Nueva ley sobre insumisión.
Nueva ley sobre insumisión.Este año será el último. A partir del año que viene, la Lista de Presos por la Paz no contará con esos cientos de nombres españoles que, desde 1989, venían a recordarnos a los insumisos en prisión. De acuerdo con el nuevo Código Penal aprobado el 8 de Noviembre, nadie será encarcelado en el Estado Español por insumisión desde el próximo mes de Mayo.
Parece como si las miles de denuncias, declaraciones internacionales de protesta y cartas llegadas de todas partes del mundo, hubieran producido una especie de -efecto Mandela- en relación con la insumisión, ante el que el Gobierno no ha tenido otro remedio que ceder.
Pero nada más lejos de la realidad. En vez de ir a la cárcel, los insumisos serán castigados con la -inhabilitación-, durante un tiempo que puede ir de 8 a 14 años. Aparentemente, la situación mejora. Sin embargo, los propios interesados no dudan en calificar la nueva legislación como la más represiva desde la Dictadura. Las razones son básicamente dos.
Por un lado, la dureza de la pena en sí: la inhabilitación significa, para empezar, que no tienes derecho a recibir ninguna ayuda proveniente de los fondos públicos que el Estado detrae de l@s ciudadan@s. Y justo durante el período de tu vida en que más lo necesitas, bien para estudiar, o para proyectos de cooperación, acceso a la vivienda, para montar tu propia empresa, o para sobrevivir en el paro. Pero además, no podrás trabajar en ningún empleo relacionado con la enseñanza, la salud, el trabajo social, los transportes, la investigación, etc. que tenga relación alguna con la Administración. Ciertamente, ante este panorama, cualquier insumiso preferiría una pena de cárcel que en la práctica actual puede variar en extensión, según cómo la aplique el juez, y que puede ser cumplida en régimen abierto si así lo quieres.
Pero los costes personales de la represión, con ser importantes, no son sin embargo la única razón a considerar. Más relevante es, a juicio de los insumisos, las posibilidades de utilización política del hecho de la represión que una y otra pena permiten. Para comprenderlo, conviene partir de las conclusiones alcanzadas durante la Trienal de Brazil de la IRG en el Grupo de Trabajo sobre Objeción de Conciencia: nuestra lucha no debe ir únicamente enfocada a hacer desaparecer la represión contra los resistentes a la guerra, sino, sobre todo, a conseguir que su gesto tenga relevancia política de cara a la desmilitarización social.
Esa es la razón por la que los objetores optaron por la insumisión en el Estado Español. Naturalmente, esto llevaba aparejada la represión. Y ellos lo sabían. Pero era prescisamente eso lo que pretendían: provocar una intervención penal que sabían carecería del apoyo popular necesario. Con ello estaban seguros de que cualquier intento de represión generaría tal escándalo social que, por un lado, dicha represión sería muy difícilmente practicable y, por otro, se conseguiría el efecto más importante, o sea la deslegitimación de la represión contra los objetores, que llevaría inevitablemente consigo la deslegitimación de la norme que se desobedecía.
Resulta imprescindible entender esta utilización estratégica que históricamente se ha hecho de la represión por parte de los objetores insumisos, para comprender tanto su comportamiento como las razones que han llevado al Gobierno al cambio de la ley. Si los insumisos pretendían que en los juicios se sentara en el banquillo al militarismo, en la línea de las defensas políticas clásicas, lo primero que hizo el Gobierno fue pasar la competencia de los juzgados militares a los civiles. ?Sensibilidad democrática? Simple conveniencia política de que la imagen del ejército no se viera más erosionada por tener que juzgar a pacifistas en Consejos de Guerra.
Si los insumisos consiguieron tejer toda una red de solidaridad en la sociedad, que ha contribuído a disminuir notablemente la dureza de la cárcel, el Gobierno intenta ahora que sea la propia sociedad, identificada con el Estado, la que dé la espalda a los desobedientes civiles, impidiéndoles trabajar y negándoles cualquier tipo de ayuda: "Si Vd. no colabora con el Estado, no puede esperar que la sociedad colabore con Vd."
Si los insumisos, en suma, han conseguido popularizar la imagen del resistente a la guerra preso como símbolo de la lucha por la paz, el Gobierno necesitaba idear una forma de represión que, siendo efectiva por disuasoria, no fuera visible ni tuviera el efecto simbólico y emocional de la cárcel.
Esta es la situación a la que se enfrenta el Movimiento por la Paz en el Estado Español. Se están barajando nuevas líneas de trabajo, como objetar una vez incorporado al servicio militar, lo que supondría pena de cárcel y jurisdicción militar. Por otro lado, la mayoría de los sindicatos de la Administración Pública ya han manifestado su disposición a ayudar para disminuir en lo posible la dureza de la inhabilitación. Y nada indica que la duración de la inhabilitación no vaya a continuar siendo variable dependiendo del juzgado, lo cual ha de restar legitimidad y seriedad a la represion.
Por lo tanto, paradógicamente, no hay por qué felicitarse de la libe-ración de los insumisos presos. Y sí, en cambio, de que la razón que ha llevado al Estado al cambio legislativo no haya sido otra que la capacidad demostrada por la insumisión para utilizar la represión en favor de nuestros objetivos de desmilitarización social. Las formas de la represión habrán cambiado. Pero no el objetivo que tod@s seguimos compartiendo.
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