Pues bien: en fecha relativamente reciente el problema del concepto de persona se resolvió por el Tribunal Constitucional en relación con la biotecnología.

La Sentencia 212/1996, de 29 de diciembre (B.O.E. de 22 de enero de 1997) se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley 42/1968, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos.
En su Fundamento Jurídico 4, lo resuelve, como no podía ser de otro modo, a partir de la doctrina sentada en la Sentencia 53/1985, sobre la Ley que despenalizó, en algunos supuestos, el aborto consentido. En esta primera Sentencia se había afirmado que el feto no es aún, en sentido jurídico, persona. Esta afirmación -y quiero subrayarlo, porque en otros puntos el Tribunal estuvo profundamente dividido- no fue puesta expresamente en tela de juicio por ninguno de los doce Magistrados que integraban entonces el Pleno. Difícilmente podían haber sucedido las cosas de otro modo. Pues, si el Derecho habla exclusivamente desde la perspectiva de la convivencia social, resulta muy difícil decir, jurídicamente hablando, que antes del nacimiento pueda haber persona. Y otra cosa es que, desde la perspectiva de la moralidad individual, pueda proyectarse el reconocimiento como persona (y yo creo que así debe hacerse; pero, esa es una cuestión que no deseo abordar) a momentos muy anteriores.
 

Y eso no significa -el Tribunal Constitucional se cuidó de aclararlo en 1985 y lo repitió en 1996- que la vida anterior al nacimiento carezca de significación jurídica. Los fetos y embriones no son, jurídicamente hablando, personas; pero son bienes jurídicos cuya protección se halla anclada al artículo 15 de la Constitución Española, aunque este precepto, al otorgar un derecho constitucional, esto es, y valga la redundancia, un derecho jurídico, se halle referido directamente sólo a las personas.

Sobre esa doctrina, ya bien conocida, el Tribunal, en 1996, añade una precisión, a saber: hasta dónde llega esa especie de proyección de la tutela jurídica de la persona que es la calificación de bien jurídico constitucional atribuida a fetos y embriones. La mayoría se expresó en los términos que a continuación transcribo: "La regulación que en la Ley se contiene de la donación y utilización de embriones y fetos humanos parte de un presupuesto fundamental, implícito pero no por ello menos constante, cual es el carácter, cuando menos, no viable de dichos embriones y fetos humanos. <<Viable>> es adjetivo cuya significado el diccionario describe como <<capaz de vivir>>. Aplicado a un embrión o feto humano, su caracterización como <<no viable>> hace referencia concretamente a su incapacidad para desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano, a una <<persona>> en el fundamental sentido del art.. 10.1 C.E. Son, así, por definición, embriones o fetos humanos abortados en el sentido más profundo de la expresión, es decir, frustrados ya en lo que concierne a aquella dimensión que hace de los mismos <<un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto>> (el art.. 15 C.E.)".

Con esas palabras -a las que nada añado porque nada puedo añadir- termino. Creo que están llenas de consecuencias para la biotecnología, por más que no agoten en absoluto lo que desde la perspectiva global de la ética puede decirse.