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Ricardo Juan-Sánchez
Profesor Titular de Derecho Procesal
Con bastante probabilidad en la próxima propuesta de una nueva ley procesal penal se argüirá el alto número de asuntos a tratar por los tribunales penales como justificación de más de una de las líneas rectoras de esa nueva ley. Si en tal caso las cifras que se manejan son las que ofrece el CGPJ a través de sus informes anuales “La Justicia dato a dato”, es también muy probable que esas decisiones descansen sobre consideraciones numéricas erróneas.
Ni el monto total de las cifras de litigiosidad penal que manejan dichos informes está ajustado a la realidad, ni tampoco lo están algunas consideraciones parciales de las mismas. En el presente artículo, a partir de los datos que obran en PC-AXIS, formulamos un análisis empírico destinado a corroborar dicha impresión, así como a ofrecer cifras más ajustadas a la realidad de nuestros tribunales penales de primera instancia. Esas cifras ponen de manifiesto que no existe una tasa de litigiosidad penal alta, pero sí una notable desorganización procesal y administrativa de los juzgados que tienen que afrontarla.
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