LA
REFORMA DE LA LEY DE UNIVERSIDADES:
OTRA
OPORTUNIDAD PERDIDA
Ciertamente,
en el caso de la reforma de la LOU, sin la presión clerical en
la calle, el gobierno no ha hecho las concesiones contra la educación
pública y laica que hiciera en la LOE. Pero una reforma
progresista en pro de una Universidad pública de calidad,
democrática, crítica y socialmente comprometida, queda
pendiente para mejor ocasión, a la espera de una mayoría
de izquierdas capaz de impulsarla.
Así,
la reforma de la LOU suprime determinadas agresiones contra la
autonomía universitaria, devolviendo al Consejo de Gobierno
funciones que el PP había asignado a unos Consejos Sociales
controlados desde el poder político. Pero mantiene el elitismo
en la representación del profesorado, con la exigencia de que
la mayoría del Claustro sean "funcionarios doctores de
los cuerpos docentes universitarios", sin garantizar ningún
mínimo de representación para el resto del profesorado,
estudiantado y personal de administración y servicios,
manteniendo así la discriminación de estos sectores
impuesta por el PP y que nos retrotraía a prácticas del
franquismo, con el propósito aparente de primar a los sectores
supuestamente más conservadores.
Aquello
no le salió bien al PP, dado que la mayoría de los
antiguos PNNs (profesores no numerarios) que lucharon contra el
franquismo ya eran funcionarios doctores, y en muchos casos han
continuado proporcionando mayorías progresistas en Claustros y
elecciones a Rector. El PSOE parece encontrarse cómodo en esta
situación, aunque suponga la marginación de los nuevos
contratados. Y en vez de garantizar una representación
adecuada del estudiantado en Claustros y órganos de gobierno,
pretende imponer la creación de un Consejo cupular de
estudiantes contra la opinión de la mayoría de sus
organizaciones.
Asimismo
la reforma de la LOU, al tratar de forma equivalente becas, ayudas y
créditos para el alumnado, no garantiza un sistema de
becas-salario, ni el carácter complementario y público
de unos créditos que tampoco vincula a la renta ni en su
concesión ni en su devolución. Ello cuestiona que se
pueda hacer realidad el principio de que "nadie quede
excluido del estudio en la Universidad por razones económicas".
Por
otra parte, aunque se suprime alguna traba aberrante para la carrera
docente (como la que exigía una desvinculación durante
2 años de la Universidad donde el profesor se formaba), añade
una nueva al impedir a los Doctores el acceso a plazas de Ayudante, y
continúa planteándola como una carrera de obstáculos,
exigiendo acreditación externa incluso para el paso de
Ayudante a la categoría de Ayudante Doctor, una vez obtenido
este título.
Tampoco prevé una solución definitiva para la estabilidad del antiguo profesorado LRU, y aunque sustituye la restrictiva habilitación por un sistema más racional de acreditación basado en méritos para el acceso al funcionariado docente, renuncia a una transformación a fondo de su estructura: elimina únicamente el cuerpo docente de no doctores (TEUs), que queda a extinguir con merma de sus derechos, pero mantiene separados los obsoletos cuerpos de Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad, con las mismas funciones académicas, en vez de configurar un Cuerpo Único de profesorado universitario doctor, con promoción interna basada en méritos.
Finalmente,
no se garantiza una financiación suficiente que pueda hacer
realidad la convergencia en un Espacio Europeo de Educación
Superior que esté efectivamente centrado en la renovación
pedagógica y no en la subordinación a los intereses del
mercado, reduciendo aquélla a una declaración de
intenciones basada en el voluntarismo del profesorado. Y en vez de
garantizar el carácter público de los resultados de la
investigación financiada con fondos públicos, se
introduce una ominosa cláusula para facilitar al profesorado
su incorporación a empresas para explotar dichos resultados,
abriendo así una nueva vía de privatización.
En
definitiva, aunque esta reforma de la LOU represente un pequeño
retoque respecto al grave retroceso que impuso el PP, de no
corregirse en lo que resta del trámite parlamentario, supone
una nueva frustración y resulta claramente insuficiente para
avanzar con decisión hacia la Universidad pública que
necesitamos en el siglo XXI, por la cual habrá que seguir
luchando desde las aulas y desde las instituciones.
Rafael
Pla. Profesor de la Universidad de Valencia. |