DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 1/96
Texto íntegro de la nueva Directiva de Defensa Nacional 1/96, sancionada el pasado 20 de diciembre por el presidente del Gobierno, José María Aznar, y cuyo contenido conoció la Junta de Defensa Nacional en su reunión del 14 de enero, celebrada bajo la presidencia de Su Majestad el Rey y con la presencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
1. Preámbulo
La política de defensa desarrollada durante los últimos años se ha fundamentado en la Directiva de Defensa Nacional 1/92, de 27 de marzo. Los acontecimientos sucedidos desde entonces, tanto a nivel nacional como internacional, aconsejan una nueva definición de objetivos y la aprobación de directrices para su consecución.
La situación política y estratégica europea ha entrado en una era de mayor seguridad. La aplicación del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa y la adopción de medidas de transparencia y de fomento de confianza y seguridad han transformado profundamente el escenario internacional, han favorecido el establecimiento de unas nuevas relaciones -basadas ahora en el diálogo y la cooperación entre los antiguos adversarios- y han hecho desaparecer la amenaza de un ataque masivo y potencialmente inmediato.
Este nuevo clima de distensión no ha podido evitar, sin embargo, la aparición de conflictos de limitada entidad pero de notable repercusión internacional, ni el riesgo de proliferación de armas nucleares, biológicas o químicas y de sus medios de lanzamiento. Tampoco ha conseguido eliminar las amenazas potenciales contra los intereses estratégicos de las naciones.
Para hacer frente a estas nuevas realidades estratégicas, la Alianza Atlántica ha desarrollado una nueva concepción de su seguridad y defensa que compatibiliza las iniciativas de cooperación y acercamiento a los antiguos adversarios con el mantenimiento de una adecuada capacidad militar. Además, la Alianza se halla inmersa en un profundo proceso de transformación de sus estructuras y de ampliación a las nuevas democracias del Centro y Este de Europa, proceso en el que España participa decidida y activamente.
A partir del convencimiento de que nuestra seguridad se halla indisolublemente vinculada a la de los países vecinos, a la de aquellos que comparten un mismo modelo de sociedad y a la de aquellos otros situados en áreas de nuestro interés estratégico, España se encuentra plenamente comprometida en la consecución de un orden internacional más estable y seguro, basado en la convivencia pacífica, en la defensa de la democracia y de los derechos humanos y en el respeto a las normas del derecho internacional. Este compromiso se hace evidente con nuestra presencia y decidida participación en operaciones de paz.
En España, como en el resto de las naciones aliadas, estas realidades tienen una incidencia directa en la modernización y mejora de las Fuerzas Armadas, que si bien en el futuro podrán ser más reducidas en sus efectivos, habrán de compensar su menor dimensión con una mejor preparación y una mayor operatividad. En este sentido, la plena profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas constituye un instrumento para incrementar el grado de disponibilidad operativa y la eficacia de las unidades militares.
Por último, el proceso de modernización y mejora de las estructuras nacionales de defensa y de potenciación de las Fuerzas Armadas requiere, como uno de sus elementos más significativos, que la sociedad española comprenda, apoye y se sienta comprometida con la consecución de los objetivos buscados. En este sentido, será preciso afianzar la sintonía entre la sociedad y sus Ejércitos sobre la base de un mejor conocimiento de la realidad militar y de las necesidades y responsabilidades de España en cuanto afecta a su seguridad.
Este objetivo lleva implícita la necesidad de hacer que la sociedad española perciba claramente que la protección de su libertad, independencia y prosperidad, la defensa de sus valores, forma de vida, derechos e intereses, así como la salvaguarda de la soberanía, de la integridad territorial y del ordenamiento constitucional demandan una adecuada política de defensa que permita hacer de nuestras Fuerzas Armadas un instrumento eficaz de disuasión, prevención y respuesta.
En consecuencia, la sociedad, como parte de su contribución a la tarea común de la defensa, y consciente de las carencias actuales derivadas de las insuficientes dotaciones presupuestarias de los últimos años, dedicará recursos en una cuantía suficiente para la consecución de unas Fuerzas Armadas acordes con el papel que a España le corresponde ejercer.
2. Objetivos de la política de defensa
La finalidad de la política de defensa es dotar a España de un eficaz instrumento de disuasión, prevención y respuesta para garantizar de modo permanente su soberanía e independencia, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, así como proteger la vida, la paz, la libertad y la prosperidad de los españoles y los intereses estratégicos nacionales allí donde se encuentren.
El inicio de una nueva etapa política, con nuevos criterios orientadores de la política de defensa; los cambios en la situación internacional, ahora más consolidados y con tendencias de futuro mejor perfiladas; y la próxima culminación de los procesos de adaptación de la Alianza Atlántica a las nuevas realidades estratégicas, aconsejan, para alcanzar y asegurar el mantenimiento de la adecuada capacidad defensiva, orientar nuestra política de defensa hacia tres objetivos básicos de actuación:
1) Consolidar la presencia de España en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, asumiendo plenamente las responsabilidades y compromisos derivados de su participación en ellas.
2) Mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas españolas para que estén plenamente capacitadas para llevar a cabo las misiones que tienen constitucionalmente encomendadas, para contribuir, en la medida de las posibilidades nacionales, a la seguridad y defensa colectiva con los aliados y para colaborar al mantenimiento de la paz y estabilidad internacionales, particularmente en nuestro entorno geográfico y cultural.
3) Conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe con mayor intensidad en la tarea de mantener un dispositivo de defensa adaptado a las necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos españoles.
3. Directrices para el desarrollo de la política de defensa
1) Consolidar la participación de España en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa
a) La contribución a la defensa colectiva en el seno de la Alianza Atlántica incluirá la participación plena en sus órganos de decisión, será equilibrada con la de los demás aliados en los estados mayores de la estructura de mandos y proporcional a las posibilidades nacionales en las estructuras de fuerzas.
Dicha participación no obligará a España más allá de los compromisos asumidos por nuestro país como consecuencia de su adhesión al Tratado de Washington y se materializará en los términos contenidos en la Resolución aprobada, por amplia mayoría, por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 14 de noviembre de 1996.
b) Se contribuirá a la definición de una política de defensa en el seno de la Unión Europea compatible con la Alianza Atlántica, y se participará activamente en el desarrollo de la UEO, incrementando sus capacidades política y operativa.
c) España, de acuerdo con sus posibilidades e intereses, apoyará y participará en las iniciativas conducentes al mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales, promovidas y auspiciadas por las Naciones Unidas, y proseguirá la participación en la OSCE, particularmente en sus iniciativas de prevención de crisis, desarme y control de armamentos.
d) Se impulsarán las relaciones bilaterales y multilaterales en materia de defensa con los países del Norte de África, para contribuir al mantenimiento de la estabilidad en la región mediterránea, así como con los países iberoamericanos y las demás naciones con las que mantenemos vínculos históricos.
e) Se cooperará activamente en la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus medios de proyección y se mantendrá la condición de no nuclear de España, así como el apoyo al desarme nuclear total.
f) Se complementará el Sistema Nacional de Conducción de Crisis de forma que sus procedimientos sean compatibles con los de nuestros aliados.
2) Mejorar la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas
Durante el ciclo de planeamiento de la Defensa Militar que ahora se inicia se definirá la estructura y composición de los tres Ejércitos, adecuándolos a la nueva realidad estratégica, a los compromisos internacionales en materia de defensa y a los nuevos riesgos, de forma que resulte un conjunto de fuerzas equilibrado. En función de ello:
a) Se potenciará la estructura de Mando Operativo, desarrollando su organización y las funciones y responsabilidades que correspondan al jefe del Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos.
b) Se determinarán las plantillas de personal de cada uno de los Ejércitos y del conjunto de las Fuerzas Armadas y se definirá una nueva política de personal adecuada a las nuevas necesidades. En particular, se revisará el Régimen del Personal Militar Profesional y se establecerá un nuevo modelo de incorporación de tropa y marinería a los Ejércitos.
c) Se desarrollará un programa específico de profesionalización gradual de los efectivos de tropa y marinería y otro paralelo para la reducción de los efectivos de reemplazo. A la vez, se promoverán medidas para incentivar la realización del Servicio Militar Obligatorio durante la etapa de transición que se prolongará a lo largo de los próximos seis años, hasta su completa desaparición.
d) Se revisarán los programas de obtención y modernización de los sistemas de armas en función de las necesidades operativas, y se establecerá el orden por el que deba acometerse cada uno de ellos.
e) Se alcanzará un punto de equilibrio entre inversión y sostenimiento, acentuando la atención en los sistemas existentes para mantener la adecuada capacidad de combate.
f) Se potenciarán los sistemas conjuntos, en particular la capacidad de vigilancia estratégica, los sistemas de comunicaciones y la logística de transporte.
g) Se impulsará la adecuación de la estructura logística de acuerdo con criterios de interoperabilidad de sistemas, métodos y procedimientos, de agrupamiento de servicios comunes y de supresión de duplicidades.
3) Conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de Defensa
a) Se promoverá, a través del sistema educativo general, un conocimiento suficiente de la organización y política de la defensa, y de la función de los Ejércitos, para así fomentar el compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra seguridad y defensa.
b) Se potenciará la estructura de defensa civil para que se haga posible la aportación, en caso de extraordinaria necesidad, de recursos humanos y materiales no propiamente militares a la defensa nacional. El planeamiento civil de emergencia se realizará coordinadamente con el de nuestros aliados.
c) Se regulará por Ley la contribución de los españoles y la utilización de recursos materiales necesarios para completar la reserva movilizable y, en su caso, para la generación de fuerzas adicionales.
4. Recursos presupuestarios
Se promoverá una nueva Ley de Dotaciones Presupuestarias para la modernización de las Fuerzas Armadas. Esta Ley se asentará sobre bases realistas para hacer posible la profesionalización gradual de los efectivos de tropa y marinería, así como para adecuar el armamento, material, equipo e infraestructuras a las necesidades descritas.
5. Disposiciones finales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/84, de 5 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 6/80, y en el artículo 13 de esta última, se faculta al Ministro de Defensa para elaborar unas normas que desarrollen esta Directiva y a coordinar la ejecución de la política de defensa de los demás departamentos ministeriales.
Madrid, 20 de diciembre de 1996
Fdo.: José María Aznar
[Tomado de la Revista Española de Defensa, febrero de 1997]