CRUE insta a desbloquear el programa Goyri, clave en la captación de talento y en el relevo generacional del sistema universitario español
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), muestra en un comunicado su “gran preocupación por la incertidumbre innecesariamente generada en torno a la implantación” del programa Goyri, que permitirá incorporar 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor al sistema universitario español y es clave para el relevo generacional y la captación de talento. CRUE insta al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas a buscar una solución urgente que permita la puesta en marcha del programa en 2026.
31 de julio de 2026
CRUE, formada en la actualidad por 77 universidades españolas (50 públicas y 27 privadas) explica que de las plazas previstas en el programa Goyri, 3.400 son financiadas por el Gobierno y el resto, más de 2.200 plazas, serán sufragadas por las comunidades autónomas.
“Los convenios marco del Programa María Goyri fueron aprobados por el Gobierno y por las comunidades autónomas, así como por el Consejo de Ministros, que autorizó la transferencia de 149,6 millones de euros al año, a las comunidades para financiar los salarios de estas plazas. Sin embargo, dicha transferencia ha quedado en el aire, tras suspenderse la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria del 29 de julio. A esa sesión, en la que estaba previsto cerrar el reparto de la financiación para 2026, no se presentaron once comunidades, lo que impidió ratificar la medida con el cuórum necesario”, explica CRUE.
Además, la entidad explica que la no implantación de este programa “tiene un impacto muy negativo en las universidades españolas. No solo se pone en riesgo la financiación de los salarios de una parte de los docentes contratados con el programa María Goyri, sino que se compromete la estabilidad de una institución clave para el conjunto del país”.
El programa Goyri es una iniciativa pionera que permite establecer una estrategia a medio plazo y es un elemento clave para poder avanzar en el mandato de la suficiencia financiera establecido por la LOSU, que exige destinar al sistema universitario público, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030.