una evaluación periódica, potenciando la creatividad profesional y la máxima calidad del servicio público sanitario.

1.4.11. Planificación democrática de toda la actividad sanitaria:
1.4.11.1. Se desarrollarán las estructuras de participación para garantizar la democracia del  Sistema General de Salud, eligiendo a los responsables de sus servicios de la forma más participativa y horizontal posible, potenciando la participación directa de los profesionales y la ciudadanía en la toma de decisiones.
1.4.11.2. Se mejorará la cohesión del Servicio General de Salud mediante un Plan Integrado de Salud que establecerá sus objetivos comunes y determinará las necesidades de salud de las Comunidades Autónomas y los presupuestos necesarios para atenderlas.
1.4.11.3. Se creará una agencia de compras del sistema público de salud, para abaratar costes y unificar decisiones.

1.4.12. Educación en salud:
Se impartirá tanto en las aulas escolares como desde los barrios. Se fomentarán los hábitos de vida saludables, apoyando el deporte municipal, creando espacios de ocio libres de contaminación y se ampliarán las zonas verdes y de recreo.



2. Democratización financiera:

La democracia está secuestrada por lo que se llama "dictadura de los mercados" (realmente, del capital financiero internacional). Para construir democráticamente una alternativa es imprescindible rescatar la democracia, estableciendo un control democrático sobre las finanzas. Ello exige una serie de medidas articuladas para contrarrestar la previsible reacción del capital financiero.

2.1. Establecer una Banca Pública:

Sin una Banca Pública, la financiación de las medidas sociales y de las empresas, especialmente las cooperativas, está supeditada a la voluntad de la Banca Privada, que no se rige por el interés público, ni tan sólo por el interés de los ahorradores, sino por el interés del lucro de sus propietarios y ejecutivos. Habrá por lo tanto que reestructurar el sector financiero como paso previo a su nacionalización parcial, después de aflorar la deuda de los promoteres, su parte incobrable y las pérdidas por valoración excesiva de los inmuebles propiedad de las entidades financieras.

2.1.1. Creación de una Banca Pública Territorial minorista:
Reestructurando, reorganizando, desprivatizando y nacionalizando las Cajas conforme a la configuración del Estado Autonómico, con presencia en sus órganos de gestión de las Comunidades Autónomas y haciendo que la representación municipal y la de impositores sea la misma, garantizando la transparencia de dicha gestión. Dicha Banca Pública prestará a tipos de interés bajos y contribuirá al desarrollo económico y social sostenible de las Comunidades Autónomas.

2.1.2. Creación de una Banca Pública Especializada, que incluirá:
2.1.2.1. Un Banco de Crédito Industrial.
2.1.2.2. Un Banco de Crédito a la Construcción.
2.1.2.3. Un Banco de Crédito Local.

2.1.3. Utilizar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para ampliar el sector público bancario:
Cualquier inyección de dinero público en un Banco deberá hacerse a través de la participación en su capital y consecuentemente en su gestión, articulándose así en la Banca Pública de forma permanente. Además, las entidades privadas con participaciones minoritarias del Estado deben participar en las políticas generales del sector financiero público. Así, las líneas de crédito ICO se suscribirán por las entidades financieras al 100% del capital involucrado.

2.1.4. Nacionalización Bolsas y Mercados Españoles (BME), que actualmente es una sociedad privada, propiedad de los grandes bancos con una participación minoritaria del BCE, a través de la cual se controlan no sólo las Bolsas sino los mercados de futuros, de títulos de renta fija, etc.

2.1.5. Democratizar el Banco de España:
La gestión del Banco de España debe estar sometida a un control democrático que garantice que su función de regulación bancaria se realice en interés público combatiendo la especulación y fomentando un desarrollo sostenible. Las normas de la Unión Europea que se opongan a ello deben ser rechazadas.


2.2. Financiar el gasto público aumentando los impuestos a los ricos:

El incremento ilimitado de la deuda pública es incompatible con un desarrollo sostenible, y el recurso sistemático a las subastas de deuda pública lleva a someterse a los chantajes del capital financiero internacional, sangrando el erario público con intereses abusivos. La alternativa, dejando claro que el Estado no responderá ante el exterior por la deuda de los bancos españoles ni de las grandes empresas, es aumentar el cobro de impuestos a los que más tienen, sin descargarlos sobre la población con ingresos modestos, priorizando los impuestos directos de modo que cada cual aporte según sus posibilidades y reciba según sus necesidades.

2.2.1. Incrementar los tramos superiores del IRPF:
La tasa marginal superior (el porcentaje de gravación sobre el tramo superior de los ingresos) deberá ajustarse anualmente para cubrir el gasto público previsto, a fin de conseguir unos presupuestos equilibrados. Inicialmente se incrementaría el tipo máximo hasta el 50% para las rentas superiores a 500.000 euros al año.

2.2.2. Impedir la desfiscalización:
Recuperar el impuesto al patrimonio para aquellas personas cuyo patrimonio supera el millón de euros, evitar la desaparición del impuesto de sucesiones (especialmente para grandes fortunas), equiparar el impuesto de sociedades al promedio del IRPF y suprimir la diferenciación fiscal de las SICAV. Establecer cotas mínimas obligatorias para los distintos impuestos con independencia de que sean gestionados por la administración central o por administraciones periféricas.

2.2.3. Gravar las transacciones financieras:
Tomar la iniciativa de establecer una tasa de un 0'1% sobre las transacciones financieras a corto plazo, trabajando en las instituciones europeas e internacionales para su generalización.

2.2.4. Fiscalidad ecológica:
Introducción de medidas fiscales dirigidas a disuadir comportamientos y actividades dañosas para el medio ambiente y aumento de la capacidad normativa de los ayuntamientos para su introducción y aplicación.

2.2.5. Combatir la fuga de capitales, especialmente a paraísos fiscales:
Se considerará un delito fiscal, que podrá castigarse con medidas expropiatorias, cualquier movimiento de capital destinado a evitar la imposición fiscal, así como el abono en paraísos fiscales de servicios prestados dentro del territorio del Estado, al tiempo que se trabaja en las instituciones europeas e internacionales para la eliminación de los paraísos fiscales. Se prohibirá en cualquier caso sacar del país más del 40% de capital.

2.2.6. Reducir progresivamente el IVA:
En una primera fase se situaría en el 16%. Se incrementará el número de productos básicos que se beneficien de un IVA reducido (8%) y superreducido (4%).

2.2.7. Aplazamiento del pago de impuestos (excepto el IVA) a empresas con problemas económicos:
Ello se condicionaría al mantenimiento de puestos de trabajo, con control sindical, valorando la posibilidad de recompra estatal si se considera que desempeña una actividad socialmente útil.

2.2.8. Combatir el fraude fiscal:
Se incrementará la dotación de la Inspección Tributaria con el fin de combatir el fraude fiscal, especialmente del gran capital, endureciendo el código penal y haciendo aflorar la economía sumergida.

2.2.9. Limitación de intereses financieros:
A fin de evitar la especulación y la usura, se establecerá por ley una cota superior de los intereses a devengar por cualquier préstamo, el cual se aplicará también a los intereses de la deuda pública, eventualmente con carácter retroactivo. En particular, se declarará "deuda odiosa" la que resulte de la diferencia entre lo que cobra el Banco Central Europeo a los bancos y lo que estos cobran por la deuda. Se trabajará en las instituciones europeas e internacionales para la generalización de dicha cota.

2.2.10. Eventual emisión de bonos para pagos:
En caso de falta de liquidez a corto plazo por maniobras especulativas del capital financiero, a la espera de hacer efectivo el cobro de impuestos y para suplir la falta de capacidad para emitir moneda, podrán emitirse bonos públicos sin intereses o con intereses reducidos, con la garantía del Estado, para la realización de pagos por las administraciones públicas, los cuáles deberán a su vez ser admitidos para la realización de cualquier pago a cualquier administración pública. Recuperada la liquidez, dichos bonos serán canjeables por su valor nominal.


2.3. Recortar gastos improductivos:

Para conseguir presupuestos equilibrados y enjugar el déficit público es necesario recortar gastos improductivos, que no son precisamente los de educación y sanidad, esenciales para un desarrollo sostenible.

2.3.1. Recortar drásticamente el presupuesto de la Casa Real:
El presupuesto destinado a la Jefatura del Estado, con independencia de que sea Corona o Presidencia de la República, debe limitarse a proporcionar los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones, y un domicilio para su residencia y la de su familia nuclear, y gestionarse con total transparencia. En modo alguno debe atender a otras necesidades, como en particular a las de su familia extensa, o a la de hijos o hijas mayores de edad, que deberán atender por sí mismos a su subsistencia y vivienda en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.

2.3.2. Recortar drásticamente los presupuestos militares:
El objetivo a medio plazo debe ser la supresión de las Fuerzas Armadas y su reconversión en un servicio de protección civil para hacer frente a catástrofes. A corto plazo, deberán arbitrarse medidas para su reducción:
2.3.2.1. En tanto subsistan las Fuerzas Armadas, deben tener un carácter meramente defensivo, y por tanto no se les deben proporcionar medios para su desplazamiento fuera de las fronteras del Estado. Con carácter inmediato, deberá abandonarse la participación en las misiones en el extranjero como las de Afganistán y Libia.
2.3.2.2. El Estado Español debe salir de la OTAN, convocándose un referéndum para revocar el que autorizó la permanencia. Con carácter inmediato, deben cumplirse las condiciones del referéndum anterior, suspendiendo la participación en su estructura militar y la de tropas españolas en el extranjero en misiones de la OTAN.
2.3.2.3. La bases norteamericanas en España deben suprimirse. En ningún caso deberá aprobarse la prórroga del acuerdo para su utilización, y se negociará el fin anticipado de dicha utilización.
2.3.2.4. En tanto subsistan las Fuerzas Armadas, se atenderá únicamente a los gastos corrientes y de mantenimiento, suprimiéndose las inversiones en investigación militar o en nuevo armamento.

2.3.3. Suprimir la dotación presupuestaria para la Iglesia Católica y otras prácticas confesionales:
Ninguna religión debe estar subvencionada por el Estado, que tampoco debe cumplir funciones recaudatorias para el culto religioso. En la medida en que instituciones religiosas realicen funciones sociales, podrán concurrir a los correspondientes concursos de subvenciones finalistas en las mismas condiciones que el resto de ONGs. Igualmente, la Iglesia Católica dejaría de estar exenta de pagar impuestos. La derogación del Concordato conllevará la eliminación de las disposiciones contrarias a dichas medidas. Se recuperará el patrimonio expoliado y controlado por la Iglesia Católica, realizándose una gestión pública del mismo.

2.3.4. Establecimiento de una retribución pública máxima y reducción de gastos de cargos públicos:
Ningún cargo público podrá tener una retribución superior a la de la Presidencia del Gobierno. Ese mismo límite se aplicará en todas las empresas públicas o participadas por capital público. Asimismo:
2.3.4.1. El salario máximo de un parlamentario será de 4.000 euros, incluyendo todo tipo de complementos. Se publicarán todas sus dietas y complementos.
2.3.4.2. Se publicará el patrimonio declarado de todos los parlamentarios electos, tipificándose como delito la aportación de datos falsos al respecto.
2.3.4.3. Se reducirá la flota de coches oficiales, quedando limitada para casos muy concretos y plenamente justificados.
2.3.4.4. Se establecerá un tope de gasto en las comidas y cenas de cualquier cargo público. Todo lo que supere dicha cantidad deberá ser aportado por el cargo público.
2.3.4.5. Se eliminará la pensión vitalicia de los cargos políticos, y se incluirán dentro del Régimen General de la Seguridad Social.

2.3.5. Mantenimiento íntegro de las aportaciones a la Seguridad Social:
En ningún caso el coste del fomento de la contratación deberá recaer sobre la Tesorería de la Seguridad Social


2.4. Desarrollo de un sector público productivo:

Deberán reservarse al sector público las actividades de carácter estratégico, que condicionan el funcionamiento general de las empresas y la vida ciudadana, evitando así que éstas puedan ser rehenes de intereses privados.

2.4.1. Desprivatizar los sectores estratégicos previamente privatizados:
Además de la Banca Pública y las Telecomunicaciones, ello incluirá el sector energético, el agua, los transportes e industrias básicas.

2.4.2. Utilizar el sector público como instrumento regulador de la economía:
La política de precios en el sector público productivo jugará una función anticíclica y de estabilización económica. De ese modo, en caso de depresión o recesión económica las empresas públicas podrán ser subvencionadas para jugar un papel de estímulo económico con precios bajos. Por el contrario, en situaciones expansivas los beneficios obtenidos de las empresas públicas se destinarán a la subvención de servicios públicos o, en su caso, a la constitución de un fondo de reserva para prevenir situaciones recesivas.


2.5. Por una Unión Europea social y democrática:

La integración monetaria en la Unión Europea supone un fuerte condicionamiento para las políticas financieras en el ámbito del Estado, que es necesario abordar para recuperar la soberanía financiera de los poderes públicos.

2.5.1. Modificación del Estatuto, objetivos y control del Banco Central Europeo:
Las políticas neoliberales insertadas en los tratados de la Unión Europea, desde el Tratado de Maastricht hasta el de Lisboa, sacralizando el mercado y estableciendo una unión monetaria junto a la libre circulación de capitales, sin una correlativa unión social y política, desarman a los poderes públicos frente al capital financiero, y están en el origen de las repercusiones en cascada de la crisis. Para evitarlo es imprescindible reformar los tratados, desconstitucionalizando el neoliberalismo y sometiendo a un control democrático el Banco Central Europeo, que debe asumir funciones orientadas a impulsar un desarrollo sostenible europeo global, sin supeditar su actuación al control de la inflación y actuando como una Banca Pública Europea para la financiación directa de las instituciones públicas al servicio de los pueblos de Europa y no del capital financiero internacional. A tal efecto, se pondrá en marcha un sistema de eurobonos para la financiación de los Estados miembros y de la propia Unión, y se reconvertirá parte de la deuda pública en eurobonos que queden fuera del mercado y cuyo tipo de interés se fije sobre la base de la sostenibilidad para el país deudor.

2.5.2. Desarrollo de un presupuesto europeo:
Ello permitirá la coordinación de políticas que tenga en cuenta los desequilibrios internos de la Unión Europea y obligue a los países con superávit a soportar los costes de los déficits en el marco de una solidaridad fiscal. Ello requiere:
2.5.2.1. Unificación fiscal y laboral: La heterogeneidad de sistemas fiscales y de derechos laborales es una base para el "dumping" fiscal y laboral, incitando al desplazamiento de los capitales a los países como menor imposición fiscal y derechos laborales. Es necesario avanzar en la unificación fiscal y laboral, estableciendo cotas inferiores para los impuestos de sociedades, a los beneficios y a las transacciones financieras a corto plazo, así como un salario mínimo europeo y una jornada laboral europea máxima de 35 horas semanales.
2.5.2.2. Puesta en marcha de un Fondo Europeo para el Desarrollo Social como alternativa al Fondo de Estabilización Financiera Europea.

2.5.3. Democratización de los procesos de formulación de las políticas económicas europeas, con el protagonismo del Parlamento Europeo y los parlamentos de los estados miembros por encima de la Comisión y los gobiernos.

2.5.4. Insumisión frente a la dictadura neoliberal:
No deben aceptarse normas restrictivas de las políticas sociales y de control democrático del capital financiero. Al tiempo que se trabaja por la democratización de la Unión Europea frente a las imposiciones neoliberales, la aceptación de las decisiones de política social y económica democráticamente adoptadas en el ámbito del Estado Español condicionará la permanencia en la Unión Europea.



3. Democratización republicana:

Un desarrollo sostenible basado en el trabajo y la recuperación de la soberanía financiera se insertan en un proceso de desarrollo democrático que debe conducir a la superación de las limitaciones democráticas del actual sistema monárquico español, desde la elección de la Jefatura del Estado hasta el control democrático de los cargos públicos, pasando por el control democrático de la economía y las finanzas: la República es una concepción de Estado caracterizada por unos determinados principios, valores, contenidos, funcionamiento institucional y vinculación a la realidad social de la cual emana como representación libremente consentida, situando en el centro el respeto por la vida de las personas y del planeta.

3.1. Cancelar el franquismo:

Los condicionamientos de la herencia franquista, en ausencia de una ruptura democrática, son una losa que pesa sobre el proyecto democrático de España desde la transición. Para desplegar una democracia real es necesario superar dichos condicionamientos.

3.1.1. Anular las sentencias franquistas:
Hay que reformar la Ley de la Memoria Histórica declarando la nulidad de las sentencias represivas emanadas de un régimen carente de legitimidad para emitirlas. Se asegurará la atención a los familiares de víctimas represaliadas por el franquismo, garantizando sus derechos de forma igualitaria de acuerdo con la normativa internacional.

3.1.2. Juzgar los crímenes franquistas contra la humanidad:
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben de acuerdo con los tratados internacionales refrendados por la Constitución de 1978, y no pueden ser exculpados por la Ley de Amnistía. Para su persecución se creará una Fiscalía especializada, así como se asegurará la actuación forense en las tareas de localización, indagación y exhumación de restos y fosas comunes, que deberán ser asumidas por las Administraciones Públicas.

3.1.3. Eliminación de los residuos franquistas en la vía pública:
Creación de un catálogo de monumentos franquistas y establecimiento de un plan de eliminación de los mismos que obligue a realizarlo en las distintas administraciones, y de la elaboración de un nomenclator de calles con denominación franquista y su sustitución por denominaciones democráticas. Reconversión del Valle de los Caídos en un Centro de Interpretación de la represión de la dictadura franquista y traslado de los restos mortales de Franco y Primo de Rivera al lugar dónde propongan sus familiares.

3.1.4. Recuperación de la memoria democrática:
Establecimiento de directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimientos relacionados con la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista, fomentando y dotando presupuestariamente las labores académicas y científicas destinadas a la investigación de los crímenes del franquismo, así como a la restauración y divulgación de la memoria de la lucha antifranquista, creando a tal efecto un Instituto de la Memoria Histórica. Devolver el patrimonio expoliado o manipulado durante el franquismo.


3.2. Proceso constituyente desde la soberanía popular:

La apertura de un proceso constituyente se fundamenta en la preeminencia de la voluntad popular, que debe pasar por encima de requisitos preestablecidos cuando se exprese mayoritariamente de forma democrática. Como primer paso, se trata de impulsar un debate sin límites previos sobre la estructura y funcionamiento del Estado, que cimente el respeto a la capacidad de decidir por el conjunto de la población. Dicho proceso constituyente deberá garantizar todos los derechos humanos para todas las personas, y en él plantearemos la abolición de la Monarquía y del Senado, propugnando una República Federal Solidaria. En esa dirección, en los municipios donde tengamos representación institucional promoveremos las acciones pertinentes para la adhesión de los municipios a la Red de Municipios por la Tercera República, además de impulsar la presentación en los ayuntamientos de mociones a favor de un Proceso Constituyente por la Tercera República.


3.3. Reforma del sistema electoral reforzando la proporcionalidad:

Los sistemas electorales mayoritarios llevan a situaciones de rigidez política en la que las mayorías se autoperpetúan o se constriñen a una alternancia bipartidista, favoreciendo el desinterés por la política. Por el contrario, los sistemas electorales proporcionales favorecen la flexibilidad y el debate político, dando la posibilidad de que las minorías y las nuevas ideas se expresen y debatan en el ámbito público. En el caso de España, la combinación de la regla d'Hondt con pequeñas circunscripciones provinciales cercena la proporcionalidad, para cuya plena expresión deberían ser sustituidos por sistemas que expresen mejor la proporcionalidad (como el de resto mayor o el de Saint Lagué) en circunscripciones más amplias, como las actuales Comunidades Autónomas.


3.4. Libertad:

El derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la confidencialidad, junto a las libertades de reunión, expresión y asociación, deben ser defendidos y garantizados a todas las personas, con independencia de su nacionalidad, frente a las amenazas contra las mismas en el marco de la llamada "guerra contra el terrorismo", que no es sino la estrategia de construcción de un nuevo enemigo funcional al despliegue imperial tras la “caída” del enemigo rojo.


3.5. Federalidad:

El principio de federalidad debe recorrer toda la estructura del Estado, de modo que cada competencia sea ejercida en el ámbito más próximo posible a la ciudadanía, asegurando al mismo tiempo ámbitos de decisión conjunta para los asuntos comunes, de forma articulada y cooperativa. La federalidad que defendemos se basa en la libre unión de los pueblos sobre la base de su autogobierno y del reconocimiento de su derecho de autodeterminación, llevaría a una mejor coordinación entre las diferentes comunidades federadas, evitando la competencia desleal entre ellas, y recorrería todos los organismos del Estado:

3.5.1. Modelo Federal de Policía:
La organización de la seguridad deberá corresponderse con el modelo de Estado, con una policía estructurada federalmente en los distintos niveles de organización del Estado, con una homologación retributiva, laboral y disciplinaria, con un sistema de información articulado y unificado, coordinada por un Consejo de Política de Seguridad, que incluirá a los miembros de los Gobiernos Federal y Comunitarios con competencias en seguridad, y por las correspondientes Juntas Comunitarias y Locales, y formada por:
3.5.1.1. Cuerpo Federal de Policía de carácter civil, resultado de la unificación de una Guardia Civil desmilitarizada, del actual Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, con una Academia Federal de Policía para el acceso a la misma y la promoción desde los demás cuerpos policiales, con Comisarías en todas las ciudades con más de 20000 habitantes y competencias en vigilancia de costas y fronteras, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, control de armas y explosivos, centralización y distribución de la información, investigación y coordinación de delitos que superen el ámbito territorial de las Comunidades, relaciones internacionales e inmigración.
3.5.1.2. Cuerpos Comunitarios de Policía, que recogerían los excedentes de dicha unificación, con plenas competencias sobre seguridad, tráfico, protección y medio ambiente, con Centros Operativos y Unidades de Intervención en las distintas unidades territoriales de la Comunidad y Comisarías en los principales núcleos poblacionales, y con Escuelas Comunitarias de Policía que impartirían una formación común con la Academia Federal y otra específica acorde con las necesidades de la Comunidad y facilitarían la promoción dentro de la misma. La unidades Antidisturbios se disolverán y serán sustituidas por unidades de Defensa de las Libertades con un entrenamiento especial en métodos de Acción No Violenta.
3.5.1.3. Policías Locales, integradas en el correspondiente Cuerpo Comunitario de Policía pero con dependencia funcional de los Ayuntamientos y plena competencia en prevención para la seguridad ciudadana en el ámbito local.
3.5.1.4. Las Unidades de Policía Judicial, dependientes de Jueces y Tribunales, y que incluirían la vigilancia aduanera, se formarían con miembros de los Cuerpos Federal y Comunitarios con una formación específica.

3.5.2. Modelo Federal de Judicatura:
Combinando la proximidad para una justicia efectiva y rápida con la homogeneidad en la garantía de los derechos humanos en todo el territorio del Estado.

3.5.3. Modelo Federal de Tributación:
El cobro de los impuestos sería gestionado por Agencias Tributarias de cada Comunidad, federadas en una Agencia Tributaria Federal que aseguraría la unificación de las bases de datos tributarias en todo el territorio del Estado. Además, se incidirá en la transparencia de las cuentas y los presupuestos,  aumentando el reparto de la financiación fiscal con mayor porcentaje para comunidades federadas y municipios.

3.5.4. Modelo Federal de Radio y Televisión Pública:
Ampliación de tiempos de la emisión territorializados de RTVE, potenciándola en dotación de medios y gestión. Los Consejos Asesores de RTVE serán considerados, por parte de la Corporación pública, como interlocutores directos de cara a la labor de asesoría e impulso del servicio público de ratio y televisión estatal en el ámbito de la correspondiente Comunidad Autónoma.


3.6. Solidaridad:

3.6.1. Garantía constitucional efectiva de los derechos económicos y sociales:
Posibilidad de exigir jurídicamente el cumplimiento de los contenidos de los derechos económicos y sociales recogidos en la Declaración Universal de la ONU de 1948.

3.6.2. El sistema de financiación pública debe basarse en que cada cual aporte según su renta y reciba según sus necesidades, con independencia del territorio en que resida, incluyendo el personal del servicio exterior y las personas emigradas, realizando convenios con los Estados de residencia para evitar la doble imposición fiscal.

3.6.3. Las políticas de cooperación internacional deben primar la solidaridad en atención a las necesidades de las poblaciones sobre las comerciales o financieras, suspendiendo la venta de armas y municiones a otros países, con una vigilancia especial en caso de países con conflictos, reforzando el servicio exterior de Oficinas Consulares y Consejerías de Educación, Trabajo y Cultura.

3.6.4. Acogida de inmigrantes:
3.6.4.1. El derecho de asilo debe tratarse como un derecho humano fundamental, garantizando su tramitación y la acogida e información a los solicitantes.
3.6.4.2. Acogida, tutela y posterior inserción social y laboral de los menores extranjeros en desamparo.
3.6.4.3. Impulso de convenios de doble nacionalidad real y simultánea, y derecho a la nacionalidad española de quienes nacieran de madre española antes de diciembre de 1978.


3.7. Igualdad:

3.7.1. Todas las lenguas y culturas tendrán el mismo estatus dentro del Estado, sin que pueda privilegiarse a una de ellas respecto de las demás, y fomentándose su conocimiento recíproco y entre la población emigrante, promoviendo clases y Aulas de Lengua y Cultura en el extranjero, abiertas a personas emigrantes adultas y a niños no españoles, especialmente latinoamericanos, con el apoyo de medios telemáticos.

3.7.2. Reconocimiento del derecho de sufragio –activo y pasivo- a los nacionales de países no comunitarios con permanencia legal de al menos dos años o que dispongan ya de permiso de residencia de larga duración, así como a las personas emigrantes también en elecciones municipales sin necesidad de solicitud previa, creándose circunscripciones de representación directa de emigrantes en los órganos legislativos.

3.7.3. Protección contra la discriminación, el maltrato y la violencia de género:
3.7.3.1. Prestando especial atención a las mujeres en situación más vulnerable, como las inmigrantes.
3.7.3.2. Aumentando las dotaciones presupuestarias para la lucha contra la violencia de género, asegurando la existencia de plazas en centros de acogida para todas las mujeres que sufran violencia machista, así como plazas para las hijas y los hijos de las víctimas.
3.7.3.3. Desarrollando medidas efectivas para la erradicación de la trata, el abuso sexual y la prostitución, con medidas penales para los prostituidores y medidas de reinserción social y laboral para las personas prostituidas.
3.7.3.4. Obligando a los condenados por violencia machista a asistir a cursos de reinserción social para evitar la reproducción de patrones de conducta machista tras su paso por la cárcel.

3.7.4. Reconocimiento equitativo de los períodos trabajados en cualquier país o en el servicio militar a efectos del cálculo de las pensiones, promoviento convenios al respecto.
 

3.8. Democracia participativa:

La democracia incluye la elección periódica de los cargos públicos, pero no puede limitarse a ella, sino que debe incluir procedimientos para la participación cotidiana de la ciudadanía en la gestión de los asuntos colectivos.

3.8.1. Referéndums vinculantes:
Se reconocerá el derecho a la convocatoria de referéndums por iniciativa popular o de las instituciones públicas, y el carácter vinculante de sus resultados siempre que se cumplan determinados requisitos de participación. Se facilitarán las tramitaciones de las ILP reduciendo el número de firmas necesarias para sacarlas adelante.

3.8.2. Revocabilidad:
Todos los cargos públicos deben ser responsables ante su electorado, teniendo responsabilidad penal por sus acciones en el gobierno, cosa que deberá aplicarse en particular a quienes nos han llevado a la crisis, y estando sometidos a un mandato imperativo para el cumplimiento de su programa electoral, pudiendo ser revocados en caso contrario. A tal efecto, un referéndum revocatorio podría anular el resultado de las elecciones en una circunscripción, procediéndose a la repetición de las mismas con el correspondiente sistema proporcional. Las elecciones serán por listas electorales, siendo destituida y sustituida toda persona que abandone la formación política por la que fue elegida, a fin de combatir el transfuguismo.

3.8.3. Presupuestos participativos:
Se fomentará la realización en diferentes ámbitos de presupuestos participativos, de forma que la elección entre distintas opciones de inversión pueda ser decidida mediante mecanismos de participación popular de base asamblearia o referendaria. Desarrollo de escuelas de formación política para la ciudadanía que incluirá la elaboración de presupuestos participativos.

3.8.4. Asociacionismo:
Se potenciará el asociacionismo, tanto de personas nativas como inmigrantes o emigrantes, como instrumento de participación en la gestión de los asuntos públicos y vía de interlocución con las instituciones y resto de organizaciones, con un sistema transparente, objetivo y ágil de subvenciones. Las representantes de las Asociaciones de españoles en el exterior deben formar parte del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y constituir los Consejos de Residentes Españoles a menos que éstos sean elegidos por sufragio universal con poder de decisión.

3.8.5. Desarrollo del voto electrónico:
Además de facilitar la participación electoral desde el extranjero, es un instrumento que puede facilitar la participación popular en la toma de decisiones y el control de los representantes elegidos.

3.8.6. Control social del medio ambiente:
Asegurar el cumplimiento de la Ley con órganos de participación con capacidad para paralizar obras o acciones antiambientales, incluir temas en el orden del día e intervención en los plenos municipales, solicitar estudios de impacto ambiental sobre proyectos, acceso a toda la información ambiental en posesión de las instituciones, y participación en los consejos de administración de las empresas públicas que gestionen recursos naturales o residuos.

3.8.7. Democracia laboral:
La democracia no debe estar excluida del ámbito del trabajo, que afecta a una parte importante de la vida cotidiana. Además, la participación de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones productivas es una necesidad para un desarrollo sostenible basado en la creatividad del trabajo. Dicha participación se podrá dar de forma plena en el caso del trabajo asociado, y de forma amplia en las empresas públicas, pero deberán articularse formas de dicha participación en todas las empresas. En particular, se garantizará un acceso transparente a las cuentas de la empresa por parte de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.



Epílogo:

Un desarrollo sostenible basado en el trabajo, la soberanía popular sobre la economía y la democracia participativa federal y republicana son componentes esenciales para una orientación socialista, en un proceso democrático de transición al comunismo.