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Contra la delincuencia cultural

La obra, prologada por José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Deporte, y por Tomás Vives Antón, es fruto de dos proyectos de investigación titulados ‘Protección penal de la naturaleza y los bienes culturales’, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, codirigido por la profesora Guisasola y la catedrática de derecho penal de la UJI, M. Luisa Cuerda Anau y ‘La reforma de los delitos del título XVI del Código Penal: cuestiones prácticas’, financiado por la Generalitat Valenciana, dirigido por esta última.

A lo largo de los últimos años en las sociedades contemporáneas se está acentuado la expansión transnacional de nuevas formas de delincuencia contra los bienes culturales. Por ello, esta obra cuenta con la visión de expertos que conocen este campo desde la perspectiva criminológica, jurídica, arqueológica o policial.

El estudio se articula en tres vertientes (penal, criminológica e internacional) que pretenden ofrecer una visión global del rasgo distintivo de esta dinámica delictiva en la actualidad, su carácter trasnacional. 

El análisis penal se centra en las figuras del expolio, el tráfico ilícito de los bienes culturales y sus vínculos con el blanqueo de capitales. A lo largo de las páginas que componen la obra se analizan dichos delitos, a la vista de las problemáticas puestas de manifiesto por los operadores jurídicos y policiales desde una perspectiva práctica, para concluir si son necesarios o no nuevos tipos penales y que aspectos de los delitos sobre el patrimonio histórico están presentando disfunciones.

De esa manera se ofrece una revisión de conjunto de la regulación penal, formulando propuestas de reforma y actualización, a la luz de las iniciativas internacionales dirigidas a armonizar las legislaciones nacionales, y en particular del Convenio del Consejo de Europa sobre las Infracciones relativas a los Bienes Culturales (Nicosia, 2017). Pese a estar pendiente de firma por España, su importancia radica en que  está completamente orientado a asegurar la aplicabilidad de las disposiciones incriminadoras nacionales, contemplando un amplio abanico de conductas típicas, con el objeto de colmar lagunas de los distintos regímenes jurídicos de los países firmantes.