Las universidades y Escola Valenciana alertan del riesgo de segregación y desigualdades con el nuevo modelo de lengua en los colegios

El acto, celebrado en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, ha reunido a representantes del mundo de la política y la sociedad con vinculación con la comunidad educativa comprometidos con una educación que respete nuestra lengua y cultura.

Según el informe, elaborado por la profesora de la Universitat de València Alícia Martí y el profesor de la Universidad de Alicante Jordi Antolí, y que se puede descargar a través de la web de Escola Valenciana, los efectos de la Ley 1/2024 “son claramente perjudiciales para la enseñanza del valenciano, especialmente en las zonas de predominio castellano, con más exenciones del valenciano, un retroceso en el tiempo de exposición a la lengua y una afectación de la cohesión social”.

Según las principales conclusiones, la configuración de unidades docentes por razón de la lengua base -tal como establece el nuevo sistema- puede generar dinámicas de segregación entre el alumnado y poner en riesgo la cohesión territorial. El informe advierte que la estructura de grupos separados por lengua, en lugar de asegurar la convivencia de modelos y la igualdad de oportunidades, puede tender a concentrar perfiles sociales y lingüísticos en aulas diferentes, con el efecto colateral de una escuela menos integradora.

El informe, además, aporta evidencias que apuntan a que la Ley 1/2024 genera desigualdad entre territorios y centros educativos. Según los datos, “la comunidad educativa ha demostrado sobradamente su capacidad para gestionar la actividad docente y adaptar los recursos al contexto sociolingüístico de cada centro”. Por ello, consideran “inadmisible”cualquier intromisión administrativa que limite esta autonomía y denuncian que la consulta sobre la lengua base “fue una medida populista, innecesaria e ideológicamente sesgada que ha obstaculizado desproporcionadamente la organización de los centros educativos”.

Así, el informe recuerda que la consolidación de las competencias lingüísticas depende de variables como la continuidad de uso vehicular, la formación y estabilidad del profesorado, el proyecto lingüístico de centro y el contexto sociolingüístico, factores que quedan debilitados si el modelo se fragmenta en función de una consulta puntual.

Las entidades reclaman un plan estratégico para reforzar el valenciano en las comarcas de predominio castellano y evitar la disgregación idiomática. Según el análisis, la aplicación de la ley ha discriminado a las familias de zonas de Predominio Lingüístico Castellano que habían solicitado enseñanza en valenciano.

A pesar de las dificultades impuestas por la ley, el informe también revela síntomas de esperanza. Familias de ciudades medianas y grandes como Vila-real, Gandia, Alcoi, Torrent y Sagunt han exigido públicamente una educación en valenciano, con una demanda creciente de centros que ofrecen enseñanza en nuestra lengua. En este sentido, destacan el fuerte atractivo social que mantiene el valenciano. “Más de la mitad de las familias que participaron en la consulta impulsada por la Administración eligieron el valenciano como lengua base para sus hijos e hijas”. Este dato, apuntan, desmiente el tópico de un supuesto rechazo social y refuerza la idea de que la comunidad educativa está dispuesta a apostar por modelos que aseguran un aprendizaje efectivo y equitativo de las dos lenguas oficiales.

En este sentido, desde Escola Valenciana, instan a la Conselleria de Educación a parar esta ofensiva contra la lengua y adoptar un plan estratégico para garantizar la enseñanza en valenciano en todas las comarcas, incluyendo los centros privados-concertados, que hasta ahora han sido refractarios a ofrecer líneas en valenciano.