El manifiesto es una declaración de intenciones que se centra en siete puntos. El primero hace referencia a que para operar con garantías es necesario un lenguaje unívoco entre los sectores técnico-lógico, jurídico, de gestión y producción. El segundo recoge que el sector público tiene que compartir, interna y externamente, sus experiencias de uso de la Inteligencia Artificial para cumplir con la ley y para el avance colaborativo. El tercero, que hay que conocer el uso de la inteligencia artificial en las fases previas o de asistencia a las decisiones humanas, para evitar la fuga del Derecho. En cuarto lugar, se indica que el nivel y tipo de garantías exigibles son variables. En todo caso, hay que seguir el modelo de ética y privacidad proactiva en el diseño marcado en la Unión Europea para consensuar un catálogo de estándares para la inteligencia artificial pública. El quinto apunta que la inteligencia artificial obliga a un rediseño interno e inteligente de las Administraciones, que tienen que incorporar talento técnico e itinerarios formativos. En sexto lugar, la declaración indica que resulta imprescindible reforzar la claridad y seguridad jurídicas y la interoperabilidad y buena gobernanza de los datos que ‘alimentan’ la inteligencia artificial pública. Y finalmente, el último punto recoge que la Red DAIA apuesta y se abre a la transversalidad de conocimientos y habilidades en los ámbitos de la Inteligencia Artificial y el Derecho.

La firma se ha producido en el marco del II Congreso de la Red DAIA (Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial) sobre inteligencia artificial en el sector público, celebrado en Valencia el 10 y 11 de octubre. Esta era la segunda reunión de la red después de su creación en abril de este año cuando varios grupos de investigación decidieron la creación de DAIA para promover y compartir el conocimiento sobre el uso e impacto de la inteligencia artificial en el sector y en el derecho público y generar debates y discusión entre la comunidad científica y técnica.