Frente a la globalización neoliberal, y su plasmación en tratados internacionales como el TTIP, el TPP y el CETA se alzan voces desde la izquierda consecuente y desde la extrema derecha neofascista. De hecho, la victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos parece haber herido de muerte tanto el transpacífico TPP como el transatlántico TTIP. En estas condiciones, es importante delimitar nuestras posiciones frente a la globalización neoliberal, muy alejadas de las neofascistas.

Ya en el siglo XIX, y en el texto del mismo "Manifiesto Comunista", Marx y Engels daban la bienvenida a la libre circulación internacional de mercancías que derribava los muros del antiguo régimen feudal. Y la defensa de la libre circulación de personas ha sido siempre una seña de identidad de los internacionalistas. Pero en el último cuarto del siglo XX, el neoliberalismo, en el marco de una hegemonía del capital financiero, pone en primer plano la libre circulación de capital, que ha sido una seña de identidad de la Unión Europea y ha conducido al desarrollo de los paraísos fiscales y a la deslocalización industrial a países con mano de obra barata y menor protección del medio ambiente. Y de hecho, los tratados internacionales que propugnaban, bajo la bandera falaz del "libre comercio", lo que pretendían era maniatar la acción democrática en los Estados frente a las multinacionales, anulando así su soberanía. Y tras el fracaso del AMI y del ALCA, ahora atacan con una nueva oleada de tratados en esa línea (TISA, TTIP, TPP, CETA...).

Frente a ello, la izquierda consecuente podemos coincidir con la extrema derecha neofascista en la oposición a la libre circulación del capital y los tratados que la consagran. Pero discrepamos radicalmente de su oposición a la libre circulación de las personas frente a la emigración de quienes huyen de la guerra o la miseria. Y debemos matizar nuestra posición en relación a la libre circulación de mercancías.

En ese sentido, no podemos apoyar el proteccionismo chauvinista de quienes pretenden contraponer a los trabajadores del propio país con los de otros países como competidores en la producción y venta de mercancías, pretendiendo levantar aranceles que en la práctica lo que "protegen" son los beneficios de los capitalistas autóctonos, aunque la restricción o encarecimiento de bienes importados lo que haga sea dificultar el acceso a los mismos de los miembros de la clase trabajadora con menores ingresos del propio país.

Debemos, sin embargo, enfrentar el problema real de la sustitución de bienes producidos en el propio país por bienes importados cuyo bajo precio deriva de la fuerte explotación de quienes los producen o de la falta de respeto al medio ambiente en sus países de origen. Frente a ello, hemos de potenciar el consumo de proximidad que minimiza el despilfarro en el transporte desde países lejanos con la consiguiente contaminación ambiental.

Pero la manera de hacerlo no es mediante aranceles que dejan intocadas las condiciones de explotación y contaminación en los países de origen de los productos. La respuesta debe ser más contundente y apuntar al meollo de la cuestión: prohibir la importación por empresas que no respetan los derechos laborales o el medio ambiente. Dicha prohibición, lejos de tener un carácter chauvinista, sería una muestra de solidaridad con el pueblo trabajador de los países de origen: del mismo modo que los sindicatos se formaron para evitar la "competencia" entre los trabajadores de un país frente a los patronos, se trata de generalizar esa dinámica a nivel internacional, desarrollando la solidaridad internacional entre los trabajadores y trabajadoras frente a un capital internacionalizado, y especialmente las multinacionales.

A tal efecto, para que una empresa reciba permiso para importar sus condiciones de producción deberían estar certificadas por organismos de la ONU o por sindicatos u ONGs acreditados. Y ante una denuncia creíble de falsedad en la certificación deberían actuar los Tribunales de Justicia suspendiendo cautelarmente el permiso para importar mientras se investiga la denuncia.

Ese enfoque lo que hace es invertir la orientación de los tratados internacionales neoliberales, que en la prestación de servicios, que no se pueden "deslocalizar", pretenden que se apliquen las normas laborales del país de origen de la empresa, como se establecía en la directiva Bolkestein. Se trata, por el contrario, de aplicar las normas laborales o medioambientles del país de destino, protegiendo así a unos y otros trabajadores.

Dicha actuación debería realizarse aunque fuera de forma unilateral, aunque naturalmente su eficacia aumentaría si se hiciera de forma coordinada entre distintos países.

Ciertamente, esa política es opuesta a la actual política de la Unión Europea, que pretende evitar cualquier limitación a la circulación de bienes a través de sus fronteras interiores. Pero del mismo modo que el Tratado de Schengen establece la libre circulación de personas dentro su ámbito a cambio de unificar los controles a ella en sus límites exteriores, la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea sólo tendría sentido si se unifican también los controles en sus límites exteriores en la línea antes indicada. Sin ello, habría que rebelarse contra las normas de la Unión Europea como un primer paso que puede conducir a la salida de la misma no en defensa de un nacionalismo chauvinista, sino de un internacionalismo solidario.