El operativo consiste en una serie de disposiciones policiales y judiciales dirigidas contra los ciudadanos de origen colombiano y ecuatoriano. Estas disposiciones abarcan desde la identificación criminal de cualquier ciudadano de estos países que sea considerado como "sospechoso", hasta la aplicación estricta de artículos de la Ley de Extranjería que hoy por hoy están recurridos ante el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos humanos fundamentales.

Con este operativo, los responsables policiales y políticos están lanzando una imagen negativa y criminalizadora de las personas inmigrantes, convirtiéndolas en sospechosas solamente por el hecho de tener unos determinados rasgos físicos y proceder de un país en concreto, lo que constituye un claro caso de racismo. Se está estigmatizando y prejuiciando así a determinados colectivos, en un paso más de la política actual del Gobierno español de criminalizar a la inmigración, con la consiguiente injusticia y riesgos sociales que esto comporta. 

Se vulnera claramente uno de los derechos humanos fundamentales, cual es la "presunción de inocencia", a la vez que se sienta un peligroso precedente de actuación racista y xenófoba desde el poder que fomenta peligrosamente actitudes similares entre la población.

Por el momento, este tipo de hostigamiento está dirigido contra colombianos y ecuatorianos, aunque nada hace pensar que dicha práctica no se haga extensible en el futuro a cualquier persona o colectivo "diferente" o "problemático".

La sensación de temor que desencadena este tipo de operativos entre los inmigrantes, siembra entre ellos el miedo y la desconfianza, perjudicando seriamente cualquier esfuerzo de integración social. Lo que no ayuda a solucionar los numerosos temas pendientes sobre la inmigración que deben afrontarse desde políticas responsables, decididas e imaginativas.

Las implicaciones y consecuencias, presentes y futuras, de políticas como esta, amenazan seriamente la convivencia ciudadana y erosionan valores como la justicia, las libertades civiles y la igualdad de oportunidades.

Dada la gravedad de la situación y reclamando el respeto y la dignidad para las personas y sus derechos humanos fundamentales,

DEMANDAMOS:

• La retirada inmediata del conjunto de directrices policiales y judiciales conocido como Operación LUDECO.
• La intervención inmediata del Síndic de Greuges y del resto de instituciones públicas catalanas competentes en defensa de los colectivos afectados.
• La presentación pública de todas las explicaciones y excusas pertinentes en relación al caso por parte de sus responsables políticos y policiales.