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Joaquín Urías: “Ens trobem davant una crisi del sistema que té molt a veure amb la irresponsabilitat del poder judicial”

  • 20 julio de 2018

El profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Pablo Urías ha participado esta mañana en el curso “¿Una democracia sin derechos?Desmantelando el Estado contitucional” de la Universitat d’Estiu de Gandia.

Urías ha planteado como el pacto constitucional del 78 se está rompiendo debido a que el poder público español está adoptando medidas que recortan los derechos fundamentales como en ningún período de nuestra época constitucional. En este sentido ha planteado tres ejemplos concretos. El primero: la reducción del voto rogado. Los requisitos de los españoles para votar en el extranjero se han endurecido tanto que se ha pasado de una participación del 30% a una del 4%. El segundo recorte importante ha sido la ley mordaza aprobada en el 2015 que introduce sanciones administrativas para controlar cosas que antes estaban permitidas como el consumo de drogas o la participación en manifestaciones. En este caso, Urías planteaba un ejemplo claro: “se considera que en España llegan al día 58 multas por faltas de respeto a la policía, se pone una sanción cada veinte minutos. Una situación que lleva a los ciudadanos a dejar de participar en manifestaciones porqué están más indefensos ante la policía”. Y el tercer caso afecta a la libertad de expresión: “publicaciones que en los años 70 se podían hacer ahora pueden ser sancionadas. Un claro caso es el que ha afectado al cantante de la Polla Records multado por canciones que hace veinte años que cantan”

Todo ello hace considerar al profesor Joaquín Urías que “esta nueva legislación, propiciada para parar movimientos como el del 15M nos hace situarnos en un momento de restricción de derechos fundamentales: hoy en día podemos ejercer menos derechos fundamentales que hace veinte años. Además, nos encontramos ante una crisis del sistema que tiene mucho que ver con la irresponsabilidad de parte del poder judicial. El poder judicial no está preparado para ser un poder político”.

Respecto a la situación catalana, el profesor Urías considera que ante una situación de emergencia el Estado siempre actúa recortando derechos. “La respuesta del gobierno español ante la situación catalana ha sido una respuesta judicial para evitar el diálogo. Son respuestas políticas vestidas de forma judicial”.  Hablando del futuro, Uría tiene la impresión que se les acabará condenando lo que dificultar mucho más una solución: “Cualquier solución debería pasar por retirar el delito de rebelión, con el que no están de acuerdo la mayoría de juristas, y si hay una condena suave por malversación o desobediencia es lo que permitiría abrir un proceso de pacificación de Cataluña pero si hay una condena fuerte enquistará el problema”.