17 de octubre de 2019

Título: La responsabilidad penal de las personas jurídicas como uno de los instrumentos para combatir el crimen organizado.

Autor: Nino Giovanny Drouet Campo

Los avances tecnológicos han traído grandes beneficios para la sociedad, pero a su vez ha dado lugar al surgimiento de nuevas formas criminales, las mismas que se caracterizan por ser estructuras complejas, jerárquicas, trasnacionales y de participación grupal. Criminalidad que el derecho penal por haber sido pensado en el sujeto individual, no puede combatir con sus armas tradicionales a tal punto que se dice que el derecho penal vive actualmente un momento de crisis. Es por esto que la comunidad internacional y la doctrina antes estos nuevos retos, ha buscado dar varias soluciones sobre esta problemática, siendo una de ellas la de proponer que las legislaciones de los países responsabilicen a las personas jurídicas, ya sea de forma civil, administrativa o penal. En cuanto a las dos primeras formas de responsabilidades no ha existido resistencia en su aplicación; pero entorno a la penal, es donde se ha presentado una resistencia férrea por parte de un sector de la doctrina que fieles al principio romano societas delinquere non potest, sostienen que las personas jurídicas no pueden ser sancionadas penalmente, criterio que gracias a nuevas propuestas doctrinales, poco a poco ha ido perdiendo fuerza, a tal punto que muchos de los países que sus inicios no aceptaban la responsabilidad penal de la personas jurídica, actualmente la admiten.

Por otra parte debido a que la criminalidad organizada, tiene como principal finalidad la de obtener recursos económicos, se ve obligada a buscar formas para poder gozar de ellos, y, es así que ha visto en las personas jurídicas, por la importancia económica que tiene dentro de los países, un socio indispensable para convertir sus dineros ilícitos en lícitos; es por esto que el derecho penal ha tenido que actualizarse e implementar como mecanismo de lucha contra esta macrocriminalidad un instrumento moderno que es el de responsabilizar penalmente a la persona jurídica.

A pesar de la importancia que reviste actualmente este tema, porque mediante la responsabilidad penal de la persona jurídica se puede neutralizar al crimen organizado estrangulando el elemento económico que es tan poderoso como el brazo armado, la regulación de la responsabilidad penal de los entes colectivos, no se lo hace de manera relacionado a la delincuencia organizado sino que se los estudia y regula de forma independiente, lo cual provoca que esta nueva herramienta pierda eficacia a tal punto que algunos países no tenga ninguna aplicación práctica dentro de la política criminal.

A partir de lo antes expresado, esta tesis se trazó como objetivo estudiar si la responsabilidad penal de las personas jurídicas tal como se lo regula actualmente puede ser utilizada como uno de los instrumentos para combatir el crimen organizado.

Al terminar este trabo investigativo se llegó a varias conclusiones siendo las principales:

El Responsabilizar penalmente a las personas jurídicas es una tendencia que poco a poco se ha ido imponiendo en muchos países del sistema jurídico continental que antes eran reacios a su implementación.

El sancionar penalmente a las personas jurídicas es una necesidad de política criminal de la era posindustrial.

La regulación actual y la mayor parte de la doctrina tratan la responsabilidad penal de las personas jurídicas de forma aislada a la criminalidad organizada, lo cual ha provocado que existan vacíos legales que dejan sin sanción ciertas acciones ilícitas ejecutadas por las personas jurídicas relacionadas a la delincuencia organizada.

Debido a que la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en las legislaciones, responden a diversos objetivos, su utilización como instrumento de combate contra la criminalidad organizada tiene en ciertos países muy poca utilidad y en otros no se la utiliza.

El empleo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un instrumento clave para combatir el crimen organizado, puesto que se ataca el motivo principal para la cual se constituye esta clase de organización que es el factor económico, sin el cual no existen armas, compra conciencia, adquisición de cuotas de poder en las instituciones del Estado, entre otras cosas; en otra palabras se acaba con esta criminalidad.

En tal virtud si queremos que este nuevo instrumento no tradicional del derecho penal cumpla con su función de combatir el crimen organizado, requerimos que su regulación y estudio se lo haga de forma relacionada entre sí, a tal punto que se debe pensar en reconstruir un concepto de crimen organizado que incluya a la persona jurídica, así como tipificar ciertas acciones en las que participan dichos entes en contubernio con organizaciones criminales, actos que quedan impunes por ausencia de ley, todo lo cual lejos de debilitar el accionar de la delincuencia organizada las fortalece.